El PSOE impide que altas instituciones del Estado se pronuncien sobre el Estatuto antes de su trámite.
La Mesa del Congreso ha rechazado la petición del PP de no tramitar el Estatuto de Cataluña hasta que el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal de Cuentas se pronuncien sobre el contenido y el alcance de esta reforma. Los representantes de PSOE, CiU e IU-ICV votaron en contra de la solicitud del grupo popular en una reunión que se interrumpió sin haber decidido sobre la admisión a trámite del Estatuto, asunto que se debatirá al término de la sesión de la Junta de Portavoces que se celebra en estos momentos.
La Mesa del Congreso ha rechazado, con los votos de los representantes del PSOE, CiU e IU-ICV, la petición del PP para que la Cámara recabase una serie de informes de instituciones del Estado antes de dar entrada en el Congreso al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El órgano de gobierno tuvo que interrumpir su reunión para asistir a la Junta de Portavoces, cuyo inicio estaba previsto para las once de la mañana, por lo que se pospuso hasta primera hora de la tarde la decisión sobre cómo se califica la iniciativa catalana, si como reforma constitucional (posición del PP) o como estatuto de autonomía (opinión del resto de formaciones). El Grupo Popular, que cuenta con cuatro representantes en el órgano de gobierno de la Cámara, había reclamado que, antes de calificar el texto remitido por el Parlamento, se recabasen informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, abundando en su idea de que el proyecto es una reforma constitucional en la práctica.
Por contra, los tres componentes socialistas, junto con los miembros de CiU e IU-ICV, argumentaron que no había "anclaje legal específico" para atender la petición del PP y además expresaron sus sospechas de que el objetivo de la misma fuera una dilación política de la tramitación, según dijo el representante popular, Gabriel Cisneros. La misma suerte podría correr la petición de tramitar el Estatuto como reforma constitucional, que el PP piensa defender con un soporte explicativo de 102 folios. El PSOE y las minorías han venido defendiendo en la Mesa del Congreso, también cuando llegó el denominado 'Plan Ibarretxe', que este órgano parlamentario no debe entrar a juzgar la constitucionalidad de una iniciativa, labor que corresponde al TC, como así ha dictaminado en sentencias anteriores.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, reiteró que el PP presentará "todos los recursos" a su alcance y "en todos los ámbitos que sea posible" para que la reforma del Estatuto no se debata en el Parlamento como una modificación estatutaria, por ser un "fraude democrático".
Zaplana, que dio por hecho que la Mesa del Congreso admitirá a trámite la propuesta de reforma del Estatut pese a que el PP entiende que debe debatirse como una reforma constitucional y no estatutaria porque modifica la Carta Magna, no confirmó expresamente que su partido vaya a recurrir ante el Tribunal Constitucional. No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa por esta posibilidad, contestó insistiendo en que el PP formulará "todos los recursos que sean necesarios", para lo cual hay que respetar los plazos establecidos, ya que la decisión que adopte la Mesa ha de ser recurrida primero ante este mismo órgano antes de pasar al ámbito judicial.
La Mesa del Congreso ha rechazado, con los votos de los representantes del PSOE, CiU e IU-ICV, la petición del PP para que la Cámara recabase una serie de informes de instituciones del Estado antes de dar entrada en el Congreso al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El órgano de gobierno tuvo que interrumpir su reunión para asistir a la Junta de Portavoces, cuyo inicio estaba previsto para las once de la mañana, por lo que se pospuso hasta primera hora de la tarde la decisión sobre cómo se califica la iniciativa catalana, si como reforma constitucional (posición del PP) o como estatuto de autonomía (opinión del resto de formaciones). El Grupo Popular, que cuenta con cuatro representantes en el órgano de gobierno de la Cámara, había reclamado que, antes de calificar el texto remitido por el Parlamento, se recabasen informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, abundando en su idea de que el proyecto es una reforma constitucional en la práctica.
Por contra, los tres componentes socialistas, junto con los miembros de CiU e IU-ICV, argumentaron que no había "anclaje legal específico" para atender la petición del PP y además expresaron sus sospechas de que el objetivo de la misma fuera una dilación política de la tramitación, según dijo el representante popular, Gabriel Cisneros. La misma suerte podría correr la petición de tramitar el Estatuto como reforma constitucional, que el PP piensa defender con un soporte explicativo de 102 folios. El PSOE y las minorías han venido defendiendo en la Mesa del Congreso, también cuando llegó el denominado 'Plan Ibarretxe', que este órgano parlamentario no debe entrar a juzgar la constitucionalidad de una iniciativa, labor que corresponde al TC, como así ha dictaminado en sentencias anteriores.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, reiteró que el PP presentará "todos los recursos" a su alcance y "en todos los ámbitos que sea posible" para que la reforma del Estatuto no se debata en el Parlamento como una modificación estatutaria, por ser un "fraude democrático".
Zaplana, que dio por hecho que la Mesa del Congreso admitirá a trámite la propuesta de reforma del Estatut pese a que el PP entiende que debe debatirse como una reforma constitucional y no estatutaria porque modifica la Carta Magna, no confirmó expresamente que su partido vaya a recurrir ante el Tribunal Constitucional. No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa por esta posibilidad, contestó insistiendo en que el PP formulará "todos los recursos que sean necesarios", para lo cual hay que respetar los plazos establecidos, ya que la decisión que adopte la Mesa ha de ser recurrida primero ante este mismo órgano antes de pasar al ámbito judicial.