Carod vuelve a despreciar a Maragall y le advierte de que sólo le debe lealtad a los catalanes.
La resaca del día después fue dura. Apenas habían transcurrido 24 horas del revés sufrido por los socialistas en la aprobación del nuevo Estatuto catalán, cuando el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, volvía a desairar a Pasqual Maragall asegurando que los republicanos no le deben lealtad al PSC, con los que forman gobierno en Cataluña, sino «sólo a los catalanes».
La nueva afrenta tuvo lugar en el Consejo Nacional de ERC celebrado ayer, donde Carod se aseguró el aplauso de una militancia que, desde hace meses, cuestiona la actitud complaciente de determinados dirigentes del partido que ocupan puestos de responsabilidad en el Ejecutivo catalán. A juicio de algunos sectores de ERC, se han traicionado los ideales independentistas en aras a la permanencia en el poder. Éste no es el caso de Carod, que tras abandonar la Generalitat debido a su encuentro con la cúpula de ETA -la primera gran «deslealtad» hacia Maragall- se ha hecho eco de esas voces del partido que añoran posiciones más soberanistas.
Negativa a volver al Gobierno
El presidente de la Generalitat ha sido consciente de esa creciente posición de fuerza de Carod, por lo que hace varios meses, según reveló el viernes en una entrevista televisada, le ofreció volver al Ejecutivo catalán, pero no en calidad de primer consejero. Carod rechazó esa oferta -otro desaire- que Maragall dio a conocer anteayer, es decir, en la víspera de ese cónclave republicano, donde las bases arroparon a su líder, a modo de bendición del papel que ERC ha tenido en los trabajos del nuevo Estatuto.
La deriva nacionalista que el bloque formado por ERC y CiU ha otorgado al proyecto estatutario ha sido interpretada por los socialistas como una «falta de lealtad» al Gobierno tripartito, que, a día de hoy, atraviesa por uno de sus momentos más bajos. La invocación de los derechos históricos para blindar competencias en el Estatuto destapó la caja de los truenos el pasado miércoles, cuando el PSC advirtió de que estaba dispuesto a dejar caer el Estatuto si prosperaban esas propuestas. Pero lo cierto es que hace semanas que los socialistas acariciaban esa posibilidad, es decir, impedir que el proyecto saliera de Cataluña, ante los problemas que para el PSOE se avecinaban en el Congreso.
Especialmente significativo es el cambio de actitud de algunos dirigentes socialistas que han pasado de criticar el papel del PSC en los trabajos de la reforma, a expresar su firme apoyo. Este es el caso del secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica de la Ejecutiva Federal del PSOE, Alfonso Perales, quien ayer aseguró que el partido «respalda» la posición del PSC respecto al nuevo Estatuto.
Carod insiste en autocomplacerse por el hecho de que «en el 90 por ciento del Estatuto se note la mano de ERC» y se erige en el hacedor de un principio de acuerdo con los nacionalistas de CiU, hasta ahora contrarios a votar un Estatuto bajo el mandato de Maragall. Y esa mano, según el PP, ha convertido el proyecto catalán en un texto «que rezuma inconstitucionalidad por todos sus poros», según palabras de la secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local de esa formación, Soraya Sáenz de Santamaría, que acusó, además, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el responsable de ese «lío mayúsculo», que llegó a calificar de «estrategia suicida para el futuro de España».
La nueva afrenta tuvo lugar en el Consejo Nacional de ERC celebrado ayer, donde Carod se aseguró el aplauso de una militancia que, desde hace meses, cuestiona la actitud complaciente de determinados dirigentes del partido que ocupan puestos de responsabilidad en el Ejecutivo catalán. A juicio de algunos sectores de ERC, se han traicionado los ideales independentistas en aras a la permanencia en el poder. Éste no es el caso de Carod, que tras abandonar la Generalitat debido a su encuentro con la cúpula de ETA -la primera gran «deslealtad» hacia Maragall- se ha hecho eco de esas voces del partido que añoran posiciones más soberanistas.
Negativa a volver al Gobierno
El presidente de la Generalitat ha sido consciente de esa creciente posición de fuerza de Carod, por lo que hace varios meses, según reveló el viernes en una entrevista televisada, le ofreció volver al Ejecutivo catalán, pero no en calidad de primer consejero. Carod rechazó esa oferta -otro desaire- que Maragall dio a conocer anteayer, es decir, en la víspera de ese cónclave republicano, donde las bases arroparon a su líder, a modo de bendición del papel que ERC ha tenido en los trabajos del nuevo Estatuto.
La deriva nacionalista que el bloque formado por ERC y CiU ha otorgado al proyecto estatutario ha sido interpretada por los socialistas como una «falta de lealtad» al Gobierno tripartito, que, a día de hoy, atraviesa por uno de sus momentos más bajos. La invocación de los derechos históricos para blindar competencias en el Estatuto destapó la caja de los truenos el pasado miércoles, cuando el PSC advirtió de que estaba dispuesto a dejar caer el Estatuto si prosperaban esas propuestas. Pero lo cierto es que hace semanas que los socialistas acariciaban esa posibilidad, es decir, impedir que el proyecto saliera de Cataluña, ante los problemas que para el PSOE se avecinaban en el Congreso.
Especialmente significativo es el cambio de actitud de algunos dirigentes socialistas que han pasado de criticar el papel del PSC en los trabajos de la reforma, a expresar su firme apoyo. Este es el caso del secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica de la Ejecutiva Federal del PSOE, Alfonso Perales, quien ayer aseguró que el partido «respalda» la posición del PSC respecto al nuevo Estatuto.
Carod insiste en autocomplacerse por el hecho de que «en el 90 por ciento del Estatuto se note la mano de ERC» y se erige en el hacedor de un principio de acuerdo con los nacionalistas de CiU, hasta ahora contrarios a votar un Estatuto bajo el mandato de Maragall. Y esa mano, según el PP, ha convertido el proyecto catalán en un texto «que rezuma inconstitucionalidad por todos sus poros», según palabras de la secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local de esa formación, Soraya Sáenz de Santamaría, que acusó, además, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el responsable de ese «lío mayúsculo», que llegó a calificar de «estrategia suicida para el futuro de España».
Tráfico abandona, una vez más, a los conductores.
Dos de las principales asociaciones automovilísticas han pedido al Gobierno que se revise el modelo de gestión y se aumenten los recursos y la información tras el atasco del pasado lunes en la A-3. El Partido Popular, por su parte, ha propuesto la creación de una comisión interministerial que se reúna siempre que se prevean atascos en las carreteras españolas.
Las retenciones ocurridas a la vuelta del puente en la A-3 no se solucionaron hasta las cinco de la mañana y se registraron en diferentes tramos y en enlaces de otras carreteras como la A.31 y la N-301.
El carril reversible que se abre al tráfico para descongestionarlo funcionó hasta las 03.30 horas pero hubo que quitarlo "por motivos de seguridad", pues los vehículos arrollaban los conos.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados Europeos ha manifestado que la autovía de Valencia “no tiene capacidad de absorber todo el flujo de vehículos que circula desde la costa hasta Madrid”. También ha pedido que se aumente el número de agentes de la Guardia Civil en las carreteras para evitar situaciones como las del pasado puente de mayo cuando, de los 8.000 agentes previstos, apenas actuaron 5.000.
El coordinador de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas, también ha manifestado su deseo de revisar el modelo gestión pero ha incidido en el cambio de modelo de intervención al entender que las retenciones se producen siempre en los mismos tramos a lo que ha añadido que “es vital plantear medidas a corto, medio y largo plazo”.
Asimismo, Lucas ha avisado de los problemas que generan los atascos más allá del tiempo perdido y los problemas circulatorios ya que pueden provocar fatiga y cansancio lo que aumenta el riesgo de accidente.
Las retenciones ocurridas a la vuelta del puente en la A-3 no se solucionaron hasta las cinco de la mañana y se registraron en diferentes tramos y en enlaces de otras carreteras como la A.31 y la N-301.
El carril reversible que se abre al tráfico para descongestionarlo funcionó hasta las 03.30 horas pero hubo que quitarlo "por motivos de seguridad", pues los vehículos arrollaban los conos.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados Europeos ha manifestado que la autovía de Valencia “no tiene capacidad de absorber todo el flujo de vehículos que circula desde la costa hasta Madrid”. También ha pedido que se aumente el número de agentes de la Guardia Civil en las carreteras para evitar situaciones como las del pasado puente de mayo cuando, de los 8.000 agentes previstos, apenas actuaron 5.000.
El coordinador de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas, también ha manifestado su deseo de revisar el modelo gestión pero ha incidido en el cambio de modelo de intervención al entender que las retenciones se producen siempre en los mismos tramos a lo que ha añadido que “es vital plantear medidas a corto, medio y largo plazo”.
Asimismo, Lucas ha avisado de los problemas que generan los atascos más allá del tiempo perdido y los problemas circulatorios ya que pueden provocar fatiga y cansancio lo que aumenta el riesgo de accidente.
Guadalajara despide a sus víctimas con gritos de dimisión contra el Gobierno.
No ha pasado el tiempo suficiente para darse cuenta de que no están. Por eso, las familias de diez de los fallecidos –excepto, la de José Ródenas, que declinó la invitación para acudir a las exequias– subían ayer la cuesta del Fuerte de San Francisco por inercia para asistir a la misa funeral que se celebró por sus hijos, padres, hermanos. Miles de personas les acompañaban porque Guadalajara es pequeña y el domingo a todo el mundo se le marchó alguien para siempre y ese dolor que se sabe que es para siempre se hacía ayer muy duro. En una veintena de bancos, los situados más cerca del altar, figuraban los nombres de los más allegados a las víctimas. La Iglesia, con una capacidad para 1.200 personas, estaba desbordada.
El acto fue presidido por el obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, quien estuvo acompañado por el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares y de 50 sacerdotes de toda la provincia.
Insultos. Como representación del Gobierno asistió la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, además de los ministros de Medio Ambiente y Defensa, Cristina Narbona y José Bono. Asimismo acudieron el líder del PP, Mariano Rajoy y el presidente del Congreso, Manuel Marín. Algunos de ellos recibieron el abucheo de los vecinos mientras los miembros de los retenes fueron aplaudidos a su llegada a la iglesia. A la salida, los políticos también fueron blanco de las iras del público congregado a las puertas del templo. Los gritos se dirigieron al actual presidente autonómico, José María Barreda y su antecesor en el cargo, José Bono, así como a la ministra de Medio Ambiente. Algunos de los presentes exhibían pancartas donde podía leer: «Once muertos, once dimisiones». La ausencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra de visita oficial a China, también fue duramente criticada.
La impotencia aún duraba y de ahí los reproches. Por el contrario, la compañía que más se agredeció fue la de los Príncipes de Asturias. A pesar de su avanzado estado de gestación, doña Letizia quiso acudir al acto para dar el pésame personalmente a todas las familias. Don Felipe y Doña Letizia, fueron banco por banco, dando la mano y besando a los familiares, en cuyos rostros se reflejaba el dolor y la emoción. El Príncipe de Asturias se detuvo, especialmente, con dos niños a los que besó y con los que conversó brevemente. Se agradeció el gesto. Como también se agradeció la presencia de bomberos y agentes forestales procedentes de toda España y de Francia que quisieron unirse al homenaje a sus compañeros.
En la homilía, el obispo de Sigüenza-Guadalajara leyó fragmentos de los capítulos 3 y 6 del Evangelio de San Juan. Tras citar los nombres de las víctimas, su lugar de origen y a sus familias, José Sánchez se acordó de las circunstancias adversas que rodearon su muerte. «Si no hubiera sido por el viento, por la sequía y, en definitiva, por el fuego» «Si los bosques estuvieran más cuidados...» Para luego admitir que «ya es demasiado tarde para que estas condiciones y otras parecidas se cumplan y pudieran tener un efecto de devolvernos a la vida a los seres queridos que la muerte violenta nos ha arrebatado».
El prelado seguntino invitó a todos a hacer un análisis de lo sucedido para «sacar las debidas consecuencias y corregir o mejorar conductas donde haya lugar». «Ellos –dijo en referencia a los fallecidos– entregaron la vida luchando para que la nuestra fuera más segura, más agradable, más bella y perecieron en el empeño, pero su memoria, su acción y sus vidas permanecen para siempre, porque el amor no muere». A la salida, el padre de una de las víctimas comenzó a llorar. «Han convertido el funeral de mi hijo en un circo».
El acto fue presidido por el obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, quien estuvo acompañado por el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares y de 50 sacerdotes de toda la provincia.
Insultos. Como representación del Gobierno asistió la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, además de los ministros de Medio Ambiente y Defensa, Cristina Narbona y José Bono. Asimismo acudieron el líder del PP, Mariano Rajoy y el presidente del Congreso, Manuel Marín. Algunos de ellos recibieron el abucheo de los vecinos mientras los miembros de los retenes fueron aplaudidos a su llegada a la iglesia. A la salida, los políticos también fueron blanco de las iras del público congregado a las puertas del templo. Los gritos se dirigieron al actual presidente autonómico, José María Barreda y su antecesor en el cargo, José Bono, así como a la ministra de Medio Ambiente. Algunos de los presentes exhibían pancartas donde podía leer: «Once muertos, once dimisiones». La ausencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra de visita oficial a China, también fue duramente criticada.
La impotencia aún duraba y de ahí los reproches. Por el contrario, la compañía que más se agredeció fue la de los Príncipes de Asturias. A pesar de su avanzado estado de gestación, doña Letizia quiso acudir al acto para dar el pésame personalmente a todas las familias. Don Felipe y Doña Letizia, fueron banco por banco, dando la mano y besando a los familiares, en cuyos rostros se reflejaba el dolor y la emoción. El Príncipe de Asturias se detuvo, especialmente, con dos niños a los que besó y con los que conversó brevemente. Se agradeció el gesto. Como también se agradeció la presencia de bomberos y agentes forestales procedentes de toda España y de Francia que quisieron unirse al homenaje a sus compañeros.
En la homilía, el obispo de Sigüenza-Guadalajara leyó fragmentos de los capítulos 3 y 6 del Evangelio de San Juan. Tras citar los nombres de las víctimas, su lugar de origen y a sus familias, José Sánchez se acordó de las circunstancias adversas que rodearon su muerte. «Si no hubiera sido por el viento, por la sequía y, en definitiva, por el fuego» «Si los bosques estuvieran más cuidados...» Para luego admitir que «ya es demasiado tarde para que estas condiciones y otras parecidas se cumplan y pudieran tener un efecto de devolvernos a la vida a los seres queridos que la muerte violenta nos ha arrebatado».
El prelado seguntino invitó a todos a hacer un análisis de lo sucedido para «sacar las debidas consecuencias y corregir o mejorar conductas donde haya lugar». «Ellos –dijo en referencia a los fallecidos– entregaron la vida luchando para que la nuestra fuera más segura, más agradable, más bella y perecieron en el empeño, pero su memoria, su acción y sus vidas permanecen para siempre, porque el amor no muere». A la salida, el padre de una de las víctimas comenzó a llorar. «Han convertido el funeral de mi hijo en un circo».
Los vecinos abuchean a la vicepresidenta de Zapatero.
La gente llora de rabia y anoche dejó claro que culpa a las autoridades de la inmensa tragedia. Lo más suave que gritaban anoche fue ese "¡fuera, fuera!" con que recibieron a la vicepresidenta del Gobierno Zapatero, cuando se presentó en el centro de emergencias instalado en Alcolea del Pinar (Guadalajara). Para eludir el abucheo y ante la creciente ira de los vecinos, que coreaban "¿Dónde están los medios? ¿Dónde están los medios?", María Teresa Fernández de la Vega entró a gran velocidad en la Casa Consistorial escoltada por su servicio de seguridad.
La vicepresidenta estuvo reunida media hora con los máximos responsables de Guadalajara para ver cómo se coordinaban los medios para extinguir el incendio y mientras, abajo, en la plaza, iban agrupándose cada vez más personas desalojadas de las viviendas de los pueblos afectados y que estaban en Alcolea para pernoctar. "¡Que baje, que baje, que queremos decirle cuatro cosas!", clamaba una mujer con voz angustiada.
Cuando bajó, creyendo que la multitud aceptaría su consuelo, los vecinos empezaron a chillar: "¡Fuera, fuera, fuera!". Un hombre la increpó, subrayando que ellos habían avisado muy pronto de todo lo que había ocurrido y que los medios resultaron insuficientes.
"La gente del pueblo queríamos hacer un cortafuego por un camino vecinal, pero sin embargo los encargados de la extinción se han empeñado en hacerlo por la carretera de Iniesta a Padilla. ¿Así pretenden atacar a un fuego cuando nosotros somos lo que realmente sabemos cómo apagar esto? No se nos ha hecho caso", vociferó otro.
"¿Por qué han tardado tanto en traer medios aéreos, en especial hidroaviones, y ha venido tan poca gente a apagar las llamas?", chillaba otro vecino, mientras Fernández de la Vega ponía cara de preocupación. "Vaya, vaya usted donde está el fuego y verá lo mal que lo hemos pasado. Llamábamos a la gente, a todos los teléfonos que conocíamos y nadie nos hacía caso", le dijo otra señora. "Llevamos todo el día sin comer, ¿por qué han mandado los aviones al Alto Tajo? No, no me ponga esa cara de ajo", le reprochó otra vecina de Santa María.
La vicepresidenta intentaba explicarse, pero la furia y los nervios de los vecinos le impidieron hablar en muchas ocasiones. Sólo podía decir frases sueltas del tipo: "Nos avisaron a las dos de la tarde". No pudo continuar. "Si no ha entrado en el fuego más gente es porque había un gran riesgo para ellos". Pero lo que quedó claro, porque así se comprometió la vicepresidenta, es que el Gobierno pretende abrir una investigación "para que se aclare todo lo sucedido".
Los escoltas protegieron a Fernández de la Vega mientras se dirigía a su coche, acompañada en todo momento del presidente de Castilla- La Mancha, José María Barreda. Y fue entonces cuando estallaron los mayores abucheos y gritos contra ella y el resto de políticos que acudieron a Alcolea del Pinar.
Los afectados, vecinos de varias poblaciones cercanas, todas afectadas por el incendio, golpearon y escupieron el coche oficial de la vicepresidenta.
La vicepresidenta estuvo reunida media hora con los máximos responsables de Guadalajara para ver cómo se coordinaban los medios para extinguir el incendio y mientras, abajo, en la plaza, iban agrupándose cada vez más personas desalojadas de las viviendas de los pueblos afectados y que estaban en Alcolea para pernoctar. "¡Que baje, que baje, que queremos decirle cuatro cosas!", clamaba una mujer con voz angustiada.
Cuando bajó, creyendo que la multitud aceptaría su consuelo, los vecinos empezaron a chillar: "¡Fuera, fuera, fuera!". Un hombre la increpó, subrayando que ellos habían avisado muy pronto de todo lo que había ocurrido y que los medios resultaron insuficientes.
"La gente del pueblo queríamos hacer un cortafuego por un camino vecinal, pero sin embargo los encargados de la extinción se han empeñado en hacerlo por la carretera de Iniesta a Padilla. ¿Así pretenden atacar a un fuego cuando nosotros somos lo que realmente sabemos cómo apagar esto? No se nos ha hecho caso", vociferó otro.
"¿Por qué han tardado tanto en traer medios aéreos, en especial hidroaviones, y ha venido tan poca gente a apagar las llamas?", chillaba otro vecino, mientras Fernández de la Vega ponía cara de preocupación. "Vaya, vaya usted donde está el fuego y verá lo mal que lo hemos pasado. Llamábamos a la gente, a todos los teléfonos que conocíamos y nadie nos hacía caso", le dijo otra señora. "Llevamos todo el día sin comer, ¿por qué han mandado los aviones al Alto Tajo? No, no me ponga esa cara de ajo", le reprochó otra vecina de Santa María.
La vicepresidenta intentaba explicarse, pero la furia y los nervios de los vecinos le impidieron hablar en muchas ocasiones. Sólo podía decir frases sueltas del tipo: "Nos avisaron a las dos de la tarde". No pudo continuar. "Si no ha entrado en el fuego más gente es porque había un gran riesgo para ellos". Pero lo que quedó claro, porque así se comprometió la vicepresidenta, es que el Gobierno pretende abrir una investigación "para que se aclare todo lo sucedido".
Los escoltas protegieron a Fernández de la Vega mientras se dirigía a su coche, acompañada en todo momento del presidente de Castilla- La Mancha, José María Barreda. Y fue entonces cuando estallaron los mayores abucheos y gritos contra ella y el resto de políticos que acudieron a Alcolea del Pinar.
Los afectados, vecinos de varias poblaciones cercanas, todas afectadas por el incendio, golpearon y escupieron el coche oficial de la vicepresidenta.
La Iniciativa Legislativa a favor del matrimonio se cierra con 1,5 millones de firmas
Aunque ya estaba asegurado el mínimo necesario de 500.000, el Foro de la Familia espera que las Cortes valoren el esfuerzo y la alta cifra de adhesiones dentro del complejo procedimiento
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de una definición clara del matrimonio como la unión de hombre y mujer, así como por el derecho de todo niño a un padre y una madre, se cerró definitivamente este viernes con 1,5 millones de firmas recogidas. Se había concedido una ampliación de tres meses al plazo inicialmente marcado, que duraba hasta abril, y ahora todo el proceso se ha completado. El Foro Español de la Familia, principal promotor de la campaña, ya se había asegurado, y así lo comunicó hace varias semanas, el mínimo de 500.000 adhesiones legalmente necesario para que la propuesta se debata en el Congreso de los Diputados. El siguiente paso llegará en septiembre, cuando se espera que se conozca oficialmente la fecha para la sesión parlamentaria que tratará el proyecto.
El pasado miércoles 13 de julio, la Oficina del Censo Electoral envió al Foro de la Familia una carta en la que certifica el recuento de más de medio millón de firmas. Ello significa que la iniciativa deberá ser debatida en el Congreso como cualquier proyecto de ley presentado por el Gobierno. En este caso, al ser un colectivo ciudadano el que ha presentado la propuesta, la plataforma familiarista ha solicitado la comparecencia de un representante suyo para defenderla.
La recogida de firmas de esta ILP empezó el pasado 15 de octubre por toda España, siguiendo el complejo proceso legalmente establecido para estos casos. Los impulsores de la campaña han distribuido por las principales ciudades numerosos fedatarios, personas autorizadas que se encargan de validar la recogida de adhesiones y entregar los pliegos con firmas, siempre en papel, con puño y letra y con los datos personales básicos de todos los que secundan el proyecto. Esta complejidad supone, para el Foro de la Familia, “un motivo más para que las Cortes y el Gobierno valoren todavía más el esfuerzo realizado y abran un proceso de diálogo”.
Mientras tanto, los dirigentes de la plataforma defensora de la institución familiar, que representa a varios millones de ciudadanos, esperan que el Partido Popular anuncie, en los próximos días, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Civil que permite casarse a dos personas del mismo sexo y, por tanto, la adopción. Esta nueva ley, recordemos, fue aprobada el pasado 30 de junio en el Congreso de los Diputados por una mayoría ajustada y después de que la Cámara Baja levantase el veto que pocos días antes había decidido el Senado en su votación plenaria.
Por otro lado, el Foro Español de la Familia mantiene su insistencia a la hora de pedir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que reciba a una representación de la entidad, sobre todo después de la masiva participación popular en la manifestación del pasado 18 de junio en Madrid en defensa del matrimonio entre hombre y mujer y de los derechos de los niños. Los máximos responsables del colectivo cívico aseguran, además, que convocarán nuevas movilizaciones si no se impulsa ese diálogo.
El horizonte de septiembre
El recurso ante el Tribunal Constitucional será una realidad presumiblemente también en septiembre, con lo que posiblemente coincidirá con el anuncio de la fecha para el debate parlamentario de la ILP. El Partido Popular, que logrará fácilmente el apoyo de los 50 diputados o senadores que exige la ley como mínimo, sigue estudiando estos días los detalles de las alegaciones que presentará ante el Tribunal Constitucional, según fuentes no oficiales a las que ha tenido acceso ForumLibertas.com. Esas mismas fuentes aclaran que no hay prisa porque la ley contempla un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva normativa, hecho que se produjo el sábado 2 de julio. Ello significa que habría tiempo hasta el 2 de octubre. Cabe recordar que la presentación del recurso, al no ser el Gobierno quien actúa judicialmente contra otra administración pública, no paralizará la vigencia del texto aprobado el pasado 30 de junio en el Congreso de los Diputados.
Entre otros argumentos, el recurso de inconstitucionalidad incluirá la idea de que la modificación del artículo 44 del Código Civil, que dice textualmente que “hombre y mujer tienen derecho a contraer matrimonio”, rompe con la Constitución Española, que afirma exactamente lo mismo. Por tanto, la frase modificada sería a todas luces inconstitucional, ya que el Gobierno no ha planteado reformar la Carta Magna por este motivo. Se da la circunstancia de que, en el matrimonio homosexual, el ejecutivo no ha llegado a ningún consenso con el PP, algo que, por el contrario, es imprescindible para cambiar cualquier punto de la Constitución. Por otro lado, la inconstitucionalidad del proyecto ya ha sido aludida, de diversas formas, en sendos escritos elaborados y hechos públicos recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y la Academia de Jurisprudencia.
El principito de Mónaco.
Un satrapilla de opereta, disfrazado de príncipe con el atrezzo de Hollywood, cuyo territorio es un casino y cuyas únicas virtudes de Estado son los descorches de bragueta, se permitió, frívola y mezquinamente, agitar el terrorismo contra Madrid. La marioneta de Chirac realizó su sucia jugada al «negro y pasa» del terror tan sólo dos días antes de que ETA anunciara que se le había adelantado en su mensaje al COI y la víspera de que el fanatismo islámico sembrara de muerte Londres. Y mientras los londinenses morían y el mundo compartía su dolor y se admiraba de su temple y su coraje, el soberano de los oropeles y de las revistas de investigación vaginal hacía su enésima aportación a la humanidad, reconociendo urbi et orbi, a una criatura fruto de alguno de sus peculiares «asuntos de estado». Después aún ha tenido tiempo para hacer una pedorreta más contra los españoles pidiendo el reconocimiento olímpico de Gibraltar y finalizar faena balbuceando en la televisión, francesa por supuesto, que nadie se lo había mandado hacer y que sentía mucho que se hubieran disgustado sus amigos españoles. Esperemos que en tal expresión no incluya a la Corona y es de esperar que ésta, vejada también en Singapur, nos evite cualquier contacto con el personaje monegasco y procure abstenerse, por respeto al pueblo español, de remilgos protocolarios que nos impongan su presencia.
Esperanza Aguirre: "Nadie se ha atrevido a culpar a Blair, ni siquiera Zapatero"
La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que no está justificada la reacción de la vicepresidenta De la Vega, que este viernes arremetió contra el PP después de que Rajoy recordara que la oposición británica no ha acusado a Blair de imprevisión. "Esto no les gusta, pero es así", ha dicho en la Cope. Esperanza Aguirre ha puesto un ejemplo muy claro: "Nadie se ha atrevido a culpar a Tony Blair de este atentado por haber participado en la guerra de Irak. Nadie lo ha hecho, ni siquiera nuestro presidente del Gobierno que en cambio aquí sí lo hizo".
En La Mañana del Fin de Semana de la COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció que "se ha enfadado la vicepresidenta pero a mi me parece que tiene toda la razón Rajoy". Se refería a las declaraciones del líder de l PP en las que comparaba la actitud que está teniendo la oposición británica con la que tuvo el PSOE tras los atentados del 11-M. Ahora, aclaró Rajoy, nadie está acusando a Blair de imprevisión. Tras esta comparación, la reacción del Gobierno por boca de la vicepresidenta De la Vega fue airada. Acusó al jefe de la oposición de irresponsable y de utilizar el atentado con fines partidistas.
Esperanza Aguirre insistió en el argumento de Rajoy y llamó la atención sobre "la diferencia de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, la reacción ejemplar del pueblo británico, las autoridades, todos los partidos, la oposición especialmente, comparada con lo que aquí sucedió el 11-M. Esto no les gusta, pero es así". La presidenta de la Comunidad de Madrid también recordó que "a fecha de hoy, todavía el presidente del Gobierno no ha condenado las agresiones a las sedes del PP en el día de reflexión. Creo que la diferencia es enorme a favor de los británicos. Lo que dijo Blair: "no nos dividirán, no nos aterrorizaran, no nos atemorizaran", creo que es lo que teníamos que haber vivido todos los españoles y sin embargo hubo quien exigió al Gobierno de entonces en tiempo real información, quien acosó a las sedes del PP y quien culpó descaradamente al Gobierno de los atentados terroristas por haber participado en la guerra de Irak".
Zapatero y El País
El contraste para Aguirre está más que claro: "Nadie se ha atrevido a culpar a Tony Blair por haber participado en la guerra de Irak de este atentado. Nadie lo ha hecho, ni siquiera nuestro presidente del Gobierno, que en cambio aquí sí lo hizo".
También se refirió Aguirre a la pregunta que este viernes en Escocia, durante la rueda de prensa tras la clausura de la cumbre del G-8, planteó a Blair un periodista de El País: "si se podría aceptar que algo se hizo mal para que los terroristas cometieran el atentado". La respuesta del primer ministro británico fue contudnente: "Esta gente que mató inocentes son los responsables, los autores de los ataques son los únicos responsables".
Para Esperanza Aguirre "parece mentira que haya que recordar estas cosas". Sin embargo, lo tuvo que hacer Blair este viernes y lo ha querido hacer la dirigente del PP en la COPE. "Nosotros en el PP sabemos que los uncios responsables de los atentados terroristas son los terroristas. No lo es, desde luego, el Gobierno, cualquier Gobierno, cómo lo va a ser. Es fácil matar y cometer atentados, pero a quienes hay que demandar por ello es a los terroristas, nunca, en ningún caso, puede demandarse al Gobierno. Nosotros no lo haremos nunca y lamentamos que en algunos casos se haya hecho". Aguirre volvía a referirse así a la actitud del PSOE entre el 11 y el 14-M.
En La Mañana del Fin de Semana de la COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció que "se ha enfadado la vicepresidenta pero a mi me parece que tiene toda la razón Rajoy". Se refería a las declaraciones del líder de l PP en las que comparaba la actitud que está teniendo la oposición británica con la que tuvo el PSOE tras los atentados del 11-M. Ahora, aclaró Rajoy, nadie está acusando a Blair de imprevisión. Tras esta comparación, la reacción del Gobierno por boca de la vicepresidenta De la Vega fue airada. Acusó al jefe de la oposición de irresponsable y de utilizar el atentado con fines partidistas.
Esperanza Aguirre insistió en el argumento de Rajoy y llamó la atención sobre "la diferencia de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, la reacción ejemplar del pueblo británico, las autoridades, todos los partidos, la oposición especialmente, comparada con lo que aquí sucedió el 11-M. Esto no les gusta, pero es así". La presidenta de la Comunidad de Madrid también recordó que "a fecha de hoy, todavía el presidente del Gobierno no ha condenado las agresiones a las sedes del PP en el día de reflexión. Creo que la diferencia es enorme a favor de los británicos. Lo que dijo Blair: "no nos dividirán, no nos aterrorizaran, no nos atemorizaran", creo que es lo que teníamos que haber vivido todos los españoles y sin embargo hubo quien exigió al Gobierno de entonces en tiempo real información, quien acosó a las sedes del PP y quien culpó descaradamente al Gobierno de los atentados terroristas por haber participado en la guerra de Irak".
Zapatero y El País
El contraste para Aguirre está más que claro: "Nadie se ha atrevido a culpar a Tony Blair por haber participado en la guerra de Irak de este atentado. Nadie lo ha hecho, ni siquiera nuestro presidente del Gobierno, que en cambio aquí sí lo hizo".
También se refirió Aguirre a la pregunta que este viernes en Escocia, durante la rueda de prensa tras la clausura de la cumbre del G-8, planteó a Blair un periodista de El País: "si se podría aceptar que algo se hizo mal para que los terroristas cometieran el atentado". La respuesta del primer ministro británico fue contudnente: "Esta gente que mató inocentes son los responsables, los autores de los ataques son los únicos responsables".
Para Esperanza Aguirre "parece mentira que haya que recordar estas cosas". Sin embargo, lo tuvo que hacer Blair este viernes y lo ha querido hacer la dirigente del PP en la COPE. "Nosotros en el PP sabemos que los uncios responsables de los atentados terroristas son los terroristas. No lo es, desde luego, el Gobierno, cualquier Gobierno, cómo lo va a ser. Es fácil matar y cometer atentados, pero a quienes hay que demandar por ello es a los terroristas, nunca, en ningún caso, puede demandarse al Gobierno. Nosotros no lo haremos nunca y lamentamos que en algunos casos se haya hecho". Aguirre volvía a referirse así a la actitud del PSOE entre el 11 y el 14-M.
Los padres de alumnos católicos se movilizarán tras el verano contra la reforma educativa del Gobierno.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) está calentando motores para plantar cara al Gobierno después del verano y dar la batalla contra la reforma de la ley de educación (LOE) que el Ejecutivo pretende aprobar antes de irse de vacaciones.
Su protesta es consecuencia del «gran pesimismo de los padres ante un Gobierno despótico que quiere imponernos una norma negligente que vamos a pagar, sin consenso y en tiempo récord. Así que, a la vuelta del verano tendremos que salir a la calle a manifestarnos para que nos oiga», dijo Luis Carbonel, presidente nacional de la Confederación Católica de Padres de Alumnos. El anuncio lo hizo durante la celebración de un debate organizado ayer por el periódico LA RAZÓN y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU de Madrid con el título «La Educación, a examen».
La Concapa recogió más de 3.200.000 firmas con las que solicitó que la asignatura de Religión tuviera el mismo trato que las demás, pero el presidente del Gobierno «no quiso recogerlas y sigue sin haber recibido a los representantes de los padres que pretendíamos exponerle que ocho de cada diez familias matriculan a sus hijos en clase de Religión», se quejó Carbonel.
Para el representante de los padres católicos, entre los principales problemas que padece la educación en estos momentos figura la «pésima formación académica» de los estudiantes españoles, por debajo de la media de los países de la OCDE; la falta de una educación integral y en valores, cuyas consecuencias se padecen ya, como se está viendo con el fenómeno «bulliyng»; y su «uso político con una ley mediocre, que no aporta soluciones para terminar con el fracaso escolar ni con la pérdida de valores», añadió Luis Carbonel.
Sus críticas fueron más allá al culpar al Estado de «inmiscuirse cada vez más en el derecho exclusivo de los padres a elegir la educación de sus hijos con pretensiones de adoctrinamiento» y alertó de que la libertad de enseñanza «es un valor democrático que en España está en retroceso». Por no hablar ya de «la vertebración a la que asistimos que nos puede complicar la vida con sistemas educativos que no sean homologables», sentenció.
Su propuesta de solución pasa por dar a los padres más recursos para atender las necesidades que conlleva su propia responsabilidad paterna. Un derecho para el que se precisa conciliar la vida laboral y familiar que «se consigue con legislaciones laborales y de empresa para que los padres compartan más tiempo libre con los hijos y con un horario escolar racional». Carbonel también defendió como «básica» la formación de los progenitores porque «las escuelas de padres, algunas de las cuales funcionan con muy pocos recursos económicos, permiten la prevención de riesgos como las drogas o el alcohol y facilita la comunicación intergeneracional».
Una visión muy crítica también con la reforma que ha abordado el Gobierno fue la que expuso la responsable de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor. Criticó que sea «una ley para el adoctrinamiento y para una educación unilateral».
Defendió la reforma educativa que elaboraron los populares cuando gobernaron porque «prevenía el fracaso escolar, fomentaba la cultura del esfuerzo, daba igualdad de oportunidades a todos, suprimía la promoción automática, proponía la gratuidad de la educación infantil, implantaba itinerarios formativos, y establecía una carrera docente de verdad porque el profesor necesita que le recuerden que está subiendo peldaños». ¿El balance?, se preguntó:«un año después nos hemos encontrado con un «decretazo» para derogarla sin que el PSOE dialogara con el principal partido de la oposición. Ha faltado un debate articulado y profundo y nos hemos topado con una reforma inconsistente que dice que va a hacer unas cosas y luego va hacia otro lado, porque lo que se busca al final es un objetivo político», remachó.
Los mayores defectos. Entre los mayores defectos que encontró Pastor a la reforma socialista figuran el que no se respete la la libertad de elección de centros, que no garantice un sistema común de enseñanza, que se insista en la promoción automática sin valorar el esfuerzo, que los tres primeros cursos de educación infantil no sean gratuitos, que asignaturas como el Latín, la Física y la Filosofía se conviertan en optativas y que sólo haya 170 millones de presupuesto «para este engaño masivo de reforma».
Sobre la posibilidad de alcanzar un pacto educativo con el Gobierno anunció que «quiero pactar con planteamientos que mejoren la sociedad con un sistema más cohesionado y que dé oportunidades para todos», sentenció.
El encuentro contó con la participación de un nutrido grupo de personalidades del mundo de la educación, la política y los medios de comunicación. El subdirector general de LA RAZÓN, Joaquín Parera, destacó la importancia de que «la formación, la enseñanza y la defensa de los principios democráticos y de convivencia no recaigan sólo en unos pocos». De ahí la necesidad de que el debate de la Educación precise «aportaciones serias, rigurosas y destinadas a elaborar planteamientos útiles y finalistas».
Entre los asistentes también estuvo el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y presidente de la Fundación San Pablo-CEU, Alfonso Coronel de Palma, quien recalcó que «la educación es un derecho de los padres y el maestro educa por delegación de éstos...el Estado debe dar los medios necesarios para que la sociedad pueda organizarse de la forma más adecuada».
Por su parte, Carlos Mayor Oreja, director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, destacó que el Partido Socialista ha definido la educación como un «servicio público», cuando en realidad es «un derecho fundamental. Emilio Boronat, director del colegio Cardenal Spinola, resaltó que en los colegios «han de tener un ideario fuerte y claro que es la garantía de libertad», mientras que José María Alsina, rector de la Universidad Abat Oliba de Barcelona puso el acento en que «se ha confundido el educar con quitar obstáculos para salir adelante».
El presidente de Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández Santillana, tachó la LOE de reforma «intervencionista» y una «reedición» de la LOGSE, que responde a criterios «eminentemente políticos». En su opinión, plantea una cuestión de «pervivencia» en el aula y no de esfuerzo, con lo que se formarán ciudadanos «mediocres».
El presidente de la Unión Democrática de Estudiantes de Madrid (UDEM), Álvaro Vermoet, solicitó terminar con el «modelo más radical de comprensividad» que, a su juicio, plantea el sistema de la LOE. «No podemos olvidar que competiremos con jóvenes de todo el mundo», dijo. Fernando Izar, director del Instituto Barrio de Bilbao del Distrito Madrileño de Ciudad Lineal, dijo que «el hecho de que el que no quiera estudiar obtenga igualmente el título va en contra del alumno normal y más aún del que destaca».
Además participaron destacados periodistas, como Tomás Cuesta, Gabriel Albiac y Camen Gurruchaga. Intervino como moderadora Carla Díez de Rivera, directora de Desarrollo Corporativo FUSP-CEU y clausuró el acto el director de LA RAZÓN, José Alejandro Vara.
Su protesta es consecuencia del «gran pesimismo de los padres ante un Gobierno despótico que quiere imponernos una norma negligente que vamos a pagar, sin consenso y en tiempo récord. Así que, a la vuelta del verano tendremos que salir a la calle a manifestarnos para que nos oiga», dijo Luis Carbonel, presidente nacional de la Confederación Católica de Padres de Alumnos. El anuncio lo hizo durante la celebración de un debate organizado ayer por el periódico LA RAZÓN y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU de Madrid con el título «La Educación, a examen».
La Concapa recogió más de 3.200.000 firmas con las que solicitó que la asignatura de Religión tuviera el mismo trato que las demás, pero el presidente del Gobierno «no quiso recogerlas y sigue sin haber recibido a los representantes de los padres que pretendíamos exponerle que ocho de cada diez familias matriculan a sus hijos en clase de Religión», se quejó Carbonel.
Para el representante de los padres católicos, entre los principales problemas que padece la educación en estos momentos figura la «pésima formación académica» de los estudiantes españoles, por debajo de la media de los países de la OCDE; la falta de una educación integral y en valores, cuyas consecuencias se padecen ya, como se está viendo con el fenómeno «bulliyng»; y su «uso político con una ley mediocre, que no aporta soluciones para terminar con el fracaso escolar ni con la pérdida de valores», añadió Luis Carbonel.
Sus críticas fueron más allá al culpar al Estado de «inmiscuirse cada vez más en el derecho exclusivo de los padres a elegir la educación de sus hijos con pretensiones de adoctrinamiento» y alertó de que la libertad de enseñanza «es un valor democrático que en España está en retroceso». Por no hablar ya de «la vertebración a la que asistimos que nos puede complicar la vida con sistemas educativos que no sean homologables», sentenció.
Su propuesta de solución pasa por dar a los padres más recursos para atender las necesidades que conlleva su propia responsabilidad paterna. Un derecho para el que se precisa conciliar la vida laboral y familiar que «se consigue con legislaciones laborales y de empresa para que los padres compartan más tiempo libre con los hijos y con un horario escolar racional». Carbonel también defendió como «básica» la formación de los progenitores porque «las escuelas de padres, algunas de las cuales funcionan con muy pocos recursos económicos, permiten la prevención de riesgos como las drogas o el alcohol y facilita la comunicación intergeneracional».
Una visión muy crítica también con la reforma que ha abordado el Gobierno fue la que expuso la responsable de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor. Criticó que sea «una ley para el adoctrinamiento y para una educación unilateral».
Defendió la reforma educativa que elaboraron los populares cuando gobernaron porque «prevenía el fracaso escolar, fomentaba la cultura del esfuerzo, daba igualdad de oportunidades a todos, suprimía la promoción automática, proponía la gratuidad de la educación infantil, implantaba itinerarios formativos, y establecía una carrera docente de verdad porque el profesor necesita que le recuerden que está subiendo peldaños». ¿El balance?, se preguntó:«un año después nos hemos encontrado con un «decretazo» para derogarla sin que el PSOE dialogara con el principal partido de la oposición. Ha faltado un debate articulado y profundo y nos hemos topado con una reforma inconsistente que dice que va a hacer unas cosas y luego va hacia otro lado, porque lo que se busca al final es un objetivo político», remachó.
Los mayores defectos. Entre los mayores defectos que encontró Pastor a la reforma socialista figuran el que no se respete la la libertad de elección de centros, que no garantice un sistema común de enseñanza, que se insista en la promoción automática sin valorar el esfuerzo, que los tres primeros cursos de educación infantil no sean gratuitos, que asignaturas como el Latín, la Física y la Filosofía se conviertan en optativas y que sólo haya 170 millones de presupuesto «para este engaño masivo de reforma».
Sobre la posibilidad de alcanzar un pacto educativo con el Gobierno anunció que «quiero pactar con planteamientos que mejoren la sociedad con un sistema más cohesionado y que dé oportunidades para todos», sentenció.
El encuentro contó con la participación de un nutrido grupo de personalidades del mundo de la educación, la política y los medios de comunicación. El subdirector general de LA RAZÓN, Joaquín Parera, destacó la importancia de que «la formación, la enseñanza y la defensa de los principios democráticos y de convivencia no recaigan sólo en unos pocos». De ahí la necesidad de que el debate de la Educación precise «aportaciones serias, rigurosas y destinadas a elaborar planteamientos útiles y finalistas».
Entre los asistentes también estuvo el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y presidente de la Fundación San Pablo-CEU, Alfonso Coronel de Palma, quien recalcó que «la educación es un derecho de los padres y el maestro educa por delegación de éstos...el Estado debe dar los medios necesarios para que la sociedad pueda organizarse de la forma más adecuada».
Por su parte, Carlos Mayor Oreja, director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, destacó que el Partido Socialista ha definido la educación como un «servicio público», cuando en realidad es «un derecho fundamental. Emilio Boronat, director del colegio Cardenal Spinola, resaltó que en los colegios «han de tener un ideario fuerte y claro que es la garantía de libertad», mientras que José María Alsina, rector de la Universidad Abat Oliba de Barcelona puso el acento en que «se ha confundido el educar con quitar obstáculos para salir adelante».
El presidente de Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández Santillana, tachó la LOE de reforma «intervencionista» y una «reedición» de la LOGSE, que responde a criterios «eminentemente políticos». En su opinión, plantea una cuestión de «pervivencia» en el aula y no de esfuerzo, con lo que se formarán ciudadanos «mediocres».
El presidente de la Unión Democrática de Estudiantes de Madrid (UDEM), Álvaro Vermoet, solicitó terminar con el «modelo más radical de comprensividad» que, a su juicio, plantea el sistema de la LOE. «No podemos olvidar que competiremos con jóvenes de todo el mundo», dijo. Fernando Izar, director del Instituto Barrio de Bilbao del Distrito Madrileño de Ciudad Lineal, dijo que «el hecho de que el que no quiera estudiar obtenga igualmente el título va en contra del alumno normal y más aún del que destaca».
Además participaron destacados periodistas, como Tomás Cuesta, Gabriel Albiac y Camen Gurruchaga. Intervino como moderadora Carla Díez de Rivera, directora de Desarrollo Corporativo FUSP-CEU y clausuró el acto el director de LA RAZÓN, José Alejandro Vara.
Zapatero. De tiranías y arbitrariedades.
Creo que vivimos tiempos tiránicos, o mejor, de tiranos de usar y tirar. Pequeños dictadorzuelos que abusan de su poder o “gobiernan” contra derecho, pero sobre todo ejercen el poder de modo arbitrario, llenan los mesogobiernos regionales y, sobre todo, el Gobierno central de España. Ninguna evaluación política seria, es decir, razonada sin tener como referencia los criterios marcados por el partido político de la oposición, podrá dejar de considerar que la política de Rodríguez Zapatero no existe. Es mera arbitrariedad. Es imposible evaluarla como buena, mala o, sencillamente, regular de acuerdo con un programa de Gobierno previamente expuesto en un discurso más o menos coherente. Imposible. Todo el “discurso” de Rodríguez Zapatero, y en eso coinciden casi todos los analistas independientes, es el “no discurso”.
Todos se preguntan a qué responde una u otra medida y, al final, nadie en su sano juicio puede dilucidar cuál es la estrategia del Gobierno. Se diría que estamos ante la estrategia de la no estrategia con un único objetivo mantenerse eternamente en el poder a través de la eliminación de la oposición. Ésta es convertida en enemigo absoluto, casi como en la teoría de Lenin, en el enemigo último de la humanidad. Todo lo que hace el PP, todo lo que haga en el futuro y, por supuesto, todo lo que hizo en el pasado es perverso y caótico, dice el gobierno de Rodríguez Zapatero. En su lugar, todo lo que hace el PSOE es justo y benéfico. Todo es bueno sin excepción. Si ni siquiera necesita un discurso, si incluso los militantes críticos del propio PSOE manifiestan que el discurso debe crearlo la oposición porque el gobierno debe dedicarse a gobernar (semejante barbaridad la oí ayer de boca de un viejo dirigente lapidado por Rodríguez y Montilla), si nadie se atreve en el propio partido a decirle a Rodríguez Zapatero que es un arrogante, incapaz de escuchar consejos políticos o contrastar datos económicos, si, en fin, todo el mundo ha llegado a la conclusión, dentro y fuera del PSOE, que no hay, ni habrá jamás, un discurso que responda a criterio alguno, entonces es que estamos ante una tiranía de usar y tirar.
El gobernante soberbio no se interesa por el día a día, por el respirar cotidiano de la nación, sino por tomar la medida más arbitraria posible. Hoy es llamar matrimonio a las uniones homosexuales y mañana será otra burrada... Todo es posible. Porque lo decisivo es mantener en vilo a la sociedad y dejar fuera de juego a la oposición. Todo es posible cuando de tiranía se trata, o sea, del abuso permanente del poder. Los modelos de referencia política, de táctica movilizadora, de Rodríguez Zapatero son Hugo Chávez, en Venezuela, y Fidel Castro, en Cuba. Son personajes ridículos vistos a distancia, pero que contemplados de cerca dan miedo. Se muestran próximos al pueblo, populistas, para desconsiderar a la mayoría, a la nación entera.
Dejando aparte que para la tiranía contemporánea cualquier cosa es buena, independientemente de que esté o no justificada, si eso significa el fin de la oposición; hay otra característica que recuerda el peor vicio de Lenin, la más perversa forma de acabar con cualquier atisbo de democracia genuina, se trata de la utilización del Estado como instrumento de un partido, o mejor, como diría el clásico, de un partido que manda en el Estado hasta el punto de matar lo que a éste le da vida: la nación. Por eso, exactamente, y no por un estulto argumento, Rodríguez Zapatero declara que no sabe qué es la nación.
En fin, las dos razones claves para empezar a hablar en serio de un régimen tiránico son claras: el presidente de Gobierno abusa de su poder -y ya es abusar no atender ni una demanda de los millones de manifestantes que han salido a la calle pidiendo transparencia con los muertos de ETA y respeto por la familia normal- y, sobre todo, gobierna contra derecho. Pero, si alguien necesita referirse a arbitrariedades de este Gobierno para calificarlo de “tiranuelo”, abra la prensa y encontrará materiales suficientes para escribir de nuevo otro “Tirano Banderas”.
Todos se preguntan a qué responde una u otra medida y, al final, nadie en su sano juicio puede dilucidar cuál es la estrategia del Gobierno. Se diría que estamos ante la estrategia de la no estrategia con un único objetivo mantenerse eternamente en el poder a través de la eliminación de la oposición. Ésta es convertida en enemigo absoluto, casi como en la teoría de Lenin, en el enemigo último de la humanidad. Todo lo que hace el PP, todo lo que haga en el futuro y, por supuesto, todo lo que hizo en el pasado es perverso y caótico, dice el gobierno de Rodríguez Zapatero. En su lugar, todo lo que hace el PSOE es justo y benéfico. Todo es bueno sin excepción. Si ni siquiera necesita un discurso, si incluso los militantes críticos del propio PSOE manifiestan que el discurso debe crearlo la oposición porque el gobierno debe dedicarse a gobernar (semejante barbaridad la oí ayer de boca de un viejo dirigente lapidado por Rodríguez y Montilla), si nadie se atreve en el propio partido a decirle a Rodríguez Zapatero que es un arrogante, incapaz de escuchar consejos políticos o contrastar datos económicos, si, en fin, todo el mundo ha llegado a la conclusión, dentro y fuera del PSOE, que no hay, ni habrá jamás, un discurso que responda a criterio alguno, entonces es que estamos ante una tiranía de usar y tirar.
El gobernante soberbio no se interesa por el día a día, por el respirar cotidiano de la nación, sino por tomar la medida más arbitraria posible. Hoy es llamar matrimonio a las uniones homosexuales y mañana será otra burrada... Todo es posible. Porque lo decisivo es mantener en vilo a la sociedad y dejar fuera de juego a la oposición. Todo es posible cuando de tiranía se trata, o sea, del abuso permanente del poder. Los modelos de referencia política, de táctica movilizadora, de Rodríguez Zapatero son Hugo Chávez, en Venezuela, y Fidel Castro, en Cuba. Son personajes ridículos vistos a distancia, pero que contemplados de cerca dan miedo. Se muestran próximos al pueblo, populistas, para desconsiderar a la mayoría, a la nación entera.
Dejando aparte que para la tiranía contemporánea cualquier cosa es buena, independientemente de que esté o no justificada, si eso significa el fin de la oposición; hay otra característica que recuerda el peor vicio de Lenin, la más perversa forma de acabar con cualquier atisbo de democracia genuina, se trata de la utilización del Estado como instrumento de un partido, o mejor, como diría el clásico, de un partido que manda en el Estado hasta el punto de matar lo que a éste le da vida: la nación. Por eso, exactamente, y no por un estulto argumento, Rodríguez Zapatero declara que no sabe qué es la nación.
En fin, las dos razones claves para empezar a hablar en serio de un régimen tiránico son claras: el presidente de Gobierno abusa de su poder -y ya es abusar no atender ni una demanda de los millones de manifestantes que han salido a la calle pidiendo transparencia con los muertos de ETA y respeto por la familia normal- y, sobre todo, gobierna contra derecho. Pero, si alguien necesita referirse a arbitrariedades de este Gobierno para calificarlo de “tiranuelo”, abra la prensa y encontrará materiales suficientes para escribir de nuevo otro “Tirano Banderas”.