El fiscal denuncia a un ex concejal del PSOE en Sevilla por el caso de las facturas.
La Fiscalía acordó ayer interponer una denuncia contra el ex concejal del PSOE y ex delegado del Distrito José Antonio García; el ex director de Área y ex secretario del mismo distrito, José Marín; el empleado municipal del mismo distrito Manuel Portela; contra el empresario José Pardo y contra un socio de éste, Jesús Barrera, por haber encontrado indicios racionales de hechos que pudieran ser constitutivos de delintos continuados de falsedad en documento oficial y malversación de fondos públicos.
La denuncia asegura que entre el 5 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2003, José Pardo y Jesús Barrera, «sin conocimiento del administrador único de la compañía COS, firmaron con José Marín, secretario del distrito Macarena, 28 adjudicaciones de obras menores de carácter urgente, consignando en los documentos correspondientes como empresa adjudicataria a COS y señalando como representante de la misma a José Pardo García».
De las 28 obras, dos al menos, consistentes en la demolición de dos módulos en la plaza de la iglesia de la barriada de San Diego, no se ejecutaron, pese a lo cual las dio por hechas el empleado municipal encargado de su verificación, según la Fiscalía. El 7 de mayo, Pardo entregó a Marín las 28 facturas, incluidas las relativas a obras no ejecutadas, «admitiéndolas no obstante todas ellas el mencionado secretario de distrito y extendiendo los cheques» con cargo a la cuenta del distrito.
Dichos cheques fueron firmados por el concejal l distrito y cobrados por Pardo García en ventanilla, «exhibiendo simplemente su DNI». El edil imputado, añade la denuncia, «prestó su conformidad a la cuenta así elaborada, estampando su firma en la misma el 24 de enero de 2005» y la presentó para su aprobación a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el 10 de marzo de 2005.
La resolución de la Fiscalía conmocionó al Ayuntamiento. Mientras que la oposición mostraba su satisfacciónor una medida que les da la razón y tanto PA como PP anunciaban que se presentarían como acusación particulare en el caso, el PSOE tardó más de tres horas y media en pronunciarse pese a que el concejal es de dicho partido. Francisco Fernández, portavoz socialista, anunció que su grupo se va a personar como acusación particular contra «los empresarios que cobraron de forma ilícita y fradudulenta».
La denuncia asegura que entre el 5 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2003, José Pardo y Jesús Barrera, «sin conocimiento del administrador único de la compañía COS, firmaron con José Marín, secretario del distrito Macarena, 28 adjudicaciones de obras menores de carácter urgente, consignando en los documentos correspondientes como empresa adjudicataria a COS y señalando como representante de la misma a José Pardo García».
De las 28 obras, dos al menos, consistentes en la demolición de dos módulos en la plaza de la iglesia de la barriada de San Diego, no se ejecutaron, pese a lo cual las dio por hechas el empleado municipal encargado de su verificación, según la Fiscalía. El 7 de mayo, Pardo entregó a Marín las 28 facturas, incluidas las relativas a obras no ejecutadas, «admitiéndolas no obstante todas ellas el mencionado secretario de distrito y extendiendo los cheques» con cargo a la cuenta del distrito.
Dichos cheques fueron firmados por el concejal l distrito y cobrados por Pardo García en ventanilla, «exhibiendo simplemente su DNI». El edil imputado, añade la denuncia, «prestó su conformidad a la cuenta así elaborada, estampando su firma en la misma el 24 de enero de 2005» y la presentó para su aprobación a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el 10 de marzo de 2005.
La resolución de la Fiscalía conmocionó al Ayuntamiento. Mientras que la oposición mostraba su satisfacciónor una medida que les da la razón y tanto PA como PP anunciaban que se presentarían como acusación particulare en el caso, el PSOE tardó más de tres horas y media en pronunciarse pese a que el concejal es de dicho partido. Francisco Fernández, portavoz socialista, anunció que su grupo se va a personar como acusación particular contra «los empresarios que cobraron de forma ilícita y fradudulenta».