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El 20 de julio de 1936 el general Emilio Mola, principal organizador de la sublevación militar, llegó a Burgos, una ciudad que desde el domingo 18 vivía horas de fervor patriótico y religioso. Las campanas de la catedral volteaban anunciando a la población la llegada del general. "Escuadras tradicionalistas y fascistas", según contaba el Diario de Burgos del día siguiente, escoltaron a la comitiva hasta la sede de la Sexta División, en la plaza de Alonso Martínez. Instantes después acudió allí, a "cumplimentar" al general, el arzobispo de la diócesis, Manuel de Castro, acompañado de su secretario particular, el canónigo Alonso Hernández. El público, al darse cuenta de la presencia del prelado, "le aplaudió entusiásticamente".

La escena se repitió en todas las ciudades donde triunfó desde el principio la sublevación militar. España ardía en una guerra civil causada por un golpe de Estado que la partió en dos y la Iglesia católica no lo dudó. Estaba donde tenía que estar, frente a la anarquía, el socialismo y la República laica. Y todos sus representantes, excepto unos pocos que no compartían ese ardor guerrero, ofrecieron sus manos y su bendición a los golpistas.

Como han confirmado las principales investigaciones, la sublevación no se hizo en nombre de la religión. Los militares golpistas no incluyeron a la religión en los bandos de declaración del estado de guerra y mostraron más preocupación por otras cuestiones: por salvar el orden, la Patria, decían ellos, por arrojar a los infiernos al liberalismo, al republicanismo y a las ideologías socialistas que servían de norte y guía a amplios sectores de trabajadores. Pero la Iglesia y la mayoría de los católicos pusieron desde el principio todos sus medios, que no eran pocos, al servicio de esa causa. Y lo hicieron, además de para defender al mismo orden y a la misma Patria que los militares, porque no soportaban a la República, ese régimen de representación parlamentaria y de legislación anticlerical en el que los valores católicos ya no eran los dominantes. Ni los militares tuvieron que pedir a la Iglesia su adhesión, que la ofreció gustosa, ni la Iglesia tuvo que dejar pasar el tiempo para decidirse. Unos porque querían el orden y otros porque decían defender la fe, todos se dieron cuenta de los beneficios de la entrada de lo sagrado en escena.

La autoridades eclesiásticas, desde sus refugios y palacios episcopales, captaron ese espíritu de rebelión contra la República y lo forraron de legitimidad religiosa. Ningún obispo se lanzó a la calle a reclutar fieles o a arengar a las masas católicas. Ésas no eran sus armas. Ellos estaban para otras cosas, para cumplimentar y abrir las iglesias a las autoridades militares, para unir la espada y la cruz en una misma empresa y para hablar y escribir sobre esa guerra santa y justa que otros ya estaban librando. Siempre quisieron demostrar, sin embargo, que sólo entraron en escena cuando la violencia anticlerical y revolucionaria que se extendió por la zona republicana no les dejó otra opción. Sabían que ése era el mejor planteamiento para justificar el derecho a la rebelión y la guerra de exterminio que le siguió.

El único punto de vista que tiene sentido cuando se analiza la política económica desde la perspectiva de los asalariados, y sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores asalariados conscientes que se ven a sí mismo como idénticos al proletariado explotado por el capital, es el análisis materialista de lo que sucede más allá o por debajo de las apariencias. La apariencia es que la política fiscal la hace el gobierno, como ocurre con el resto de la política económica y de la política pública en general. Pero la realidad es que el gobierno sólo hace y puede hacer lo que le deja el sistema en el que se inserta (más o menos gustosamente). En concreto: lo que es posible hacer dentro de la estructura económica social que todos los gobiernos, con el apoyo unánime de ese sector empresarial compuesto por los partidos políticos y demás unidades productivas del subsector electoral, aceptan desde el principio, por necesidad de su propia razón de ser, desde el momento en que entran voluntariamente y a manos llenas, en el juego de la “democracia de mercado” y, si son de izquierdas, se lanzan a vender la mercancía de la “necesidad de controlar el mercado con una política (por ejemplo, fiscal) dirigida por los poderes públicos y orientadas a lo social”.

El capital es una relación social inventada para obtener el máximo beneficio privado. Es una maquinaria que se mueve dejando un rastro imborrable sobre la sociedad, sobre las cualificaciones y la subjetividad humana, sobre el entorno natural y la política.

Pero el capital no se reproduce de la nada sino que se alimenta de dos grupos de recursos

En primer lugar necesita consumir constantemente recursos personales y sociales: salud y creatividad humanas, subjetividad, capacidades personales de todo tipo pero también redes de socialización, formas de vida tradicionales que necesita que sean adaptadas a sus necesidades y disciplinas de todo tipo. Este consumo destruye recursos personales y sociales a cambio de un salario, de dinero.

En segundo lugar consume recursos naturales, es decir, materias primas, espacio físico y todo tipo de elementos naturales necesarios para la vida como el aire, el agua. Para ello necesita privatizarlos, crear las condiciones para que deje de ser un patrimonio compartido, común.

Lo importante a retener aquí es que se trata de un consumo intrínsecamente destructivo, es decir, igual que un coche que destruye la gasolina que consume, el capitalismo consume destruyendo los recursos que necesita para subsistir, los agota. Esto no quiere decir que no intente prolongar su uso para poder seguir funcionando: el capital en general (es decir, todos los capitalistas juntos) también necesitan reproducir recursos subjetivos, tener una población laboral más o menos calificada, limpiar el aire para que no se produzca un colapso urbano etc. El mecanismo de revalorización privada y competitiva hace, sin embargo, que la reproducción de estos recursos quede siempre por debajo de su uso destructivo, la competencia fuerza a los capitales individuales para que se apropien de estos dos grupos de recursos antes que la competencia y sólo las leyes, las regulaciones y el punto de vista no individual, es decir, colectivo y social (el “interés común”) es capaz de limitar realmente esta destrucción. Sólo la cancelación del principio de la competitividad, al menos parcialmente y en ciertos ámbitos, es eficaz para mantener esta destrucción a raya.

La cuestión de los «derechos humanos» nunca formó parte de las prioridades del Banco Mundial. Invariablemente, en las condicionalidades fijadas por el Banco, un derecho era prioritario: el derecho individual de la propiedad privada, que en la práctica favorece a los grandes propietarios, ya sean personas adineradas o bien sociedades nacionales y transnacionales. En las condicionalidades impuestas por el Banco no se encuentra ninguna referencia a los derechos colectivos de los pueblos y de las personas. Si el Banco Mundial tiene que tomar en consideración los derechos humanos, nunca lo hace con el sentido progresista de los grandes textos de las Naciones Unidas. Las ideologías tienen su lectura particular del derecho. Jean-Philippe Peemans recuerda con razón: «De todas maneras, con la óptica occidental hoy predominante, los derechos humanos se conciben ante todo con relación a la libertad de acción individual, como la no interferencia en el mundo privado de los asuntos económicos, el derecho a disponer libremente de la propiedad, y sobre todo la abstención del Estado de todo acto que viole la libertad individual de invertir el tiempo, el capital y los recursos en la producción y el intercambio... Para los neoliberales, las reivindicaciones sociales y culturales pueden ser aspiraciones legítimas, pero jamás derechos... la visión neoliberal rechaza todo enfoque colectivo del derecho. El individuo es el único sujeto que puede reclamar derechos, y así mismo los únicos violadores del derecho no pueden ser más que individuos que deben asumir la plena responsabilidad. No se puede atribuir violaciones del derecho ni a las organizaciones ni a las estructuras»

Inmersos en la mercancía como fetiche, es decir, en la concepción del libro como objeto dotado de los valores clásicos de uso y cambio, la industria afila sus garras ante estos acontecimientos luciendo sus mejores galas, desplegando el poder y la potencia de su maquinaria comercial. Llegan las nuevas tecnologías, se destruye el mercado del disco debido a la posibilidad de reproducción doméstica, y el libro, tal cual lo conocemos, subsiste todas las acometidas. Su valor, hoy por hoy, persiste. Las desnudas paredes del chalet adosado lo agradecen. Los libros son cálidos, el papel aguanta (cada vez menos, debido a la violenta irrupción de la pasta química y la reducción de costes) y los lomos funcionan como soportes publicitarios reflejando quiénes somos: nuestra identidad de lector. En este contexto de impresionante aceleración capitalista, la industria editorial apuesta por volúmenes cada vez más perecederos, libros de usar y tirar, cuyo fin es aportar satisfacción instantánea. Rápida producción, venta inmediata. En realidad, el negocio, entendido como la compleja cadena compuesta por la fabricación, distribución y venta, sigue las directrices de cualquier otra actividad empresarial dentro, eso sí, de la sociedad del espectáculo. Mundo editorial líquido por decir con Baumann: flexible, ágil e inconsistente. De hecho, los términos empleados dentro de la jerga de esta industria, su campo semántico básico, reflejan esta idea: lineal, visibilidad, canales, coste unitario, metros cuadrados de exposición, faldones publicitarios, soportes para pilas, más una lista impronunciable de palabras en inglés provenientes del universo del marketing. El producto (el libro no deja de ser un producto más dentro de la amplia la cadena de mercancías del ocio, segmento de consumo urbano que incluye desde la visita a un parque temático a la televisión por satélite) tiene que poseer una serie de características básicas reconocibles: atractivo a la vista e incitar, per se, a la compra. En este sentido destaca el uso y abuso de llamativas cubiertas con colores cálidos o elegantes negros (se concibe todavía el color negro como símbolo sofisticado de elegancia en un país donde el negro refleja dolor), cuidados acabados brillantes y títulos cortos de fuerte resonancia. El contenido, en este caso, debería seguir -y sigue, de hecho- como la intendencia a la vanguardia, que comentaba el general De Gaulle.