¿Por qué los países anglosajones han resultado, en general, más estables, o mucho menos convulsos, que los del continente europeo o los latinoamericanos? No erraríamos mucho remitiéndonos a un principio: el respeto a la ley. No vamos a ser ilusos y creer que allí todo el monte es orégano; probablemente los anglosajones manipulan o burlan la ley casi tanto como nosotros; pero, con todo, persiste una diferencia, y esa diferencia basta para determinar una historia también distinta.
Somos poco conscientes del enorme paso histórico que supuso la Constitución de 1978. De las muchas constituciones españolas, es la única nacida de un consenso muy amplio, y por ello supuso la reconciliación de las diversas "Españas" que desde la Guerra de Independencia no lograban avenirse. Con sus evidentes defectos, susceptibles de corrección, garantizaba la unidad y las libertades de los españoles. Sólo grupos menores, la ETA, el PNV y otros separatistas, se opusieron entonces a la reconciliación y a la democracia, y por ello parecían condenados a la marginalidad.
Sin embargo ha ocurrido lo opuesto, y hoy se sienten todos ellos insolentemente triunfadores. El polvo que ha traído este lodo ha sido la tradición de picaresca, cobardía e incumplimiento de la ley, que desde el principio contaminó, en cierto grado, a los mismos partidos que habían traído o facilitado la democracia. El grupo Prisa –tan ligado a lo peor del franquismo, tan antifranquista... después de Franco–-, predicó la "solución política", única posible, aseguraba, para el problema terrorista. Es decir, una "solución" a espaldas de la ley, vulnerando el Estado de Derecho y legalizando el asesinato como instrumento político. Este enfoque se impuso porque dicho grupo mediático se autoatribuyó el papel de oráculo de la democracia e, inexplicablemente, o quizá no tan inexplicablemente, le fue reconocido ese papel por los sucesivos gobiernos. Sólo muy a última hora cambió la orientación con Aznar, Mayor Oreja y sus demás ministros de Interior; y, como muy bien percibieron los cómplices políticos de la ETA –directamente el PNV e indirectamente CiU y compañía–, la aplicación de la ley a los terroristas terminaría afectándoles también a ellos. De ahí su alboroto.
La "solución política" significó para la ETA la seguridad de que antes o después la democracia se rebajaría a negociar sus exigencias. Sólo necesitaba seguir asesinando hasta que los endebles políticos se sintieran incapaces de soportar el desgaste. Así de simple. De paso, la expectativa de semejante "solución" fomentó una carrera entre diversos partidos para "recoger las nueces". No sólo el PNV, también, detrás de ellos, los nacionalistas catalanes y otros. La "solución política" ha convertido a los terroristas en un eje fundamental de la política española desde la Transición, en una humillación permanente de la democracia propiciada por los mismos gobiernos.
Hasta llegar hoy al límite de un gabinete socialista presidido por un majadero y convertido en el más activo y eficaz colaborador político de aquellos partidos y grupos que rechazaron la Constitución o la aceptaron a regañadientes. La clave de todo este proceso, insisto, reside en la parcial, pero persistente falta de respeto a la ley, la plaga que ha hundido una y otra vez las democracias en Latinoamérica y en España. Sin el cumplimiento de la ley ninguna democracia, ninguna libertad puede subsistir.
Cuenta Heródoto una anécdota por la que no pasa el tiempo. Jerjes llegaba a Grecia con un ejército imponente, y preguntó a Demarato, un espartano exiliado en su corte, si los griegos serían capaces de oponerle resistencia. Demarato le dijo que, por supuesto, lucharían contra él en cualquier caso. Y Jerjes se rió: "¿cómo podrían los griegos, que eran hombres libres, combatir contra un ejército superior si no tenían detrás un déspota que les obligara? Simplemente se someterían y adaptarían, para salvar el pellejo". Demarato le contestó: "Son libres, pero no del todo. Tienen un amo, la ley, a la que respetan mucho más, incluso, de lo que tus súbditos te temen a ti. Por eso saldrán a combatirte, tanto si se encuentran mil hombres para poner en línea, o menos, o más".
También habrá suficientes ciudadanos españoles conscientes para frenar y derrotar la arrogante ofensiva en curso contra las libertades y la integridad de nuestra patria. Porque lo grotesco del caso es que no tenemos enfrente a un ejército terrible como el persa, sino a unos osados golfos políticos cuya arma principal consiste en "esa osadía tan parecida a la impudicia". No cabe imaginar mayor ignominia que la de dejarse arrebatar la libertad por tales elementos.
Sin embargo, la vicepresidenta no es la dueña del Fisco, ni tiene la llave de la caja, ni nada por el estilo. Hacienda somos todos, incluidos los católicos, que también contribuimos. De hecho, la Iglesia se financia por aportaciones fiscales directas de los católicos que marcamos la casilla en la declaración del IRPF, y el Gobierno se limita a completar lo que el rácano porcentaje actual no cubre. Lo mismo sucede con la estructura educativa que regenta la Iglesia, auténtico «chollo» para el Estado, pues los centros concertados son más baratos en coste, y la inversión financiera que sería necesaria para sustituir las plazas concertadas por colegios públicos triplicaría el actual presupuesto educativo. Llama la atención que la vicepresidenta del Gobierno exija a la Iglesia lo que no cumple su partido, el PSOE, uno de los más endeudados de nuestro sistema (sólo por detrás del PNV), según el último informe del Tribunal de Cuentas.
Ningún partido político ni sindicato se autofinancia con las cuotas de sus militantes; tampoco ningún museo, ni película, ni teatro, ni asociación alguna puede vivir de sus cuotas. Si a la Iglesia católica se le pide semejante esfuerzo, es porque se muestra crítica con muchas iniciativas del Gobierno. Pero, en tal caso, alguien debería recordarle a De la Vega que en España la crítica es libre.
La Mesa del Congreso ha rechazado, con los votos de los representantes del PSOE, CiU e IU-ICV, la petición del PP para que la Cámara recabase una serie de informes de instituciones del Estado antes de dar entrada en el Congreso al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El órgano de gobierno tuvo que interrumpir su reunión para asistir a la Junta de Portavoces, cuyo inicio estaba previsto para las once de la mañana, por lo que se pospuso hasta primera hora de la tarde la decisión sobre cómo se califica la iniciativa catalana, si como reforma constitucional (posición del PP) o como estatuto de autonomía (opinión del resto de formaciones). El Grupo Popular, que cuenta con cuatro representantes en el órgano de gobierno de la Cámara, había reclamado que, antes de calificar el texto remitido por el Parlamento, se recabasen informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, abundando en su idea de que el proyecto es una reforma constitucional en la práctica.
Por contra, los tres componentes socialistas, junto con los miembros de CiU e IU-ICV, argumentaron que no había "anclaje legal específico" para atender la petición del PP y además expresaron sus sospechas de que el objetivo de la misma fuera una dilación política de la tramitación, según dijo el representante popular, Gabriel Cisneros. La misma suerte podría correr la petición de tramitar el Estatuto como reforma constitucional, que el PP piensa defender con un soporte explicativo de 102 folios. El PSOE y las minorías han venido defendiendo en la Mesa del Congreso, también cuando llegó el denominado 'Plan Ibarretxe', que este órgano parlamentario no debe entrar a juzgar la constitucionalidad de una iniciativa, labor que corresponde al TC, como así ha dictaminado en sentencias anteriores.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, reiteró que el PP presentará "todos los recursos" a su alcance y "en todos los ámbitos que sea posible" para que la reforma del Estatuto no se debata en el Parlamento como una modificación estatutaria, por ser un "fraude democrático".
Zaplana, que dio por hecho que la Mesa del Congreso admitirá a trámite la propuesta de reforma del Estatut pese a que el PP entiende que debe debatirse como una reforma constitucional y no estatutaria porque modifica la Carta Magna, no confirmó expresamente que su partido vaya a recurrir ante el Tribunal Constitucional. No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa por esta posibilidad, contestó insistiendo en que el PP formulará "todos los recursos que sean necesarios", para lo cual hay que respetar los plazos establecidos, ya que la decisión que adopte la Mesa ha de ser recurrida primero ante este mismo órgano antes de pasar al ámbito judicial.
En declaraciones a Telemadrid, y preguntado sobre cuál de sus dos títulos, 'La fiesta de los locos' o 'Tu nombre envenena mis sueños', elegiría para definir el 'Estatut', Leguina contestó: "Más lo primero que lo segundo. No estoy en edad de que me envenene mis sueños ningún acto político".
Leguina se mostró crítico con el texto y ante las preguntas al respecto, bromeó con la propuesta de "comercializar unas camisetas que digan 'no me hable usted del Estatuto, please'". "Podíamos vender unos cuantos, millones, porque esto va para largo", indicó.
"Confusión mental" y "repelús"
A su juicio, la "confusión mental del redactor se ve" en el preámbulo del 'Estatut' "bien reflejada". Afirmó que su opinión sobre el texto es la de "un lector de las ciento y muchas páginas que tiene". "Un periodista conocido y muy apreciado y catalán, Josep Ramoneda, lo decía el otro día en un artículo, '¡esto da un repelús!'", comentó Leguina, que estimó que está escrito "desde la reticencia, desde el que quiere y tiene miedo". "No me gusta esa amplia literatura", zanjó.
Leguina comentó que el 'Estatut' tiene "cosas" muy "graciosas", como que declare "nación al valle de Arán" y no quiso hablar "del sistema fiscal". "Menos mal que a mi pueblo no lo han tocado todavía", ironizó. No obstante, y preguntado sobre si es un dislate de principio a fin, matizó: "No, hombre, de principio a fin no -señaló-. No es fácil, pero creo que esto se podrá enmendar desde el punto de vista jurídico".
El ex presidente de la Comunidad de Madrid resaltó también que las ocho fórmulas de las que ha hablado Rodríguez Zapatero son sólo para "la palabra nación" porque para el resto se necesitarán "bastantes más".
"Marrón"
Dudó de que el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el ministro de Defensa, José Bono, hayan demostrado una fe ciega en el jefe del Ejecutivo. "¿Usted cree que han demostrado una fe ciega o han expresado una fe ciega"?, preguntó. De su parte, aseguró que él no la expresa porque no lo necesita y enfatizó que "casi todos los socialistas" están "preocupados" por este asunto.
Sobre si, además de la postura nacionalista catalana, le preocupa la del presidente del Gobierno, Leguina resaltó que le "preocupa todo". "Creo que este Gobierno iba a, como dicen los castizos, de cine y de pronto nos encontramos con este marrón, que nosotros mismos y este plural es claramente mayestático, nos hemos formado", indicó.
Así, aseguró que en la metodología, hubiera sido "mucho mejor procurar pactar con el Partido Popular". Dijo no saber si ha habido o no esfuerzos, pero señaló que "las pruebas no son buenas". Asimismo, apostó por cambiar el actual sistema electoral, que definió como un "desastre" porque cuando PP o PSOE no sacan mayoría absoluta, quedan "en manos de los nacionalistas", lo que cree es "un disparate".
En una entrevista en Catalunya Radio, Chacón ha dicho que estas son algunas de las ocho fórmulas que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, baraja para definir a Cataluña en el Estatuto catalán, según un comunicado de esta emisora.
Chacón ha dicho que conceptos como "comunidad nacional", así como "entidad nacional" o "realidad nacional" son sinónimos de nación "que serían compatibles con el artículo 2 (de la Constitución) y, sobre todo, darían a Cataluña, por primera vez en el Estatuto y en el Estado, la capacidad de definirse como realidad nacional, que es lo que somos".