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Con 26 votos a favor, 17 en contra y 10 abstenciones, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una resolución en la que se invita a todos los estados a "abolir definitivamente la pena de muerte" y, hasta entonces, "instituir una moratoria sobre las ejecuciones".

En el documento, se pide a los países que todavía tienen en su legislación la pena capital que "limiten progresivamente el número de infracciones sancionables" con esa condena y que se "hagan públicas las informaciones sobre la aplicación de la pena de muerte y de toda ejecución prevista" Asimismo, se solicita que no se contemple la pena capital en los menores de 18 años, las mujeres embarazadas, las madres de niños pequeños y las personas que padezcan de algún tipo de "deficiencia mental o intelectual".

Los autores del documento muestran su preocupación por que la pena de muerte tinúe aplicándose en varios países y después de que, a veces, no se respeten las normas internacionales de igualdad en los juicios. Además, se rechaza que las ejecuciones se produzcan "en virtud de leyes y políticas discriminatorias", hacia colectivos concretos.

Estados Unidos ha rechazado la resolución con el argumento de que la pena capital sólo se aplica en su territorio como último recurso y después de que los condenados agoten todos los trámites establecidos para su defensa. También han votado en contra China, Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Indonesia, Japón, Malasia, Mauritania, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Sudán, Suazilandia, Togo y Zimbabwe. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que China es el país del mundo con mayor número de ejecuciones. Según sus datos, 3.400 personas fueron sentenciadas a muerte en 2004, aunque algunas fuentes estiman que la cifra es tres veces superior.