Los padres de alumnos católicos se movilizarán tras el verano contra la reforma educativa del Gobierno.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) está calentando motores para plantar cara al Gobierno después del verano y dar la batalla contra la reforma de la ley de educación (LOE) que el Ejecutivo pretende aprobar antes de irse de vacaciones.
Su protesta es consecuencia del «gran pesimismo de los padres ante un Gobierno despótico que quiere imponernos una norma negligente que vamos a pagar, sin consenso y en tiempo récord. Así que, a la vuelta del verano tendremos que salir a la calle a manifestarnos para que nos oiga», dijo Luis Carbonel, presidente nacional de la Confederación Católica de Padres de Alumnos. El anuncio lo hizo durante la celebración de un debate organizado ayer por el periódico LA RAZÓN y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU de Madrid con el título «La Educación, a examen».
La Concapa recogió más de 3.200.000 firmas con las que solicitó que la asignatura de Religión tuviera el mismo trato que las demás, pero el presidente del Gobierno «no quiso recogerlas y sigue sin haber recibido a los representantes de los padres que pretendíamos exponerle que ocho de cada diez familias matriculan a sus hijos en clase de Religión», se quejó Carbonel.
Para el representante de los padres católicos, entre los principales problemas que padece la educación en estos momentos figura la «pésima formación académica» de los estudiantes españoles, por debajo de la media de los países de la OCDE; la falta de una educación integral y en valores, cuyas consecuencias se padecen ya, como se está viendo con el fenómeno «bulliyng»; y su «uso político con una ley mediocre, que no aporta soluciones para terminar con el fracaso escolar ni con la pérdida de valores», añadió Luis Carbonel.
Sus críticas fueron más allá al culpar al Estado de «inmiscuirse cada vez más en el derecho exclusivo de los padres a elegir la educación de sus hijos con pretensiones de adoctrinamiento» y alertó de que la libertad de enseñanza «es un valor democrático que en España está en retroceso». Por no hablar ya de «la vertebración a la que asistimos que nos puede complicar la vida con sistemas educativos que no sean homologables», sentenció.
Su propuesta de solución pasa por dar a los padres más recursos para atender las necesidades que conlleva su propia responsabilidad paterna. Un derecho para el que se precisa conciliar la vida laboral y familiar que «se consigue con legislaciones laborales y de empresa para que los padres compartan más tiempo libre con los hijos y con un horario escolar racional». Carbonel también defendió como «básica» la formación de los progenitores porque «las escuelas de padres, algunas de las cuales funcionan con muy pocos recursos económicos, permiten la prevención de riesgos como las drogas o el alcohol y facilita la comunicación intergeneracional».
Una visión muy crítica también con la reforma que ha abordado el Gobierno fue la que expuso la responsable de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor. Criticó que sea «una ley para el adoctrinamiento y para una educación unilateral».
Defendió la reforma educativa que elaboraron los populares cuando gobernaron porque «prevenía el fracaso escolar, fomentaba la cultura del esfuerzo, daba igualdad de oportunidades a todos, suprimía la promoción automática, proponía la gratuidad de la educación infantil, implantaba itinerarios formativos, y establecía una carrera docente de verdad porque el profesor necesita que le recuerden que está subiendo peldaños». ¿El balance?, se preguntó:«un año después nos hemos encontrado con un «decretazo» para derogarla sin que el PSOE dialogara con el principal partido de la oposición. Ha faltado un debate articulado y profundo y nos hemos topado con una reforma inconsistente que dice que va a hacer unas cosas y luego va hacia otro lado, porque lo que se busca al final es un objetivo político», remachó.
Los mayores defectos. Entre los mayores defectos que encontró Pastor a la reforma socialista figuran el que no se respete la la libertad de elección de centros, que no garantice un sistema común de enseñanza, que se insista en la promoción automática sin valorar el esfuerzo, que los tres primeros cursos de educación infantil no sean gratuitos, que asignaturas como el Latín, la Física y la Filosofía se conviertan en optativas y que sólo haya 170 millones de presupuesto «para este engaño masivo de reforma».
Sobre la posibilidad de alcanzar un pacto educativo con el Gobierno anunció que «quiero pactar con planteamientos que mejoren la sociedad con un sistema más cohesionado y que dé oportunidades para todos», sentenció.
El encuentro contó con la participación de un nutrido grupo de personalidades del mundo de la educación, la política y los medios de comunicación. El subdirector general de LA RAZÓN, Joaquín Parera, destacó la importancia de que «la formación, la enseñanza y la defensa de los principios democráticos y de convivencia no recaigan sólo en unos pocos». De ahí la necesidad de que el debate de la Educación precise «aportaciones serias, rigurosas y destinadas a elaborar planteamientos útiles y finalistas».
Entre los asistentes también estuvo el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y presidente de la Fundación San Pablo-CEU, Alfonso Coronel de Palma, quien recalcó que «la educación es un derecho de los padres y el maestro educa por delegación de éstos...el Estado debe dar los medios necesarios para que la sociedad pueda organizarse de la forma más adecuada».
Por su parte, Carlos Mayor Oreja, director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, destacó que el Partido Socialista ha definido la educación como un «servicio público», cuando en realidad es «un derecho fundamental. Emilio Boronat, director del colegio Cardenal Spinola, resaltó que en los colegios «han de tener un ideario fuerte y claro que es la garantía de libertad», mientras que José María Alsina, rector de la Universidad Abat Oliba de Barcelona puso el acento en que «se ha confundido el educar con quitar obstáculos para salir adelante».
El presidente de Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández Santillana, tachó la LOE de reforma «intervencionista» y una «reedición» de la LOGSE, que responde a criterios «eminentemente políticos». En su opinión, plantea una cuestión de «pervivencia» en el aula y no de esfuerzo, con lo que se formarán ciudadanos «mediocres».
El presidente de la Unión Democrática de Estudiantes de Madrid (UDEM), Álvaro Vermoet, solicitó terminar con el «modelo más radical de comprensividad» que, a su juicio, plantea el sistema de la LOE. «No podemos olvidar que competiremos con jóvenes de todo el mundo», dijo. Fernando Izar, director del Instituto Barrio de Bilbao del Distrito Madrileño de Ciudad Lineal, dijo que «el hecho de que el que no quiera estudiar obtenga igualmente el título va en contra del alumno normal y más aún del que destaca».
Además participaron destacados periodistas, como Tomás Cuesta, Gabriel Albiac y Camen Gurruchaga. Intervino como moderadora Carla Díez de Rivera, directora de Desarrollo Corporativo FUSP-CEU y clausuró el acto el director de LA RAZÓN, José Alejandro Vara.
Su protesta es consecuencia del «gran pesimismo de los padres ante un Gobierno despótico que quiere imponernos una norma negligente que vamos a pagar, sin consenso y en tiempo récord. Así que, a la vuelta del verano tendremos que salir a la calle a manifestarnos para que nos oiga», dijo Luis Carbonel, presidente nacional de la Confederación Católica de Padres de Alumnos. El anuncio lo hizo durante la celebración de un debate organizado ayer por el periódico LA RAZÓN y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU de Madrid con el título «La Educación, a examen».
La Concapa recogió más de 3.200.000 firmas con las que solicitó que la asignatura de Religión tuviera el mismo trato que las demás, pero el presidente del Gobierno «no quiso recogerlas y sigue sin haber recibido a los representantes de los padres que pretendíamos exponerle que ocho de cada diez familias matriculan a sus hijos en clase de Religión», se quejó Carbonel.
Para el representante de los padres católicos, entre los principales problemas que padece la educación en estos momentos figura la «pésima formación académica» de los estudiantes españoles, por debajo de la media de los países de la OCDE; la falta de una educación integral y en valores, cuyas consecuencias se padecen ya, como se está viendo con el fenómeno «bulliyng»; y su «uso político con una ley mediocre, que no aporta soluciones para terminar con el fracaso escolar ni con la pérdida de valores», añadió Luis Carbonel.
Sus críticas fueron más allá al culpar al Estado de «inmiscuirse cada vez más en el derecho exclusivo de los padres a elegir la educación de sus hijos con pretensiones de adoctrinamiento» y alertó de que la libertad de enseñanza «es un valor democrático que en España está en retroceso». Por no hablar ya de «la vertebración a la que asistimos que nos puede complicar la vida con sistemas educativos que no sean homologables», sentenció.
Su propuesta de solución pasa por dar a los padres más recursos para atender las necesidades que conlleva su propia responsabilidad paterna. Un derecho para el que se precisa conciliar la vida laboral y familiar que «se consigue con legislaciones laborales y de empresa para que los padres compartan más tiempo libre con los hijos y con un horario escolar racional». Carbonel también defendió como «básica» la formación de los progenitores porque «las escuelas de padres, algunas de las cuales funcionan con muy pocos recursos económicos, permiten la prevención de riesgos como las drogas o el alcohol y facilita la comunicación intergeneracional».
Una visión muy crítica también con la reforma que ha abordado el Gobierno fue la que expuso la responsable de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor. Criticó que sea «una ley para el adoctrinamiento y para una educación unilateral».
Defendió la reforma educativa que elaboraron los populares cuando gobernaron porque «prevenía el fracaso escolar, fomentaba la cultura del esfuerzo, daba igualdad de oportunidades a todos, suprimía la promoción automática, proponía la gratuidad de la educación infantil, implantaba itinerarios formativos, y establecía una carrera docente de verdad porque el profesor necesita que le recuerden que está subiendo peldaños». ¿El balance?, se preguntó:«un año después nos hemos encontrado con un «decretazo» para derogarla sin que el PSOE dialogara con el principal partido de la oposición. Ha faltado un debate articulado y profundo y nos hemos topado con una reforma inconsistente que dice que va a hacer unas cosas y luego va hacia otro lado, porque lo que se busca al final es un objetivo político», remachó.
Los mayores defectos. Entre los mayores defectos que encontró Pastor a la reforma socialista figuran el que no se respete la la libertad de elección de centros, que no garantice un sistema común de enseñanza, que se insista en la promoción automática sin valorar el esfuerzo, que los tres primeros cursos de educación infantil no sean gratuitos, que asignaturas como el Latín, la Física y la Filosofía se conviertan en optativas y que sólo haya 170 millones de presupuesto «para este engaño masivo de reforma».
Sobre la posibilidad de alcanzar un pacto educativo con el Gobierno anunció que «quiero pactar con planteamientos que mejoren la sociedad con un sistema más cohesionado y que dé oportunidades para todos», sentenció.
El encuentro contó con la participación de un nutrido grupo de personalidades del mundo de la educación, la política y los medios de comunicación. El subdirector general de LA RAZÓN, Joaquín Parera, destacó la importancia de que «la formación, la enseñanza y la defensa de los principios democráticos y de convivencia no recaigan sólo en unos pocos». De ahí la necesidad de que el debate de la Educación precise «aportaciones serias, rigurosas y destinadas a elaborar planteamientos útiles y finalistas».
Entre los asistentes también estuvo el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y presidente de la Fundación San Pablo-CEU, Alfonso Coronel de Palma, quien recalcó que «la educación es un derecho de los padres y el maestro educa por delegación de éstos...el Estado debe dar los medios necesarios para que la sociedad pueda organizarse de la forma más adecuada».
Por su parte, Carlos Mayor Oreja, director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, destacó que el Partido Socialista ha definido la educación como un «servicio público», cuando en realidad es «un derecho fundamental. Emilio Boronat, director del colegio Cardenal Spinola, resaltó que en los colegios «han de tener un ideario fuerte y claro que es la garantía de libertad», mientras que José María Alsina, rector de la Universidad Abat Oliba de Barcelona puso el acento en que «se ha confundido el educar con quitar obstáculos para salir adelante».
El presidente de Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández Santillana, tachó la LOE de reforma «intervencionista» y una «reedición» de la LOGSE, que responde a criterios «eminentemente políticos». En su opinión, plantea una cuestión de «pervivencia» en el aula y no de esfuerzo, con lo que se formarán ciudadanos «mediocres».
El presidente de la Unión Democrática de Estudiantes de Madrid (UDEM), Álvaro Vermoet, solicitó terminar con el «modelo más radical de comprensividad» que, a su juicio, plantea el sistema de la LOE. «No podemos olvidar que competiremos con jóvenes de todo el mundo», dijo. Fernando Izar, director del Instituto Barrio de Bilbao del Distrito Madrileño de Ciudad Lineal, dijo que «el hecho de que el que no quiera estudiar obtenga igualmente el título va en contra del alumno normal y más aún del que destaca».
Además participaron destacados periodistas, como Tomás Cuesta, Gabriel Albiac y Camen Gurruchaga. Intervino como moderadora Carla Díez de Rivera, directora de Desarrollo Corporativo FUSP-CEU y clausuró el acto el director de LA RAZÓN, José Alejandro Vara.