Reforma del sistema electoral y división de poderes en España
Las últimas polémicas por la fuerte influencia de los partidos nacionalistas en la política estatal, han generado que muchos se planteen una reforma electoral que cierre las puertas a este tipo de balcanización de la representación formal de los ciudadanos.
No sé si incorporado a esta corriente o más bien fuera de ella, quiero hacer notar la elevadísima permeabilidad que existe ahora entre los tres poderes del Estado en España: legislativo, ejecutivo y judicial. Las elecciones generales realmente son el único referente para los ciudadanos como vehículo para elegir a sus representantes en la tradicional división de poderes. El Presidente del Gobierno, máximo representante del poder ejecutivo, es elegido por los diputados que forman el poder legislativo junto a los senadores, cuya figura en la práctica está totalmente eclipsada. El poder judicial, si bien está claramente diferenciado, sus órganos de Gobierno y las últimas instancias de su jerarquía son elegidos, de entre la profesión, por el poder legislativo. La politización de la judicatura ha sido una constante desde los primeros años de la democracia.
En definitiva, tres poderes que se eligen en una sola elección de representantes y que vienen a unificar el color de la papeleta que se eligió para el Congreso de los Diputados.
Por otra parte las listas cerradas de los partidos al Congreso no permiten a los ciudadanos elegir de entre varias opciones. El papel de los diputados individuales, incluidos en una papeleta más por estrategia de partido que por afinidad con la provincia que representarán, y sometidos a la “disciplina de partido” es totalmente irrelevante. Podría darse que un diputado del PSOE de Asturias vote a favor de que se le retiren todas las competencias a su comunidad autónoma, porque la propuesta viene del Gobierno que es del PSOE y tiene que cumplir con la disciplina de voto.
Las campañas electorales las hacen, no nos engañemos, los candidatos a la Presidencia del Gobierno, que son quiénes representan a todos los aspirantes a diputado incluidos en las candidaturas de su partido. Este sistema no ha dado mal resultado a lo largo de los 30 años de nuestra joven democracia. Pero tiene sus debilidades y podríamos corregirlas.
En primer lugar estimo que deberían existir las elecciones presidenciales. Independientes de las elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado, aunque fuesen simultáneas, sobre todo por el ahorro que supone para el país. De las elecciones presidenciales se obtendría un ejecutivo, cuyo color parlamentario podría serle o no favorable. Pero voy más lejos, los diputados, elegidos con listas abiertas, deberían hacer campaña y demostrar, ante una posible reelección, que durante la legislatura han cumplido sus promesas por encima de lo que haya dictado su partido.
Pienso que este sistema puede ser más cercano para los electores. Dividiría más claramente los poderes del Estado. Aunque seguro que existen otras muchas propuestas que podrían perfeccionar nuestro sistema parlamentario.
No sé si incorporado a esta corriente o más bien fuera de ella, quiero hacer notar la elevadísima permeabilidad que existe ahora entre los tres poderes del Estado en España: legislativo, ejecutivo y judicial. Las elecciones generales realmente son el único referente para los ciudadanos como vehículo para elegir a sus representantes en la tradicional división de poderes. El Presidente del Gobierno, máximo representante del poder ejecutivo, es elegido por los diputados que forman el poder legislativo junto a los senadores, cuya figura en la práctica está totalmente eclipsada. El poder judicial, si bien está claramente diferenciado, sus órganos de Gobierno y las últimas instancias de su jerarquía son elegidos, de entre la profesión, por el poder legislativo. La politización de la judicatura ha sido una constante desde los primeros años de la democracia.
En definitiva, tres poderes que se eligen en una sola elección de representantes y que vienen a unificar el color de la papeleta que se eligió para el Congreso de los Diputados.
Por otra parte las listas cerradas de los partidos al Congreso no permiten a los ciudadanos elegir de entre varias opciones. El papel de los diputados individuales, incluidos en una papeleta más por estrategia de partido que por afinidad con la provincia que representarán, y sometidos a la “disciplina de partido” es totalmente irrelevante. Podría darse que un diputado del PSOE de Asturias vote a favor de que se le retiren todas las competencias a su comunidad autónoma, porque la propuesta viene del Gobierno que es del PSOE y tiene que cumplir con la disciplina de voto.
Las campañas electorales las hacen, no nos engañemos, los candidatos a la Presidencia del Gobierno, que son quiénes representan a todos los aspirantes a diputado incluidos en las candidaturas de su partido. Este sistema no ha dado mal resultado a lo largo de los 30 años de nuestra joven democracia. Pero tiene sus debilidades y podríamos corregirlas.
En primer lugar estimo que deberían existir las elecciones presidenciales. Independientes de las elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado, aunque fuesen simultáneas, sobre todo por el ahorro que supone para el país. De las elecciones presidenciales se obtendría un ejecutivo, cuyo color parlamentario podría serle o no favorable. Pero voy más lejos, los diputados, elegidos con listas abiertas, deberían hacer campaña y demostrar, ante una posible reelección, que durante la legislatura han cumplido sus promesas por encima de lo que haya dictado su partido.
Pienso que este sistema puede ser más cercano para los electores. Dividiría más claramente los poderes del Estado. Aunque seguro que existen otras muchas propuestas que podrían perfeccionar nuestro sistema parlamentario.