[Artículo de Antonio Rivera publicado en EL CORREO el viernes, 7 de abril de 2006. Muy recomendable]

Se cumple este año el setenta y cinco aniversario de la proclamación de la Segunda República, el setenta del inicio de la guerra civil y el treinta del arranque de la transición que nos llevó a la actual situación democrática. Son años más que suficientes como para que divisemos el pasado más lejano desde una tranquila distancia, casi con mirada de historiador, y el más cercano con la despreocupación por el hecho de que considerar lo anterior no pone en peligro el presente. Podemos contemplar lo ocurrido en los años treinta en España -República y guerra- sin tener necesariamente que asignar a cada actor del presente una herencia del pasado, sin tener que ver obligatoriamente a rojos y azules del hoy como hijos inevitables de los de ayer. Al mismo tiempo, debemos abordar como país la responsabilidad de nuestra historia desde la tranquilidad de nuestra estabilidad democrática y desde la exigencia pendiente de algo que nos dejamos de hacer hace treinta años por alarde de prudencia colectiva.

En ese contexto de aniversarios, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en sede parlamentaria y esta misma semana, se refirió a la Segunda República como “el único periodo democrático que podemos contemplar en una mirada hacia nuestro pasado”, y resumió poéticamente las dificultades en que vivió aquel régimen, sus expectativas creadas y sus correspondientes frustraciones, como una etapa de “sueños y lágrimas”. Dijo bien. No se puede objetar que ese escaso lustro constituye la excepción democrática en dos siglos de historia gobernados por un liberalismo decimonónico que por voluntad y tiempo en absoluto se puede considerar democrático, o por un siglo XX que en la mitad de sus años no conoció más que dictaduras o la continuidad renqueante y agónica de aquella monarquía de Alfonso XIII incompatible con los avances democráticos de otros países del entorno. A la vez, tampoco se puede ocultar la realidad de que los años treinta en toda Europa fueron extremadamente críticos, en tanto que la democracia liberal quedó mayoritariamente atrapada por discursos antidemocráticos –fascismos y comunismos- que la hicieron difícil en países de tradición democrática e imposible en los que, como el nuestro, carecían de ella. La República española fue una explosión de ilusiones y de expectativas que en tan corto espacio de tiempo quedaron frustradas por razones y desde miradas antagónicas, para unos por escasa y para otros por excesiva. Pero también fue un tiempo en el que sus gobernantes y su sociedad se echaron la historia al hombro y decidieron abordar la resolución de problemas históricos de nuestro país: el social, el religioso, el territorial, el militar, el agrario, el de la educación y cultura y muchos más. Demasiada tarea en demasiado poco tiempo y en años demasiado convulsos.

Aquella República de “sueños y lagrimas” no es el antecedente del golpe militar y de la guerra civil que siguió a su inicial fracaso. Será su previo temporal, pero no su razón, no la causa de aquel alzamiento contra el régimen y contra la difícil y acosada democracia que encarnaba. El golpe militar ni era inevitable, ni venía justificado por violencias mutuas en la primavera del 36, ni era el colofón a la incapacidad e imposibilidad de la República democrática como tal régimen y experiencia histórica. Fue una decisión particular y voluntaria de quienes, militares y civiles, resolvieron en un momento que la vía política ya no les era válida. En ese sentido, República, golpe militar y guerra civil no se pueden mezclar en un “totum revolutum”. Una democracia como la actual debe sentirse heredera de otra democracia de hace setenta y cinco años, por convulsa que fuera, y no negar toda esa historia y hacer como si no existiera por el hecho de que le siguiera, como se dice, un drama nacional, una guerra fraticida. Lo fue, ¡cómo no!, pero surgida a partir de un golpe militar rechazable que dio lugar, después de la contienda, a una dictadura prolongada de la que la esencia democrática de nuestra actualidad no se puede sentir hija, salvo en la circunstancia de que fue nuestro antecedente temporal. Y en esa lógica es lícito y legítimo reconocer desde nuestra democracia a cuantos lucharon porque un régimen democrático difícil siguiera adelante y se defendiera del ataque de un proyecto, como se comprobó, fascista y dictatorial.

Así que no vale el borrón, no vale el “todo fue lo mismo y todo rechazable”. Cada cual y cada quien jugó su papel, y al cabo de tres cuartos de siglo lo podemos reconocer sin que se derrumben las columnas de nuestro templo. Pero no va a ser así. La Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica que prepara el gobierno socialista va a dar lugar a una convulsión social que todavía no imaginamos. La derecha mediática está afilando sus lápices en esa dirección, y la política, esta vez también, le va a ir a la zaga. Su revisionismo histórico, su voluntad de insistir en la vieja explicación de los comisarios metidos a historiadores en 1939 –la tesis de la revolución preventiva: antes un golpe militar que una revolución comunista solo existente en su imaginario paranoico pero también utilitario-, no es casual, sino que constituye la respuesta a la lógica de nuestro presente: tras una guerra civil y una dictadura, son los nietos los que demandan un lugar para la memoria y un sitio para sus abuelos en la historia de su país. Ha ocurrido en otros países; es normal. Cuando el proyecto de ley aterrice en los bancos parlamentarios se va a armar parda. Pero habrá que preguntarse por qué: por qué setenta y cinco años después de la República, setenta después del inicio de la guerra y treinta tras el comienzo de la transición no podemos dejar nuestros fantasmas históricos en su sitio y darles un lugar adecuado a nuestra historia y a nuestra memoria. Es el momento propicio y es una exigencia que como sociedad no podemos dilatar más. Los que suponen que esa clarificación colectiva resucita nuestros viejos fantasmas en lugar de darles prudente eternidad deberán explicar para cuándo dejamos la necesaria primogenitura en el tiempo del sistema democrático que por fortuna disfrutamos.