Artículo que han publicado en la revista "Mientras Tanto" de Marzo a Salce Elvira.
ES HORA DE RECONQUISTAR DERECHOS, COMBATIR EL PESIMISMO Y CAMBIAR LA
CONTRAREFORMAR LABORAL.
El RDL 3/2012, en vigor desde el 12 de febrero, incluye tantas medidas reaccionarias que modifican radicalmente el derecho del trabajo y la ya débil protección del mismo, consecuencia de las múltiples reformas sufridas desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores. Su objetivo es claramente clasista: dar una vuelta de tuerca, esta casi definitiva, a las conquistas de la clase obrera de los últimos 40 años, pues de eso y no de otra cosa se trata, aprovechando la situación de crisis económica con los cinco millones y medio de personas paradas y sin esperanzas de que esta sangría se frene a corto plazo, con las actuales políticas económicas.
No pretendo analizar exhaustivamente el contenido de estas medidas, objeto en estos días de múltiples y rigurosos estudios, solo incidir que ataca todos los aspectos de las relaciones laborales y la protección social: entrada, permanencia, salida del mercado de trabajo, negociación colectiva, prestaciones al desempleo y afecta a todos los colectivos: activos, parados, jóvenes y mujeres. Esto se hace, como indicaba, con una legislación muy deteriorada después de múltiples reformas, la última la de 2010 con el Gobierno de Zapatero y con muchas interrogantes en cuanto a su constitucionalidad, en aspectos tan importantes como la efectiva igualdad de oportunidades, el derecho a la negociación colectiva o la tutela judicial efectiva.
Esta contrarreforma no se ha hecho solamente al dictado de Bruselas, como nos intentan vender, también responde a las aspiraciones largamente acariciadas de la CEOE, así favorece tanto a las grandes empresas: servicios financieros, medios de comunicación, etc. (el 44% de las empresas que cotizan en bolsa pueden acogerse al despido de 20 días con los nuevos requisitos), muchas de las cuales ya se han puesto manos a la obra rebajando salarios, despidiendo personal y cambiando las condiciones de trabajo de los que tienen la suerte y por tanto deben de estar agradecidos de tener un trabajo. También refuerza a esos otros empresarios que pretenden sobrevivir a base de mano de obra barata, sumisa y disponible a su capricho.
La agresión es múltiple y no deja “títere con cabeza”, al reformar las causas del despido: generalizando el de 20 días por año, en lugar de los actuales 45 o los 33, para prácticamente todas las personas asalariadas, incluido el personal laboral fijo de las administraciones públicas no funcionario, ‐por ahora‐ que no requiere la actual autorización administrativa. En ese sentido son clarificadoras las palabras de la ministra de empleo‐paro cuando afirma que “al introducir más inseguridad para todos los trabajadores, incentivará el esfuerzo y la productividad…“ Se crea un nuevo contrato temporal de por vida y sin indemnización, destinado a las empresas de menos de 50 trabajadores (que son el 95% del total), aunque tengan la desfachatez de denominarlo fijo, al imponer un año de periodo de prueba, además de incluir múltiples y sustanciosas bonificaciones públicas. Este es el auténtico contrato único, que vienen demandando sectores muy influyentes desde hace tiempo.
Se acaba con la efectiva negociación sindical en los despidos colectivos, dejándolos a merced de la voluntad empresarial, permitiendo a las ETT que entren en todos los sectores, priorizando que los salarios se negocien en la empresa, sabiendo la debilidad y la indefensión de millones de trabajadores en las de pequeño tamaño, además de cargarse la llamada “ultraactividad”, al decaer la vigencia del convenio si en dos años no hay acuerdo entre las dos partes para renovarlo.
En definitiva, como decía anteriormente es una reforma que agrede a todas las personas trabajadoras: paradas y activas, a estas se les reduce salarios, condiciones y derechos en general, a las primeras por tener la desgracia de estar paradas, se les trata como a delincuentes que hay que vigilar y se les pone a disposición de los empresarios y de las ETT para que o aceptan cualquier cosa o perderán el desempleo, introduciendo graves discriminaciones, al dar prioridad en la contratación a los que tienen prestaciones, para que financien con estas parte de su salario, dejándoles al resto en el umbral de la pobreza y sin esperanza de futuro.
Va contra los y las jóvenes por diferentes vías: condenados a ser aprendices de por vida (de 16 a 30 años) con salarios de miseria, permitiendo encadenamientos sucesivos de contratos por diferentes empresas para distinta ocupación de la que se formaron en el contrato anterior, con salarios de miseria, hasta ese límite máximo de edad y si están desempleados tendrán prioridad para ser contratados los perceptores de prestaciones, puesto que una parte del desempleo que han generado irá para el empresario, que se aprovechará así del dinero público para su beneficio.
Ello además posibilitará que los actuales trabajadores y trabajadoras vayan siendo sustituidos por estos otros más baratos y con menos derechos, ya que con la rebaja del despido, saldrá muy rentable la operación despido‐contratación bonificada, con múltiples y variadas bonificaciones y subvenciones al empresario, empezando por lo 3000 Euros. El empresario no asumirá ningún riesgo, ahora, será el trabajador, despojado de sus más elementales derechos, el que ha de agradecer tener un puesto de trabajo y pasa a vivir "con permiso" de su empleador.
No solo se mantiene la dualidad del mercado de trabajo, sino que se incrementa al crear tres tipo de trabajadores con relación a su contrato: los del nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores que serán temporales durante el primer año y podrán ser despedidos en ese periodo sin derecho a indemnización, los contratados con contratos temporales que podrán ser despedidos con una indemnización de nueve, diez, once y doce días en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, y el resto que tendrán una indemnización de 20 días por año.
Las mujeres vamos a ser particularmente afectadas por este RDL al conceder al empresario el poder unilateral para modificar las condiciones de trabajo e inaplicación de los convenios colectivos, que en muchos casos nos va a obligar a salir nuevamente del mercado de trabajo y la imposibilidad efectiva de conciliación, acentuando las desigualdades en el ámbito laboral El RDL choca frontalmente y desprecia el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva; se produce 15 días después de que los sindicatos CCOO y UGT firmaran con los empresarios, en un ejercicio de responsabilidad, un acuerdo durísimo para moderar los salarios, aceptando pérdidas reales de poder adquisitivo en los próximo tres años, amén de cambiar la estructura salarial y aumentando la flexibilidad interna en la empresa, sin siquiera tener la deferencia el gobierno de informar previamente del contenido del decreto, antes de ser aprobado en el Consejo de
Ministros.
Con estas medidas, como ya reconocen desde casi todos los ámbitos, incluido el Presidente Rajoy, no se creará empleo, porque el objetivo real de la reforma es el de cambiar radicalmente el derecho de trabajo y la tutela necesaria de este a la parte más débil, restableciendo el poder total y absoluto del empresario y relegar a los sindicatos de clase a un papel casi testimonial.
Ello lo confirma los insultos y provocaciones a los que estamos asistiendo, por parte de la cúpula del PP, los medios de comunicación afines y demás camarilla, contra los sindicatos, poniendo en duda su representación, su transparencia y acusándoles de no defender a los parados o de solo mantener los privilegios. Y como son insaciables, amenazan con continuar con el derecho de huelga, se supone que para restringirle, por si acaso algunos y algunas valientes osan desafiar el poder total y absoluto de los patronos y del gobierno.
Solo han hecho falta 100 años para que esta derecha cavernícola e insaciable intente arrasar con las conquistas logradas con tanto sufrimiento, despreciando, como siempre lo ha hecho, la lucha del movimiento obrero para conseguirlas.
La situación actual y lo que se deriva de ella, no puede llevarnos a la resignación, la derrota o el conformismo, cambiarla no va a ser fácil y exigirá una gran labor continua de reconquista ideológica, de concienciación de los valores de la izquierda, de explicación de las alternativas, así como de imaginación, firmeza y puesta en práctica de nuevas formas de acción sindical, que la hagan frente. Esta agresión nos aboca irremediablemente a una situación de conflicto social continuo y permanente, más allá de lo que el gobierno considera un coste asumible, como ya daba por hecho Rajoy con la huelga general, hay posibilidades de ello como lo demuestran las grandes manifestaciones del día 19 en toda España.
Es necesario asimismo el reforzar la acción sindical y la militancia en las empresas, informando y pidiendo opinión y participación, en todos los casos, tanto cuando hay que movilizar, como a la hora de firmar acuerdos. Solo desde el trabajo continuo con y entre los trabajadores y las trabajadoras podremos recobrar el prestigio y la confianza en ciertos ámbitos y sectores e incorporar a nuevos colectivos.
Nada está perdido, hemos de invertir la correlación de fuerzas, reaccionar ya, trabajando con el convencimiento de que esta norma debe ser retirada, o bien en su trámite parlamentario, cuestión hartamente dudosa, o posteriormente por la fuerza de los hechos. Para ello debemos devolver la confianza y combatir la desesperanza y el pesimismo de la sociedad en general, con una amplia alianza de todos los sectores dispuestos a no resignarse y con los trabajadores y trabajadoras en particular.
Salce Elvira
Ejecutiva Confederal de CCOO
CONTRAREFORMAR LABORAL.
El RDL 3/2012, en vigor desde el 12 de febrero, incluye tantas medidas reaccionarias que modifican radicalmente el derecho del trabajo y la ya débil protección del mismo, consecuencia de las múltiples reformas sufridas desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores. Su objetivo es claramente clasista: dar una vuelta de tuerca, esta casi definitiva, a las conquistas de la clase obrera de los últimos 40 años, pues de eso y no de otra cosa se trata, aprovechando la situación de crisis económica con los cinco millones y medio de personas paradas y sin esperanzas de que esta sangría se frene a corto plazo, con las actuales políticas económicas.
No pretendo analizar exhaustivamente el contenido de estas medidas, objeto en estos días de múltiples y rigurosos estudios, solo incidir que ataca todos los aspectos de las relaciones laborales y la protección social: entrada, permanencia, salida del mercado de trabajo, negociación colectiva, prestaciones al desempleo y afecta a todos los colectivos: activos, parados, jóvenes y mujeres. Esto se hace, como indicaba, con una legislación muy deteriorada después de múltiples reformas, la última la de 2010 con el Gobierno de Zapatero y con muchas interrogantes en cuanto a su constitucionalidad, en aspectos tan importantes como la efectiva igualdad de oportunidades, el derecho a la negociación colectiva o la tutela judicial efectiva.
Esta contrarreforma no se ha hecho solamente al dictado de Bruselas, como nos intentan vender, también responde a las aspiraciones largamente acariciadas de la CEOE, así favorece tanto a las grandes empresas: servicios financieros, medios de comunicación, etc. (el 44% de las empresas que cotizan en bolsa pueden acogerse al despido de 20 días con los nuevos requisitos), muchas de las cuales ya se han puesto manos a la obra rebajando salarios, despidiendo personal y cambiando las condiciones de trabajo de los que tienen la suerte y por tanto deben de estar agradecidos de tener un trabajo. También refuerza a esos otros empresarios que pretenden sobrevivir a base de mano de obra barata, sumisa y disponible a su capricho.
La agresión es múltiple y no deja “títere con cabeza”, al reformar las causas del despido: generalizando el de 20 días por año, en lugar de los actuales 45 o los 33, para prácticamente todas las personas asalariadas, incluido el personal laboral fijo de las administraciones públicas no funcionario, ‐por ahora‐ que no requiere la actual autorización administrativa. En ese sentido son clarificadoras las palabras de la ministra de empleo‐paro cuando afirma que “al introducir más inseguridad para todos los trabajadores, incentivará el esfuerzo y la productividad…“ Se crea un nuevo contrato temporal de por vida y sin indemnización, destinado a las empresas de menos de 50 trabajadores (que son el 95% del total), aunque tengan la desfachatez de denominarlo fijo, al imponer un año de periodo de prueba, además de incluir múltiples y sustanciosas bonificaciones públicas. Este es el auténtico contrato único, que vienen demandando sectores muy influyentes desde hace tiempo.
Se acaba con la efectiva negociación sindical en los despidos colectivos, dejándolos a merced de la voluntad empresarial, permitiendo a las ETT que entren en todos los sectores, priorizando que los salarios se negocien en la empresa, sabiendo la debilidad y la indefensión de millones de trabajadores en las de pequeño tamaño, además de cargarse la llamada “ultraactividad”, al decaer la vigencia del convenio si en dos años no hay acuerdo entre las dos partes para renovarlo.
En definitiva, como decía anteriormente es una reforma que agrede a todas las personas trabajadoras: paradas y activas, a estas se les reduce salarios, condiciones y derechos en general, a las primeras por tener la desgracia de estar paradas, se les trata como a delincuentes que hay que vigilar y se les pone a disposición de los empresarios y de las ETT para que o aceptan cualquier cosa o perderán el desempleo, introduciendo graves discriminaciones, al dar prioridad en la contratación a los que tienen prestaciones, para que financien con estas parte de su salario, dejándoles al resto en el umbral de la pobreza y sin esperanza de futuro.
Va contra los y las jóvenes por diferentes vías: condenados a ser aprendices de por vida (de 16 a 30 años) con salarios de miseria, permitiendo encadenamientos sucesivos de contratos por diferentes empresas para distinta ocupación de la que se formaron en el contrato anterior, con salarios de miseria, hasta ese límite máximo de edad y si están desempleados tendrán prioridad para ser contratados los perceptores de prestaciones, puesto que una parte del desempleo que han generado irá para el empresario, que se aprovechará así del dinero público para su beneficio.
Ello además posibilitará que los actuales trabajadores y trabajadoras vayan siendo sustituidos por estos otros más baratos y con menos derechos, ya que con la rebaja del despido, saldrá muy rentable la operación despido‐contratación bonificada, con múltiples y variadas bonificaciones y subvenciones al empresario, empezando por lo 3000 Euros. El empresario no asumirá ningún riesgo, ahora, será el trabajador, despojado de sus más elementales derechos, el que ha de agradecer tener un puesto de trabajo y pasa a vivir "con permiso" de su empleador.
No solo se mantiene la dualidad del mercado de trabajo, sino que se incrementa al crear tres tipo de trabajadores con relación a su contrato: los del nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores que serán temporales durante el primer año y podrán ser despedidos en ese periodo sin derecho a indemnización, los contratados con contratos temporales que podrán ser despedidos con una indemnización de nueve, diez, once y doce días en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, y el resto que tendrán una indemnización de 20 días por año.
Las mujeres vamos a ser particularmente afectadas por este RDL al conceder al empresario el poder unilateral para modificar las condiciones de trabajo e inaplicación de los convenios colectivos, que en muchos casos nos va a obligar a salir nuevamente del mercado de trabajo y la imposibilidad efectiva de conciliación, acentuando las desigualdades en el ámbito laboral El RDL choca frontalmente y desprecia el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva; se produce 15 días después de que los sindicatos CCOO y UGT firmaran con los empresarios, en un ejercicio de responsabilidad, un acuerdo durísimo para moderar los salarios, aceptando pérdidas reales de poder adquisitivo en los próximo tres años, amén de cambiar la estructura salarial y aumentando la flexibilidad interna en la empresa, sin siquiera tener la deferencia el gobierno de informar previamente del contenido del decreto, antes de ser aprobado en el Consejo de
Ministros.
Con estas medidas, como ya reconocen desde casi todos los ámbitos, incluido el Presidente Rajoy, no se creará empleo, porque el objetivo real de la reforma es el de cambiar radicalmente el derecho de trabajo y la tutela necesaria de este a la parte más débil, restableciendo el poder total y absoluto del empresario y relegar a los sindicatos de clase a un papel casi testimonial.
Ello lo confirma los insultos y provocaciones a los que estamos asistiendo, por parte de la cúpula del PP, los medios de comunicación afines y demás camarilla, contra los sindicatos, poniendo en duda su representación, su transparencia y acusándoles de no defender a los parados o de solo mantener los privilegios. Y como son insaciables, amenazan con continuar con el derecho de huelga, se supone que para restringirle, por si acaso algunos y algunas valientes osan desafiar el poder total y absoluto de los patronos y del gobierno.
Solo han hecho falta 100 años para que esta derecha cavernícola e insaciable intente arrasar con las conquistas logradas con tanto sufrimiento, despreciando, como siempre lo ha hecho, la lucha del movimiento obrero para conseguirlas.
La situación actual y lo que se deriva de ella, no puede llevarnos a la resignación, la derrota o el conformismo, cambiarla no va a ser fácil y exigirá una gran labor continua de reconquista ideológica, de concienciación de los valores de la izquierda, de explicación de las alternativas, así como de imaginación, firmeza y puesta en práctica de nuevas formas de acción sindical, que la hagan frente. Esta agresión nos aboca irremediablemente a una situación de conflicto social continuo y permanente, más allá de lo que el gobierno considera un coste asumible, como ya daba por hecho Rajoy con la huelga general, hay posibilidades de ello como lo demuestran las grandes manifestaciones del día 19 en toda España.
Es necesario asimismo el reforzar la acción sindical y la militancia en las empresas, informando y pidiendo opinión y participación, en todos los casos, tanto cuando hay que movilizar, como a la hora de firmar acuerdos. Solo desde el trabajo continuo con y entre los trabajadores y las trabajadoras podremos recobrar el prestigio y la confianza en ciertos ámbitos y sectores e incorporar a nuevos colectivos.
Nada está perdido, hemos de invertir la correlación de fuerzas, reaccionar ya, trabajando con el convencimiento de que esta norma debe ser retirada, o bien en su trámite parlamentario, cuestión hartamente dudosa, o posteriormente por la fuerza de los hechos. Para ello debemos devolver la confianza y combatir la desesperanza y el pesimismo de la sociedad en general, con una amplia alianza de todos los sectores dispuestos a no resignarse y con los trabajadores y trabajadoras en particular.
Salce Elvira
Ejecutiva Confederal de CCOO
Una resolución de la HOAC y de la JOC sobre la reforma laboral, que ha sido prohibida su distribución en las iglesias por Rouco Varela, el cardenal derechista de Madrid.
COMUNICADO ANTE LA NUEVA REFORMA LABORAL
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación por el Consejo de Ministros de una nueva reforma laboral.
Nos encontramos con la 16ª reforma del mercado de trabajo en democracia. Hasta ahora las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos, de uno u otro signo político, bajo el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral, han transformando la concepción y función del trabajo asalariado en nuestra sociedad y están socavando los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias.
Estas reformas siempre se han presentado como una necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han conseguido:
- incrementar el empleo temporal, especialmente para los jóvenes;
- diversificar las modalidades de contratación a la carta;
- abaratar el coste del despido;
- reducir el crecimiento de los salarios;
- devaluar lo público (servicios sociales, educación y sanidad).
En definitiva, han profundizado en el trabajo precario y en el empobrecimiento de las familias trabajadoras. Un ejemplo lo tenemos en los años de crecimiento económico anteriores a la actual crisis: aún creándose riqueza y empleo, estos no sirvieron para disminuir la pobreza en nuestro país.
Ninguna reforma ha estado orientada hacia la expansión de un empleo decente como Benedicto XVI reclama en la encíclica Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas. Es la economía la que debe orientarse a las necesidades de las personas y de sus familias; es el ser humano el centro de la actividad económica y laboral. El respeto a la dignidad del trabajo, vinculado a la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una economía orientada por “una ética amiga de la persona”. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 45)
Esta nueva reforma es otra agresión al trabajo humano como principio de vida. Creemos que una reforma laboral que pretende ser completa y marcar un antes y un después en las relaciones laborales, no puede hacerse sin el suficiente consenso social entre las personas trabajadoras y el colectivo empresarial. Y tendría, además, que responder a las necesidades de las familias trabajadoras y no a las exigencias impuestas por los mercados financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias y los organismos económicos internacionales.
Esta reforma laboral es una vuelta de tuerca más para flexibilizar el mercado de trabajo:
- Quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa de los trabajadores –no existe negociación real de los trabajadores en el ámbito de la empresa cuando el 95% del tejido productivo español está compuesto por empresas de menos de 50 trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura de la cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos desincentivando cualquier negociación entre las partes.
- Facilita y abarata la expulsión del mercado de trabajo: quita trabas al despido por causas económicas; rebaja la indemnización del improcedente (pasando a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y elimina la autorización administrativa para poder llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo. Los contratos indefinidos con esta nueva regulación tampoco tendrán, como los temporales, condición de estabilidad.
- Abre el camino para ajustar los salarios a la productividad. Con esta reforma, los salarios de los trabajadores más débiles van a depender de la voluntad unilateral del empresario.
- Dificulta, cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Más del 80% del empleo destruido por la crisis corresponde a empleo juvenil. El nuevo contrato de trabajo indefinido, especialmente para jóvenes (también para desempleados de larga duración), dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores, se puede convertir, más que indefinido, en un contrato temporal sin causa justificada. Estas nuevas modalidades de contratación y regulación ponen en serio peligro, aún más, la estabilidad presente y futura de la mayor parte de la juventud.
No compartimos la individualización de las relaciones laborales que propone esta reforma. Recordamos a nuestros gobernantes que el trabajo es una experiencia comunitaria y que una de las funciones de la empresa, según la Doctrina Social de la Iglesia, es favorecer la comunitariedad. Todo lo que suponga la individualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los colectivos, significa romper la vocación a la comunión del ser humano
No es lícito eliminar derechos y protección de las personas trabajadoras con el argumento de combatir el desempleo y de reducir la temporalidad, cuando han sido las políticas económicas de los últimos gobiernos las que han provocado que haya un tejido productivo tan débil y un empleo tan precario.
No podemos seguir flexibilizando las relaciones laborales sin garantizar la seguridad de una vida digna para las personas trabajadoras y sus familias. Y esta reforma se lleva a cabo en un contexto de quiebra del Estado de Bienestar, de reducción del Sector Público y de recortes de los servicios y prestaciones sociales sin precedentes.
Esta reforma rompe el débil equilibrio conquistado históricamente entre capital-trabajo, alejándose del principio siempre defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital. Además, supone un nuevo golpe al Derecho Laboral limitando su capacidad de frenar la creciente mercantilización y “cosificación” del trabajo humano. Consideramos que este gobierno ha aprovechado el estado de quietud y miedo de la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar viejas conquistas laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de tantas personas a lo largo de la historia.
Los retos actuales que atraviesa la economía española requieren medidas políticas concertadas en el ámbito internacional que subordinen la economía financiera a la economía productiva. Es preciso, como ha pedido insistentemente Benedicto XVI y el Pontificio Consejo Justicia y Paz, una reforma del sistema financiero internacional. Esta reforma supondría avanzar en justicia social y comunión de bienes, redistribuyendo efectivamente la riqueza existente; controlar la economía especulativa y frenar el desmedido afán de lucro, en lugar de eliminar derechos. Este es el camino que puede generar riqueza orientada a la creación de empleo decente y con derechos, y a disminuir la pobreza.
Como Iglesia en el mundo obrero, en las actuales circunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a los agentes sociales y económicos, al conjunto de los trabajadores y de la sociedad, y especialmente a los cristianos y cristianas, que caminemos juntos, con la intención de eliminar las causas que han generado esta crisis económica y, al mismo tiempo, superemos las estructuras económicas y sociales injustas que tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza están provocando a las personas.
También instamos a los partidos políticos a corregir y reorientar, en el proceso parlamentrario, esta reforma laboral poniendo en el centro de la misma el trabajo decente y con derechos y, al mismo tiempo, animamos a participar en las iniciativas y movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones eclesiales, sociales y sindicales que ayuden a tomar conciencia y revertir esta situación tan lesiva para las personas trabajadoras y sus familias.
Madrid, 16 de febrero de 2012
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación por el Consejo de Ministros de una nueva reforma laboral.
Nos encontramos con la 16ª reforma del mercado de trabajo en democracia. Hasta ahora las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos, de uno u otro signo político, bajo el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral, han transformando la concepción y función del trabajo asalariado en nuestra sociedad y están socavando los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias.
Estas reformas siempre se han presentado como una necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han conseguido:
- incrementar el empleo temporal, especialmente para los jóvenes;
- diversificar las modalidades de contratación a la carta;
- abaratar el coste del despido;
- reducir el crecimiento de los salarios;
- devaluar lo público (servicios sociales, educación y sanidad).
En definitiva, han profundizado en el trabajo precario y en el empobrecimiento de las familias trabajadoras. Un ejemplo lo tenemos en los años de crecimiento económico anteriores a la actual crisis: aún creándose riqueza y empleo, estos no sirvieron para disminuir la pobreza en nuestro país.
Ninguna reforma ha estado orientada hacia la expansión de un empleo decente como Benedicto XVI reclama en la encíclica Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas. Es la economía la que debe orientarse a las necesidades de las personas y de sus familias; es el ser humano el centro de la actividad económica y laboral. El respeto a la dignidad del trabajo, vinculado a la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una economía orientada por “una ética amiga de la persona”. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 45)
Esta nueva reforma es otra agresión al trabajo humano como principio de vida. Creemos que una reforma laboral que pretende ser completa y marcar un antes y un después en las relaciones laborales, no puede hacerse sin el suficiente consenso social entre las personas trabajadoras y el colectivo empresarial. Y tendría, además, que responder a las necesidades de las familias trabajadoras y no a las exigencias impuestas por los mercados financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias y los organismos económicos internacionales.
Esta reforma laboral es una vuelta de tuerca más para flexibilizar el mercado de trabajo:
- Quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa de los trabajadores –no existe negociación real de los trabajadores en el ámbito de la empresa cuando el 95% del tejido productivo español está compuesto por empresas de menos de 50 trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura de la cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos desincentivando cualquier negociación entre las partes.
- Facilita y abarata la expulsión del mercado de trabajo: quita trabas al despido por causas económicas; rebaja la indemnización del improcedente (pasando a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y elimina la autorización administrativa para poder llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo. Los contratos indefinidos con esta nueva regulación tampoco tendrán, como los temporales, condición de estabilidad.
- Abre el camino para ajustar los salarios a la productividad. Con esta reforma, los salarios de los trabajadores más débiles van a depender de la voluntad unilateral del empresario.
- Dificulta, cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Más del 80% del empleo destruido por la crisis corresponde a empleo juvenil. El nuevo contrato de trabajo indefinido, especialmente para jóvenes (también para desempleados de larga duración), dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores, se puede convertir, más que indefinido, en un contrato temporal sin causa justificada. Estas nuevas modalidades de contratación y regulación ponen en serio peligro, aún más, la estabilidad presente y futura de la mayor parte de la juventud.
No compartimos la individualización de las relaciones laborales que propone esta reforma. Recordamos a nuestros gobernantes que el trabajo es una experiencia comunitaria y que una de las funciones de la empresa, según la Doctrina Social de la Iglesia, es favorecer la comunitariedad. Todo lo que suponga la individualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los colectivos, significa romper la vocación a la comunión del ser humano
No es lícito eliminar derechos y protección de las personas trabajadoras con el argumento de combatir el desempleo y de reducir la temporalidad, cuando han sido las políticas económicas de los últimos gobiernos las que han provocado que haya un tejido productivo tan débil y un empleo tan precario.
No podemos seguir flexibilizando las relaciones laborales sin garantizar la seguridad de una vida digna para las personas trabajadoras y sus familias. Y esta reforma se lleva a cabo en un contexto de quiebra del Estado de Bienestar, de reducción del Sector Público y de recortes de los servicios y prestaciones sociales sin precedentes.
Esta reforma rompe el débil equilibrio conquistado históricamente entre capital-trabajo, alejándose del principio siempre defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital. Además, supone un nuevo golpe al Derecho Laboral limitando su capacidad de frenar la creciente mercantilización y “cosificación” del trabajo humano. Consideramos que este gobierno ha aprovechado el estado de quietud y miedo de la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar viejas conquistas laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de tantas personas a lo largo de la historia.
Los retos actuales que atraviesa la economía española requieren medidas políticas concertadas en el ámbito internacional que subordinen la economía financiera a la economía productiva. Es preciso, como ha pedido insistentemente Benedicto XVI y el Pontificio Consejo Justicia y Paz, una reforma del sistema financiero internacional. Esta reforma supondría avanzar en justicia social y comunión de bienes, redistribuyendo efectivamente la riqueza existente; controlar la economía especulativa y frenar el desmedido afán de lucro, en lugar de eliminar derechos. Este es el camino que puede generar riqueza orientada a la creación de empleo decente y con derechos, y a disminuir la pobreza.
Como Iglesia en el mundo obrero, en las actuales circunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a los agentes sociales y económicos, al conjunto de los trabajadores y de la sociedad, y especialmente a los cristianos y cristianas, que caminemos juntos, con la intención de eliminar las causas que han generado esta crisis económica y, al mismo tiempo, superemos las estructuras económicas y sociales injustas que tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza están provocando a las personas.
También instamos a los partidos políticos a corregir y reorientar, en el proceso parlamentrario, esta reforma laboral poniendo en el centro de la misma el trabajo decente y con derechos y, al mismo tiempo, animamos a participar en las iniciativas y movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones eclesiales, sociales y sindicales que ayuden a tomar conciencia y revertir esta situación tan lesiva para las personas trabajadoras y sus familias.
Madrid, 16 de febrero de 2012
Los liberados de la CEOE
35000 liberados patronales: No con nuestro dinero
el jefe de los liberados patronales pagados con dinero público
Las patronales de este país, agrupadas en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reciben muchíisimo dinero público que emplean básicamente para atacar a todo lo público. 35000 liberados patronales y 400 millones de euros de dinero público, esos fueron los números. Es básicamente el mismo juego que se le imputaba a Herri Batasuna, cuando sus representantes políticos recibían dinero del Estado para minar al estado español. Toda la CEOE, incluidas las confederaciones territoriales y sectoriales (tipos de agrupaciones en que está dividida la patronal), mueve al año 587 millones de euros. Ese fue su presupuesto de ingresos y de gastos para el año 2010, de acuerdo con los datos de la memoria anual de la propia institución. Gran parte procede del dinero público. La cifra marea si se tiene en cuenta que es más del doble del presupuesto con el que cuentan el Congreso de los Diputados y el Senado juntos (231 millones) y casi la mitad del gasto en ayudas que pudo hacer Vivienda en 2011. Su poder no sería tanto si no pudieran sufragar parte de sus gastos gracias al dinero de todos los contribuyentes. Un 68% de esos ingresos de 587 millones, aproximadamente 400 millones, procede de subvenciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Es necesario saber, además, que las empresas privadas españolas tienen a 35.000 personas que se dedican a defender sus intereses a jornada completa a través de la estructura de la CEOE. Son los silenciosos LIBERADOS PATRONALES. Comparativamente, los trabajadores cuentan con una defensa ínfima, pues la representación sindical es mucho menor: 4.200 liberados sindicales luchan por sus derechos en las compañías. Son cuentas de la propia CEOE, que implican que el bando sindical cuenta con un soldado a tiempo completo por cada ocho que pelean en el bando empresarial. Las retribuciones de los empleados de la patronal salen en parte de las cuotas empresariales, pero también de las subvenciones públicas, que son la principal fuente de ingresos de la CEOE. El sindicalismo laboral no le gusta al poder, pero sí el “sindicalismo patronal”, cueva de ladrones y corruptos, como Díaz-Ferrán o Ruíz-Mateos, especializados en vivir a costa del trabajo de otros.
Los lobys empresariales que se lo paguen las empresas con su dinero. Es de justicia solicitar ya la eliminación total de las subvenciones públicas destinadas a financiar a liberados patronales, cuyo principal trabajo consiste precisamente en minar la credibilidad de lo Público, como sistema justo, eficaz y eficiente para la defensa del bien común.
el jefe de los liberados patronales pagados con dinero público
Las patronales de este país, agrupadas en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reciben muchíisimo dinero público que emplean básicamente para atacar a todo lo público. 35000 liberados patronales y 400 millones de euros de dinero público, esos fueron los números. Es básicamente el mismo juego que se le imputaba a Herri Batasuna, cuando sus representantes políticos recibían dinero del Estado para minar al estado español. Toda la CEOE, incluidas las confederaciones territoriales y sectoriales (tipos de agrupaciones en que está dividida la patronal), mueve al año 587 millones de euros. Ese fue su presupuesto de ingresos y de gastos para el año 2010, de acuerdo con los datos de la memoria anual de la propia institución. Gran parte procede del dinero público. La cifra marea si se tiene en cuenta que es más del doble del presupuesto con el que cuentan el Congreso de los Diputados y el Senado juntos (231 millones) y casi la mitad del gasto en ayudas que pudo hacer Vivienda en 2011. Su poder no sería tanto si no pudieran sufragar parte de sus gastos gracias al dinero de todos los contribuyentes. Un 68% de esos ingresos de 587 millones, aproximadamente 400 millones, procede de subvenciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Es necesario saber, además, que las empresas privadas españolas tienen a 35.000 personas que se dedican a defender sus intereses a jornada completa a través de la estructura de la CEOE. Son los silenciosos LIBERADOS PATRONALES. Comparativamente, los trabajadores cuentan con una defensa ínfima, pues la representación sindical es mucho menor: 4.200 liberados sindicales luchan por sus derechos en las compañías. Son cuentas de la propia CEOE, que implican que el bando sindical cuenta con un soldado a tiempo completo por cada ocho que pelean en el bando empresarial. Las retribuciones de los empleados de la patronal salen en parte de las cuotas empresariales, pero también de las subvenciones públicas, que son la principal fuente de ingresos de la CEOE. El sindicalismo laboral no le gusta al poder, pero sí el “sindicalismo patronal”, cueva de ladrones y corruptos, como Díaz-Ferrán o Ruíz-Mateos, especializados en vivir a costa del trabajo de otros.
Los lobys empresariales que se lo paguen las empresas con su dinero. Es de justicia solicitar ya la eliminación total de las subvenciones públicas destinadas a financiar a liberados patronales, cuyo principal trabajo consiste precisamente en minar la credibilidad de lo Público, como sistema justo, eficaz y eficiente para la defensa del bien común.
Articulo muy interesante de Agustín Moreno.
Huelga General para todos y con continuidad
Agustín Moreno
Rebelión
Las calles se llenaron de manifestantes el 19 de febrero de 2012. Gran éxito de la movilización contra la reforma laboral del gobierno del PP. Los sindicatos cifraron la asistencia en 500.000 personas en Madrid, en 450.000 en Barcelona, y varios cientos de miles más en otras cincuenta ciudades españolas. A pesar de que no ayudaban declaraciones previas a las manifestaciones como que no queremos confrontar, sino corregir (Méndez). Parece que se cumplía con creces la petición que hicieron los sindicatos recién aprobada la reforma de ver que opina la gente antes de convocar la huelga. Pero en vez de intervenir en la Puerta del Sol los secretarios generales de CCOO y UGT y comprometerse con los cientos de miles de personas con un mensaje de lucha y esperanza, se leyó por los responsables de juventud un manifiesto preelaborado como si fuera lo mismo que acudieran 5.000 o medio millón de personas. En él se decía: si el Gobierno no rectifica, continuaremos en la movilización creciente, pero faltó más claridad, contundencia y concreción.
Lo cierto es que las direcciones de los sindicatos se mostraron sorprendidas por la respuesta, afirmación que ponía de manifiesto un alejamiento de la gente y la dificultad que tienen para valorar la inquietud que había provocado la reforma laboral aprobada. Ya había encuestas (El País, 12 febrero de 2012) que decían que el 51% estaba a favor de la huelga general antes de conocerse la reforma laboral. Sólo había que ir a los centros de trabajo y a las plazas a explicarla para recabar la máxima adhesión social.
Las agresiones de la reforma
No es de extrañar la alarma social generada si se analiza la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP. Nunca ha habido una agresión tan profunda a los derechos laborales y sociales en el período democrático que estamos viviendo. Toca todos los palos. Se establece un nuevo contrato con despido totalmente libre y gratuito, es decir, sin causa y sin ninguna indemnización, durante un año y en empresas de hasta 50 trabajadores, que son el 95% del tejido empresarial español. Abarata el despido y lo descausaliza, pasando a ser la mayoría despidos objetivos con 20 días de indemnización por año de antigüedad; ello supone una reducción de hasta dos tercios de la indemnización. Se facilita hasta extremos brutales: con tres trimestres de caída de los ingresos en la empresa se pueden despedir las plantillas. Los despidos improcedentes (totalmente arbitrarios, porque le da la gana a la empresa), serán una minoría y se reduce su coste de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades. Puede haber despidos colectivos (EREs) sin autorización administrativa previa. Se hacen posibles los despidos en las empresas públicas y para el personal laboral de las administraciones públicas.
En cuanto al salario, se puede rebajar, e incumplir unilateralmente el convenio por el empresario, cuando se producen dos trimestres consecutivos de resultados negativos, además de generalizarse el descuelgue de las empresas. El objetivo es bajar en términos reales el salario de la población trabajadora de forma drástica, al no poder recurrirse a devaluaciones competitivas por nuestra pertenencia al euro.
Se lamina la negociación colectiva al liquidarse la fuerza vinculante de los convenios y cuando se desplaza el centro de gravedad a los convenios de empresa y se dejan sin poder a los convenios de sector, que son los que protegen a los trabajadores de las pymes. Y se ha recogido la vieja reivindicación patronal de acabar con la ultraactividad o aplicación de los convenios más allá de la vigencia temporal, si el empresario aguanta dos años sin sustituirlo por uno nuevo; es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidas por los trabajadores en décadas de negociación colectiva.
Otras medidas afectan a la flexibilidad a la carta para el empresario en el uso interno de la mano de obra; el endurecimiento de las sanciones por supuesto absentismo si se acumulan algunas bajas laborales por enfermedad, lo que puede hacer que un catarro mal curado lleve al despido; la discriminación de los parados de larga duración, ya que se dan incentivos a las empresas que contratan a parados que cobran prestaciones, que pasan a convertirse en ayudas fiscales la las empresas; el endurecimiento de la pérdida de la prestación de desempleo; el reforzamiento del papel de las empresas dedicadas al prestamismo laboral (ETTs); la recuperación del laudo de obligado cumplimiento de reminiscencias franquistas y claramente inconstitucional; etc.
Es una avalancha de recortes que prácticamente liquida el derecho del trabajo y su función tuitiva de equilibrar las relaciones laborales, empobrece de forma generalizada a la población española y nos retrotrae a situaciones de inseguridad de hace un siglo. No va a crear empleo y va a producir más despidos, más explotación laboral y más paro por la depresión del consumo y de la economía. El gobierno ha anunciado que no cambiará nada sustancial. Ante esta situación, la pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la huelga general? La respuesta no es fácil.
Por una parte, hay quien dice que tienen miedo al fracaso, por otra, que esperan a conocer los próximos presupuestos para intentar responder a dos agresiones con una sola huelga. Sea como fuere, lo cierto es que no pueden olvidar tres cosas: la reforma se está aplicando ya, se nota en la calle y no se pueden convocar movilizaciones a toro pasado; puede empeorar en el trámite parlamentario con el concurso interesado de otras fuerzas como CIU; si la agresión le sale gratis al PP habrá más ataques: ley de huelga, pensiones, desmantelamiento de lo público, etc. El peor fracaso es no estar a la altura de las circunstancias.
Una estrategia equivocada
Hace tiempo que las direcciones de los sindicatos vienen realizando un análisis erróneo de la situación de la crisis y de la revolución conservadora que se ha puesto en marcha. Y en consecuencia su estrategia contiene serias equivocaciones.
La crisis es muy profunda, y las perspectivas son peores, según todos los organismos. El drama es que los trabajadores ni hemos creado la crisis ni tenemos nada importante que aportar a su solución. Como nos recuerda Pedro Montes, España tiene unos pasivos brutos frente al exterior de 2,3 billones de euros y, por muchos que sean los sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, esa enorme deuda no puede pagarse. Por muchas reformas laborales, precariedad laboral, retrocesos de pensiones, recortes presupuestarios y privatizaciones que se apliquen, no se eliminan los compromisos de la deuda existente, ni la falta de solvencia, ni las dificultades para obtener liquidez en los mercados internacionales. La crisis, el golpe de estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños. Estamos mucho más cerca de Grecia de lo que algunos piensan.
Ante esta situación apostar por el diálogo social en exclusiva como se ha venido haciendo es ineficaz, y se convierte en una trampa. Ante la revolución neoliberal que se nos viene encima no vale la estrategia de limitar los daños. Ahí están los resultados: retroceso de las rentas salariales, tasas de paro de más del 20%, elevadísima precariedad en el empleo, débil estado de bienestar y privatización de los servicios públicos. Los pactos firmados no han supuesto avances en los derechos sociales, ni han impedido los retrocesos ni han cambiado un modelo productivo fracasado.
El sindicato no se salva evitando la confrontación, más bien al contrario: si no se moviliza contra las políticas neoliberales se produce una deslegitimación por no cumplir el rol al que está obligado. Esto sumado al desprestigio que persigue la derecha en campañas sostenidas contra el sindicalismo de clase, hace que entre méritos propios y ajenos la situación no sea muy boyante y obliga a redescubrir a los trabajadores la utilidad del sindicato. Tan importante como la que tienen los paraguas en caso de lluvia.
Recuperar el respeto
No es una tarea sencilla, pero es posible y absolutamente necesario, recuperar la relación con los trabajadores. Y algo básico: el respeto y la confianza hacia los sindicatos. Éstos serán vistos como algo de fiar en la medida en que hablen claro, sean firmes, escuchen a la gente, fomenten la participación y el protagonismo de sus bases y de los trabajadores.
Para ello, un paso muy importante sería que fueran capaces de realizar una autocrítica pública de tres graves errores recientes: la mala gestión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuyo impulso se congeló durante tres meses sin convocar ninguna movilización posterior; la firma del funesto acuerdo de pensiones de enero de 2011; y el reciente acuerdo con la patronal para reducir los salarios, que hace imposible la recuperación del poder adquisitivo con referencias como el precio de barril de Brent. Para recuperar credibilidad hay que reconocer las equivocaciones.
Otra práctica a recuperar es ir a los centros de trabajo, estar con la gente, dialogar con ella, fomentar su participación, oírles y contar con sus opiniones sin ninguna actitud propia del despotismo ilustrado. Consultarles tanto para los acuerdos como para las movilizaciones. Para que los trabajadores les consideren como lo que en teoría son: algo suyo y no ajeno a sus intereses y anhelos.
Por último, tienen que ponerse serios de una vez con el gobierno y con la patronal. Una cuestión gravísima de la reforma laboral, desde el punto de vista formal, es que los sindicatos no sabían nada de ella. Acababan de firmar un durísimo acuerdo para los salarios, sin lograr impedir con ello que el gobierno legislase sobre el mercado de trabajo. Y ni siquiera se les informó previamente de su contenido, únicamente por los medios de comunicación y desde Bruselas se enteraron de que iba a ser muy agresiva. Lo nunca visto. Algo que se merecía una respuesta institucional muy dura, como suspender relaciones mientras no se trate con respeto a las organizaciones sindicales.
La confrontación sostenida
Ante la ofensiva neoliberal es necesaria una potente movilización social. Con mucha calle, con la huelga general y más. No se puede volver a repetir la historia de la huelga del 29-S, muy respetable en su seguimiento pero sin ninguna continuidad con movilizaciones posteriores serias. Y que incluso algunos intentasen vender el negativo pacto que elevó la edad de jubilación a los 67 años como un fruto de aquella lucha.
También se precisa un poco de humildad: nadie tiene la fuerza suficiente para hacer frente en solitario a este ataque con posibilidades de detenerlo. Y en un país camino de los seis millones de parados y con millones de precarios la movilización debe de ser además de laboral, también social y ciudadana. Impulsando los acuerdos unitarios con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos. Con todos los sindicatos, el movimiento del 15-M, asociaciones de vecinos, culturales, AMPAS, fuerzas políticas, etc. sin descartar a nadie, pero dejando claros los objetivos y las reglas del juego. Por ejemplo, exigiendo al PSOE un compromiso solemne de derogación de la reforma laboral si volviera al poder, para acabar (o desenmascarar) ese turnismo a lo Cánovas y Sagasta que practica con el PP en materia de política económica.
Dudo que si se hacen las cosas bien el PP resista una legislatura, con su política anti social, la recesión económica y la nula creación de empleo y sus incumplimientos electorales antes de llevar cien días en el gobierno (subida de impuestos, recorte del despido…). No hay que olvidar que la mayoría absoluta del PP es engañosa: apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude. Por ello, en absoluto se puede afirmar que el PP tiene amortizada la huelga general y las movilizaciones. Y mucho menos si estas son masivas, pacíficas y decididas. Hay que llamar la atención sobre el riesgo de que el gobierno utilice la fuerza pública para reprimir salvajemente, como en Valencia, con el objetivo de radicalizar las movilizaciones para que se rompa la unidad y se debiliten.
Una huelga general en la que no falte la marea verde
Por último, la huelga debe de ser convocada cuando toca, por la derogación de la reforma laboral, en defensa de los servicios públicos y contra los recortes sociales y en un día que pueda ser secundada por la mayoría de la población trabajadora. Es una cuestión de principios convocarla y de dar continuidad a la movilización. Hay más razones que nunca y condiciones para ello: la calle está que arde, el 19-F, Valencia y el movimiento estudiantil, sectores públicos movilizados, una industria en desmantelamiento, y un gran malestar social.
Parece que se quiere convocar el 29 de marzo. De ser así no permitiría participar a la conocida como “marea verde”, al ser un día no realmente lectivo, en el que se no se dan clases y solo se entregan las notas y acuden los alumnos media hora a los centros de secundaria. Las huelgas hay que hacerlas cuando hay gente en los centros y sería un error y una torpeza dejar fuera, en la práctica, al profesorado. En comunidades como Madrid ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga y más cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones. También ha habido importantes movilizaciones en la educación pública de otras comunidades autónomas. No ha habido un sector que se haya movilizado con tanta fuerza en los últimos años y no se le puede ignorar.
A ver si para que nadie nos marque la fecha de la huelga general, se va a ir a poner en uno de los peores días posibles para asegurar la participación de la mayoría de los trabajadores y, en concreto, de sectores como la enseñanza pública que está en pie de lucha. La agenda de la huelga la impone la necesidad, la urgencia de la respuesta, la opinión de los trabajadores y la unidad de las fuerzas convocantes. Desde que entró en vigor la reforma laboral, el 11 de febrero, hasta el 29 de marzo hay muchos días posibles para acabar convocando en uno de los peores desde el punto de vista de garantizar la participación de todos. Si la razón es coincidir con las huelgas anunciadas en Euskadi y Galicia, algo que me parece bien, CCOO y UGT deberían negociar con ELA-STV, LAB y CIGA la fijación de una fecha en la que coincida todo el estado español y todo el mundo pueda hacerla. Y en cualquier caso, por ejemplo, ¿por qué no se convoca el 28 de marzo?
Además, la enseñanza pública no puede faltar a la cita de la huelga general porque todas las agresiones tienen coherencia: el modelo educativo, el tipo de mercado de trabajo y el modelo de sociedad que están configurando. Y que no es otra cosa que excelencia para cuatro, el resto trabajadores precarios y mal pagados y grandes desigualdades sociales. Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.
Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. Pensábamos que la beligerancia hacia la escuela pública era por razones económicas o ideológicas: para introducir el ánimo de lucro y para que las tarimas fueran púlpitos. Pero, en su lógica, a los cabezas de huevo neoliberales, no les interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país, animándoles desde programas televisivos que presentan la emigración como si fuera una fiesta. Con una campaña descarada para expulsar del país a la generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia, que no tiene un lugar entre nosotros por la irresponsable política económica aplicada.
La educación pública quiere seguir con su movilización y coincidir también con otros sectores públicos y con el conjunto de trabajadores. La lucha por la educación pública es de todos y la lucha de los demás es también la nuestra. Porque si nos llevan a un modelo laboral y social tercermundista no hay espacio para un escuela de calidad de tod@s y para tod@s. Y si esa escuela pública desaparece no tendremos ni una sociedad justa, ni una democracia de calidad, ni unos ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con su con tiempo y con su pueblo. La marea verde no puede faltar en la Huelga General.
Agustín Moreno. Profesor de secundaria de Vallecas
Agustín Moreno
Rebelión
Las calles se llenaron de manifestantes el 19 de febrero de 2012. Gran éxito de la movilización contra la reforma laboral del gobierno del PP. Los sindicatos cifraron la asistencia en 500.000 personas en Madrid, en 450.000 en Barcelona, y varios cientos de miles más en otras cincuenta ciudades españolas. A pesar de que no ayudaban declaraciones previas a las manifestaciones como que no queremos confrontar, sino corregir (Méndez). Parece que se cumplía con creces la petición que hicieron los sindicatos recién aprobada la reforma de ver que opina la gente antes de convocar la huelga. Pero en vez de intervenir en la Puerta del Sol los secretarios generales de CCOO y UGT y comprometerse con los cientos de miles de personas con un mensaje de lucha y esperanza, se leyó por los responsables de juventud un manifiesto preelaborado como si fuera lo mismo que acudieran 5.000 o medio millón de personas. En él se decía: si el Gobierno no rectifica, continuaremos en la movilización creciente, pero faltó más claridad, contundencia y concreción.
Lo cierto es que las direcciones de los sindicatos se mostraron sorprendidas por la respuesta, afirmación que ponía de manifiesto un alejamiento de la gente y la dificultad que tienen para valorar la inquietud que había provocado la reforma laboral aprobada. Ya había encuestas (El País, 12 febrero de 2012) que decían que el 51% estaba a favor de la huelga general antes de conocerse la reforma laboral. Sólo había que ir a los centros de trabajo y a las plazas a explicarla para recabar la máxima adhesión social.
Las agresiones de la reforma
No es de extrañar la alarma social generada si se analiza la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP. Nunca ha habido una agresión tan profunda a los derechos laborales y sociales en el período democrático que estamos viviendo. Toca todos los palos. Se establece un nuevo contrato con despido totalmente libre y gratuito, es decir, sin causa y sin ninguna indemnización, durante un año y en empresas de hasta 50 trabajadores, que son el 95% del tejido empresarial español. Abarata el despido y lo descausaliza, pasando a ser la mayoría despidos objetivos con 20 días de indemnización por año de antigüedad; ello supone una reducción de hasta dos tercios de la indemnización. Se facilita hasta extremos brutales: con tres trimestres de caída de los ingresos en la empresa se pueden despedir las plantillas. Los despidos improcedentes (totalmente arbitrarios, porque le da la gana a la empresa), serán una minoría y se reduce su coste de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades. Puede haber despidos colectivos (EREs) sin autorización administrativa previa. Se hacen posibles los despidos en las empresas públicas y para el personal laboral de las administraciones públicas.
En cuanto al salario, se puede rebajar, e incumplir unilateralmente el convenio por el empresario, cuando se producen dos trimestres consecutivos de resultados negativos, además de generalizarse el descuelgue de las empresas. El objetivo es bajar en términos reales el salario de la población trabajadora de forma drástica, al no poder recurrirse a devaluaciones competitivas por nuestra pertenencia al euro.
Se lamina la negociación colectiva al liquidarse la fuerza vinculante de los convenios y cuando se desplaza el centro de gravedad a los convenios de empresa y se dejan sin poder a los convenios de sector, que son los que protegen a los trabajadores de las pymes. Y se ha recogido la vieja reivindicación patronal de acabar con la ultraactividad o aplicación de los convenios más allá de la vigencia temporal, si el empresario aguanta dos años sin sustituirlo por uno nuevo; es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidas por los trabajadores en décadas de negociación colectiva.
Otras medidas afectan a la flexibilidad a la carta para el empresario en el uso interno de la mano de obra; el endurecimiento de las sanciones por supuesto absentismo si se acumulan algunas bajas laborales por enfermedad, lo que puede hacer que un catarro mal curado lleve al despido; la discriminación de los parados de larga duración, ya que se dan incentivos a las empresas que contratan a parados que cobran prestaciones, que pasan a convertirse en ayudas fiscales la las empresas; el endurecimiento de la pérdida de la prestación de desempleo; el reforzamiento del papel de las empresas dedicadas al prestamismo laboral (ETTs); la recuperación del laudo de obligado cumplimiento de reminiscencias franquistas y claramente inconstitucional; etc.
Es una avalancha de recortes que prácticamente liquida el derecho del trabajo y su función tuitiva de equilibrar las relaciones laborales, empobrece de forma generalizada a la población española y nos retrotrae a situaciones de inseguridad de hace un siglo. No va a crear empleo y va a producir más despidos, más explotación laboral y más paro por la depresión del consumo y de la economía. El gobierno ha anunciado que no cambiará nada sustancial. Ante esta situación, la pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la huelga general? La respuesta no es fácil.
Por una parte, hay quien dice que tienen miedo al fracaso, por otra, que esperan a conocer los próximos presupuestos para intentar responder a dos agresiones con una sola huelga. Sea como fuere, lo cierto es que no pueden olvidar tres cosas: la reforma se está aplicando ya, se nota en la calle y no se pueden convocar movilizaciones a toro pasado; puede empeorar en el trámite parlamentario con el concurso interesado de otras fuerzas como CIU; si la agresión le sale gratis al PP habrá más ataques: ley de huelga, pensiones, desmantelamiento de lo público, etc. El peor fracaso es no estar a la altura de las circunstancias.
Una estrategia equivocada
Hace tiempo que las direcciones de los sindicatos vienen realizando un análisis erróneo de la situación de la crisis y de la revolución conservadora que se ha puesto en marcha. Y en consecuencia su estrategia contiene serias equivocaciones.
La crisis es muy profunda, y las perspectivas son peores, según todos los organismos. El drama es que los trabajadores ni hemos creado la crisis ni tenemos nada importante que aportar a su solución. Como nos recuerda Pedro Montes, España tiene unos pasivos brutos frente al exterior de 2,3 billones de euros y, por muchos que sean los sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, esa enorme deuda no puede pagarse. Por muchas reformas laborales, precariedad laboral, retrocesos de pensiones, recortes presupuestarios y privatizaciones que se apliquen, no se eliminan los compromisos de la deuda existente, ni la falta de solvencia, ni las dificultades para obtener liquidez en los mercados internacionales. La crisis, el golpe de estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños. Estamos mucho más cerca de Grecia de lo que algunos piensan.
Ante esta situación apostar por el diálogo social en exclusiva como se ha venido haciendo es ineficaz, y se convierte en una trampa. Ante la revolución neoliberal que se nos viene encima no vale la estrategia de limitar los daños. Ahí están los resultados: retroceso de las rentas salariales, tasas de paro de más del 20%, elevadísima precariedad en el empleo, débil estado de bienestar y privatización de los servicios públicos. Los pactos firmados no han supuesto avances en los derechos sociales, ni han impedido los retrocesos ni han cambiado un modelo productivo fracasado.
El sindicato no se salva evitando la confrontación, más bien al contrario: si no se moviliza contra las políticas neoliberales se produce una deslegitimación por no cumplir el rol al que está obligado. Esto sumado al desprestigio que persigue la derecha en campañas sostenidas contra el sindicalismo de clase, hace que entre méritos propios y ajenos la situación no sea muy boyante y obliga a redescubrir a los trabajadores la utilidad del sindicato. Tan importante como la que tienen los paraguas en caso de lluvia.
Recuperar el respeto
No es una tarea sencilla, pero es posible y absolutamente necesario, recuperar la relación con los trabajadores. Y algo básico: el respeto y la confianza hacia los sindicatos. Éstos serán vistos como algo de fiar en la medida en que hablen claro, sean firmes, escuchen a la gente, fomenten la participación y el protagonismo de sus bases y de los trabajadores.
Para ello, un paso muy importante sería que fueran capaces de realizar una autocrítica pública de tres graves errores recientes: la mala gestión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuyo impulso se congeló durante tres meses sin convocar ninguna movilización posterior; la firma del funesto acuerdo de pensiones de enero de 2011; y el reciente acuerdo con la patronal para reducir los salarios, que hace imposible la recuperación del poder adquisitivo con referencias como el precio de barril de Brent. Para recuperar credibilidad hay que reconocer las equivocaciones.
Otra práctica a recuperar es ir a los centros de trabajo, estar con la gente, dialogar con ella, fomentar su participación, oírles y contar con sus opiniones sin ninguna actitud propia del despotismo ilustrado. Consultarles tanto para los acuerdos como para las movilizaciones. Para que los trabajadores les consideren como lo que en teoría son: algo suyo y no ajeno a sus intereses y anhelos.
Por último, tienen que ponerse serios de una vez con el gobierno y con la patronal. Una cuestión gravísima de la reforma laboral, desde el punto de vista formal, es que los sindicatos no sabían nada de ella. Acababan de firmar un durísimo acuerdo para los salarios, sin lograr impedir con ello que el gobierno legislase sobre el mercado de trabajo. Y ni siquiera se les informó previamente de su contenido, únicamente por los medios de comunicación y desde Bruselas se enteraron de que iba a ser muy agresiva. Lo nunca visto. Algo que se merecía una respuesta institucional muy dura, como suspender relaciones mientras no se trate con respeto a las organizaciones sindicales.
La confrontación sostenida
Ante la ofensiva neoliberal es necesaria una potente movilización social. Con mucha calle, con la huelga general y más. No se puede volver a repetir la historia de la huelga del 29-S, muy respetable en su seguimiento pero sin ninguna continuidad con movilizaciones posteriores serias. Y que incluso algunos intentasen vender el negativo pacto que elevó la edad de jubilación a los 67 años como un fruto de aquella lucha.
También se precisa un poco de humildad: nadie tiene la fuerza suficiente para hacer frente en solitario a este ataque con posibilidades de detenerlo. Y en un país camino de los seis millones de parados y con millones de precarios la movilización debe de ser además de laboral, también social y ciudadana. Impulsando los acuerdos unitarios con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos. Con todos los sindicatos, el movimiento del 15-M, asociaciones de vecinos, culturales, AMPAS, fuerzas políticas, etc. sin descartar a nadie, pero dejando claros los objetivos y las reglas del juego. Por ejemplo, exigiendo al PSOE un compromiso solemne de derogación de la reforma laboral si volviera al poder, para acabar (o desenmascarar) ese turnismo a lo Cánovas y Sagasta que practica con el PP en materia de política económica.
Dudo que si se hacen las cosas bien el PP resista una legislatura, con su política anti social, la recesión económica y la nula creación de empleo y sus incumplimientos electorales antes de llevar cien días en el gobierno (subida de impuestos, recorte del despido…). No hay que olvidar que la mayoría absoluta del PP es engañosa: apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude. Por ello, en absoluto se puede afirmar que el PP tiene amortizada la huelga general y las movilizaciones. Y mucho menos si estas son masivas, pacíficas y decididas. Hay que llamar la atención sobre el riesgo de que el gobierno utilice la fuerza pública para reprimir salvajemente, como en Valencia, con el objetivo de radicalizar las movilizaciones para que se rompa la unidad y se debiliten.
Una huelga general en la que no falte la marea verde
Por último, la huelga debe de ser convocada cuando toca, por la derogación de la reforma laboral, en defensa de los servicios públicos y contra los recortes sociales y en un día que pueda ser secundada por la mayoría de la población trabajadora. Es una cuestión de principios convocarla y de dar continuidad a la movilización. Hay más razones que nunca y condiciones para ello: la calle está que arde, el 19-F, Valencia y el movimiento estudiantil, sectores públicos movilizados, una industria en desmantelamiento, y un gran malestar social.
Parece que se quiere convocar el 29 de marzo. De ser así no permitiría participar a la conocida como “marea verde”, al ser un día no realmente lectivo, en el que se no se dan clases y solo se entregan las notas y acuden los alumnos media hora a los centros de secundaria. Las huelgas hay que hacerlas cuando hay gente en los centros y sería un error y una torpeza dejar fuera, en la práctica, al profesorado. En comunidades como Madrid ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga y más cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones. También ha habido importantes movilizaciones en la educación pública de otras comunidades autónomas. No ha habido un sector que se haya movilizado con tanta fuerza en los últimos años y no se le puede ignorar.
A ver si para que nadie nos marque la fecha de la huelga general, se va a ir a poner en uno de los peores días posibles para asegurar la participación de la mayoría de los trabajadores y, en concreto, de sectores como la enseñanza pública que está en pie de lucha. La agenda de la huelga la impone la necesidad, la urgencia de la respuesta, la opinión de los trabajadores y la unidad de las fuerzas convocantes. Desde que entró en vigor la reforma laboral, el 11 de febrero, hasta el 29 de marzo hay muchos días posibles para acabar convocando en uno de los peores desde el punto de vista de garantizar la participación de todos. Si la razón es coincidir con las huelgas anunciadas en Euskadi y Galicia, algo que me parece bien, CCOO y UGT deberían negociar con ELA-STV, LAB y CIGA la fijación de una fecha en la que coincida todo el estado español y todo el mundo pueda hacerla. Y en cualquier caso, por ejemplo, ¿por qué no se convoca el 28 de marzo?
Además, la enseñanza pública no puede faltar a la cita de la huelga general porque todas las agresiones tienen coherencia: el modelo educativo, el tipo de mercado de trabajo y el modelo de sociedad que están configurando. Y que no es otra cosa que excelencia para cuatro, el resto trabajadores precarios y mal pagados y grandes desigualdades sociales. Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.
Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. Pensábamos que la beligerancia hacia la escuela pública era por razones económicas o ideológicas: para introducir el ánimo de lucro y para que las tarimas fueran púlpitos. Pero, en su lógica, a los cabezas de huevo neoliberales, no les interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país, animándoles desde programas televisivos que presentan la emigración como si fuera una fiesta. Con una campaña descarada para expulsar del país a la generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia, que no tiene un lugar entre nosotros por la irresponsable política económica aplicada.
La educación pública quiere seguir con su movilización y coincidir también con otros sectores públicos y con el conjunto de trabajadores. La lucha por la educación pública es de todos y la lucha de los demás es también la nuestra. Porque si nos llevan a un modelo laboral y social tercermundista no hay espacio para un escuela de calidad de tod@s y para tod@s. Y si esa escuela pública desaparece no tendremos ni una sociedad justa, ni una democracia de calidad, ni unos ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con su con tiempo y con su pueblo. La marea verde no puede faltar en la Huelga General.
Agustín Moreno. Profesor de secundaria de Vallecas