Llevo seis años en la enseñanza. Me encantaba mi profesión. Seis años he tardado
en aprender, como decía Emilio Garoz en su carta titulada «Perdón», que «los
institutos no son lugares donde se va a aprender, sino guarderías, y que mi
función no consiste en enseñar, sino en cuidar». Siento una profunda desilusión
y un enorme desencanto. No quiero complicarme la vida, ya que me quedan muchos
años. ¡Con la ilusión que le hacía a mi abuela tener un nieta profesora! Piensa
que me llaman doña Inmaculada y hasta me ceden el paso.

Si lo no reclamable es un aprobado, ¿qué necesidad tengo de complicarme la vida?
Si dando el aprobado, nadie te reclama nada. ¿Para qué vengo yo a complicarlo
todo y a complicarme? Es fácil fingir que todo va bien. ¿Me reclamarían por
poner sobresaliente a quien no pasa del suficiente? ¿Y del insuficiente?

Pido perdón por haber intentado ser una profesora que quería que sus alumnos
aprendieran, que tuvieran espíritu crítico, valores, respeto y autenticidad.

En un telediario reciente hemos sabido que España está en el furgón de cola en
el aprendizaje de idiomas. ¿Qué furgón ocupamos en las demás asignaturas? ¿Hacia
dónde va la enseñanza? ¿Hacia dónde vamos todos? Yo reclamo que alguien me lo
diga, por favor.


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Inma Cembellín de la Maya ( Sevilla ) [ABC - OPINIÓN (12/07/ 2004) EDICIÓN
IMPRESA -

http://cordoba.abc.es/
sevilla/pg040712/prensa/noticias/Opinion/Cartas/200407/12/ SEV-OPI-008.asp ]

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Comentario:

La carta del prof. Emilio Garoz ha suscitado muchos comentarios y reacciones
en la prensa española. La mayoría proceden de profesores que comparten su queja
ante el gravísimo deterioro de la enseñanza secundaria y de las condiciones de
trabajo del profesorado en todos los centros educativos públicos. Reproducimos
aquí la reacción de Inma Cembellín porque parece ilustrar muy bien la sensación
de estupor que comparten quienes eligieron dedicarse a educar con la ilusión de
hacer algo socialmente constructivo y profesionalmente enriquecedor, pero se han
visto relegados a funciones que no requieren cualificación alguna y carecen de
las condiciones y medios apropiados para enseñar o educar. Además, refleja la
persecución de que son objeto quienes siguen tomándose su trabajo en serio en
medio del círculo surrealista en que se convirtió hace tiempo la enseñanza no
universitaria en los centros públicos. Su desconcierto se traduce, sobre todo,
en las preguntas que lanza al aire, y en eso queda su grito desesperado. Para
esas preguntas alguna respuesta debe intuir, pero esto es precisamente lo que
echamos de menos en la mayoría de las reacciones al texto de Garoz: la
identificación de las causas y los responsables de la situación, la denuncia de
quienes han hecho o han dejado de hacer para llevarnos a este resultado.

No sería acertado echar toda la culpa a los políticos y la normativa, aunque
las deficiencias y errores en este nivel hayan sido el desencadenante
fundamental y el primer punto de partida para la catástrofe. La normativa
recogía desde hace tiempo infinidad de elementos a tener en cuenta en el nuevo
sistema LOGSE-LOCE y, sin embargo, la mayoría de los profesores siguen aplicando
criterios e instrumentos de evaluación propios del antiguo BUP, como si no
fueran con ellos las variaciones y desarrollos en materia de evaluación, métodos
de trabajo, objetivos y criterios pedagógicos. En parte quizás por ignorancia o
desconocimiento de la normativa y cómo llevarla a la práctica; en parte,
también, por una negativa expresa de dejar de hacer lo que venían haciendo y les
resultaba más cómodo que las propuestas posteriores. En otros muchos casos,
porque se funciona repitiendo los estilos de enseñanza y evaluación a los que
nos fuimos acostumbrando durante nuestro paso por los diferentes niveles del
sistema educativo, y contra estos hábitos poco puede hacer la normativa.

Pero al lamentable papel de la gestión y vaivenes políticos, que han afectado
letalmente al sistema educativo, ha de añadirse la no menos desastrosa
contribución del personal de la administración educativa que durante estos años
se ha encargado de traducir y aplicar la normativa. No hay palabras para
describir las labores de los servicios de inspección, concentrados apenas en
tareas burocráticas  y de asesoramiento a los equipos directivos sobre la
organización de plantillas y centros, y absolutamente mudos, ciegos y sordos
ante las deficiencias e inadecuación de los medios e instalaciones en los
centros para afrontar las exigencias de la nueva normativa. Sería punible, de
oficio, su actitud de absoluta pasividad ante la falta de recursos financieros
para hacer frente a los gastos básicos de funcionamiento en condiciones
compatibles con la calidad del servicio educativo y su prestación según
estándares bien reconocidos de eficiencia y rendimiento. El panorama de las
instalaciones, espacios y equipamientos de uso docente es en la mayoría de los
centros desolador, y una revisión a fondo de estos elementos se traduciría muy
probablemente en el cierre de aproximadamente la mitad de los centros, que no
cumplen la normativa básica sobre seguridad en las instalaciones y medidas de
prevención de riesgos laborales (en muchos casos ni siquiera las de higiene; no
digamos ya las de riesgo eléctrico, señalización, evacuación, salidas de
emergencia, etc.). El derroche de sueldos y recursos empleados en los servicios
de inspección es un lastre que las diferentes administraciones educativas
deberían atajar cuanto antes.

Al papel de este colectivo de incapaces se suman las actuaciones de los
equipos directivos, entre quienes constituyen ya una exigua minoría los elegidos
por el claustro y queda como función primordial de los nombrados a dedo por la
administración el aplicar como sea una normativa caótica que prácticamente ha
convertido a los centros en antros surrealistas e ingobernables donde las
posibilidades de enseñar son anecdóticas y las funciones docentes han
desaparecido por completo, reemplazadas por otras mucho más propias de monitores
de campamentos de verano o animadores circenses. La falta de criterios técnicos,
profesionales y pedagógicos entre los equipos directivos, reducidos a meros
comparsas y esbirros burocráticos de una administración tan ciega, arbitraria y
torpe como ellos, alcanza hoy proporciones épicas. Entre quienes aceptan hoy a
dedo tan nobles funciones pululan toda una serie de personajillos, sin
escrúpulos y hartos de clases la mayoría, que responden exclusivamente a la
filosofía del "sálvese quien pueda" y "que pringuen los otros". Su actuación
alocada y carente de luces profesionales para exigir unos mínimos irrenunciables
a la administración ha proporcionado el salvoconducto final para llevar a todo
el alumnado español al furgón de cola de los estudiantes europeos, y ha sido la
directamente responsable del deterioro en las condiciones de trabajo del
profesorado, del aumento de la indisciplina en los centros y de su progresivo
desmantelamiento, en paralelo al crecimiento sorprendente de la privada y
privada-concertada.

Pero cualquier directiva impresentable o incompetente tendría un escaso
margen de actuación si el profesorado del claustro tuviera criterios claros
acerca de las exigencias, medios y condiciones en que debe desempeñar su labor.
La falta de definición y oposición del profesorado a formas de gestión cada vez
más autoritarias, a la progresiva des-democratización de los centros, a las
carencias lacerantes de medios e infraestructuras imprescindibles para su labor
diaria, a la inadecuación entre la normativa y los medios, instalaciones y
número de alumnos/profesores para aplicarla razonablemente explica en gran parte
lo que está ocurriendo. No sólo es lamentable que los alumnos salgan cada vez
más ignorantes, analfabetos y faltos de preparación. Lo más grave es que también
una gran parte del profesorado ignora completamente cuáles son los medios y
condiciones que se requieren hoy para su trabajo, son mucho más analfabetos en
lo tecnológico que sus alumnos y son parte fundamental de una oferta educativa
insuficiente, obsoleta, aburrida y cutre, no sólo desmotivada y carente de
formación actualizada para ejercer su labor con eficacia y dignidad. Sólo esto
explica que equipos directivos tan mediocres y incapaces se mantengan durante
años en el cargo, que los centros aceleren su ritmo de deterioro y que los
resultados finales y el fracaso escolar sean cada año peores que el anterior.

Con estos elementos estaríamos en mejores condiciones para barruntar una
respuesta a las preguntas de Inma: «¿Hacia dónde va la enseñanza? ¿Hacia
dónde vamos todos? Yo reclamo que alguien me lo diga, por favor.» ¿No te
queda claro aún, Inma? No estamos aún en camino hacia la ruina o el desastre
educativo. Ya hemos llegado: estamos en medio de su ruina, que por lo visto
admite grados. Y sólo queda contemplar, mientras dure este marco normativo y los
mismos esbirros descerebrados mantengan sus responsabilidades administrativas,
con qué rapidez nos hundimos en ella.