A falta de aproximadamente seis meses para las próximas elecciones autonómicas, el Tribunal Constitucional ha dado la estocada definitiva al proyecto “estrella” del Gobierno tripartito que el lehendakari Ibarretxe presentó a la Cámara Vasca hace ahora un año y que, como algunos auguraban, salió al ruedo prácticamente moribundo.



A estas alturas, no merece la pena extenderse demasiado en las razones que han hecho encallar este proyecto. Pero sí quiero resaltar que la Ley de Consulta estaba destinada al fracaso por dos razones muy similares a las que llevaron tanto al Congreso de los Diputados como la sociedad vasca en las elecciones de 2005 a tumbar el plan Ibarretxe. La primera es que era un proyecto que generaba división social, cuando la principal tarea de todo buen gobernante es cohesionar la sociedad que tiene a su cargo, máxime si se trata de una sociedad identitariamente tan compleja – y por ello, tan rica – como la vasca. Y la segunda es que el proyecto, como ha quedado demostrado, se saltaba la legalidad en virtud de la cual el propio Ibarretxe es lehendakari; precisamente por este hecho su partido le ha hecho recular de su alocada idea inicial de denunciar, como representante máximo del Gobierno Vasco, a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Despejadas las aventuras a las que, desgraciadamente, nos hemos ido acostumbrando en los últimos años, es previsible (y deseable) que entremos de lleno en lo que denominamos política real. En este sentido, si Ibarretxe no se pone muy tozudo y no le da urticaria pactar con los “apátridas” y “sucursalistas” del PSE-EE a seis meses de las elecciones autonómicas, es posible que puedan ver la luz tanto la Ley de Servicios Sociales como, por cuarto año consecutivo, la Ley de Presupuestos. Y es que sin la acción política y parlamentaria de los socialistas esta legislatura hubiera pasado prácticamente en blanco. Como ya se ha dicho, con el respaldo socialista – y tras siete años de turbulencias presupuestarias – se han aprobado tres Leyes de Presupuestos. También con el apoyo del PSE-EE – y contra el criterio de sectores importantes dentro del propio PNV – salió adelante la Ley del Suelo. Finalmente, con nuestros votos, el Parlamento Vasco aprobó una Ley de Aguas pionera en el Estado. Poco más se puede decir en cuanto al balance legislativo.

De modo que la VIII Legislatura en Euskadi acaba de entrar en su recta final sin demasiados resultados en lo que se refiere a la aprobación de leyes de calado social, básicamente porque los partidos que soportan al Gobierno Vasco sólo han sido capaces de ponerse de acuerdo en la Ley de Consulta. En este sentido, lo más previsible es que debido a las desavenencias dentro del propio PNV no veamos la Ley Municipal que otorgue la mayoría de edad a unos ayuntamientos, los vascos, que son los únicos de España que no disponen de una financiación regulada por una ley autonómica. También, debido a los líos del tripartito, será harto difícil que veamos una Ley de Vivienda Protegida. Y por supuesto, nada se sabe de la prometida y necesaria reforma de la Ley de Territorios Históricos.

Así pues, es previsible que el PNV, con el lehendakari y su Gobierno al frente, pretenda pasar los meses que nos quedan apelando al incumplimiento del Estatuto de forma simplista. Asistiremos a declaraciones grandilocuentes en torno a lo malo que han sido y son Zapatero y la legalidad constitucional para Euskadi, ocultando que nueve de cada diez euros que recaudamos se quedan aquí; obviando que los problemas de la sanidad en Euskadi se deben a quien la gestiona en exclusiva; sin contar que nosotros, y sólo nosotros, creamos los problemas que existen en nuestro sistema educativo; pasando de largo que es el Gobierno de Euskadi quien gestiona nuestra industria o nuestro sistema de transportes; y por supuesto, sin mencionar que Ibarretxe es lehendakari y el PNV lleva gobernándonos treinta años en virtud de la legalidad constitucional.

Y siendo todo esto irresponsable, lo más grave es que jamás reconocerán que Ibarretxe no ha ayudado en nada a la hora de crear un clima de negociación y confianza con el Estado en los últimos diez años. Ocultarán la nula voluntad de acuerdo con el Estado de quien, por la vía de los hechos, se ha pasado una década remando en contra de la transversalidad y del acuerdo entre las dos grandes almas políticas –abertzales y autonomistas – de la Comunidad que gobierna.

Termino. Con la Ley de Consulta descarrilada, con las principales reformas pendientes y sin visos de ser aprobadas, y ante el panorama descrito, ¿a qué van a dedicar el lehendakari y su gobierno lo que queda de Legislatura? Todo apunta a que básicamente se dedicarán a esperar a que la “politizada” justicia siente en el banquillo de los acusados al lehendakari. Ahora bien, si intuyen que esta última baza para explotar el victimismo puede fallar, que nadie descarte un adelanto electoral, aunque éste sea insignificante. Veremos.