Políticos y sabiduría popular
Definía el Premio Nóbel de Economía, John Kenneth Galbraith, la “sabiduría popular” como una serie de verdades que circulan entre la población basadas en estadísticas o en datos aparentemente científicos pero que resultaban ser a todas luces falsos. Varios son los interesados en fomentar este tipo de “sabiduría”, por un lado los expertos en las más diversas disciplinas del conocimiento humano, desde la medicina hasta la historia. Los expertos lanzan ante la opinión pública datos puntuales, sacados de contexto, cuando no absolutamente falsos para llamar la atención del público en cuanto a un asunto en particular y, a continuación, demostrarnos su capacidad intelectual ante un público ampliamente desconocedor del tema en cuestión.
Un ejemplo de esto lo encontramos en la campaña que una ONG estadounidense realizó para “sensibilizar” a la población sobre el grave problema de los sin techo en el país norteamericano. Así, en una rueda de prensa el máximo responsable de esta organización dijo sin pestañear que en los EE UU morían 45 “homeless” cada minuto. La población reaccionó y no sólo la entidad benéfica incrementó sus donativos, sino que muchas instituciones públicas iniciaron campañas para erradicar el problema de las calles estadounidenses. Nadie en ese momento se dio cuenta de que la cifra era estrepitosamente falsa. 45 muertos cada 60 segundos significaría que morirían en los EE UU unos 23,6 millones personas sin hogar al año, algo así como el 6% de la población del país. Meses después al conocerse lo desproporcionado de la cifra el presidente de la ONG aclaró que quiso decir un muerto cada 45 segundos (unas 700.000 personas), pero este dato también surgía de su imaginación y finalmente lo reconoció.
Sin embargo, los que son auténticos profesionales de la “sabiduría popular” son los políticos, que emiten cualquier dato que apoye sus tesis, por más peregrino que pueda parecer. Los programas electorales están cargados, habitualmente, de este tipo de datos. Pero en el devenir diario de la actividad política resulta asombroso como surgen opiniones respaldadas por datos emitidos por señores muy serios y bien vestidos a los que hemos prestado nuestro apoyo por medio del sufragio.
El político es un auténtico especialista en el lanzamiento de datos al aire para refutar sus tesis, incluso es capaz de dar el mismo dato para intentar explicar fenómenos económicos, demográficos o sociales absolutamente opuestos.
Hace unos días un político costarricense (español de nacimiento) decía que el país había “pagado durante el año 2005 una factura de 700.000 millones de colones (unos 1.400 millones de dólares) como consecuencia de la aplicación de políticas de incentivos a la inversión extranjera directa”. Cuando uno escucha ese dato lo primero que piensa es que alguien está robando dinero al pueblo costarricense, sobre todo porque se emplea la palabra “pagar”, cuando se debería utilizar “dejar de cobrar” no es lo mismo “pagar una subvención” que “dejar de cobrar un impuesto”.
Pero vayamos al dato. Costa Rica tiene un PIB de unos 18.000 millones de dólares, con lo cual lo que las empresas extranjeras sujetas a exenciones de impuestos –no en su totalidad- habrían dejado de pagar al erario público algo así como el 7,78% de su PIB. Si tenemos en cuenta que la presión fiscal global de Costa Rica es del 13%, entendemos que las exenciones de impuestos hubiesen supuesto elevar al 21% la carga fiscal del Estado. O lo que es igual que las empresas exentas parcialmente de impuestos representan cerca del 40% de la economía del país, que es más de lo que suman el sector agrario y el manufacturero juntos. En definitiva, toda una exageración válida para apoyar la tesis de que han de eliminarse los incentivos fiscales a la inversión extranjera, pero inválida una vez que se analiza.
Esto es sólo un ejemplo de los que diariamente podríamos encontrar en una comparecencia pública, en la cual intervienen políticos, los cuales tienen la asombrosa capacidad de convertirse en expertos sobre cualquier asunto que se trate a la hora de dirigirse a la opinión pública y formar a su manera la “sabiduría popular”.
Un ejemplo de esto lo encontramos en la campaña que una ONG estadounidense realizó para “sensibilizar” a la población sobre el grave problema de los sin techo en el país norteamericano. Así, en una rueda de prensa el máximo responsable de esta organización dijo sin pestañear que en los EE UU morían 45 “homeless” cada minuto. La población reaccionó y no sólo la entidad benéfica incrementó sus donativos, sino que muchas instituciones públicas iniciaron campañas para erradicar el problema de las calles estadounidenses. Nadie en ese momento se dio cuenta de que la cifra era estrepitosamente falsa. 45 muertos cada 60 segundos significaría que morirían en los EE UU unos 23,6 millones personas sin hogar al año, algo así como el 6% de la población del país. Meses después al conocerse lo desproporcionado de la cifra el presidente de la ONG aclaró que quiso decir un muerto cada 45 segundos (unas 700.000 personas), pero este dato también surgía de su imaginación y finalmente lo reconoció.
Sin embargo, los que son auténticos profesionales de la “sabiduría popular” son los políticos, que emiten cualquier dato que apoye sus tesis, por más peregrino que pueda parecer. Los programas electorales están cargados, habitualmente, de este tipo de datos. Pero en el devenir diario de la actividad política resulta asombroso como surgen opiniones respaldadas por datos emitidos por señores muy serios y bien vestidos a los que hemos prestado nuestro apoyo por medio del sufragio.
El político es un auténtico especialista en el lanzamiento de datos al aire para refutar sus tesis, incluso es capaz de dar el mismo dato para intentar explicar fenómenos económicos, demográficos o sociales absolutamente opuestos.
Hace unos días un político costarricense (español de nacimiento) decía que el país había “pagado durante el año 2005 una factura de 700.000 millones de colones (unos 1.400 millones de dólares) como consecuencia de la aplicación de políticas de incentivos a la inversión extranjera directa”. Cuando uno escucha ese dato lo primero que piensa es que alguien está robando dinero al pueblo costarricense, sobre todo porque se emplea la palabra “pagar”, cuando se debería utilizar “dejar de cobrar” no es lo mismo “pagar una subvención” que “dejar de cobrar un impuesto”.
Pero vayamos al dato. Costa Rica tiene un PIB de unos 18.000 millones de dólares, con lo cual lo que las empresas extranjeras sujetas a exenciones de impuestos –no en su totalidad- habrían dejado de pagar al erario público algo así como el 7,78% de su PIB. Si tenemos en cuenta que la presión fiscal global de Costa Rica es del 13%, entendemos que las exenciones de impuestos hubiesen supuesto elevar al 21% la carga fiscal del Estado. O lo que es igual que las empresas exentas parcialmente de impuestos representan cerca del 40% de la economía del país, que es más de lo que suman el sector agrario y el manufacturero juntos. En definitiva, toda una exageración válida para apoyar la tesis de que han de eliminarse los incentivos fiscales a la inversión extranjera, pero inválida una vez que se analiza.
Esto es sólo un ejemplo de los que diariamente podríamos encontrar en una comparecencia pública, en la cual intervienen políticos, los cuales tienen la asombrosa capacidad de convertirse en expertos sobre cualquier asunto que se trate a la hora de dirigirse a la opinión pública y formar a su manera la “sabiduría popular”.