El PSOE impide que altas instituciones del Estado se pronuncien sobre el Estatuto antes de su trámite.
La Mesa del Congreso ha rechazado la petición del PP de no tramitar el Estatuto de Cataluña hasta que el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal de Cuentas se pronuncien sobre el contenido y el alcance de esta reforma. Los representantes de PSOE, CiU e IU-ICV votaron en contra de la solicitud del grupo popular en una reunión que se interrumpió sin haber decidido sobre la admisión a trámite del Estatuto, asunto que se debatirá al término de la sesión de la Junta de Portavoces que se celebra en estos momentos.
La Mesa del Congreso ha rechazado, con los votos de los representantes del PSOE, CiU e IU-ICV, la petición del PP para que la Cámara recabase una serie de informes de instituciones del Estado antes de dar entrada en el Congreso al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El órgano de gobierno tuvo que interrumpir su reunión para asistir a la Junta de Portavoces, cuyo inicio estaba previsto para las once de la mañana, por lo que se pospuso hasta primera hora de la tarde la decisión sobre cómo se califica la iniciativa catalana, si como reforma constitucional (posición del PP) o como estatuto de autonomía (opinión del resto de formaciones). El Grupo Popular, que cuenta con cuatro representantes en el órgano de gobierno de la Cámara, había reclamado que, antes de calificar el texto remitido por el Parlamento, se recabasen informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, abundando en su idea de que el proyecto es una reforma constitucional en la práctica.
Por contra, los tres componentes socialistas, junto con los miembros de CiU e IU-ICV, argumentaron que no había "anclaje legal específico" para atender la petición del PP y además expresaron sus sospechas de que el objetivo de la misma fuera una dilación política de la tramitación, según dijo el representante popular, Gabriel Cisneros. La misma suerte podría correr la petición de tramitar el Estatuto como reforma constitucional, que el PP piensa defender con un soporte explicativo de 102 folios. El PSOE y las minorías han venido defendiendo en la Mesa del Congreso, también cuando llegó el denominado 'Plan Ibarretxe', que este órgano parlamentario no debe entrar a juzgar la constitucionalidad de una iniciativa, labor que corresponde al TC, como así ha dictaminado en sentencias anteriores.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, reiteró que el PP presentará "todos los recursos" a su alcance y "en todos los ámbitos que sea posible" para que la reforma del Estatuto no se debata en el Parlamento como una modificación estatutaria, por ser un "fraude democrático".
Zaplana, que dio por hecho que la Mesa del Congreso admitirá a trámite la propuesta de reforma del Estatut pese a que el PP entiende que debe debatirse como una reforma constitucional y no estatutaria porque modifica la Carta Magna, no confirmó expresamente que su partido vaya a recurrir ante el Tribunal Constitucional. No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa por esta posibilidad, contestó insistiendo en que el PP formulará "todos los recursos que sean necesarios", para lo cual hay que respetar los plazos establecidos, ya que la decisión que adopte la Mesa ha de ser recurrida primero ante este mismo órgano antes de pasar al ámbito judicial.
La Mesa del Congreso ha rechazado, con los votos de los representantes del PSOE, CiU e IU-ICV, la petición del PP para que la Cámara recabase una serie de informes de instituciones del Estado antes de dar entrada en el Congreso al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El órgano de gobierno tuvo que interrumpir su reunión para asistir a la Junta de Portavoces, cuyo inicio estaba previsto para las once de la mañana, por lo que se pospuso hasta primera hora de la tarde la decisión sobre cómo se califica la iniciativa catalana, si como reforma constitucional (posición del PP) o como estatuto de autonomía (opinión del resto de formaciones). El Grupo Popular, que cuenta con cuatro representantes en el órgano de gobierno de la Cámara, había reclamado que, antes de calificar el texto remitido por el Parlamento, se recabasen informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, abundando en su idea de que el proyecto es una reforma constitucional en la práctica.
Por contra, los tres componentes socialistas, junto con los miembros de CiU e IU-ICV, argumentaron que no había "anclaje legal específico" para atender la petición del PP y además expresaron sus sospechas de que el objetivo de la misma fuera una dilación política de la tramitación, según dijo el representante popular, Gabriel Cisneros. La misma suerte podría correr la petición de tramitar el Estatuto como reforma constitucional, que el PP piensa defender con un soporte explicativo de 102 folios. El PSOE y las minorías han venido defendiendo en la Mesa del Congreso, también cuando llegó el denominado 'Plan Ibarretxe', que este órgano parlamentario no debe entrar a juzgar la constitucionalidad de una iniciativa, labor que corresponde al TC, como así ha dictaminado en sentencias anteriores.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, reiteró que el PP presentará "todos los recursos" a su alcance y "en todos los ámbitos que sea posible" para que la reforma del Estatuto no se debata en el Parlamento como una modificación estatutaria, por ser un "fraude democrático".
Zaplana, que dio por hecho que la Mesa del Congreso admitirá a trámite la propuesta de reforma del Estatut pese a que el PP entiende que debe debatirse como una reforma constitucional y no estatutaria porque modifica la Carta Magna, no confirmó expresamente que su partido vaya a recurrir ante el Tribunal Constitucional. No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa por esta posibilidad, contestó insistiendo en que el PP formulará "todos los recursos que sean necesarios", para lo cual hay que respetar los plazos establecidos, ya que la decisión que adopte la Mesa ha de ser recurrida primero ante este mismo órgano antes de pasar al ámbito judicial.
Leguina define el Estatut como 'La fiesta de los locos'
El diputado socialista Joaquín Leguina definió hoy el proyecto de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña con el título de una de sus novelas: 'La fiesta de los locos' y aseguró que en este tema le "preocupa todo", incluido la posición del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que recordó, es el secretario general del PSOE.
En declaraciones a Telemadrid, y preguntado sobre cuál de sus dos títulos, 'La fiesta de los locos' o 'Tu nombre envenena mis sueños', elegiría para definir el 'Estatut', Leguina contestó: "Más lo primero que lo segundo. No estoy en edad de que me envenene mis sueños ningún acto político".
Leguina se mostró crítico con el texto y ante las preguntas al respecto, bromeó con la propuesta de "comercializar unas camisetas que digan 'no me hable usted del Estatuto, please'". "Podíamos vender unos cuantos, millones, porque esto va para largo", indicó.
"Confusión mental" y "repelús"
A su juicio, la "confusión mental del redactor se ve" en el preámbulo del 'Estatut' "bien reflejada". Afirmó que su opinión sobre el texto es la de "un lector de las ciento y muchas páginas que tiene". "Un periodista conocido y muy apreciado y catalán, Josep Ramoneda, lo decía el otro día en un artículo, '¡esto da un repelús!'", comentó Leguina, que estimó que está escrito "desde la reticencia, desde el que quiere y tiene miedo". "No me gusta esa amplia literatura", zanjó.
Leguina comentó que el 'Estatut' tiene "cosas" muy "graciosas", como que declare "nación al valle de Arán" y no quiso hablar "del sistema fiscal". "Menos mal que a mi pueblo no lo han tocado todavía", ironizó. No obstante, y preguntado sobre si es un dislate de principio a fin, matizó: "No, hombre, de principio a fin no -señaló-. No es fácil, pero creo que esto se podrá enmendar desde el punto de vista jurídico".
El ex presidente de la Comunidad de Madrid resaltó también que las ocho fórmulas de las que ha hablado Rodríguez Zapatero son sólo para "la palabra nación" porque para el resto se necesitarán "bastantes más".
"Marrón"
Dudó de que el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el ministro de Defensa, José Bono, hayan demostrado una fe ciega en el jefe del Ejecutivo. "¿Usted cree que han demostrado una fe ciega o han expresado una fe ciega"?, preguntó. De su parte, aseguró que él no la expresa porque no lo necesita y enfatizó que "casi todos los socialistas" están "preocupados" por este asunto.
Sobre si, además de la postura nacionalista catalana, le preocupa la del presidente del Gobierno, Leguina resaltó que le "preocupa todo". "Creo que este Gobierno iba a, como dicen los castizos, de cine y de pronto nos encontramos con este marrón, que nosotros mismos y este plural es claramente mayestático, nos hemos formado", indicó.
Así, aseguró que en la metodología, hubiera sido "mucho mejor procurar pactar con el Partido Popular". Dijo no saber si ha habido o no esfuerzos, pero señaló que "las pruebas no son buenas". Asimismo, apostó por cambiar el actual sistema electoral, que definió como un "desastre" porque cuando PP o PSOE no sacan mayoría absoluta, quedan "en manos de los nacionalistas", lo que cree es "un disparate".
En declaraciones a Telemadrid, y preguntado sobre cuál de sus dos títulos, 'La fiesta de los locos' o 'Tu nombre envenena mis sueños', elegiría para definir el 'Estatut', Leguina contestó: "Más lo primero que lo segundo. No estoy en edad de que me envenene mis sueños ningún acto político".
Leguina se mostró crítico con el texto y ante las preguntas al respecto, bromeó con la propuesta de "comercializar unas camisetas que digan 'no me hable usted del Estatuto, please'". "Podíamos vender unos cuantos, millones, porque esto va para largo", indicó.
"Confusión mental" y "repelús"
A su juicio, la "confusión mental del redactor se ve" en el preámbulo del 'Estatut' "bien reflejada". Afirmó que su opinión sobre el texto es la de "un lector de las ciento y muchas páginas que tiene". "Un periodista conocido y muy apreciado y catalán, Josep Ramoneda, lo decía el otro día en un artículo, '¡esto da un repelús!'", comentó Leguina, que estimó que está escrito "desde la reticencia, desde el que quiere y tiene miedo". "No me gusta esa amplia literatura", zanjó.
Leguina comentó que el 'Estatut' tiene "cosas" muy "graciosas", como que declare "nación al valle de Arán" y no quiso hablar "del sistema fiscal". "Menos mal que a mi pueblo no lo han tocado todavía", ironizó. No obstante, y preguntado sobre si es un dislate de principio a fin, matizó: "No, hombre, de principio a fin no -señaló-. No es fácil, pero creo que esto se podrá enmendar desde el punto de vista jurídico".
El ex presidente de la Comunidad de Madrid resaltó también que las ocho fórmulas de las que ha hablado Rodríguez Zapatero son sólo para "la palabra nación" porque para el resto se necesitarán "bastantes más".
"Marrón"
Dudó de que el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el ministro de Defensa, José Bono, hayan demostrado una fe ciega en el jefe del Ejecutivo. "¿Usted cree que han demostrado una fe ciega o han expresado una fe ciega"?, preguntó. De su parte, aseguró que él no la expresa porque no lo necesita y enfatizó que "casi todos los socialistas" están "preocupados" por este asunto.
Sobre si, además de la postura nacionalista catalana, le preocupa la del presidente del Gobierno, Leguina resaltó que le "preocupa todo". "Creo que este Gobierno iba a, como dicen los castizos, de cine y de pronto nos encontramos con este marrón, que nosotros mismos y este plural es claramente mayestático, nos hemos formado", indicó.
Así, aseguró que en la metodología, hubiera sido "mucho mejor procurar pactar con el Partido Popular". Dijo no saber si ha habido o no esfuerzos, pero señaló que "las pruebas no son buenas". Asimismo, apostó por cambiar el actual sistema electoral, que definió como un "desastre" porque cuando PP o PSOE no sacan mayoría absoluta, quedan "en manos de los nacionalistas", lo que cree es "un disparate".
El Gobierno baraja definir a Cataluña como «entidad nacional» o «comunidad nacional»
La vicepresidenta primera del Congreso y miembro del comité federal del PSOE, Carme Chacón, ha asegurado hoy que definir a Cataluña como "entidad nacional" o "comunidad nacional" son algunas de las fórmulas que baraja el Gobierno para el nuevo Estatuto, que ahora define a Cataluña como nación.
En una entrevista en Catalunya Radio, Chacón ha dicho que estas son algunas de las ocho fórmulas que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, baraja para definir a Cataluña en el Estatuto catalán, según un comunicado de esta emisora.
Chacón ha dicho que conceptos como "comunidad nacional", así como "entidad nacional" o "realidad nacional" son sinónimos de nación "que serían compatibles con el artículo 2 (de la Constitución) y, sobre todo, darían a Cataluña, por primera vez en el Estatuto y en el Estado, la capacidad de definirse como realidad nacional, que es lo que somos".
En una entrevista en Catalunya Radio, Chacón ha dicho que estas son algunas de las ocho fórmulas que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, baraja para definir a Cataluña en el Estatuto catalán, según un comunicado de esta emisora.
Chacón ha dicho que conceptos como "comunidad nacional", así como "entidad nacional" o "realidad nacional" son sinónimos de nación "que serían compatibles con el artículo 2 (de la Constitución) y, sobre todo, darían a Cataluña, por primera vez en el Estatuto y en el Estado, la capacidad de definirse como realidad nacional, que es lo que somos".
De mal en peor
Si no fuese por la aprobación del Estatuto catalán en Barcelona y el posterior revuelo que ha armado su llegada a Madrid, el tema de las dos últimas semanas sería, sin género de dudas, el letal combinado de demagogia e incompetencia que el Gobierno ha desplegado en la crisis de los inmigrantes de Ceuta y Melilla. Empezó mal, ignorando un problema que ha terminado por desbordar a la propia policía de frontera. Continuó peor, en un ir y venir de mentidos y desmentidos, improvisaciones y simplezas. Y ha terminado por desembocar en una emergencia humanitaria en mitad del desierto del Sáhara. En todos y cada uno de los compases de la crisis, marcados de principio a fin por Marruecos, el Gobierno no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y se ha limitado a poner parches a destiempo mientras, en todo momento, ejercía de portavoz oficioso del sultán.
Porque, mucho más allá de las derivaciones políticas que pueda tener el asalto a las verjas fronterizas, están las vidas humanas que se han perdido en una tragedia que, por lo que parece, no ha hecho más que empezar. A pesar de que el Gobierno marroquí lo haya negado en una ocasión y lo haya aceptado en otra, todo conduce a pensar que son los propios marroquíes los que, durante varias noches, empujaron a los inmigrantes subsaharianos contra la valla. Informes de balística de la policía española –mucho más de fiar que la gendarmería marroquí- así lo indican, lo que, sumado a los tiroteos de esta semana en la frontera melillense, invitan a concluir que el problema está en el otro lado. Marruecos nunca ha ocultado sus pretensiones sobre las ciudades autónomas y esta podría ser la renovada estrategia de Mohammed VI para presionar al débil Gobierno de Madrid a tomar decisiones en su favor. No sería, además, la primera vez que los marroquíes ganan territorio lanzando a gente indefensa a la “conquista”. Hassan II lo ensayó con notable éxito hace treinta años cuando envió a una masa de desheredados sobre el Sáhara Español. La delicada situación política española de la época, en vísperas de la muerte de Franco y con un jefe de Estado interino, contribuyó decisivamente a ello poniéndole al sultán la ex colonia en bandeja de plata.
Ceuta y Melilla, sin embargo, no son colonias, son ciudades tan españolas como cualquiera de la península y esto ha de tenerlo muy presente Zapatero mientras siga siendo presidente del Gobierno. Cuando no lo sea puede dedicarse tranquilamente a hacer juegos florales con su asesor Máximo Cajal, diplomático socialista partidario de entregar estas dos ciudades a Marruecos. No hay negociación posible porque, sencillamente, la integridad territorial no se negocia. Bastaría con que Zapatero tuviese sólo este punto claro para alejar los fantasmas que se ciernen sobre dos ciudades cuyo futuro se oscurece por momentos. Si Rabat percibe que el asunto es intocable y que el Gobierno español tiene voluntad de defender a sus ciudadanos una buena parte del problema tocaría a su fin.
La otra, la de inmigración ilegal, es de índole diferente. Marruecos no puede enviar a todos los inmigrantes subsaharianos que vagan por su país hacia nuestras fronteras para utilizarlos, además, como fuerza de choque. Si su legislación lo determina, habrá de deportarlos de vuelta a sus países de origen pero ateniéndose al Derecho Internacional y a las normas básicas de humanitarismo. Lo de abandonar a un millar de hombres, mujeres y niños en medio del desierto es de una maldad infrahumana que da fe inequívoca de cómo las gasta el Gobierno marroquí, el mismo que vive desde hace más de un año una luna de miel con Zapatero. Muchos españoles, sin embargo y vista la actitud de los marroquíes, se preguntan a cuento de qué.
Porque, mucho más allá de las derivaciones políticas que pueda tener el asalto a las verjas fronterizas, están las vidas humanas que se han perdido en una tragedia que, por lo que parece, no ha hecho más que empezar. A pesar de que el Gobierno marroquí lo haya negado en una ocasión y lo haya aceptado en otra, todo conduce a pensar que son los propios marroquíes los que, durante varias noches, empujaron a los inmigrantes subsaharianos contra la valla. Informes de balística de la policía española –mucho más de fiar que la gendarmería marroquí- así lo indican, lo que, sumado a los tiroteos de esta semana en la frontera melillense, invitan a concluir que el problema está en el otro lado. Marruecos nunca ha ocultado sus pretensiones sobre las ciudades autónomas y esta podría ser la renovada estrategia de Mohammed VI para presionar al débil Gobierno de Madrid a tomar decisiones en su favor. No sería, además, la primera vez que los marroquíes ganan territorio lanzando a gente indefensa a la “conquista”. Hassan II lo ensayó con notable éxito hace treinta años cuando envió a una masa de desheredados sobre el Sáhara Español. La delicada situación política española de la época, en vísperas de la muerte de Franco y con un jefe de Estado interino, contribuyó decisivamente a ello poniéndole al sultán la ex colonia en bandeja de plata.
Ceuta y Melilla, sin embargo, no son colonias, son ciudades tan españolas como cualquiera de la península y esto ha de tenerlo muy presente Zapatero mientras siga siendo presidente del Gobierno. Cuando no lo sea puede dedicarse tranquilamente a hacer juegos florales con su asesor Máximo Cajal, diplomático socialista partidario de entregar estas dos ciudades a Marruecos. No hay negociación posible porque, sencillamente, la integridad territorial no se negocia. Bastaría con que Zapatero tuviese sólo este punto claro para alejar los fantasmas que se ciernen sobre dos ciudades cuyo futuro se oscurece por momentos. Si Rabat percibe que el asunto es intocable y que el Gobierno español tiene voluntad de defender a sus ciudadanos una buena parte del problema tocaría a su fin.
La otra, la de inmigración ilegal, es de índole diferente. Marruecos no puede enviar a todos los inmigrantes subsaharianos que vagan por su país hacia nuestras fronteras para utilizarlos, además, como fuerza de choque. Si su legislación lo determina, habrá de deportarlos de vuelta a sus países de origen pero ateniéndose al Derecho Internacional y a las normas básicas de humanitarismo. Lo de abandonar a un millar de hombres, mujeres y niños en medio del desierto es de una maldad infrahumana que da fe inequívoca de cómo las gasta el Gobierno marroquí, el mismo que vive desde hace más de un año una luna de miel con Zapatero. Muchos españoles, sin embargo y vista la actitud de los marroquíes, se preguntan a cuento de qué.
Rechazo a Zapatero.
A la cobarde actitud de Zapatero, que deja “al pie de los caballos” a las Fuerzas de Seguridad españolas en Ceuta.
La investigación realizada por España sobre los inmigrantes que fallecieron cuando cruzaban la valla de Ceuta, aporta como datos que la munición hallada no se corresponde con la que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas y sí con la de Marruecos. Por otro lado, la Guardia Civil ha explicado que utilizaron material antidisturbios para intentar frenar la avalancha y solicitaron ayuda a la Policía Nacional, pero subrayaron que en ningún momento efectuaron disparos. Sin embargo, la agencia oficial marroquí, MAP, afirma que los subsaharianos recibieron disparos del lado español de la frontera y cita como fuentes —ahí es nada- a un puñado de inmigrantes que no consiguieron saltar la valla. Parece que el testimonio de la investigación y de la Guardia Civil no es suficientemente creíble para Zapatero (en el caso Roquetas sí lo fue para su Gobierno), y en rueda de prensa conjunta con el primer ministro marroquí, se negó a responsabilizar a Marruecos y afirmó que todavía era prematuro sacar conclusiones. Guindilla a Zapatero pues hay que ser diplomáticos, pero no cuando se trata de la defender la credibilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Tienen estos la misma fiabilidad que el testimonio de unos cuantos inmigrantes?
La investigación realizada por España sobre los inmigrantes que fallecieron cuando cruzaban la valla de Ceuta, aporta como datos que la munición hallada no se corresponde con la que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas y sí con la de Marruecos. Por otro lado, la Guardia Civil ha explicado que utilizaron material antidisturbios para intentar frenar la avalancha y solicitaron ayuda a la Policía Nacional, pero subrayaron que en ningún momento efectuaron disparos. Sin embargo, la agencia oficial marroquí, MAP, afirma que los subsaharianos recibieron disparos del lado español de la frontera y cita como fuentes —ahí es nada- a un puñado de inmigrantes que no consiguieron saltar la valla. Parece que el testimonio de la investigación y de la Guardia Civil no es suficientemente creíble para Zapatero (en el caso Roquetas sí lo fue para su Gobierno), y en rueda de prensa conjunta con el primer ministro marroquí, se negó a responsabilizar a Marruecos y afirmó que todavía era prematuro sacar conclusiones. Guindilla a Zapatero pues hay que ser diplomáticos, pero no cuando se trata de la defender la credibilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Tienen estos la misma fiabilidad que el testimonio de unos cuantos inmigrantes?
El PP exige a Zapatero que convoque elecciones generales.
Ángel Acebes recalcó que era "la primera vez" que un presidente del Gobierno azuzaba a una Comunidad a separarse del resto del país. Ante este "proceso de separación territorial" que a su juicio supone la reforma de Estatuto propuesta por el Parlamento Catalán, Acebes pide una disolución inmediata de Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones generales.
"La decisión afecta de tal manera la soberanía y la esencia de la nación española, que es necesario someterla al respaldo de las urnas", declaró el dirigente popular, quien se negó en redondo a que el nuevo Estatuto pudiera tramitarse como una reforma sin más por su "marcado tinte anticonstitucional, que intenta marcar una segunda transición".
¿Reforma estatutaria o constitucional?
En caso de que el texto fuera tramitado sin más como una propuesta de reforma de Estatuto, temen en el PP, bastaría con la mayoría absoluta -176 diputados- para ser aprobado como tal. Esa mayoría la tienen actualmente entre PSOE, ERC e IU, con el previsible apoyo de los demás grupos nacionalistas.
En cambio, si se tramitara como un cambio en la Constitución, tratándose de una cuestión esencial al propio régimen político, según el PP, necesitaría de los dos tercios de los votos en la Cámara y después la obligatoria disolución de Cortes y convocatoria de un referendum.
Todo eso no sería necesario: el texto jamás alcanzaría los dos tercios de votos afirmativos con el voto negativo del PP, con lo que en ese caso retirarían su petición de nuevas elecciones.
La oposición popular no será la única a la que se enfrente el nuevo Estatut. Ya en su momento, Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional por la que tendría que pasar el Estatut si se aprecian artículos de constitucionalidad dudosa -que se aprecian y bastante claramente- dejó claro que a él "no le iban a pasar por una reforma de Estatuto lo que es un Estatuto nuevo sin nada que ver con el anterior".
"Perpignan hecho Estatuto"
Aún más contundente se mostró el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja para quien la propuesta de reforma es "un triunfo de ETA" y la representación del pacto de Perpignan "hecha Estatuto", como el Plan Ibarretxe era "la representación del Pacto de Estella".
"La decisión afecta de tal manera la soberanía y la esencia de la nación española, que es necesario someterla al respaldo de las urnas", declaró el dirigente popular, quien se negó en redondo a que el nuevo Estatuto pudiera tramitarse como una reforma sin más por su "marcado tinte anticonstitucional, que intenta marcar una segunda transición".
¿Reforma estatutaria o constitucional?
En caso de que el texto fuera tramitado sin más como una propuesta de reforma de Estatuto, temen en el PP, bastaría con la mayoría absoluta -176 diputados- para ser aprobado como tal. Esa mayoría la tienen actualmente entre PSOE, ERC e IU, con el previsible apoyo de los demás grupos nacionalistas.
En cambio, si se tramitara como un cambio en la Constitución, tratándose de una cuestión esencial al propio régimen político, según el PP, necesitaría de los dos tercios de los votos en la Cámara y después la obligatoria disolución de Cortes y convocatoria de un referendum.
Todo eso no sería necesario: el texto jamás alcanzaría los dos tercios de votos afirmativos con el voto negativo del PP, con lo que en ese caso retirarían su petición de nuevas elecciones.
La oposición popular no será la única a la que se enfrente el nuevo Estatut. Ya en su momento, Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional por la que tendría que pasar el Estatut si se aprecian artículos de constitucionalidad dudosa -que se aprecian y bastante claramente- dejó claro que a él "no le iban a pasar por una reforma de Estatuto lo que es un Estatuto nuevo sin nada que ver con el anterior".
"Perpignan hecho Estatuto"
Aún más contundente se mostró el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja para quien la propuesta de reforma es "un triunfo de ETA" y la representación del pacto de Perpignan "hecha Estatuto", como el Plan Ibarretxe era "la representación del Pacto de Estella".