El cese de Fungairiño abre el telón en el País Vasco
Con la defenestración, por mandato gubernamental, del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, manoseando por enésima vez a la Fiscalía General del Estado, esa especie de comisariado político ubicado permanentemente en la administración de justicia, este gobierno, el mismo que está a punto de perpetrar el mayor fraude de Ley de nuestra historia reciente con el estatuto Catalán, acaba de inaugurar la operación de acoso y derribo del Estado en el País Vasco, presentando proporciones mucho mayores que en el caso Catalán, y con una organización terrorista de por medio que está a punto de recoger los frutos de 30 años de vileza, extorsión y muerte.
La prisa es enorme, una prisa inmisericorde, escalofriante, tan delatora, que no permite el menor rasgo de disimulo ni estrategia que suavice las descaradas posiciones de los actores gubernamentales. El cese fulminante de Fungairiño, firme servidor de la política antiterrorista, se hace sin paliativos, utilizando criterios nada sutiles, basados únicamente en la superioridad jerárquica. Estos criterios son admisibles, pero no hubieran sido utilizados de forma tan burda y por vía de urgencia, si la sintonía en la lucha contra el terrorismo fuera el eje de un pacto antiterrorista, que el PSOE se ha empeñado en dinamitar.
Si no hubiéramos asistido a los intentos de proteger a Batasuna incumpliendo la Ley, ni a la política del insignificante Patxi López en el País vasco, ni a las declaraciones de Otegui alentando a sus huestes por la cercanía de la victoria, ni al desarme moral ante ETA, ni al desprecio a las víctimas del terrorismo, ni a la pregunta del citado sujeto ante su inminente procesamiento: "¿Pero, sabe todo esto el Fiscal General?”; si no supiéramos todo esto, puede que creyéramos que estamos ante un cese mas o menos rotundo, mas o menos afortunado. Pero no, estamos ante un cese brutalmente político que inaugura una nueva etapa, en la que el partido Socialista pasa de la vileza a la cobardía claudicante, o sea, de practicar el terrorismo de estado a rendirse ante el terrorismo.
La prisa es enorme, una prisa inmisericorde, escalofriante, tan delatora, que no permite el menor rasgo de disimulo ni estrategia que suavice las descaradas posiciones de los actores gubernamentales. El cese fulminante de Fungairiño, firme servidor de la política antiterrorista, se hace sin paliativos, utilizando criterios nada sutiles, basados únicamente en la superioridad jerárquica. Estos criterios son admisibles, pero no hubieran sido utilizados de forma tan burda y por vía de urgencia, si la sintonía en la lucha contra el terrorismo fuera el eje de un pacto antiterrorista, que el PSOE se ha empeñado en dinamitar.
Si no hubiéramos asistido a los intentos de proteger a Batasuna incumpliendo la Ley, ni a la política del insignificante Patxi López en el País vasco, ni a las declaraciones de Otegui alentando a sus huestes por la cercanía de la victoria, ni al desarme moral ante ETA, ni al desprecio a las víctimas del terrorismo, ni a la pregunta del citado sujeto ante su inminente procesamiento: "¿Pero, sabe todo esto el Fiscal General?”; si no supiéramos todo esto, puede que creyéramos que estamos ante un cese mas o menos rotundo, mas o menos afortunado. Pero no, estamos ante un cese brutalmente político que inaugura una nueva etapa, en la que el partido Socialista pasa de la vileza a la cobardía claudicante, o sea, de practicar el terrorismo de estado a rendirse ante el terrorismo.
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