LA OEA, FIEL ALIADA DEL IMPERIO
Por Ángel Rodríguez Álvarez
Entre los numerosos recursos diplomáticos empleados por 10 administraciones norteamericanas contra la Revolución Cubana durante más de cuatro décadas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ocupado un lugar prominente.
La primera agresión en gran escala proveniente del referido organismo regional se produjo en la Conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social, efectuada en agosto de 1961, en Punta del Este, Uruguay.
Fracasada la invasión mercenaria por Playa Girón, en abril de ese año, Estados Unidos aceleró la reunión con el propósito de presentar la llamada Alianza para el Progreso, plan de ayuda exterior condicionada a la aplicación de medidas internas en cada país, cuyos claros objetivos eran presentar una alternativa de desarrollo frente al ejemplo de Cuba.
El siguiente paso de la OEA en su escalada política contra la mayor de las Antillas se llevó a cabo en la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada del 22 al 31 de enero de 1962.
En esa oportunidad aprobaron por mayoría la Resolución VI, mediante la cual llegaron al insólito de prohibir un régimen social y su filosofía en el continente.
“El actual gobierno de Cuba –señala el acuerdo- que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano”.
La nación caribeña fue suspendida de la organización por una mayoría amañada de votos, entre ellos los de sanguinarios dictadores, perfectamente compatibles con la OEA, como Alfredo Stroessner, de Paraguay; Miguel Idígoras, de Guatemala;
Anastasio Somoza, de Nicaragua y Francois Duvalier, de Haití. Ante la bancarrota de las medidas anticubanas, el Ministerio de Colonias yanqui, como certeramente lo bautizó el Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, volvió sobre sus esfuerzos contrarrevolucionarios.
Esta vez la idea ordenada por Washington era allanar el camino para la eliminación consensuada del gobierno socialista instalado en la Isla.
Así, en la Novena Conferencia de Consulta celebrada en Washington, del 21 al 25 de julio de 1964, el imperio logró imponer a los Estados miembros la “interrupción de todo intercambio directo o indirecto con Cuba.”
De ese modo, al aislamiento diplomático se sumaba este nuevo esfuerzo para internacionalizar el bloqueo económico decretado antes, llevando a su mínima expresión las relaciones mercantiles de la ínsula con su área geográfica natural.
Únicamente se abstuvieron de apoyar tal política Canadá y México, este último entonces con un gobierno que mantuvo su tradicional doctrina de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados.
En vigorosa respuesta, el pueblo cubano aprobó el 26 de julio, en multitudinario acto por el onceno aniversario del ataque al Moncada, la Declaración de Santiago de Cuba, en la cual se puntualizó que la OEA carecía por completo de moral y de derecho para juzgar y sancionar a la Antilla Mayor.
Más de 40 años después de tal medida la OEA, a pesar de sus reiterados fracasos, se mantiene entre el arsenal de recursos a emplear por la Casa Blanca contra Cuba.
Lo demuestra la intervención el pasado 2004 del secretario de Estado estadounidense Colin Powell, quien fuera de la agenda de la 33 Conferencia pronunció un discurso abiertamente injerencista contra la Isla.
En esa ocasión señaló enfático que se propone trabajar con la agrupación para “apurar una transición democrática en Cuba”, y “defender sus libertades fundamentales”.
Semejante afirmación, solo puede ser un chiste de mal gusto, sobre todo cuando se conoce esta historia, que es solo un eslabón más de la larga cadena de servicios brindados en la implementación de la política imperial contra América Latina en sus 57 años de existencia.
Se comprende la ingeniosa humorada de Powell, al igual que la propuesta injerencista de Condolezza Rice, este año, intentando oficializar la institución como instrumento de control de la democracia.
Como se aprecia, no son pocos los “méritos“ acumulados por la Organización, desde la época del golpe de estado del coronel Castillo Armas contra el gobierno legítimo de Jacobo Arbenz, en la Guatemala de 1954. Por ello, a pesar de todo, el imperio insiste.
Entre los numerosos recursos diplomáticos empleados por 10 administraciones norteamericanas contra la Revolución Cubana durante más de cuatro décadas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ocupado un lugar prominente.
La primera agresión en gran escala proveniente del referido organismo regional se produjo en la Conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social, efectuada en agosto de 1961, en Punta del Este, Uruguay.
Fracasada la invasión mercenaria por Playa Girón, en abril de ese año, Estados Unidos aceleró la reunión con el propósito de presentar la llamada Alianza para el Progreso, plan de ayuda exterior condicionada a la aplicación de medidas internas en cada país, cuyos claros objetivos eran presentar una alternativa de desarrollo frente al ejemplo de Cuba.
El siguiente paso de la OEA en su escalada política contra la mayor de las Antillas se llevó a cabo en la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada del 22 al 31 de enero de 1962.
En esa oportunidad aprobaron por mayoría la Resolución VI, mediante la cual llegaron al insólito de prohibir un régimen social y su filosofía en el continente.
“El actual gobierno de Cuba –señala el acuerdo- que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano”.
La nación caribeña fue suspendida de la organización por una mayoría amañada de votos, entre ellos los de sanguinarios dictadores, perfectamente compatibles con la OEA, como Alfredo Stroessner, de Paraguay; Miguel Idígoras, de Guatemala;
Anastasio Somoza, de Nicaragua y Francois Duvalier, de Haití. Ante la bancarrota de las medidas anticubanas, el Ministerio de Colonias yanqui, como certeramente lo bautizó el Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, volvió sobre sus esfuerzos contrarrevolucionarios.
Esta vez la idea ordenada por Washington era allanar el camino para la eliminación consensuada del gobierno socialista instalado en la Isla.
Así, en la Novena Conferencia de Consulta celebrada en Washington, del 21 al 25 de julio de 1964, el imperio logró imponer a los Estados miembros la “interrupción de todo intercambio directo o indirecto con Cuba.”
De ese modo, al aislamiento diplomático se sumaba este nuevo esfuerzo para internacionalizar el bloqueo económico decretado antes, llevando a su mínima expresión las relaciones mercantiles de la ínsula con su área geográfica natural.
Únicamente se abstuvieron de apoyar tal política Canadá y México, este último entonces con un gobierno que mantuvo su tradicional doctrina de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados.
En vigorosa respuesta, el pueblo cubano aprobó el 26 de julio, en multitudinario acto por el onceno aniversario del ataque al Moncada, la Declaración de Santiago de Cuba, en la cual se puntualizó que la OEA carecía por completo de moral y de derecho para juzgar y sancionar a la Antilla Mayor.
Más de 40 años después de tal medida la OEA, a pesar de sus reiterados fracasos, se mantiene entre el arsenal de recursos a emplear por la Casa Blanca contra Cuba.
Lo demuestra la intervención el pasado 2004 del secretario de Estado estadounidense Colin Powell, quien fuera de la agenda de la 33 Conferencia pronunció un discurso abiertamente injerencista contra la Isla.
En esa ocasión señaló enfático que se propone trabajar con la agrupación para “apurar una transición democrática en Cuba”, y “defender sus libertades fundamentales”.
Semejante afirmación, solo puede ser un chiste de mal gusto, sobre todo cuando se conoce esta historia, que es solo un eslabón más de la larga cadena de servicios brindados en la implementación de la política imperial contra América Latina en sus 57 años de existencia.
Se comprende la ingeniosa humorada de Powell, al igual que la propuesta injerencista de Condolezza Rice, este año, intentando oficializar la institución como instrumento de control de la democracia.
Como se aprecia, no son pocos los “méritos“ acumulados por la Organización, desde la época del golpe de estado del coronel Castillo Armas contra el gobierno legítimo de Jacobo Arbenz, en la Guatemala de 1954. Por ello, a pesar de todo, el imperio insiste.