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Cuando se habla del papel de Estado en la sociedad vemos que existe un abanico amplio de opciones e intentar limitarlo todo a una simplista dicotomía Estado sí, Estado no, atenta de lleno contra la pluralidad de opiniones observada. Todo lo que se debate viene a hacer referencia al modelo de intervención del Estado en la vida de los ciudadanos, tanto en el orden económico como en el social, sin embargo, hemos de afirmar que, en cualquier caso, se trata de un tema de asignación de unos recursos limitados, para lo cual es la ciencia económica la que entra en juego. No por ello el debate se vuelve "economicista", dado que hablamos, en definitiva, de política y de una concepción del modelo de Estado y, por ende, de sociedad que cada uno estimamos como más adecuada.

En primer lugar significar que a mi me gustaría ver un Estado costarricense más grande del que se conoce ahora. Supongo que esta afirmación sorprenderá a muchos, pero aislada carece de significación alguna. El Estado en Costa Rica es ya un ente que absorbe la mayor parte de la economía, pero la realidad es que esta amplitud se debe a la fuerte presencia del sector empresarial estatal en muchos de los sectores productivos nacionales, en algunos de ellos actúa el estado como empresario en régimen de monopolio. Pero ese “estado empresario” no es, ni mucho menos, el Estado por el que yo abogo, sino que rompo una lanza por un sector público dirigido a operar en las áreas en las que debe prestar los servicios esenciales para el desenvolvimiento más adecuado de la vida de los habitantes: seguridad, educación, sanidad, cultura, justicia e infraestructuras. Esto no es otra cosa que lo que se ha venido a llamar el Estado del Bienestar, si bien este es un concepto etéreo que para algunos autores es más que ese catálogo de servicios fundamentales y para otros menos.

Desafortunadamente el modelo de Estado costarricense está más volcado a la intervención pública en los sectores productivos que en la prestación de servicios universales de calidad. Banca, seguros, telecomunicaciones, electricidad, distribución petrolera, distribución de bebidas alcohólicas, son algunos de los sectores dominados en régimen de monopolio u oligopolio por el Estado. Es cierto que históricamente muchos países señalaron el monopolio estatal como forma más efectiva de universalizar algunos servicios, como la electricidad o el teléfono. Pero los tiempos avanzan que es una barbaridad y la evolución de estas estructuras monopolísticas giró hacia la apertura y privatización una vez que los servicios se acreditaron universales, si bien por la importancia estratégica de estos sectores el Estado ha mantenido una influencia en los mismos por medio de regulaciones legales.

Costa Rica cuenta con una tasa de carga tributaria muy baja, apenas el 13 por ciento del PIB, lo cual dificulta mucho la creación del deseado Estado del Bienestar que realmente demanda la población. En gran medida el relativamente escaso esfuerzo fiscal se debe a la inexistencia de una estructura impositiva orientada a gravar más a quién más tiene, sino que se centra en la imposición indirecta. Pero también es cierto que la excesiva participación del Estado en los sectores empresariales desvirtúa el papel de la iniciativa privada y, por tanto, los ingresos del Estado quedan en manos de un “estado paralelo” formado por empresas estatales que distorsionan la capacidad real de la economía tica.

Este “estado paralelo” canaliza los fondos públicos hacia la prestación de una serie de bienes y venta de servicios en régimen monopolístico, en la mayor parte de los casos, para los cuales no existe un control tan directo como el que existe para los tributos. Las empresas públicas destinan gran parte de sus recursos a inversiones internas y su gestión se encuentra en lo que se podría denominar un sistema mixto entre lo público y lo privado. Al ser estatales sus objetivos no concuerdan con los de la empresa privada, es decir, no están sometidas a criterios de rentabilidad económico-financiera. Al no contar con competencia no cuentan con un verdadero referente en el mercado para saber si su actuación es competitiva o no. Exceptuamos el caso de la banca que compite, con ciertas ventajas, frente al sector privado y a su vez canaliza la ayuda estatal al crédito al desarrollo, si bien es un negocio muy residual. En definitiva, son empresas sin ánimo de lucro y que gestionan ingentes cantidades de recursos para la prestación de servicios o la producción de bienes sin que exista un criterio definido de eficiencia en su operación. Por el contrario, su objetivo es ofrecer a los ciudadanos una serie de bienes y servicios a precios relativamente bajos (¿son bajos los precios del Instituto Nacional de Seguros – INS?) y de forma universal.

Pero mientras el “estado paralelo” dedica sus recursos a generar esos bienes y servicios “universales”, el resto de los servicios básicos del Estado no amparados por la empresa monopolística quedan en un segundo plano. Así Costa Rica mantiene deficientes infraestructuras, una red sanitaria deteriorada, una seguridad pública muy vulnerable y una educación básica. El Estado empresario ha dado la espalda a sus funciones básicas y destina sus recursos a la gestión empresarial que, a pesar de ser monopolística, no genera los suficientes recursos para las arcas estatales y, por ende, el pueblo se empobrece.

El Estado, una vez cumplidos sus objetivos en lo referente a la universalización de determinados servicios, debe dejar en manos de la iniciativa privada esos sectores, aun cuando mantenga sus regulaciones e incluso algún tipo de control sobre determinados servicios básicos como la electricidad, el agua o el teléfono. La empresa privada ha demostrado históricamente ser más eficiente que los administradores públicos, los cuales no tienen que rendir cuentas a sus accionistas, los cuales sólo entienden de rentabilidad sobre su inversión y los discursos bonitos los dejan para los políticos.

A partir de ahí el Estado debe apuntar hacia la consecución de metas más altas como la mejora en infraestructuras para permitir un verdadero fortalecimiento económico del país. Apostar por la formación y la investigación como bases del progreso individual de los ciudadanos y como apuesta de futuro. Invertir en la salud de los ciudadanos para mejorar su calidad y esperanza de vida. Gastar en seguridad para garantizar la estabilidad y la confianza tanto de la población como de los visitantes del país. Para ello debe formarse un mecanismo interno bien armado con una estructura fiscal adecuada, unas leyes orientadas al cumplimiento de objetivos básicos y una fiscalización eficaz y no entorpecedora del progreso.

Como empecé diciendo, soy partidario de un Estado más grande, pero menos empresario y más centrado en sus tareas fundamentales. Un Estado más eficiente y menos interventor en la economía salvo en su papel como regulador y recaudador de impuestos.

Definía el Premio Nóbel de Economía, John Kenneth Galbraith, la “sabiduría popular” como una serie de verdades que circulan entre la población basadas en estadísticas o en datos aparentemente científicos pero que resultaban ser a todas luces falsos. Varios son los interesados en fomentar este tipo de “sabiduría”, por un lado los expertos en las más diversas disciplinas del conocimiento humano, desde la medicina hasta la historia. Los expertos lanzan ante la opinión pública datos puntuales, sacados de contexto, cuando no absolutamente falsos para llamar la atención del público en cuanto a un asunto en particular y, a continuación, demostrarnos su capacidad intelectual ante un público ampliamente desconocedor del tema en cuestión.

Un ejemplo de esto lo encontramos en la campaña que una ONG estadounidense realizó para “sensibilizar” a la población sobre el grave problema de los sin techo en el país norteamericano. Así, en una rueda de prensa el máximo responsable de esta organización dijo sin pestañear que en los EE UU morían 45 “homeless” cada minuto. La población reaccionó y no sólo la entidad benéfica incrementó sus donativos, sino que muchas instituciones públicas iniciaron campañas para erradicar el problema de las calles estadounidenses. Nadie en ese momento se dio cuenta de que la cifra era estrepitosamente falsa. 45 muertos cada 60 segundos significaría que morirían en los EE UU unos 23,6 millones personas sin hogar al año, algo así como el 6% de la población del país. Meses después al conocerse lo desproporcionado de la cifra el presidente de la ONG aclaró que quiso decir un muerto cada 45 segundos (unas 700.000 personas), pero este dato también surgía de su imaginación y finalmente lo reconoció.

Sin embargo, los que son auténticos profesionales de la “sabiduría popular” son los políticos, que emiten cualquier dato que apoye sus tesis, por más peregrino que pueda parecer. Los programas electorales están cargados, habitualmente, de este tipo de datos. Pero en el devenir diario de la actividad política resulta asombroso como surgen opiniones respaldadas por datos emitidos por señores muy serios y bien vestidos a los que hemos prestado nuestro apoyo por medio del sufragio.

El político es un auténtico especialista en el lanzamiento de datos al aire para refutar sus tesis, incluso es capaz de dar el mismo dato para intentar explicar fenómenos económicos, demográficos o sociales absolutamente opuestos.

Hace unos días un político costarricense (español de nacimiento) decía que el país había “pagado durante el año 2005 una factura de 700.000 millones de colones (unos 1.400 millones de dólares) como consecuencia de la aplicación de políticas de incentivos a la inversión extranjera directa”. Cuando uno escucha ese dato lo primero que piensa es que alguien está robando dinero al pueblo costarricense, sobre todo porque se emplea la palabra “pagar”, cuando se debería utilizar “dejar de cobrar” no es lo mismo “pagar una subvención” que “dejar de cobrar un impuesto”.

Pero vayamos al dato. Costa Rica tiene un PIB de unos 18.000 millones de dólares, con lo cual lo que las empresas extranjeras sujetas a exenciones de impuestos –no en su totalidad- habrían dejado de pagar al erario público algo así como el 7,78% de su PIB. Si tenemos en cuenta que la presión fiscal global de Costa Rica es del 13%, entendemos que las exenciones de impuestos hubiesen supuesto elevar al 21% la carga fiscal del Estado. O lo que es igual que las empresas exentas parcialmente de impuestos representan cerca del 40% de la economía del país, que es más de lo que suman el sector agrario y el manufacturero juntos. En definitiva, toda una exageración válida para apoyar la tesis de que han de eliminarse los incentivos fiscales a la inversión extranjera, pero inválida una vez que se analiza.

Esto es sólo un ejemplo de los que diariamente podríamos encontrar en una comparecencia pública, en la cual intervienen políticos, los cuales tienen la asombrosa capacidad de convertirse en expertos sobre cualquier asunto que se trate a la hora de dirigirse a la opinión pública y formar a su manera la “sabiduría popular”.

El domingo al "embajador" de Hugo Chávez en el Perú no le fue bien la cosa. Y no me refiero al primer funcionario de la embajada venezolana en Lima, la cual no sé si estará cerrada, sino al tapado no tan escondido del caudillo bolivariano en Perú: Ollanta Humala. Alan García alcanza un nuevo mandato gracias al apoyo mayoritario del pueblo peruano, el cual no ha caido, como el boliviano, en la trampa populista y falaz del neosocialismo fundado en los petrodólares.

Humala, sin embargo, ganó en numerosas provincias en donde el discurso del remozado despotismo ilustrado de corte guevariano, pero traducido en un "por el pueblo pero sin el pueblo" sí caló. Pero el "abrazo del oso" que Chávez va dando a sus "embajadores" es más efectivo que cualquier campaña, por cara que sea y la de Ollanta no fue barata. Dicen algunos analistas que el ex-milico no se va a conformar y que instigará la pronta caída de García. Esperemos que no se cumplan los pronósticos.

Chávez recoge su primera gran derrota. Ha tenido otras menos sonadas y evidentes, pero esta ha sido la primera en la que quiso echar un pulso a otro país y lo perdió. Pero el "Zorro" -como se hace llamar para diferenciar su apellido de Chaves, el "Sabio"- ha aprendido una lección que no le hará cometer los mismos errores en México y Nicaragua. Ahí tiene otros dos "embajadores" con perspectivas de triunfo y a esos no los va a defender públicamente, ni va a vilipendiar a sus rivales en plena campaña.

Pero el dictadorzuelo venezonalo es de sangre caliente y una provocación bastará para que salga a escupir insultos contra cualquiera que ose decirle cuatro verdades a la cara.

Mariano Rajoy está firmando su sentencia de muerte al frente del PP. Los errores de bulto que está cometiendo le pasarán factura en breve y a su partido también. En el debate sobre el estado de la Nación no convenció y se le achacron muchas deficiencias en el discurso y posterior debate. Pero la ruptura de relaciones con el Gobierno a cuenta de la reunión del PSE con Batasuna ha cavado definitivamente la tumba del registrador.

Rajoy ha caído una por una en todas las trampas tendidas por los rottweillers de Rodríguez, no se ha saltado ni media. Ha sido incapaz de renovar su partido después del descalabro electoral sufrido contra pronóstico. Sin duda se ha dejado llevar por los sectores más conservadores del PP con Acebes, Zaplana y Aguirre como principales bastiones. Probablemente siguiendo los consejos de un atenazado Aznar en la sombra y con ganas de recuperar el terreno perdido aquella trágica mañana del 11 de marzo de 2004, de reivindicar ocho años impecables emborronados en 72 horas.

El PP está en horas bajas y es una pena. El proceso de paz abierto con ETA no ha sido bien encajado en las filas del centro derecha español. Precipitación, nervios y el eterno NO al que nos acostumbraron los populares desde la derrota electoral. La sociedad española está expectante ante este proceso. Incrédula, pero expectante y, en cierta medida, esperanzada.

Rajoy y su equipo van a recibir un duro varapalo en la próxima encuesta de intención de voto que se publique y en su partido empezará el ruido de sables. Aznar saldrá a la palestra y Rajoy tendrá que marcharse, pero hoy por hoy nadie querrá coger la patata caliente en que se ha convertido la dirección del PP.

Hace unas semanas se aprobaba en el Parlamento español la declaración del Año de la Memoria Histórica a petición de Izquierda Unida (IU) y con el apoyo del partido en el Gobierno y la mayoría de las fuerzas políticas, sobre todo nacionalistas. Esta declaración pretende que no se olvide la confrontación civil española iniciada en 1936 y la posterior dictadura de Francisco Franco.

Leíamos en Tercera Vía que “en España se ha vivido una transición ejemplar. Modelo para muchos países que han pasado de la dictadura a la democracia y no han terminado de lograr la nación que convive a pesar de las diferentes ideologías de sus habitantes. Superada la transición ahora hay que reabrir las heridas y señalar a cualquiera que no esté dispuesto a honrar a los muertos del bando perdedor, los del bando ganador y las víctimas colaterales no cuentan, ahora son los malos o simplemente muertos sin conciencia de clase”. Porque los muertos de la contienda fraticida patria están resultando ahora claves para el apuntalamiento en el poder de este “rojo” gobierno.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza tenemos a otros muertos, más de 800, de los cuales queremos olvidarnos, pretendemos pasarlos por alto, no son convenientes en este momento. Estos han muerto mucho después y no ha sido fruto de una guerra, ni de un golpe de estado, ni de fusilamientos, sino que han muerto por medio del terror, mediante el disparo en la nuca o el coche-bomba.

Cuando a mediados de los 70 la sociedad española decide, en un ejemplo de madurez hoy alabado por el mundo entero y por la Historia, olvidar una etapa de cuarenta años para sembrar la semilla de la concordia, la paz y la democracia, los cientos de miles de muertos quedaron enterrados y bien enterrados. Pero ahora se pretenden desenterrar.

Los que no interesan son los muertos asesinados por ETA. Esos que se queden en los camposantos y en el recuerdo de sus familiares. Hemos de mirar hacia el futuro y hacer un esfuerzo para que triunfe la paz y acabar con la lacra del terrorismo mediante el diálogo.

Imagino que ya el lector ha comprobado que en esta España del neo-izquierdismo políticamente correcto existen varias categorías de muertos, al igual que diversas varas de medirlos. Aquellos que lucharon en la Guerra Civil del bando republicano interesan, valen, ¡memoria histórica!. De los que murieron defendiendo sus ideas en plena democracia mejor olvidarnos, al menos por ahora.

Uno viene defendiendo el proceso de paz en el País Vasco pero no a cualquier precio y sin olvidarnos de que las víctimas merecen nuestro reconocimiento. Nuestros predecesores hicieron un esfuerzo y nosotros lo haremos, pero no intentemos resucitar muertos cuando hay otros más recientes a cuyas familias pedimos “altura de miras”.