1936...
El 20 de julio de 1936 el general Emilio Mola, principal organizador de la sublevación militar, llegó a Burgos, una ciudad que desde el domingo 18 vivía horas de fervor patriótico y religioso. Las campanas de la catedral volteaban anunciando a la población la llegada del general. "Escuadras tradicionalistas y fascistas", según contaba el Diario de Burgos del día siguiente, escoltaron a la comitiva hasta la sede de la Sexta División, en la plaza de Alonso Martínez. Instantes después acudió allí, a "cumplimentar" al general, el arzobispo de la diócesis, Manuel de Castro, acompañado de su secretario particular, el canónigo Alonso Hernández. El público, al darse cuenta de la presencia del prelado, "le aplaudió entusiásticamente".
La escena se repitió en todas las ciudades donde triunfó desde el principio la sublevación militar. España ardía en una guerra civil causada por un golpe de Estado que la partió en dos y la Iglesia católica no lo dudó. Estaba donde tenía que estar, frente a la anarquía, el socialismo y la República laica. Y todos sus representantes, excepto unos pocos que no compartían ese ardor guerrero, ofrecieron sus manos y su bendición a los golpistas.
Como han confirmado las principales investigaciones, la sublevación no se hizo en nombre de la religión. Los militares golpistas no incluyeron a la religión en los bandos de declaración del estado de guerra y mostraron más preocupación por otras cuestiones: por salvar el orden, la Patria, decían ellos, por arrojar a los infiernos al liberalismo, al republicanismo y a las ideologías socialistas que servían de norte y guía a amplios sectores de trabajadores. Pero la Iglesia y la mayoría de los católicos pusieron desde el principio todos sus medios, que no eran pocos, al servicio de esa causa. Y lo hicieron, además de para defender al mismo orden y a la misma Patria que los militares, porque no soportaban a la República, ese régimen de representación parlamentaria y de legislación anticlerical en el que los valores católicos ya no eran los dominantes. Ni los militares tuvieron que pedir a la Iglesia su adhesión, que la ofreció gustosa, ni la Iglesia tuvo que dejar pasar el tiempo para decidirse. Unos porque querían el orden y otros porque decían defender la fe, todos se dieron cuenta de los beneficios de la entrada de lo sagrado en escena.
La autoridades eclesiásticas, desde sus refugios y palacios episcopales, captaron ese espíritu de rebelión contra la República y lo forraron de legitimidad religiosa. Ningún obispo se lanzó a la calle a reclutar fieles o a arengar a las masas católicas. Ésas no eran sus armas. Ellos estaban para otras cosas, para cumplimentar y abrir las iglesias a las autoridades militares, para unir la espada y la cruz en una misma empresa y para hablar y escribir sobre esa guerra santa y justa que otros ya estaban librando. Siempre quisieron demostrar, sin embargo, que sólo entraron en escena cuando la violencia anticlerical y revolucionaria que se extendió por la zona republicana no les dejó otra opción. Sabían que ése era el mejor planteamiento para justificar el derecho a la rebelión y la guerra de exterminio que le siguió.
La escena se repitió en todas las ciudades donde triunfó desde el principio la sublevación militar. España ardía en una guerra civil causada por un golpe de Estado que la partió en dos y la Iglesia católica no lo dudó. Estaba donde tenía que estar, frente a la anarquía, el socialismo y la República laica. Y todos sus representantes, excepto unos pocos que no compartían ese ardor guerrero, ofrecieron sus manos y su bendición a los golpistas.
Como han confirmado las principales investigaciones, la sublevación no se hizo en nombre de la religión. Los militares golpistas no incluyeron a la religión en los bandos de declaración del estado de guerra y mostraron más preocupación por otras cuestiones: por salvar el orden, la Patria, decían ellos, por arrojar a los infiernos al liberalismo, al republicanismo y a las ideologías socialistas que servían de norte y guía a amplios sectores de trabajadores. Pero la Iglesia y la mayoría de los católicos pusieron desde el principio todos sus medios, que no eran pocos, al servicio de esa causa. Y lo hicieron, además de para defender al mismo orden y a la misma Patria que los militares, porque no soportaban a la República, ese régimen de representación parlamentaria y de legislación anticlerical en el que los valores católicos ya no eran los dominantes. Ni los militares tuvieron que pedir a la Iglesia su adhesión, que la ofreció gustosa, ni la Iglesia tuvo que dejar pasar el tiempo para decidirse. Unos porque querían el orden y otros porque decían defender la fe, todos se dieron cuenta de los beneficios de la entrada de lo sagrado en escena.
La autoridades eclesiásticas, desde sus refugios y palacios episcopales, captaron ese espíritu de rebelión contra la República y lo forraron de legitimidad religiosa. Ningún obispo se lanzó a la calle a reclutar fieles o a arengar a las masas católicas. Ésas no eran sus armas. Ellos estaban para otras cosas, para cumplimentar y abrir las iglesias a las autoridades militares, para unir la espada y la cruz en una misma empresa y para hablar y escribir sobre esa guerra santa y justa que otros ya estaban librando. Siempre quisieron demostrar, sin embargo, que sólo entraron en escena cuando la violencia anticlerical y revolucionaria que se extendió por la zona republicana no les dejó otra opción. Sabían que ése era el mejor planteamiento para justificar el derecho a la rebelión y la guerra de exterminio que le siguió.
Económica...
El único punto de vista que tiene sentido cuando se analiza la política económica desde la perspectiva de los asalariados, y sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores asalariados conscientes que se ven a sí mismo como idénticos al proletariado explotado por el capital, es el análisis materialista de lo que sucede más allá o por debajo de las apariencias. La apariencia es que la política fiscal la hace el gobierno, como ocurre con el resto de la política económica y de la política pública en general. Pero la realidad es que el gobierno sólo hace y puede hacer lo que le deja el sistema en el que se inserta (más o menos gustosamente). En concreto: lo que es posible hacer dentro de la estructura económica social que todos los gobiernos, con el apoyo unánime de ese sector empresarial compuesto por los partidos políticos y demás unidades productivas del subsector electoral, aceptan desde el principio, por necesidad de su propia razón de ser, desde el momento en que entran voluntariamente y a manos llenas, en el juego de la “democracia de mercado” y, si son de izquierdas, se lanzan a vender la mercancía de la “necesidad de controlar el mercado con una política (por ejemplo, fiscal) dirigida por los poderes públicos y orientadas a lo social”.