¿Hacia donde vamos ?
Editorial de la Nueva España de este domingo. Asturias puede enfrentarse a un panorama complicado .
"Reformar el sistema de financiación autonómica equivale a reordenar un puzle complejo en el que han de encajar intereses parciales y generales. Pretender que el desenlace de las actuales negociaciones atenderá exclusivamente a razones técnicas y será ajeno a la influencia política de las regiones más poderosas es propio de ilusos.
En esta situación, al Gobierno asturiano no le cabe otra actitud que una firmeza radical. Ambigua e inconcreta -con esos términos la ha descalificado el consejero asturiano Jaime Rabanal-, la oferta de Solbes descansa sobre dos pilares. Uno, el aumento de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades -con la cesión del 50 por ciento del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales- y otro, la consideración de la población como variable fundamental para decidir la cantidad de dinero que recibirá cada comunidad.
Esos criterios favorecen a las comunidades de mayor pujanza. Son esas regiones, que acumulan un notable desarrollo demográfico, las que más beneficios obtendrán de un incremento de la cesión de sus impuestos por parte del Estado. Por el contrario, Asturias no sólo está en el furgón de cola del crecimiento económico, sino que pierde población. Una cosa es consecuencia de la otra.
No es extraño, por tanto, que el Ejecutivo regional -que en este asunto, al menos hasta ahora, no ha reaccionado con la mansedumbre habitual- se oponga al plan de Solbes. Llegado el caso, el Gobierno asturiano debe plantearse no asumir una reforma que lo perjudique. Hay precedentes: Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha se negaron a hacerlo cuando el Ejecutivo de Aznar revisó el anterior modelo.
Después de la pendiente en la que nos hemos metido para sacar tajada ya no sorprende que cada Gobierno ize una bandera de conveniencia, como si todos los criterios tuvieran igual solvencia. Unos argumentan con el crecimiento demográfico. Otros, con la insularidad. Otros, con la densidad de población o con la extensión territorial. Otros, como el Ejecutivo del Principado, con la dispersión demográfica, la orografía y el envejecimiento.
¿Cuál debe pesar más? La pregunta tiene respuesta. Hay métodos para evaluar, con una contabilidad analítica adecuada, los factores que determinan el coste de los servicios fundamentales, como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Un estudio elaborado por el economista asturiano Ángel de la Fuente y María Gundín titulado «Sobre el reparto de la financiación sanitaria», desvelado el miércoles por LA NUEVA ESPAÑA, es esclarecedor.
La atención sanitaria absorbe entre el 30 y el 40 por ciento del gasto de las comunidades autónomas. Ha de ser, en consecuencia, un capítulo fundamental a la hora de diseñar su financiación. En 2005, según el informe, el gasto sanitario en Asturias ascendió a 1.205 euros per cápita, y sería el cuarto más alto de España. Pero si se aplica la corrección por envejecimiento demográfico -el gasto sanitario de una persona con más de 75 años multiplica varias veces el de un joven- la cantidad se reduce a 1.074 euros. El gasto de Asturias descendería así hasta el duodécimo puesto. Ya que el Principado es una de las regiones con mayor porcentaje de personas con más de 65 años, es coherente que el Gobierno regional exija tener en cuenta a la población envejecida, y no sólo el número de habitantes, lo que, lógicamente, encarece la cobertura de los servicios básicos. Otro tanto puede decirse del impacto que tendrá la aplicación de la ley de Dependencia, que multiplicará los gastos sociales. Si Montilla está dispuesto a crear problemas a Zapatero, el Presidente ha de afrontarlos, sin pretender que Asturias y otras regiones ayuden a pagar las consecuencias de la pérdida de cordura que padecemos desde hace algún tiempo. Porque de la España plural que tanto le gusta al jefe del Gobierno forman parte todos los españoles, incluidos los que, por diferentes motivos, atraviesan coyunturalmente momentos difíciles, en los que es más necesario que nunca prestarles ayuda para que salgan del bache en que se encuentran y logren situarse en condiciones de igualdad con los demás. Lo decía muy bien recientemente Enrique Gil Calvo: «Todas las comunidades deben contribuir según sus capacidades y recibir según sus necesidades, nivelando solidariamente los flujos entre ellas». ¿Tendrán que decirle Areces y Fernández a Zapatero, como Montilla el pasado fin de semana: «Quien bien te quiere te hará llorar»?
Mientras Obama entusiasma a los europeos en Berlín con la proclama de que hay que derribar los muros entre los países que más tienen y los que menos tienen, aquí hay quienes están empeñados en levantar muros donde nunca los ha habido. Lo que hay aquí es una financiación escandalosamente privilegiada del País Vasco y Navarra que es un agravio para el resto de los españoles. Ése es el muro real que nos separa hoy y del que nadie quiere hablar."
"Reformar el sistema de financiación autonómica equivale a reordenar un puzle complejo en el que han de encajar intereses parciales y generales. Pretender que el desenlace de las actuales negociaciones atenderá exclusivamente a razones técnicas y será ajeno a la influencia política de las regiones más poderosas es propio de ilusos.
En esta situación, al Gobierno asturiano no le cabe otra actitud que una firmeza radical. Ambigua e inconcreta -con esos términos la ha descalificado el consejero asturiano Jaime Rabanal-, la oferta de Solbes descansa sobre dos pilares. Uno, el aumento de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades -con la cesión del 50 por ciento del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales- y otro, la consideración de la población como variable fundamental para decidir la cantidad de dinero que recibirá cada comunidad.
Esos criterios favorecen a las comunidades de mayor pujanza. Son esas regiones, que acumulan un notable desarrollo demográfico, las que más beneficios obtendrán de un incremento de la cesión de sus impuestos por parte del Estado. Por el contrario, Asturias no sólo está en el furgón de cola del crecimiento económico, sino que pierde población. Una cosa es consecuencia de la otra.
No es extraño, por tanto, que el Ejecutivo regional -que en este asunto, al menos hasta ahora, no ha reaccionado con la mansedumbre habitual- se oponga al plan de Solbes. Llegado el caso, el Gobierno asturiano debe plantearse no asumir una reforma que lo perjudique. Hay precedentes: Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha se negaron a hacerlo cuando el Ejecutivo de Aznar revisó el anterior modelo.
Después de la pendiente en la que nos hemos metido para sacar tajada ya no sorprende que cada Gobierno ize una bandera de conveniencia, como si todos los criterios tuvieran igual solvencia. Unos argumentan con el crecimiento demográfico. Otros, con la insularidad. Otros, con la densidad de población o con la extensión territorial. Otros, como el Ejecutivo del Principado, con la dispersión demográfica, la orografía y el envejecimiento.
¿Cuál debe pesar más? La pregunta tiene respuesta. Hay métodos para evaluar, con una contabilidad analítica adecuada, los factores que determinan el coste de los servicios fundamentales, como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Un estudio elaborado por el economista asturiano Ángel de la Fuente y María Gundín titulado «Sobre el reparto de la financiación sanitaria», desvelado el miércoles por LA NUEVA ESPAÑA, es esclarecedor.
La atención sanitaria absorbe entre el 30 y el 40 por ciento del gasto de las comunidades autónomas. Ha de ser, en consecuencia, un capítulo fundamental a la hora de diseñar su financiación. En 2005, según el informe, el gasto sanitario en Asturias ascendió a 1.205 euros per cápita, y sería el cuarto más alto de España. Pero si se aplica la corrección por envejecimiento demográfico -el gasto sanitario de una persona con más de 75 años multiplica varias veces el de un joven- la cantidad se reduce a 1.074 euros. El gasto de Asturias descendería así hasta el duodécimo puesto. Ya que el Principado es una de las regiones con mayor porcentaje de personas con más de 65 años, es coherente que el Gobierno regional exija tener en cuenta a la población envejecida, y no sólo el número de habitantes, lo que, lógicamente, encarece la cobertura de los servicios básicos. Otro tanto puede decirse del impacto que tendrá la aplicación de la ley de Dependencia, que multiplicará los gastos sociales. Si Montilla está dispuesto a crear problemas a Zapatero, el Presidente ha de afrontarlos, sin pretender que Asturias y otras regiones ayuden a pagar las consecuencias de la pérdida de cordura que padecemos desde hace algún tiempo. Porque de la España plural que tanto le gusta al jefe del Gobierno forman parte todos los españoles, incluidos los que, por diferentes motivos, atraviesan coyunturalmente momentos difíciles, en los que es más necesario que nunca prestarles ayuda para que salgan del bache en que se encuentran y logren situarse en condiciones de igualdad con los demás. Lo decía muy bien recientemente Enrique Gil Calvo: «Todas las comunidades deben contribuir según sus capacidades y recibir según sus necesidades, nivelando solidariamente los flujos entre ellas». ¿Tendrán que decirle Areces y Fernández a Zapatero, como Montilla el pasado fin de semana: «Quien bien te quiere te hará llorar»?
Mientras Obama entusiasma a los europeos en Berlín con la proclama de que hay que derribar los muros entre los países que más tienen y los que menos tienen, aquí hay quienes están empeñados en levantar muros donde nunca los ha habido. Lo que hay aquí es una financiación escandalosamente privilegiada del País Vasco y Navarra que es un agravio para el resto de los españoles. Ése es el muro real que nos separa hoy y del que nadie quiere hablar."
Comentario:
nos vamos a la porra.............esto esata empezando a irse por unos derrrrrrrroterossssssssssssssss