CCOO y UGT negocian en secreto
Gobierno, centrales sindicales y patronal retoman esta semana la negociación para reformar el mercado laboral, con dos sesiones de trabajo. El objetivo es llegar a fin de mes con un balance en el que quede claro si el acuerdo es factible. Todos son conscientes de que sin consenso las reformas pierden su eficacia.
Los agentes sociales ya se reunieron el lunes pasado. En este encuentro, además de reanudar el debate sobre el mercado de trabajo después de meses de infructuosos contactos, los interlocutores fijaron un calendario y establecieron un temario basado en el documento que el pasado 15 de marzo publicó el Ministerio de Trabajo.
La reforma laboral, junto con la readaptación del sistema de pensiones son los retos más importantes a afrontar por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, en principio, tranquilizó a sindicatos y empresarios tras decirles que ninguno de los cambios se llevarían a cabo sin su consentimiento.
Propuestas verbales
CC.OO. y UGT han admitido que las propuestas empresariales para la reforma del mercado de trabajo puedan ser verbales. Argumentan que su 'cesión' es prueba de la buena voluntad para avanzar el diálogo social y conseguir la reducción de la temporalidad y mercados productivos más competitivos.
Otros representantes del Ejecutivo han resaltado la conveniencia de aplicar reformas si las negociaciones se prolongan y el entendimiento en la mesa parece más que remoto. Antes del verano, los sindicatos eran reacios a que CEOE/CEPYME se limitaran a plantear sus ofertas verbalmente. Los empresarios hicieron caso omiso de la demanda de las centrales e insistieron en que no pensaban presentar ningún papel. Ahora, las posiciones han cambiado, los sindicatos opinan que es muy positivo que los contactos se intensifiquen y que exista un temario.
La base de la negociación es el documento del Gobierno de fecha 15 de marzo, en el que Trabajo apostaba por el abaratamiento y flexibilidad del despido, a través de dos medidas relevantes. Una consistía en la aplicación con carácter general del contrato de fomento del empleo, destinado en la actualidad a los colectivos con más dificultad para acceder a una colocación. Esta modalidad de trabajo conlleva una indemnización por despido más barata que la establecida en el contrato ordinario.
La otra vía que alteraba las condiciones de la ruptura laboral consistía en «revisar el régimen de despido por causas económicas, de carácter individual y colectivo».
Sólo epígrafes
La normativa vigente exige la autorización administrativa y la negociación con los representantes sindicales cuando la expulsión afecta a un determinado número o porcentaje de trabajadores. En este sentido, CC.OO., asegura que del documento del Gobierno se han cogido exclusivamente los epígrafes para la elaboración del temario sin descender a las medidas concretas reflejadas.
En consecuencia, Gobierno, empresarios y sindicatos discutirán cambios en la regulación laboral, analizarán los costes de los contratos indefinidos y temporales, estudiarán la reestructuración de las políticas destinadas al fomento del empleo, tratarán la modificación de la prestación de paro, y abordarán la actualización del papel del sistema de los Servicios Públicos de Empleo, en el ámbito estatal y como en el autonómico.
Los agentes sociales ya se reunieron el lunes pasado. En este encuentro, además de reanudar el debate sobre el mercado de trabajo después de meses de infructuosos contactos, los interlocutores fijaron un calendario y establecieron un temario basado en el documento que el pasado 15 de marzo publicó el Ministerio de Trabajo.
La reforma laboral, junto con la readaptación del sistema de pensiones son los retos más importantes a afrontar por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, en principio, tranquilizó a sindicatos y empresarios tras decirles que ninguno de los cambios se llevarían a cabo sin su consentimiento.
Propuestas verbales
CC.OO. y UGT han admitido que las propuestas empresariales para la reforma del mercado de trabajo puedan ser verbales. Argumentan que su 'cesión' es prueba de la buena voluntad para avanzar el diálogo social y conseguir la reducción de la temporalidad y mercados productivos más competitivos.
Otros representantes del Ejecutivo han resaltado la conveniencia de aplicar reformas si las negociaciones se prolongan y el entendimiento en la mesa parece más que remoto. Antes del verano, los sindicatos eran reacios a que CEOE/CEPYME se limitaran a plantear sus ofertas verbalmente. Los empresarios hicieron caso omiso de la demanda de las centrales e insistieron en que no pensaban presentar ningún papel. Ahora, las posiciones han cambiado, los sindicatos opinan que es muy positivo que los contactos se intensifiquen y que exista un temario.
La base de la negociación es el documento del Gobierno de fecha 15 de marzo, en el que Trabajo apostaba por el abaratamiento y flexibilidad del despido, a través de dos medidas relevantes. Una consistía en la aplicación con carácter general del contrato de fomento del empleo, destinado en la actualidad a los colectivos con más dificultad para acceder a una colocación. Esta modalidad de trabajo conlleva una indemnización por despido más barata que la establecida en el contrato ordinario.
La otra vía que alteraba las condiciones de la ruptura laboral consistía en «revisar el régimen de despido por causas económicas, de carácter individual y colectivo».
Sólo epígrafes
La normativa vigente exige la autorización administrativa y la negociación con los representantes sindicales cuando la expulsión afecta a un determinado número o porcentaje de trabajadores. En este sentido, CC.OO., asegura que del documento del Gobierno se han cogido exclusivamente los epígrafes para la elaboración del temario sin descender a las medidas concretas reflejadas.
En consecuencia, Gobierno, empresarios y sindicatos discutirán cambios en la regulación laboral, analizarán los costes de los contratos indefinidos y temporales, estudiarán la reestructuración de las políticas destinadas al fomento del empleo, tratarán la modificación de la prestación de paro, y abordarán la actualización del papel del sistema de los Servicios Públicos de Empleo, en el ámbito estatal y como en el autonómico.