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Por Ángel Rodríguez Álvarez
Entre las numerosas variantes terroristas empleadas contra Cuba a partir del triunfo de la Revolución en enero de 1959, el bandidismo compite en crueldad y costo humano con las restantes. En abril de 1960, apenas 15 meses después de la toma del poder por las fuerzas populares, la Administración republicana del presidente Eisenhower dio luz verde a la idea de promover alzamientos armados contrarrevolucionarios en zonas montañosas del país.
El plan perseguía dos grandes objetivos bien definidos:
detener mediante el terror el creciente respaldo a la Revolución entre la población campesina y contar con una fuerza armada en el interior de la Isla, capaz de brindar apoyo a la ya proyectada agresión militar de Washington. La región seleccionada para iniciar la operación fue la zona montañosa del Escambray, en el centro-sur de la nación, que gradualmente se fue extendiendo al resto de la geografía antillana, hasta llegar a contar con 299 grupos con tres mil 995 mercenarios.
Estas bandas, organizadas por la CIA, eran dirigidas y avitualladas directamente por el gobierno de Estados Unidos, con armamentos, municiones, explosivos, equipos de comunicación y logística en general, para lo cual empleó todas las vías, hasta el canal diplomático de su embajada en la capital. El volumen del equipamiento alcanzó proporciones enormes como expresión de la prioridad brindada a estos planes. En un informe del Inspector General de la CIA se reconoce el apoyo ofrecido a las bandas.
Un ejemplo de ello fue la llamada Operación Silencio, consistente en 12 incursiones aéreas realizadas entre septiembre de 1960 y marzo del año siguiente.
El autor del documento refiere: “ En total, alrededor de 151 mil libras de armas, municiones y equipos se enviaron por aire.” Es decir, un total de 70 toneladas de equipos bélicos enviados solo por esa vía en tan breve período.
Integradas por algunos campesinos y obreros agrícolas analfabetos, delincuentes y antiguos miembros de los cuerpos armados de la derrotada tiranía, las bandas no demoraron en dar señales de existencia y presentaron sus “cartas credenciales”.
El 5 de enero de 1961 fueron asesinados el maestro voluntario Conrado Benítez y el campesino Eliodoro Rodríguez, horrendo crimen que conmovió profundamente a la opinión pública. Igualmente conmovedores resultaron los ahorcamientos del joven alfabetizador Manuel Ascunce Domenech y el campesino Pedro Lantigua, y de los hermanitos Yolanda y Fermín Rodríguez, de 11 y 13 años, respectivamente, los cuales resultaron baleados el 24 de enero de 1963, en la finca Candelaria, en Bolondrón, provincia de Matanzas.
Interminable constituye la relación de acciones similares emprendidas contra familias completas y pequeños poblados, no pocos de los cuales eran totalmente arrasados por el fuego.
Hasta 1965, momento en que las bandas fueron aniquiladas, el país pagó un precio elevadísimo en vidas humanas, sufrimientos y recursos materiales.
En esa lucha, entre combatientes de las tropas regulares, las milicias obreras y campesinas y pobladores civiles de las zonas afectadas, las bajas que han podido ser acreditadas hasta la fecha suman 549 muertos y varios miles de heridos, entre ellos 200 personas con lesiones invalidantes.
El costo contabilizado en valores se calcula en más de mil millones de pesos, teniendo en cuenta los gastos ocasionados por las operaciones militares y los bienes materiales destruidos por los indiscriminados sabotajes a la economía.
Han pasado cuatro décadas desde la captura del último bandido, pero las secuelas de tan abominable plan terrorista no podrán ser borradas jamás de la memoria histórica de los cubanos.