Financiación de la Iglesia
Me parecen muy desafortunadas las últimas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández la Vega, reaccionando sin ningún talante frente a los casi dos millones de personas que el pasado 12 de noviembre nos congregamos en Madrid contra la LOE. De la Vega ha dicho que después de las «aportaciones generosas» de los distintos gobiernos y de que la Iglesia «haya incumplido su objetivo de autofinanciación», «se está llegando a un punto en el que las aportaciones ya no pueden ir a más, tendrán que ir a menos».
Sin embargo, la vicepresidenta no es la dueña del Fisco, ni tiene la llave de la caja, ni nada por el estilo. Hacienda somos todos, incluidos los católicos, que también contribuimos. De hecho, la Iglesia se financia por aportaciones fiscales directas de los católicos que marcamos la casilla en la declaración del IRPF, y el Gobierno se limita a completar lo que el rácano porcentaje actual no cubre. Lo mismo sucede con la estructura educativa que regenta la Iglesia, auténtico «chollo» para el Estado, pues los centros concertados son más baratos en coste, y la inversión financiera que sería necesaria para sustituir las plazas concertadas por colegios públicos triplicaría el actual presupuesto educativo. Llama la atención que la vicepresidenta del Gobierno exija a la Iglesia lo que no cumple su partido, el PSOE, uno de los más endeudados de nuestro sistema (sólo por detrás del PNV), según el último informe del Tribunal de Cuentas.
Ningún partido político ni sindicato se autofinancia con las cuotas de sus militantes; tampoco ningún museo, ni película, ni teatro, ni asociación alguna puede vivir de sus cuotas. Si a la Iglesia católica se le pide semejante esfuerzo, es porque se muestra crítica con muchas iniciativas del Gobierno. Pero, en tal caso, alguien debería recordarle a De la Vega que en España la crítica es libre.
Sin embargo, la vicepresidenta no es la dueña del Fisco, ni tiene la llave de la caja, ni nada por el estilo. Hacienda somos todos, incluidos los católicos, que también contribuimos. De hecho, la Iglesia se financia por aportaciones fiscales directas de los católicos que marcamos la casilla en la declaración del IRPF, y el Gobierno se limita a completar lo que el rácano porcentaje actual no cubre. Lo mismo sucede con la estructura educativa que regenta la Iglesia, auténtico «chollo» para el Estado, pues los centros concertados son más baratos en coste, y la inversión financiera que sería necesaria para sustituir las plazas concertadas por colegios públicos triplicaría el actual presupuesto educativo. Llama la atención que la vicepresidenta del Gobierno exija a la Iglesia lo que no cumple su partido, el PSOE, uno de los más endeudados de nuestro sistema (sólo por detrás del PNV), según el último informe del Tribunal de Cuentas.
Ningún partido político ni sindicato se autofinancia con las cuotas de sus militantes; tampoco ningún museo, ni película, ni teatro, ni asociación alguna puede vivir de sus cuotas. Si a la Iglesia católica se le pide semejante esfuerzo, es porque se muestra crítica con muchas iniciativas del Gobierno. Pero, en tal caso, alguien debería recordarle a De la Vega que en España la crítica es libre.