JAI Confidencial
Por Julio Asterio Fernández López


Parece que el gobierno español en su relación con la Iglesia va a por todas. No conforme con la confrontación educativa por la asignatura de religión o con el enfrentamiento legal y moral por el reconocimiento como matrimonio de las uniones de homosexuales, apura ahora una nueva línea de enfrentamiento avisando de que se termina la financiación a la Iglesia del 0,52 % con cargo al IRPF.
No es algo nuevo y mucho menos, después de varias amenazas y avisos, inesperado.
Desconozco hasta que punto la ausencia de esa financiación dañará la economía de la Iglesia y de sus sacerdotes y obispos pero las opiniones pueden ser divergentes. Lo que se pierde en fondos se gana en independencia, piensan los defensores de una Iglesia que no reciba ningún tipo de subvención. El daño a la labor que realiza la Iglesia va a ser incalculable, afirmaran otros.
La pregunta, sin entrar en matices de carácter religioso o confesional, es si hoy la Iglesia supone para España un bien social. Si no es así, cosa que tan solo unos pocos podrán afirmar sin vergüenza, huelga hablar de ningún tipo de apoyo o subvención. Pero si es cierto que la Iglesia presta un impresionante bien social a los ciudadanos y al propio estado Español parece del todo lógico que desde el mismo se le apoye con un sistema de financiación o con otro.
Desviar por otros lados la cuestión y censurar el abultado patrimonio artístico que la Iglesia posee o recordar que para que su fidelidad a Cristo sea mayor debe ser cuanto mas pobre mejor no deja de ser un tema apasionante y que suscita dialogo, confrontación y espacios para el debate. Pero es poco real y pragmático.
El problema es que ante este tema del apoyo económico la Iglesia parte con la desventaja de que el gobierno sabe que aunque no le financie el bien social que realiza, la Iglesia y los católicos no van a dejar de hacerlo porque forma parte de su propia identidad y eso es mucho mas importante que los medios y el dinero con los que se cuente para realizarlo.