...Pero, aunque se desconozca si se necesitan más médicos -o si se serán necesarios cuando el pico de jubilaciones sea importante dentro de uno o dos lustros-, se mantiene el numerus clausus en la Facultad de Medicina de Valencia, donde se aborta la vocación de centenares de jóvenes. En cambio, ya no caben más farmacéuticos y existen dos facultades -una pública y otra privada- que no ponen límite alguno a licenciar parados.
Falla la planificación en la salud pública valenciana de modo clamoroso, y falla tanto que se acaban de conocer los datos, vertiginosos, de las cifras de bajas anuales (hasta 24.000) de los trabajadores del sector sanitario (compuesto por 50.000 profesionales), lo que evidencia que casi la mitad de la plantilla se ausenta de su puesto de trabajo de un modo prolongado: casi un 8% de esa plantilla tramita a diario una baja, un porcentaje elevadísimo, el más alto de todo el ámbito público, lo que da cuenta del estado del colectivo sanitario. Con tales datos quedan pocas dudas de que estamos ante un sistema que se agrieta por demasiadas partes, donde la Administración no tiene manera de clarificar su modelo de gestión. Puede que falten inversiones, pero es posible que la carencia de imaginación para afrontar las nuevas demandas todavía sea mayor en un sector que parece sin ilusión ni control, en donde el escaqueo generalizado convive con la presencia de magníficos profesionales que ya están hartos de comprobar que ni la dedicación ni el mérito sirven para mucho.

(Editorial de hoy del periódico Levante-El Mercantil Valenciano)

El absentismo laboral del colectivo sanitario es superior al de la población trabajadora en general, y en casi todos los sistemas sanitarios.(Excepto en los médicos: en su caso es inferior al 1 %). Pero no tanto como las cifras valencianas. Este dato puede explicarse por el peor estado de salud del colectivo sanitario, por la mala gestión de la prestación, por el mal clima laboral u organizacional, por la inexistencia o fallos de los mecanismos de prevención de riesgos laborales, o por el escaqueo generalizado. Éste último requiere la complicidad de los médicos de cabecera del propio servicio público de salud en la extensión de los partes de baja por razones ajenas a las puramente clínicas. Anteponiendo el principio de beneficencia al de justicia, y descapitalizando a la empresa para la que trabajan.

"Según la Sindicatura de Cuentas, en el ejercicio de 2003 -último auditado por este organismo-, la Consellería de Sanidad tenía “obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos de los programas de asistencia sanitaria” por un importe de 1.121 millones de euros pendientes de aplicación presupuestaria. Eso supone que se tendrían que incrementar los epígrafes de “otros gastos de gestión” y “gastos y pérdidas de otros ejercicios” en 581 millones de euros y 540 millones de euros, respectivamente.

La situación financiera de la Consellería de Sanidad es preocupante, ya que, además de las facturas sin pagar, tiene una deuda que se acerca a los 5.000 millones de euros. La situación es tal que comienzan a surgir dudas de que en los próximos meses se puedan pagar las nóminas. De hecho, los sanitarios aseguran que las retenciones que se les practican en el IRPF y la Seguridad Social no se ingresan, sino que se reutilizan para el pago de gastos corrientes. Este extremo, sin embargo, ha sido desmentido por la propia Sindicatura de Cuentas. Aun así, este organismo auditor afirma que la existencia de ese agujero “representa un incumplimiento significativo del principio de legalidad aplicable a la gestión de los fondos públicos”.
Una situación que, sin embargo, no se refleja en los ratings de las agencias. Así, la Comunidad Valenciana tiene una calificación crediticia por parte de la agencia S&P Standard & Poor´s (S&P) de AA-, sólo algo peor que la de la Comunidad de Madrid o Cataluña, ambas con AA+.

En S&P aseguran que el incremento del gasto de la Sanidad valenciana se debe, entre otras cosas, al crecimiento de la población y al aumento del gasto farmacéutico. Un aspecto que, sin embargo, no ha hecho variar el rating de la comunidad, que sigue siendo el mismo desde 1993. S&P emitirá un nuevo informe sobre Valencia en un mes aproximadamente, aunque, “de momento, no vislumbramos factores que presionen la calificación a la baja”, aseguran.

En su más reciente informe, de hace once meses, S&P ponía de manifiesto el “dinamismo” de la economía levantina, aunque “la disciplina presupuestaria sigue siendo débil”. Hasta la fecha, la agencia mantiene un outlook estable, ante el compromiso del gobierno autonómico de mejorar este último apartado, junto a un recorte del déficit y un control del crecimiento de la deuda.

En cualquier caso, lo cierto es que la comunidad ha ido incrementando paulatinamente su endeudamiento, que ha ido de los 4.779 millones de euros de 2000, a los 5.198 millones de 2001, 5.582 de 2002 y 6.279 de 2003. Sólo en 2003 se concentraron operaciones de endeudamiento por valor de 714 millones de euros, y se amortizaron 16,7 millones. Esto supone un crecimiento de la deuda desde el año 2000 hasta el 2003 del 31%. Pese a todo, el pago de intereses de la deuda es escaso, sólo del 4% de los ingresos, debido a la buena gestión de la propia deuda, es decir, refinanciación pura y dura.

…. lo que hacen administraciones como la valenciana es “utilizar la compra a crédito incluyendo en la misma el coste de la financiación, de manera que se crea una deuda no titulizada” prácticamente incontrolable para los propios organismos encargados de auditar las cuentas. No lo hace sólo Valencia. Es práctica común en todas las comunidades autónomas."

(Publicado en el confidencial.com hace dos días)

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