Para mantener la ilusión cívica, creo necesario reflexionar sobre cuestiones que no parecen, a primera vista, conectadas entre sí. Decir "proceso de cambio" en la Argentina suena a lugar común, pero pocos presidentes han tenido, como el actual, tantas posibilidades para concretarlo. Kirchner mantiene su buena imagen y muchos argentinos confían en su gestión. Una de las claves es su persistencia para desterrar malos hábitos de la "vieja política", aunque en su empeño a veces utilice medios que desentonan con ese propósito. Por eso hay aspectos de su gestión que merecieron reproches. La excusa es que todavía resulta necesario "construir poder" para conjurar los males del país.
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Llama la atención que el gobierno esté muy pendiente de lo que dice la prensa y se incomode con facilidad con la crítica, aunque es bien sabido que criticar no equivale a estar en contra. Quizás ello se deba a esta suerte de "democracia mediática" que vivimos, en la que también se aprecia, lamentablemente, la existencia de autocensura y de cierta alabanza interesada.
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El tema de la inseguridad azota por igual a los ciudadanos y a los despachos de los funcionarios. Así nace el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004/2007. Es bueno recordar que, con la marginación y la pobreza de tantos, toda política de seguridad es vulnerable. El buen ánimo que generan algunos números de la economía no basta para conjurar los riesgos de la exclusión social.
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Encuentro muy saludable que la participación cívica y el control ciudadano sean cuestiones que están en la agenda del Gobierno. El éxito de los sistemas democráticos estará dado, en los próximos tiempos, por el mayor grado de participación pública en la tarea de administración y gobierno. Pero para que no quede en el terreno de la declamación y sea efectiva falta todavía mucho camino por recorrer. Es necesario crear nuevos y creativos instrumentos que coloquen al ciudadano en mejor posición para actuar.
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Valga como ejemplo de participación pública creativa el reciente reglamento que regula la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (decreto 1172/2003) que debería permitir que los ciudadanos sepan, por medio de Internet, cuándo, con quién y para qué se reúnen los funcionarios públicos con interlocutores del sector privado. Algo impensable en otras épocas de la Argentina.
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Otro ejemplo de participación podría ser, y lo sugiero, el de establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer más de cerca el trámite de las causas penales que involucran a funcionarios públicos. Es cierto que hay principios del proceso penal, consagrados en los códigos de forma, que limitan el libre acceso a los expedientes para quienes no son parte. Pero, quizás, con la intermediación de los colegios de abogados puedan abrirse nuevos caminos que permitan conocer, por ejemplo, cuándo una investigación se paraliza o se reactiva.
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En el camino de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y la impunidad, el Presidente encontrará muchos argentinos que lo acompañen, pero son muchos más los temas que deben resolverse para mantener viva la ilusión de los ciudadanos. Destaco dos necesidades cruciales en las que el fervor del gobierno puede intensificarse: volver a tener un sistema financiero fuerte y recomponer los contratos con las empresas prestadoras de servicios públicos. Es preciso recuperar la confianza de los inversores para reactivar la economía. Y eso sólo se logra con ventajas comparativas y con seguridad jurídica.

Beltrán Gambier
El autor es abogado y miembro del comité ejecutivo de Transparency International-España

El nuevo Informe Global de la Corrupción 2004 de Transparency International registra el flujo de activos robados, recomienda formas para recuperar dinero robado por déspotas, y expone nuevos Estándares sobre Financiamiento y Favores Políticos <

"La corrupción política socava las esperanzas de prosperidad y estabilidad de los países en vías de desarrollo, y perjudica la economía mundial", afirmó hoy Peter Eigen, Presidente de Transparency International (TI), durante el lanzamiento del Informe Global de la Corrupción 2004 (IGC 2004) de TI. "El abuso del poder político para obtener beneficios privados perjudica a los servicios públicos vitales, y saquea los bolsillos de los contribuyentes y los accionistas en todo el mundo. El problema debe ser enfrentado a nivel nacional e internacional," dijo.

"El IGC 2004, con especial énfasis en corrupción política," dijo Eigen, "es un llamado a la acción para traer integridad y confiabilidad a los gobiernos, para detener el soborno por parte de las compañías multinacionales, y para luchar contra el flujo de activos robados hacia cuentas secretas privadas en occidente." TI es la organización internacional no gubernamental líder en la lucha contra la corrupción a nivel mundial.

"Las democracias no pueden seguir tolernado el soborno, el fraude ni la deshonestidad," afirmó el ex-Presidente de Estados Unidos Jimmy Carter en una introducción al IGC 2004, "especialmente si este tipo de prácticas perjudican de manera desproporcionada a los pobres."

El IGC 2004 expone en detalle los fondos supuestamente malversados por líderes políticos de las últimas dos décadas. Se dice que durante su desgobierno, Mohamed Suharto, Presidente de Indonesia desde 1967 a 1998, robó entre 15 mil y 35 mil millones de dólares en un país donde el PIB per capita ronda los US$700. Suharto encabeza la lista de políticos corruptos.

"La corrupción política priva a millones de personas de asistencia médica, educación y perspectivas de un futuro sostenible," afirmó hoy el Presidente de TI-Zimbabwe, John Makumbe durante el lanzamiento del IGC 2004 de TI en Londres. "La lucha contra la corrupción necesita de una voluntad política sostenida en los niveles más altos, y no sólamente en los países que se están recuperando del legado de Moi, Suharto, Duvalier o Abacha," dijo Makumbe, miembro de la Junta Directiva Internacional de TI.

"Tiene que haber un compromiso," continuó diciendo, "de parte de los gobiernos para implementar la nueva Convención de la Unión Africana para Combatir y Prevenir la Corrupción y la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas, especialmente las medidas para luchar contra el flujo de activos robados por élites corruptas hacia cuentas bancarias en el extranjero. El pago de sobornos es un crimen contra la humanidad, lo que demuestra el legado de pobreza y desconfianza dejado por políticos corruptos."

"La instituciones financieras internacionales y los gobiernos donantes deben comprometerse con aquellos países en vías de desarrollo que demuestren la voluntad política para luchar contra la corrupción," dijo Eigen. "Para asegurarse de que esta voluntad pueda hacerse realidad, los gobiernos donantes deben insistir en la realización monitoreos adecuados por parte de la sociedad civil respecto al buen gobierno en los países receptores."

Para celebrar la publicación del IGC 2004, TI lanzó hoy sus Estándares sobre Financiamiento Político y Discrecionalidad, definiendo un programa para la transparencia en el financiamiento político y de campañas en un año en el que se celebrarán elecciones claves en países donde la corrupción ha sido un problema persistente. En los próximos meses se celebrarán elecciones en Indonesia y en las Filipinas, dos países que aún no se han recuperado del legado de corrupción de Mohamed Suharto, y de Ferdinand Marcos y Joseph Estrada respectivamente.

Los Estándares de TI incluyen leyes sobre conflictos de intereses, y la revelación anual de ingresos y gastos de partidos supervisada de forma independiente. Las recomendaciones incluyen una base de financiación diversificada, el acceso equitativo a los medios de comunicación, y disposiciones para el monitoreo del financiamiento político por parte la sociedad civil.

El énfasis del IGC 2004 en la corrupción política incluye informes elaborados por expertos sobre la regulación del financiamiento político, la revelación de flujos de dinero a la política, y la repatriación de riquezas robadas por políticos. Dos estudios sobre casos de la industria, en los sectores de las armas y el petróleo, demuestran el papel del sector privado en el suministro de fondos políticos corruptos.

El IGC 2004 incluye evaluaciones detalladas sobre el estado de la corrupción en 34 informes de países, acompañadas de análisis de desarrollos recientes a nivel global y regional, incluida la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y el impacto de la expansión de la Unión Europea sobre la corrupción. El informe también incluye las conclusiones de la última investigación sobre la corrupción, y formas para combatirla.


¿Qué se hizo con el dinero?
Jefe de Gobierno fondos supuestamente malversados PIB per capita (2001)
1. Mohamed Suharto Presidente de Indonesia, 1967-98 US $ 15mil a 35mil millones US$ 695
2. Ferdinand Marcos Presidente de Filipinas, 1972-86 US $ 5mil a 10mil millones US$ 912
3. Mobutu Sese Seko Presidente de Zaire, 1965-97 US $ 5mil millones US$ 99
4. Sani Abacha Presidente de Nigeria, 1993-98 US $ 2mil a 5mil millones US$ 319
5. Slobodan Milosevic Presidente de Serbia/Yugoslavia, 1989-2000 US $ mil millones no disponible
6. Jean-Claude Duvalier Presidente de Haití, 1971-86 US $ 300 a 800 millones US$ 460
7. Alberto Fujimori Presidente de Perú, 1990-2000 US $ 600 millones US$ 2,051
8. Pavlo Lazarenko Primer Ministro de Ucrania, 1996-97 US $ 114 a 200 millones US$ 766
9. Arnoldo Alemán Presidente de Nicaragua, 1997-2002 US $ 100 millones US$ 490
10. Joseph Estrada Presidente de Filipinas, 1998-2001 US $ 78 a 80 million US$ 912

Estándares sobre Financiamiento Político y Discrecionalidad de Transparency International


Las donaciones a partidos políticos, candidatos y funcionarios electos no deben ser un medio para obtener favores personales o políticos. Los partidos y los candidatos deben practicar la transparencia. Los gobiernos deben implementar una adecuada legislación sobre el conflicto de intereses.


Los partidos políticos, candidatos y políticos deben dar a conocer sus recursos, ingresos y gastos a un organismo independiente. Esta información debe ser presentada anualmente, y también antes y después de las elecciones.


Las organizaciones públicas de control deben supervisar efectivamente la observancia de las leyes y las medidas regulatorias. Para cumplir este objetivo deben estar dotados de recursos necesarios, facultades, independencia y poderes para investigar. Junto a cortes independientes, deben asegurar que los delincuentes sean responsabilizados y debidamente sancionados. 4. Sedebe prestar espacial atención a los beneficios del financiamiento estatal de los partidos y candidatos y al estímulo de la participación de los ciudadanos a través de pequeñas donaciones y cuotas sociales. También se debe prestar atención en limitar los apoyos de corporaciones y del extranjero, asi como a las donaciones individuales muy abultadas.


Los candidatos y partidos deben tener un acceso equitativo a los medios de comunicación. Se deben estableceer, aplicar y mantener criterios para alcanzar una cobertura mediática equilibrada e integridad de los medios. Estos deben jugar un papel independiente y crítico, tanto durante las elecciones como en el proceso político más amplio.


La sociedad civil debe participar activamente en promover la legislación adecuada en el terreno del financiamiento político y en el control de las finanzas públicas y su impacto sobre la representación política.

Por Francisco Rey Marcos

A mediados del año 2002 y tras varias semanas de negociaciones, el gobierno sudanés y los rebeldes del Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) firmaron un primer acuerdo de paz que parecía abrir esperanzas para el fin de una cruel guerra que duraba más de veinte años. El conflicto, de base religiosa e implicaciones étnicas, entre los musulmanes del Norte y los cristianos y animistas del Sur de Sudán, se remonta incluso a antes de la independencia de Gran Bretaña en 1956 y ha sido en todos estos años una de las guerras que más víctimas se ha cobrado en el escenario internacional. La confrontación armada, unida a las malas cosechas, a la dificultad para la llegada de la ayuda internacional, a los masivos éxodos de población, a las violaciones masivas de los derechos humanos y a la fragilidad del Estado para cumplir con sus obligaciones, cuando no su complicidad en las exacciones, han hecho de Sudán uno de los casos más representativos de eso que se ha dado en llamar eufemísticamente “emergencias humanitarias complejas” por parte de la comunidad internacional. Complejidad que se ha ido viendo incrementada con el descubrimiento, a finales de los años noventa, de enormes reservas de petróleo y al aumento del juego de intereses en el país.
Sudán ha sido también paradigma de ese otro concepto de “conflictos olvidados”, que sólo recaban nuestra atención cuando imágenes especialmente dramáticas conmueven nuestras conciencias, o cuando no compiten con otra guerra en la atención mediática.
Cuando parecía que durante 2003 el proceso de paz continuaría, mientras algunos organismos internacionales y ONG preparaban planes de rehabilitación posbélica y se concretaba el acuerdo de paz, a finales de ese mismo año comenzaron a llegar noticias de masivos desplazamientos de población en la región de Darfur y de un incremento del número de refugiados hacia el fronterizo Chad. La respuesta internacional durante este tiempo ha sido muy escasa y centrada en la dimensión humanitaria de la crisis, pero la situación se ha ido agravando hasta niveles verdaderamente alarmantes. Los últimos informes hechos públicos estos días por parte de Human Rights Watch o el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros organismos humanitarios, hablan de más de un millón de afectados, más de 100.000 desplazados y refugiados y de la puesta en marcha de un verdadero proceso de limpieza étnica por parte del gobierno sudanés, que ha hecho que la mayor parte de los habitantes de las etnias masalit y fur hayan tenido que huir y sus aldeas hayan sido arrasadas. Bertrand Ramcharan, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en funciones, declaró tras una misión a la región la pasada semana que “es el reino del terror. Se están cometiendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra delante de nuestros ojos”. Del mismo modo, James Morris, director del Programa Mundial de Alimentos, ha manifestado que la crisis alimentaria es una de las más graves de los últimos años y va a verse agravada con la llegada de la estación de lluvias en las próximas semanas. Durante esta estación, el acceso a las remotas zonas rurales es aún más complicado, lo que sin duda dificultará aún más los esfuerzos de ayuda. De hecho, el acceso a las víctimas ha sido uno de los problemas más graves con el que han topado las organizaciones humanitarias en esta guerra. Si además, las comunicaciones se dificultan, prácticamente será imposible lograrlo.
El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha intentado en varias ocasiones llevar al Consejo de Seguridad la discusión de una resolución sobre Darfur, que permita el despliegue de una operación de paz, pero esto ha chocado con la negativa de varios países. Algunos, como Rusia o los países africanos, “argumentan” que una resolución del Consejo pondría en peligro las conversaciones de paz que se desarrollan en Kenia. Otros, como los europeos, incluida España, no han mostrado mucho interés en el asunto, preocupados por otros conflictos y por asuntos internos. Resulta triste ver que diez años después del genocidio en Ruanda, y pese a las similitudes entre ambos casos y los mea culpa de la comunidad internacional, la situación al día de hoy se parezca mucho a la del año 1994 en la región de los Grandes Lagos. Lo único que por el momento ha conseguido la ONU ha sido la misión de inspección de Bertrand Ramcharan y otros funcionarios, pero pese a lo alarmante de sus constataciones y a la gravedad de sus acusaciones al gobierno sudanés, el Consejo de Seguridad no ha decidido nada. El día 20 de mayo, el Alto Comisionado de la ONU para los refugiado, el holandés Ruud Lubbers, se dirigió al Consejo de Seguridad para expresar su preocupación sobre las dificultades de acogimiento de los refugiados en Chad. La parálisis del Consejo tras la guerra de Iraq, se está viendo agravada además en este caso por la Presidencia de turno que recae sobre Paquistán y que, como sugiere Human Rights Watch, abriga un sentimiento inoportuno de solidaridad islámica con el régimen de Jartum. Sea como fuere, sin una resolución decidida del Consejo y un compromiso de los países miembros, la situación seguirá deteriorándose y las víctimas aumentando. Y los objetivos de desplazamiento de población por parte del gobierno, habrán sido logrados.
Por eso, es imprescindible actuar cuanto antes y no tener que lamentarse posteriormente como en otros casos. Los actores humanitarios corremos siempre el riesgo de ser acusados de alarmistas. Pero es mejor asumir ese riesgo, que conformarse con haber sido “profetas” de unas violaciones de los derechos humanos que hubieran podido impedirse.

* Francisco Rey Marcos – Investigador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

A ver si los señores de los medios de comunicación, con honrrosas excepciones, se enteran de que el pluralde ONG es ONG y que lo que los británicos llaman Charties NO son organizaciones caritativas . En Gran Bretaña, por ejemplo Intermón Oxfam es una Charitie en Español una ONG o mejor ONL, Organización No Lucraiva. Y si no consultad a la Real Academia Española