El papel del Estado en Costa Rica
Cuando se habla del papel de Estado en la sociedad vemos que existe un abanico amplio de opciones e intentar limitarlo todo a una simplista dicotomía Estado sí, Estado no, atenta de lleno contra la pluralidad de opiniones observada. Todo lo que se debate viene a hacer referencia al modelo de intervención del Estado en la vida de los ciudadanos, tanto en el orden económico como en el social, sin embargo, hemos de afirmar que, en cualquier caso, se trata de un tema de asignación de unos recursos limitados, para lo cual es la ciencia económica la que entra en juego. No por ello el debate se vuelve "economicista", dado que hablamos, en definitiva, de política y de una concepción del modelo de Estado y, por ende, de sociedad que cada uno estimamos como más adecuada.
En primer lugar significar que a mi me gustaría ver un Estado costarricense más grande del que se conoce ahora. Supongo que esta afirmación sorprenderá a muchos, pero aislada carece de significación alguna. El Estado en Costa Rica es ya un ente que absorbe la mayor parte de la economía, pero la realidad es que esta amplitud se debe a la fuerte presencia del sector empresarial estatal en muchos de los sectores productivos nacionales, en algunos de ellos actúa el estado como empresario en régimen de monopolio. Pero ese “estado empresario” no es, ni mucho menos, el Estado por el que yo abogo, sino que rompo una lanza por un sector público dirigido a operar en las áreas en las que debe prestar los servicios esenciales para el desenvolvimiento más adecuado de la vida de los habitantes: seguridad, educación, sanidad, cultura, justicia e infraestructuras. Esto no es otra cosa que lo que se ha venido a llamar el Estado del Bienestar, si bien este es un concepto etéreo que para algunos autores es más que ese catálogo de servicios fundamentales y para otros menos.
Desafortunadamente el modelo de Estado costarricense está más volcado a la intervención pública en los sectores productivos que en la prestación de servicios universales de calidad. Banca, seguros, telecomunicaciones, electricidad, distribución petrolera, distribución de bebidas alcohólicas, son algunos de los sectores dominados en régimen de monopolio u oligopolio por el Estado. Es cierto que históricamente muchos países señalaron el monopolio estatal como forma más efectiva de universalizar algunos servicios, como la electricidad o el teléfono. Pero los tiempos avanzan que es una barbaridad y la evolución de estas estructuras monopolísticas giró hacia la apertura y privatización una vez que los servicios se acreditaron universales, si bien por la importancia estratégica de estos sectores el Estado ha mantenido una influencia en los mismos por medio de regulaciones legales.
Costa Rica cuenta con una tasa de carga tributaria muy baja, apenas el 13 por ciento del PIB, lo cual dificulta mucho la creación del deseado Estado del Bienestar que realmente demanda la población. En gran medida el relativamente escaso esfuerzo fiscal se debe a la inexistencia de una estructura impositiva orientada a gravar más a quién más tiene, sino que se centra en la imposición indirecta. Pero también es cierto que la excesiva participación del Estado en los sectores empresariales desvirtúa el papel de la iniciativa privada y, por tanto, los ingresos del Estado quedan en manos de un “estado paralelo” formado por empresas estatales que distorsionan la capacidad real de la economía tica.
Este “estado paralelo” canaliza los fondos públicos hacia la prestación de una serie de bienes y venta de servicios en régimen monopolístico, en la mayor parte de los casos, para los cuales no existe un control tan directo como el que existe para los tributos. Las empresas públicas destinan gran parte de sus recursos a inversiones internas y su gestión se encuentra en lo que se podría denominar un sistema mixto entre lo público y lo privado. Al ser estatales sus objetivos no concuerdan con los de la empresa privada, es decir, no están sometidas a criterios de rentabilidad económico-financiera. Al no contar con competencia no cuentan con un verdadero referente en el mercado para saber si su actuación es competitiva o no. Exceptuamos el caso de la banca que compite, con ciertas ventajas, frente al sector privado y a su vez canaliza la ayuda estatal al crédito al desarrollo, si bien es un negocio muy residual. En definitiva, son empresas sin ánimo de lucro y que gestionan ingentes cantidades de recursos para la prestación de servicios o la producción de bienes sin que exista un criterio definido de eficiencia en su operación. Por el contrario, su objetivo es ofrecer a los ciudadanos una serie de bienes y servicios a precios relativamente bajos (¿son bajos los precios del Instituto Nacional de Seguros – INS?) y de forma universal.
Pero mientras el “estado paralelo” dedica sus recursos a generar esos bienes y servicios “universales”, el resto de los servicios básicos del Estado no amparados por la empresa monopolística quedan en un segundo plano. Así Costa Rica mantiene deficientes infraestructuras, una red sanitaria deteriorada, una seguridad pública muy vulnerable y una educación básica. El Estado empresario ha dado la espalda a sus funciones básicas y destina sus recursos a la gestión empresarial que, a pesar de ser monopolística, no genera los suficientes recursos para las arcas estatales y, por ende, el pueblo se empobrece.
El Estado, una vez cumplidos sus objetivos en lo referente a la universalización de determinados servicios, debe dejar en manos de la iniciativa privada esos sectores, aun cuando mantenga sus regulaciones e incluso algún tipo de control sobre determinados servicios básicos como la electricidad, el agua o el teléfono. La empresa privada ha demostrado históricamente ser más eficiente que los administradores públicos, los cuales no tienen que rendir cuentas a sus accionistas, los cuales sólo entienden de rentabilidad sobre su inversión y los discursos bonitos los dejan para los políticos.
A partir de ahí el Estado debe apuntar hacia la consecución de metas más altas como la mejora en infraestructuras para permitir un verdadero fortalecimiento económico del país. Apostar por la formación y la investigación como bases del progreso individual de los ciudadanos y como apuesta de futuro. Invertir en la salud de los ciudadanos para mejorar su calidad y esperanza de vida. Gastar en seguridad para garantizar la estabilidad y la confianza tanto de la población como de los visitantes del país. Para ello debe formarse un mecanismo interno bien armado con una estructura fiscal adecuada, unas leyes orientadas al cumplimiento de objetivos básicos y una fiscalización eficaz y no entorpecedora del progreso.
Como empecé diciendo, soy partidario de un Estado más grande, pero menos empresario y más centrado en sus tareas fundamentales. Un Estado más eficiente y menos interventor en la economía salvo en su papel como regulador y recaudador de impuestos.
En primer lugar significar que a mi me gustaría ver un Estado costarricense más grande del que se conoce ahora. Supongo que esta afirmación sorprenderá a muchos, pero aislada carece de significación alguna. El Estado en Costa Rica es ya un ente que absorbe la mayor parte de la economía, pero la realidad es que esta amplitud se debe a la fuerte presencia del sector empresarial estatal en muchos de los sectores productivos nacionales, en algunos de ellos actúa el estado como empresario en régimen de monopolio. Pero ese “estado empresario” no es, ni mucho menos, el Estado por el que yo abogo, sino que rompo una lanza por un sector público dirigido a operar en las áreas en las que debe prestar los servicios esenciales para el desenvolvimiento más adecuado de la vida de los habitantes: seguridad, educación, sanidad, cultura, justicia e infraestructuras. Esto no es otra cosa que lo que se ha venido a llamar el Estado del Bienestar, si bien este es un concepto etéreo que para algunos autores es más que ese catálogo de servicios fundamentales y para otros menos.
Desafortunadamente el modelo de Estado costarricense está más volcado a la intervención pública en los sectores productivos que en la prestación de servicios universales de calidad. Banca, seguros, telecomunicaciones, electricidad, distribución petrolera, distribución de bebidas alcohólicas, son algunos de los sectores dominados en régimen de monopolio u oligopolio por el Estado. Es cierto que históricamente muchos países señalaron el monopolio estatal como forma más efectiva de universalizar algunos servicios, como la electricidad o el teléfono. Pero los tiempos avanzan que es una barbaridad y la evolución de estas estructuras monopolísticas giró hacia la apertura y privatización una vez que los servicios se acreditaron universales, si bien por la importancia estratégica de estos sectores el Estado ha mantenido una influencia en los mismos por medio de regulaciones legales.
Costa Rica cuenta con una tasa de carga tributaria muy baja, apenas el 13 por ciento del PIB, lo cual dificulta mucho la creación del deseado Estado del Bienestar que realmente demanda la población. En gran medida el relativamente escaso esfuerzo fiscal se debe a la inexistencia de una estructura impositiva orientada a gravar más a quién más tiene, sino que se centra en la imposición indirecta. Pero también es cierto que la excesiva participación del Estado en los sectores empresariales desvirtúa el papel de la iniciativa privada y, por tanto, los ingresos del Estado quedan en manos de un “estado paralelo” formado por empresas estatales que distorsionan la capacidad real de la economía tica.
Este “estado paralelo” canaliza los fondos públicos hacia la prestación de una serie de bienes y venta de servicios en régimen monopolístico, en la mayor parte de los casos, para los cuales no existe un control tan directo como el que existe para los tributos. Las empresas públicas destinan gran parte de sus recursos a inversiones internas y su gestión se encuentra en lo que se podría denominar un sistema mixto entre lo público y lo privado. Al ser estatales sus objetivos no concuerdan con los de la empresa privada, es decir, no están sometidas a criterios de rentabilidad económico-financiera. Al no contar con competencia no cuentan con un verdadero referente en el mercado para saber si su actuación es competitiva o no. Exceptuamos el caso de la banca que compite, con ciertas ventajas, frente al sector privado y a su vez canaliza la ayuda estatal al crédito al desarrollo, si bien es un negocio muy residual. En definitiva, son empresas sin ánimo de lucro y que gestionan ingentes cantidades de recursos para la prestación de servicios o la producción de bienes sin que exista un criterio definido de eficiencia en su operación. Por el contrario, su objetivo es ofrecer a los ciudadanos una serie de bienes y servicios a precios relativamente bajos (¿son bajos los precios del Instituto Nacional de Seguros – INS?) y de forma universal.
Pero mientras el “estado paralelo” dedica sus recursos a generar esos bienes y servicios “universales”, el resto de los servicios básicos del Estado no amparados por la empresa monopolística quedan en un segundo plano. Así Costa Rica mantiene deficientes infraestructuras, una red sanitaria deteriorada, una seguridad pública muy vulnerable y una educación básica. El Estado empresario ha dado la espalda a sus funciones básicas y destina sus recursos a la gestión empresarial que, a pesar de ser monopolística, no genera los suficientes recursos para las arcas estatales y, por ende, el pueblo se empobrece.
El Estado, una vez cumplidos sus objetivos en lo referente a la universalización de determinados servicios, debe dejar en manos de la iniciativa privada esos sectores, aun cuando mantenga sus regulaciones e incluso algún tipo de control sobre determinados servicios básicos como la electricidad, el agua o el teléfono. La empresa privada ha demostrado históricamente ser más eficiente que los administradores públicos, los cuales no tienen que rendir cuentas a sus accionistas, los cuales sólo entienden de rentabilidad sobre su inversión y los discursos bonitos los dejan para los políticos.
A partir de ahí el Estado debe apuntar hacia la consecución de metas más altas como la mejora en infraestructuras para permitir un verdadero fortalecimiento económico del país. Apostar por la formación y la investigación como bases del progreso individual de los ciudadanos y como apuesta de futuro. Invertir en la salud de los ciudadanos para mejorar su calidad y esperanza de vida. Gastar en seguridad para garantizar la estabilidad y la confianza tanto de la población como de los visitantes del país. Para ello debe formarse un mecanismo interno bien armado con una estructura fiscal adecuada, unas leyes orientadas al cumplimiento de objetivos básicos y una fiscalización eficaz y no entorpecedora del progreso.
Como empecé diciendo, soy partidario de un Estado más grande, pero menos empresario y más centrado en sus tareas fundamentales. Un Estado más eficiente y menos interventor en la economía salvo en su papel como regulador y recaudador de impuestos.