La Unión Europea da síntomas de debilidad. No descubro nada nuevo: el desacuerdo entorno al Tratado de Maastrich, el reciente "no" de Irlanda, la búsqueda de nuevos foros donde ejercer su liderazgo por parte de Francia (su regreso a la OTAN, el impulso del Proceso de Barcelona y su intento de convertirlo en organismo independiente)... todo nos lleva a un claro diagnóstico de debilidad y falta de ganas por parte de sus estados miembros.

Sin embargo, algo debe quedar, probablemente un "algo" interesado y casi exclusivamente económico (volverá la Unión Europea a ser la sencilla Comunidad Económica Europea?). Pero algún rescoldo queda todavía que con ganas y con mimo puede revivir. Los esfuerzos de Turquía por ingresar son un ejemplo, pero si algo ha sido definitivo para que haya decidido replantearme la idea de enterrar la Unión Europea como un foro válido y útil ha sido la captura de Radovan Karadzic por parte de las autoridades serbias. A nadie se le escapa que la única razón para dar ese paso ha sido la de pagar su peaje de entrada a la Unión Europea. Buena nota debería tomar Turquía y comenzar a aceptar la revisión de cuestiones hasta ahora intocables como el problema kurdo o el genocidio armenio, aunque, muy a pesar, tengo que decir que no veo a Turquía en condiciones de afrontarlo. No al menos hasta que estado y ejército dejen de identificarse y la única oposición seria provenga desde el Islam y no desde el movimiento de derechos civiles.

Nos hemos vistos inmersos en las últimas semanas en un auténtico torbellino de movilizaciones con un denominador común: el alza de los precios (y conste que uso el plural expresamente) del petróleo y sus derivados. Transportistas y pescadores están siendo la punta de lanza de un clamor que exige energía barata, una auténtica utopía tal y como están las cosas.

Al hilo de estos acontecimientos creo que debería llamarse la atención sobre dos fenómenos. Me pongo como deberes para otro post el proceder a un análisis algo más riguroso: tensiones inflacionistas sobre el petróleo y reacción social ante las movilizaciones. Sobre lo primero, y sin menospreciar las explicaciones convencionales, quiero señalar que la auténtica esencia del capitalismo y el libre-mercado no se encuentran exactamente en la ley de la oferta y la demanda, sino en el principio de que un producto vale lo máximo que se puede pagar por él, y este precio no lo marca rigurosamente el mercado. No voy a negar la presión de consumo que está recibiendo el petróleo mientras su capacidad de extracción, a ojos de muchos expertos, ha alcanzado ya el famoso "peak oil" a partir del cual solo podemos esperar una curva decreciente. Es cierto, pero también se están produciendo distorsiones en los procesos de comercialización que pocos se atreven a acabar de denunciar. Lo mismo hemos visto en este país sobre el producto "vivienda" y se está empezando a ver mundialmente sobre los productos alimenticios. En España hemos sufrido una hiperinflación de la vivienda que nadie puede achacar seriamente a su demanda como "residencia" sino a su uso especulativo, como valor-inversión, y en cuanto a alimentación, sin entrar ni tan solo en el actual alza mundial, hace mucho que vemos un auténtico abismo entre el precio que cobra el productor y el precio que paga el consumidor. Estoy hablando pues, del gravísimo y oneroso coste económico y social que está provocando una figura hasta ahora poco regulada: el intermediario. Una figura plenamente instalada en nuestro sistema en forma de distribuidores, subcontratas, comisionistas que alquilan sus contactos y productos financieros como los mercados de futuros.

El segundo tema que no ha dejado de bailarme por la cabeza durante estos días ha sido la reacción de injustificado pánico popular al desabastecimiento que las huelgas de estos días han suscitado. Una auténtica reacción apocalíptica de acumular víveres y combustibles como si para un cataclismo nos preparásemos. Desde luego solo a una sociedad opulenta como la nuestra le puede entra semejante "acojone" a... quedarse 2 días sin beber leche?, a tener que ir a trabajar en transporte público...? Estamos hablando de unas movilizaciones que a todas luces no iban a pasar de una semana... y resulta que nos ha entrado miedo a vivir unos días sin depende qué. Un miedo absurdo, me apuesto lo que quieran que la mayoría de los hogares españoles, de ordinario, ya cuentan con los productos necesarios para pasar una semana sin ir al supermercado. Pero en una sociedad opulenta la posibilidad de quedarse sin cereales para el desayuno o chocolatinas para el picoteo es poco menos que un cataclismo ante al que hay que exigir a las autoridades que saquen las fuerzas del orden público a la calle y restauren por la fuerza el suministro de chuminadas. Jesús, qué país.

Leo hoy en la prensa que la ONU ha decido autorizar la persecución de barcos pirata en aguas de Somalia y me parece que es un tema digno de comentario, sobretodo cuando recuerdo todas las recientes barbaridades que he leído y oído en relación al secuestro del pesquero español "Playa de Bakio".

Sin ánimo de entrar a fondo en una resolución que poco aporta a nivel práctico, dado que incluye la restricción de requerir del consentimiento previo del propio gobierno somalí (gobierno prácticamente inexistente, sin autoridad y de dudosa legitimidad), sí me interesa entrar en el debate de fondo que ha puesto (mejor dicho, "debería haber sido puesto") sobre la mesa a raíz del incidente del Playa de Bakio: la delgada línea roja entre el supuesto interés nacional y el interés privado empresarial.

Desgraciadamente se produce en este país un amanerado debate cada vez que cualquier hecho trae a primera línea informativa a nuestras fuerzas armadas, policiales o, más ampliamente, la necesidad de un uso real de la fuerza en un contexto determinado, una confrontación de las de trinchera entre la exaltación del honor patrio y el "guayserismo" de lo "que bonito sería si todos quisiéramos".

Centremos los hechos que recientemente han ocurrido: un armador nacional decide enviar uno de sus barcos a una de las zonas más peligrosas del mundo para la navegación. Lo hace voluntariamente, consciente del peligro y lo hace con un propósito de enriquecimiento privado, nada que ver con el interés nacional: allí se va a ganar dinero. Apuntemos, ya que estamos, que lo hace en unas aguas (soberanas, o correspondientes a su Zona de Explotación Económica) sobre las que el país responsable en cuestión no es capaz de ejercer su soberanía. No sólo en términos de seguridad sino tampoco para garantizar sus intereses (económicos, ecológicos, pesqueros, comerciales...). Estamos pues en una auténtica zona oscura, donde no sólo los piratas son los que hacen lo que les viene en gana, aunque sí sean los que peor prensa se llevan.

Podemos reaccionar de muchos modos ante estos hechos, pero el espectáculo que nos han ofrecido algunos de nuestros comentaristas y políticos llamando a las armas y aludiendo al honor patrio me parece vergonzoso e irresponsable. Es obligación del estado velar por los intereses de sus ciudadanos, pero por favor, distingamos de una vez entre el interés público y el interés privado (legítimo, pero privado, o sea, de unos pocos). Pretender que el estado debe hacerse cargo de una operación de presencia militar permanente, compleja, de dudosa legalidad y escasa eficacia, a cargo de las arcas públicas para que un empresario siga lucrándose es prácticamente un insulto. Es como si yo pretendiera montar una joyería en Mogadiscio y pidiera que me enviasen una bandera de la Legión a protegerla.

El tema de Somalia da para mucho y desde múltiples enfoques: un estado inexistente, unos organismos internacionales incompetentes e ineficaces, una confluencia de intereses económicos y geopolíticos públicos y privados. De momeno, dejemos apuntado éste, el de la colisión/confluencia de intereses públicos/privados en una territorio (¿deberíamos decir "un mercado"?) sin reglas.