ETA acaba de exigir por escrito lo que Zapatero está proyectando desde que tocó poder.
Acabo de leer el comunicado que acaba de publicar ETA, y este es esclarecedor de la estremecedora y rupturista política de Zapatero. El comunicado hecho público en el día de hoy, tiene un párrafo revelador por el que se demuestra que ZP lleva más de dos años tratando de cumplir las exigencias a que le emplaza ETA.
El punto donde se especifican sus exigencias políticas, es el siguiente:
Emplazamiento al gobierno Español
El gobierno español debe expresar su compromiso de respetar lo que el Pueblo Vasco decida sobre su futuro.
ETA emplaza al gobierno Español para que pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sean obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco.
(...)
En tiempo real, y durante la redacción de este post, oigo al ministro del interior, que sale a la palestra saliendo al paso de este comunicado. Habla de dos sencillas premisas, primera que no se pagará ningún precio político, y la segunda, según el Sr. Rubalcaba, es que hay que respetar el estado de derecho. Naturalmente está hablando en términos formales, tratando de aparentar una corrección política que ni sus acérrimos conmilitones se toman en serio, haciendo una vez más de la necesidad virtud.
Cualquier observador de las políticas de gran calado del ejecutivo socialista, se da cuenta que son tendentes a la satisfacción de ETA. Los terroristas emplazan ahora formalmente al gobierno, pero este no ha hecho otra cosa desde el comienzo de legislatura que satisfacer estas exigencias. Justo el día después de la aprobación del Estatuto Catalán en el Congreso de los Diputados, ETA anunciaba su alto el fuego, puesto que el gobierno había dado el primer paso para allanar el camino de la autodeterminación en el País Vasco, aprobando un estatuto catalán que hacía saltar por los aires el consenso, el ordenamiento jurídico y la propia Constitución.
La eliminación de profesionales molestos en la judicatura, como el fiscal Fungairiño, y el comportamientos servil del Fiscal General del Estado en el tratamiento de los terroristas no hacen sino corroborar lo que ETA pide ahora en negro sobre blanco, con luz y taquígrafos. No obstante, cualquier observador avispado se dará cuenta que este comunicado solo es la escenificación de algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo: Unas políticas donde los goznes del sentido común, del estado de derecho y del respeto a las leyes, chirriaban cada vez que se daba un paso para satisfacer el emplazamiento que ahora se hace público.
Hoy, después de la aprobación definitiva del Estatuto que certifica la ruptura de la Constitución, tras el triunfal fracaso del referémdum, la ETA da un paso más, emplazando al gobierno para que no vacile en impulsar públicamente y de forma explícita, cuantas políticas ya ha comenzado por exigencia expresa de los terroristas, con el fin de poner de rodillas al estado de derecho.
El punto donde se especifican sus exigencias políticas, es el siguiente:
Emplazamiento al gobierno Español
El gobierno español debe expresar su compromiso de respetar lo que el Pueblo Vasco decida sobre su futuro.
ETA emplaza al gobierno Español para que pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sean obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco.
(...)
En tiempo real, y durante la redacción de este post, oigo al ministro del interior, que sale a la palestra saliendo al paso de este comunicado. Habla de dos sencillas premisas, primera que no se pagará ningún precio político, y la segunda, según el Sr. Rubalcaba, es que hay que respetar el estado de derecho. Naturalmente está hablando en términos formales, tratando de aparentar una corrección política que ni sus acérrimos conmilitones se toman en serio, haciendo una vez más de la necesidad virtud.
Cualquier observador de las políticas de gran calado del ejecutivo socialista, se da cuenta que son tendentes a la satisfacción de ETA. Los terroristas emplazan ahora formalmente al gobierno, pero este no ha hecho otra cosa desde el comienzo de legislatura que satisfacer estas exigencias. Justo el día después de la aprobación del Estatuto Catalán en el Congreso de los Diputados, ETA anunciaba su alto el fuego, puesto que el gobierno había dado el primer paso para allanar el camino de la autodeterminación en el País Vasco, aprobando un estatuto catalán que hacía saltar por los aires el consenso, el ordenamiento jurídico y la propia Constitución.
La eliminación de profesionales molestos en la judicatura, como el fiscal Fungairiño, y el comportamientos servil del Fiscal General del Estado en el tratamiento de los terroristas no hacen sino corroborar lo que ETA pide ahora en negro sobre blanco, con luz y taquígrafos. No obstante, cualquier observador avispado se dará cuenta que este comunicado solo es la escenificación de algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo: Unas políticas donde los goznes del sentido común, del estado de derecho y del respeto a las leyes, chirriaban cada vez que se daba un paso para satisfacer el emplazamiento que ahora se hace público.
Hoy, después de la aprobación definitiva del Estatuto que certifica la ruptura de la Constitución, tras el triunfal fracaso del referémdum, la ETA da un paso más, emplazando al gobierno para que no vacile en impulsar públicamente y de forma explícita, cuantas políticas ya ha comenzado por exigencia expresa de los terroristas, con el fin de poner de rodillas al estado de derecho.
