La economía española se encuentra en estos momentos entre las diez más importantes del mundo, pero como el Gobierno de Zapatero siga haciendo de las suyas, no va a tardar mucho en perder unas posiciones que tantos años de esfuerzo y sacrificio nos ha costado ganar. Y no es solo cuestión de política económica, sino también de relaciones internacionales.
Tradicionalmente, durante el siglo XX, España ha tenido dos aliados fundamentales en el mundo: Estados Unidos y Alemania. Estos países han jugado un papel esencial en la salida ordenada y ejemplar de nuestro país desde la dictadura franquista a una democracia moderna, en la integración plena de España en la Unión Europea y en los principales organismos internacionales –gracias a lo cual, por ejemplo, Rodrigo Rato es director gerente del Fondo Monetario Internacional– y en el impresionante desarrollo socioeconómico experimentado por nuestro país en los últimos cuarenta años. Gracias a ese progreso España salió del atraso secular de finales de la década de los cincuenta para convertirse, hoy en día, en una de las economías punteras y más vitales de entre los países avanzados. A nuestros aliados tradicionales les debemos mucho, pero Zapatero está consiguiendo en pocos años acabar con lo que costó forjar más de cuatro décadas.
Las advertencias de los embajadores de Estados Unidos y Alemania acerca de la pérdida de inversiones en España procedentes de ambos países tienen mucho que ver con la forma en que Zapatero ha enrarecido las relaciones con ambos. En Estados Unidos nadie olvida las bofetadas diplomáticas que les ha dado nuestro ilustre presidente del Gobierno con cuestiones como la guerra de Irak, como tampoco se olvidan en Europa. Mientras, en Alemania, la canciller Ángela Merkel tiene todavía muy presente el feo que le hizo Zapatero el día de la victoria electoral de su partido, la CDU, al felicitar a su rival, el ya ex canciller Gerhard Schröeder, por sus resultados, un malestar agravado ahora por todas las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para tratar de impedir que E.On se quede con Endesa, algo que no se hubiera planteado de no haberse empeñado el Ejecutivo en regalar la eléctrica al tripartito catalán a través de la OPA de Gas Natural sobre la compañía.
Estadounidenses y alemanes hoy tienen una queja común, e importante, frente al Gobierno español: la discriminación que sufren sus empresas en nuestro país. Zapatero apuesta por empresas españolas sin pararse a pensar que cuando las reglas del juego no son justas, los demás se molestan y te aplican el mismo tratamiento. Estados Unidos reivindica la creciente apertura de sus mercados a las compañías con pasaporte español y protesta porque, aquí, las firmas norteamericanas no pueden competir en igualdad de condiciones con las patrias. Eso mismo sienten los alemanes en relación con E.On, que están planteándose hasta qué punto les conviene que sus empresas sigan en nuestro país cuando sus principales intereses se concentran en los países del Este de Europa, los nuevos miembros de la Unión Europea, donde es sensiblemente más barato producir que en España. En esas circunstancias, ¿durante cuánto tiempo va a permanecer Volkswagen, por poner un solo ejemplo, con sus instalaciones abiertas en España cuando no oculta su deseo de trasladar la fabricación de automóviles al Este, donde los costes son menores y la marca puede ser mucho más competitiva en los mercados mundiales?
Vivimos unos años en los que la caída de la inversión extranjera en España es una realidad que debería empezar a preocuparnos por varios motivos de peso. La inversión extranjera ha traído a España un desarrollo tecnológico que nosotros, por nosotros mismos, habríamos tardado décadas en conseguir. En España se registran muy pocas patentes respecto a los parámetros europeos y, no digamos ya, estadounidenses; el número de científicos en nuestro país es sensiblemente inferior al de otras naciones avanzadas, lo mismo que la inversión de las empresas en investigación y desarrollo. Sin la ayuda de la multinacionales, ¿de dónde va a proceder ese desarrollo tecnológico, esa sociedad del conocimiento, que se está convirtiendo en vital para la economía post industrial del siglo XXI?
Tampoco hay que olvidar que las multinacionales han traído a España procesos de gestión modernos y avanzados que han aprendido los ejecutivos españoles y han trasladado a nuestras empresas. La gran internacionalización de la empresa española que se ha producido en los últimos veinte años ha tenido lugar gracias a que nuestro país correspondía con su apertura al capital exterior y a que Estados Unidos dio el visto bueno a la penetración de la banca y las empresas españolas en Latinoamérica y en el propio EE.UU., los pilares básicos de su internacionalización. Y, si hablamos en términos de empleo, el generado en nuestro país directa o indirectamente por las multinacionales es uno de los elementos básicos para explicar que nuestra tasa de paro esté por debajo del 10%. Las multinacionales, por tanto, son y siguen siendo necesarias para que España se mantenga en la vanguardia de la economía mundial.
En este sentido, el Gobierno debería hacer un ejercicio profundo de reflexión acerca de esta cuestión. Las reglas del juego en la economía global hablan de reciprocidad entre países. Si uno de ellos, en este caso España, la quiebra, entonces los demás se encuentran legitimados para romper la baraja. Es lo que le han advertido a Zapatero los embajadores de Estados Unidos y Alemania. Por ello, el Ejecutivo debería dar un giro radical tanto a su política exterior hacia estos países como hacia la política que viene aplicando a las empresas de ambas naciones, porque por la senda por la que estamos transitando actualmente, los socialistas van a acabar por llevarnos al Tercer Mundo.
Mientras la oposición ha sabido hacer una lectura inteligente del clamor ciudadano, el Gobierno sigue empeñado en enrocarse en sus posiciones de origen. Se anuncia que Zapatero está dispuesto a recibir a las organizaciones convocantes, pero resulta fácil percibir que se trata de una nueva «muestra de talante» y no de escuchar en serio a un sector tan representativo de la comunidad escolar. Queda claro que no existe intención de retirar el proyecto de ley que ahora se discute en el Congreso. Tampoco parece que haya reflexionado sobre las críticas recibidas. En efecto, de las más de 1.365 enmiendas presentadas, hasta el momento los socialistas sólo han introducido 36 en el proyecto, y todas fueron por ellos planteadas. El curso de los acontecimientos ha reducido a la ministra a un papel secundario y no se sabe ya cuál es el cauce apropiado para iniciar un diálogo serio. De este modo, la opción más inteligente sería dejar de lado el texto actual y abrir una negociación entre los partidos y los representantes del sector educativo con el objetivo de aprobar una ley con vocación de permanencia. Decir que no se va a retirar la LOE porque responde a un compromiso electoral suena a excusa injustificada. Mejor se cumplirá ese compromiso haciendo entre todos una buena ley que imponiendo otra vez una norma ideológicamente sesgada, con el apoyo de esos socios parlamentarios del PSOE de los que nada bueno para el interés general puede esperarse.
Peor todavía es el camino emprendido por la vicepresidenta del Gobierno para referirse a las relaciones entre el Ejecutivo socialista y la Iglesia. Da la impresión de que sus entrevistas en el Vaticano no resultaron satisfactorias, porque los mensajes que emite Fernández de la Vega resultan inquietantes. Hablar ahora de la financiación de la Iglesia en términos tan explícitos podía entenderse como una represalia coyuntural y altera, en todo caso, el discurso reiterado acerca de la plena validez de los acuerdos de 1979. Horas después, las declaraciones de la vicepresidenta en este sentido fueron matizadas, hasta casi la rectificación, por el secretario de Estado de Comunicación, que anunció que el Gobierno no tiene pensado modificar el sistema vigente. El Ejecutivo parece desquiciado en este cruce de anuncios e inmediatos desmentidos a un superior jerárquico.
Porque previa aprobación de los presupuestos por las Cortes, el Ejecutivo administra el dinero de todos los españoles. Los fondos que recibe la Iglesia para el ejercicio de sus fines (muchos de ellos de alto interés social en beneficio de los sectores menos favorecidos) proceden de los mismos padres que optan en términos muy elevados por reclamar para sus hijos una educación moral y religiosa determinada. El Gobierno no debería jugar las bazas arcaicas del anticlericalismo, ni descargar su mal humor por las circunstancias políticas con los obispos, y mucho menos con los católicos españoles. Tendría, en cambio, que tomar nota del clamor social y evitar reacciones que contribuyen a crear nuevos problemas y no a solucionar los existentes.
La crisis del tripartito no es, para el PSC, «necesaria ni oportuna», y el anuncio de cambios hecho por Maragall ha sido causa de «sorpresa» y «desconcierto». Se puede decir más alto, pero no más claro, y por eso la situación en la que queda Maragall es realmente difícil. Si su propio partido no le permite cambiar a sus consejeros, cabe preguntarse hasta dónde llega la confianza del PSC en Maragall y si éste se encuentra en condiciones para liderar, junto con su valedor en Madrid, Zapatero, la dura contienda política que espera al proyecto de Estatuto para Cataluña. El comunicado del PSC es todo un síntoma de algo más que una discrepancia de tiempo y necesidad. Revela la precariedad en que se halla Maragall frente a su partido, justo cuando más precisa sería la unidad entre uno y otro. Pocas cosas son más graves para el presidente de un Gobierno que la desconfianza de su propio partido en cómo debe dirigirlo.
También cabe plantearse si este «amotinamiento» del PSC permite discutir la premisa intocable de la unanimidad del socialismo catalán en torno al proyecto de Estatuto, cuya aprobación por el Parlamento de Cataluña tendría que haber reforzado, al menos en teoría, la posición de Maragall. No parece arriesgado vincular esta crisis de confianza con el hecho de que el tan exhibido 90 por ciento de apoyo parlamentario al proyecto estatutario no se corresponde de forma tan abrumadora con el sentir de la sociedad catalana hacia, por ejemplo, la definición de Cataluña como nación, que cuenta, según revelan las encuestas más recientes, con la oposición del 44 por ciento de los catalanes consultados, frente al ajustado 51 por ciento que está a favor.
Si el PSC está empezando a soltar lastre es algo que aún resulta aventurado afirmar, pero el futuro de Maragall se ha vuelto mucho más complicado, lo cual no es una buena noticia para él ni para Zapatero.
Las víctimas del terrorismo son en España todo un símbolo de dignidad y comportamiento democrático. Aquellos que en estos días se han atrevido a criticar a la AVT, por su feroz oposición a los planes de Zapatero, tildándola de oposición politizada, deberían recordar que en otras latitudes las víctimas del terrorismo se organizaron para responder a los terroristas, como en el caso norirlandés o en Argelia la OAS. Sin embargo en España las víctimas siempre estuvieron con la ley y el estado, respetando los principios de convivencia y aguantando un terrible dolor en unos días en que arreciaban los atentados y la escasa consideración de las autoridades. Un ejemplo de dignidad democrática que adquiere la categoría de referente mundial.
Por ello quienes han creído en la ley y en la justicia, no pueden verse traicionados por el estado de derecho que siempre respetaron. La oposición de la AVT a toda negociación con ETA, no es cerrazón ni politización, es simplemente una continuación de la dignidad de quienes confiaron en la ley y en la justicia y no acudieron a la venganza, para ver a sus torturadores pagar por sus crímenes.
Hoy a las 19:30 horas, tendrá lugar en la Catedral de la Almudena, una misa en honor de las víctimas del terrorismo como acto final de esta caravana contra el olvido que nos ha recordado a todos la dignidad de quienes han caído víctimas del separatismo asesino u otros fanatismos criminales. La AVT ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que les acompañen y apoyen en la misa que tendrá lugar en la Almudena para "honrar" la memoria de "aquellos que lo han dado todo por la defensa de la democracia en España frente al terrorismo y la barbarie". Allí estaremos todos los españoles de bien, presentes físicamente o moralmente.
Alguien debería llevarle un mensaje al matemático y profesor de lógica Charles Lutwidge Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, que desplegó todo su talento para jugar con las palabras, hacernos reflexionar sobre el absurdo, reírse del sinsentido y descubrirnos la magia de algunas paradojas lógicas. Convendría que supiera, allá donde esté, que el presidente del Gobierno dice que «de entre las ocho fórmulas posibles para definir Cataluña tiene una definición clara que contentará a todos». No ha revelado cuál será la palabra o las palabras que contentarán a todos para sustituir el término «nación» y convertirán a España en ese país de las maravillas de los sueños de Lewis Carroll. Si encuentra una que quiera decir lo que él quiere que diga, ni más ni menos, habrá que darle, como sugería de Humpty Dumpty, una paga extraordinaria. Pero la cuestión no está ahora en si se puede hacer que las palabras signifiquen cosas diferentes sino saber quién es el que manda.