Los puentes rotos.
TRAS el áspero debate entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, la impresión con la que se quedan los ciudadanos es que la situación ha estallado por acumulación de factores explosivos. Y la peor conclusión que puede arraigar en la sociedad es que la letra y el espíritu constitucionales no tenían costuras suficientes para aguantar la presión de una crisis política que hoy ya es nacional. Porque como tal hay que calificar la quiebra de relaciones entre el Gobierno socialista y el Partido Popular a cuenta de la única amenaza directa que sigue sobrevolando la democracia española: el terrorismo. Si la derrota de ETA y cuanto conlleva -sentido de Estado, prioridad nacional, marginación de los cómplices, firmeza democrática- han dejado de ser un elemento de cohesión, no será extraño que los ciudadanos piensen que la democracia ha agotado sus existencias para generar proyectos comunes. La crisis es, sin duda, nacional y antes de caer en la tentación salomónica de repartir culpas por partes iguales sería conveniente que la opinión pública, los ciudadanos en definitiva, hicieran un mínimo ejercicio de retrospección para saber cómo y por qué hemos podido llegar a esta situación.
Algo muy grave ha sucedido para que el portavoz parlamentario de la formación política más alérgica a todo lo que significa España -Esquerra Republicana de Catalunya- diera al presidente del Gobierno la «bienvenida al club» de los que piden negociar con ETA. Pudiera pensarse que es una anécdota, pero, en realidad, es una muestra de las categorías políticas que ha impuesto la acción del Gobierno socialista en su primer año de mandato. Incluso aunque tuvieran razón los que piensan que Mariano Rajoy incurrió en un exceso de adjetivos y calificaciones -otros creen que su discurso fue un ejercicio coherente con la actual situación del país-, lo cierto es que su mensaje tenía una razón sustancial sobre el diagnóstico. Hay confusión sobre los objetivos de España, como país, como nación y como Estado. Y hay incertidumbre, cuando no temor creciente, sobre las prioridades y los métodos del Gobierno. Su empecinamiento en no contestar a las preguntas que, insistentemente, le formulaba Rajoy pudo ser una táctica de elusión, pero también la prueba directa de la ausencia de respuestas, de la vacuidad argumental a la hora de despejar incógnitas fundamentales que afectan a España y a los españoles.
A esta situación de crisis se ha llegado porque se han puesto las causas necesarias para provocarla. El segundo proceso constituyente ha comenzado, no porque Maragall lo decidiera con los proyectos de su tripartito, sino porque se está produciendo la implosión del consenso constitucional a causa de una política del Ejecutivo orientada a demoler los equilibrios establecidos en 1978. Rodríguez Zapatero eligió a ERC y a IU como socios preferentes en un momento de decisiones históricas (contención del soberanismo, vertebración nacional, reválida internacional). La opción por las alianzas más radicales -que estarían repudiadas en cualquier democracia europea- y la determinación de crear un entendimiento con los nacionalismos soberanistas allí donde éstos son proveedores de poder han dado la cara en el debate sobre el estado de la Nación como el programa político de Zapatero para la España de los próximos años. Así, ¿qué consenso puede ofrecer el Gobierno al PP cuando el objetivo estratégico es el arrinconamiento de la derecha democrática, por un lado, y la suplantación de la concordia constituyente por un revisionismo histórico no exento de revancha? Y, sobre todo, el abandono de aquello que abrazaba a izquierda y derecha con más fuerza que cualquier otro interés: el acuerdo antiterrorista. La frase pronunciada ayer por Zapatero -aunque luego la intentara matizar y exhibiera un tono conciliador en su última intervención de la jornada, ante la evidencia de que sin el PP se puede romper su agenda de reformas constitucionales- resulta reveladora: «Con el PP sólo compartimos el dolor por el terrorismo, pero nada más». Nunca una ETA tan débil había conseguido una victoria política tan absoluta.
Si Rodríguez Zapatero buscaba tener las manos libres de cualquier vínculo con el PP, ya las tiene. Éxito temible. Ahora debe ser sincero y decir a los españoles con qué instrumentos y con quién va a contar para recuperar la estabilidad perdida y situar a España nuevamente en las coordenadas de aquella nación que encontró su camino en 1978.
Algo muy grave ha sucedido para que el portavoz parlamentario de la formación política más alérgica a todo lo que significa España -Esquerra Republicana de Catalunya- diera al presidente del Gobierno la «bienvenida al club» de los que piden negociar con ETA. Pudiera pensarse que es una anécdota, pero, en realidad, es una muestra de las categorías políticas que ha impuesto la acción del Gobierno socialista en su primer año de mandato. Incluso aunque tuvieran razón los que piensan que Mariano Rajoy incurrió en un exceso de adjetivos y calificaciones -otros creen que su discurso fue un ejercicio coherente con la actual situación del país-, lo cierto es que su mensaje tenía una razón sustancial sobre el diagnóstico. Hay confusión sobre los objetivos de España, como país, como nación y como Estado. Y hay incertidumbre, cuando no temor creciente, sobre las prioridades y los métodos del Gobierno. Su empecinamiento en no contestar a las preguntas que, insistentemente, le formulaba Rajoy pudo ser una táctica de elusión, pero también la prueba directa de la ausencia de respuestas, de la vacuidad argumental a la hora de despejar incógnitas fundamentales que afectan a España y a los españoles.
A esta situación de crisis se ha llegado porque se han puesto las causas necesarias para provocarla. El segundo proceso constituyente ha comenzado, no porque Maragall lo decidiera con los proyectos de su tripartito, sino porque se está produciendo la implosión del consenso constitucional a causa de una política del Ejecutivo orientada a demoler los equilibrios establecidos en 1978. Rodríguez Zapatero eligió a ERC y a IU como socios preferentes en un momento de decisiones históricas (contención del soberanismo, vertebración nacional, reválida internacional). La opción por las alianzas más radicales -que estarían repudiadas en cualquier democracia europea- y la determinación de crear un entendimiento con los nacionalismos soberanistas allí donde éstos son proveedores de poder han dado la cara en el debate sobre el estado de la Nación como el programa político de Zapatero para la España de los próximos años. Así, ¿qué consenso puede ofrecer el Gobierno al PP cuando el objetivo estratégico es el arrinconamiento de la derecha democrática, por un lado, y la suplantación de la concordia constituyente por un revisionismo histórico no exento de revancha? Y, sobre todo, el abandono de aquello que abrazaba a izquierda y derecha con más fuerza que cualquier otro interés: el acuerdo antiterrorista. La frase pronunciada ayer por Zapatero -aunque luego la intentara matizar y exhibiera un tono conciliador en su última intervención de la jornada, ante la evidencia de que sin el PP se puede romper su agenda de reformas constitucionales- resulta reveladora: «Con el PP sólo compartimos el dolor por el terrorismo, pero nada más». Nunca una ETA tan débil había conseguido una victoria política tan absoluta.
Si Rodríguez Zapatero buscaba tener las manos libres de cualquier vínculo con el PP, ya las tiene. Éxito temible. Ahora debe ser sincero y decir a los españoles con qué instrumentos y con quién va a contar para recuperar la estabilidad perdida y situar a España nuevamente en las coordenadas de aquella nación que encontró su camino en 1978.