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PARA cualquiera que se asome a la realidad sin prejuicios es un hecho que la lengua propia del País Vasco, entendiendo por tal la lengua usual de la mayoría de sus habitantes, es el español o castellano. El euskera, declarado «lengua propia» y cooficial por el Estatuto de Gernika, es una lengua de gran importancia simbólica en tanto que signo de particularidad identitaria, y por tanto política, pero de mucha menor relevancia social. ¿Hay que cambiar esa situación? Tanto en Euskadi como en Cataluña, Galicia, Valencia y Baleares se consideró, nefasta concesión autonomista, que era necesario enmendar la realidad social convirtiendo las lenguas vernáculas en indispensables para conseguir trabajo en la Administración autonómica. Y, como siempre, el nacionalismo quería ir mucho más lejos, hasta erradicar el bilingüismo. Se han dedicado enormes recursos a invertir la situación lingüística bajo el pretexto de reparar una presunta injusticia histórica, siempre a costa de la justicia del presente.

Este atropello puede imponerse en dominios como la educación, donde el poder nacionalista es casi ilimitado. ¿El resultado?: la conversión del euskera -y del catalán, el gallego, etcétera- en lengua del poder y del apartheid. ¿Las víctimas?: decenas de miles de alumnos intoxicados de burricie etnicista, y algunos centenares de profesores privados de los derechos laborales más elementales y de toda dignidad profesional. Nada menos que 157 de ellos, muchos con más de 15 años de experiencia docente, están a punto de ir al paro y a la nada por desentonar con las políticas normalizadoras del Gobierno vasco. La supuesta lengua propia ha degenerado en lengua del apartheid, de la miseria intelectual y la tiranía política. Pero claro, este desastre debe ocultarse cuidadosamente. Por eso una Ertzaintza de república bananera prohíbe a políticos y sindicalistas que se solidaricen con los profesores que protestan encerrados en el instituto Bertendona de Bilbao. Es inútil esperar comprensión de los nacionalistas. La pregunta es otra: ¿qué piensan hacer el Gobierno de España y las otras instituciones del Estado para defender los legítimos derechos de los ciudadanos españoles atropellados por la arbitrariedad nacionalista? Pregunta, parece, que se repetirá a menudo en los próximos meses. Tanto en el Carmelo de Barcelona como en el instituto bilbaíno de Bertandona. Al tiempo.

Creada a toda prisa el pasado mes de diciembre, la figura del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo se ha convertido en el instrumento del Gobierno para dividirlas.

Casi dos meses y medio después de su creación, el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, lejos de cumplir una misión conciliadora, se ha convertido en un foco de conflictos y polémicas. No sólo ha levantado ampollas entre las víctimas y sus asociaciones o fundaciones, sino también en el Ministerio del Interior, departamento al que Gregorio Peces Barba y su equipo han robado protagonismo y competencias.

Desde Interior no se han facilitado aún -se las han guardado para facilitarlas con motivo del primer aniversario del 11-M-, el montante de las ayudas concedidas en 2004 a las víctimas del terrorismo. Una cifra que, sin duda, superará ampliamente, como consecuencia de los atentados de Madrid, los más de 7,9 millones de euros concedidos el año pasado. A finales de julio, ya se habían otorgado más de 42,1 millones de euros. Además, se avecina una nueva controversia que originará agrios enfrentamientos, el reparto de los 11 millones de euros recaudados por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

Agravios

Desde el inicio de la legislatura, ha existido un enfrentamiento soterrado entre la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Afectados del 11-M que ha salido a la luz pública en las últimas fechas. Una disputa espoleada por el Gobierno socialista que no ha tenido ningún empacho en mostrar públicamente sus preferencias por la organización que lidera la sindicalista de CC.OO Pilar Manjón.

La AVT, que ya recibió un mal trato por parte de los Ejecutivos de Felipe González, se ha sentido profundamente agraviada por el presidente Rodríguez Zapatero y su ministro del Interior, José Antonio Alonso. El BOE del 15 de diciembre publicó las "subvenciones concedidas a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo". La asociación de Pilar Manjón se llevó un total de 80.000 euros frente a los 40.000, la mitad, de la AVT, que no sólo acoge a las víctimas de los atentados islamistas de Madrid, como aquélla, sino también a las de otras acciones terroristas.

Otro agravio. El intento del PSOE de que sólo compareciera la asociación del 11-M en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Al final, también intervino el presidente de la AVT, pero con un trato claramente peor.

La recaudación obtenida por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae) en un sorteo extraordinario en el que recolectó más de 82.000 euros fue a parar exclusivamente a manos de la entidad de Manjón.

El Alto Comisionado

Después vino la creación del Alto Comisionado, que no gustó nada a la AVT. Tras eso, la decisión de su titular, Gregorio Peces Barba, de no acudir a su manifestación porque, según ha reconocido posteriormente en el Parlamento, "no era una convocatoria unitaria, y además contaba con el expreso rechazo de los afectados del 11-M".

Esta discriminación se agravó con su decisión de no acudir a los homenajes de los que fueran dirigentes del PP, asesinados por ETA, Gregorio Ordóñez, y Alberto Becerril y su mujer, y sí al del socialista Fernando Buesa. Y, precisamente, en el viaje que realizó al País Vasco con motivo de acudir a este último acto, hizo unas declaraciones a la prensa en las que se mostraba comprensivo, "por razones humanitarias", con la ayudas dadas por el Gobierno vasco a las familias de los presos etarras.

Unión

La guinda la puso esta misma semana con su decisión de no acudir al Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo celebrado en Colombia. En medio de esta rivalidad, existe un amplio grupo partidario de "echar pelillos a la mar", poner fin a las disputas y mantenerse unidos en lo fundamental. Así, bajo el amparo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que preside Adolfo Suárez, 18 entidades firmaron un comunicado en el que "exponemos el criterio de mantener la unidad y cohesión entre nuestras respectivas entidades, dentro del respeto a la independencia de cada una, en la defensa de la dignidad y derechos de las víctimas del terrorismo y en la solidaridad con los que siguen acosados por cualquiera que sea el tipo de fanatismo".

Una nueva disputa

Si el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales no lo remedia, estamos en vísperas de un nuevo enfrentamiento que ya se dejó ver en la reunión que las dos organizaciones enfrentadas mantuvieron con Caldera a finales de diciembre pasado. Se trata del reparto de los más de 11 millones de euros recaudados por la CECA -fueron aportados por donantes anónimos y las propias cajas-, de los que es depositario desde finales de abril el Ministerio de Trabajo.

Mientras la Asociación 11-M es partidaria de que se distribuya a los damnificados a través de las asociaciones, la AVT exige que se haga directamente a las víctimas. Jesús Caldera les propuso la creación de una oficina que gestione su distribución "a los afectados".

La AVT es totalmente contraria a los planes del ministro. Cree que en el borrador de real decreto se da cobertura a una nueva figura, el afectado por atentado terrorista, que no está contemplada en ninguna legislación y que va a dar lugar a más de un problema, ya que, como mínimo, "triplicaría el número de personas con derecho a esas ayudas". Además, esa asociación señala que "este asunto es muy delicado, pues podría acarrear consecuencias negativas y fraccionar a las víctimas en un grupo de primera y otro de segunda".

Por el agujero cegado del Carmelo se siguen viendo Suiza, Andorra y Mónaco, y no se ve Logroño porque no es un paraíso fiscal. En el Carmelo todavía se conserva un búnker antiaéreo de la guerra civil, pero lo que habría que poner es un mirador delante del agujero de hormigón transparente. Se podría llegar a ver el universo, como en el Aleph de Borges.

Por el agujero del Carmelo se le ven las vergüenzas a la prudente, pudiente y diletante casta. Lo llenan de hormigón porque esa gente arregla así las cosas. Alguien se va a encontrar, al despertar, la cabeza de un caballo en la cama. Palpitan las pruebas sordas, mudas, bajo el hormigón oportuno, con sus cámaras de aire incluidas.

Por el agujero del Carmelo se le ven las cloacas al oasis, que al final resultaba ser un decorado con palmeras de atrezzo y moral pública de fogueo. La película catalana, la cansina película precursora de Matrix. Realidad virtual, hacer como que existe una nación donde una clase política de supuesta competencia presta una hipotética estabilidad a base de fuegos de artificio y efectos especiales con el ánimo de convertirse en locomotora de esa España tan ordinaria y cruda, tan real. Tan real que desentona en este videojuego de la orgía financiera y el nepotismo como virtud.

En Matrix no se puede insinuar lo que pasa de verdad como hace de vez en cuando el president (que si el Prestige, que si el tres por ciento) porque todo el castillo de naipes, con el loco, el ahorcado y la rueda de la fortuna, se viene abajo. Cuando Maragall mira a la cámara y recuerda, juguetón, dónde estamos, todo cruje, crepita, se caen abatidas las columnas, se desmoronan los bustos, los padres de la patria se ponen verdes y las cuentas más discretas se congelan. Porque una sola insinuación en Matrix, president, es como una aguja que se encuentra con un globo. La Cataluña oficial como globo.

CORRETEA por algunas carpetas de previsiones del Ministerio del Interior el proyecto de reforma, otra vez, de las matrículas de los vehículos a motor. Quieren los responsables de Tráfico que los coches lleven alguna identificación regional o comunitaria que dé gusto a los partidos nacionalistas que ansían diferenciarse de los demás. Los símbolos sentimentales podrán alcanzar el chapado blanco de los coches y motos: bien sea la bandera, bien las siglas, bien alguno de los elementos culturales representativos como Copito de Nieve o los caballos jerezanos, deberán ser incluidos en la maraña indescifrable de letras y números de una matrícula. Aquel que quiera, eso sí, permanecer con su terruño sin identificar como un pobre paria de la tierra deberá pagar. Es decir, este Gobierno de pesos welter va a colarnos un nuevo impuesto de matriculación de vehículos añadido al ya existente. Robo manifiesto. La medida, por demás, ha puesto en alerta a los empresarios del mercado del vehículo de ocasión, que habían visto crecer su volumen de negocio gracias al hecho de que nadie rechazara las matrículas provinciales fuera de esa provincia, como ocurría antes del cambio de placas. Pero ni siquiera el ridículo de permitir que la sentimentalidad ocupe los espacios meramente administrativos frena la voluntad de la directiva de Interior: el rizo se riza cuando se sabe que el proyecto contempla la posibilidad de que el particular pueda optar por el símbolo regional que más le plazca, no por aquel al que administrativamente pertenezca.

Si un señor, por ejemplo, de Valencia, se siente muy unido al Principado de Asturias por aquello de que su madre era de Avilés, podrá matricular su automóvil con la bandera asturiana por muy valenciano que sea el coche o el domicilio al que esté adscrito. ¿Ventaja de ese protocolo?: podrá saberse cuántos catalanes se sienten paralelamente andaluces, cuántos madrileños no quieren disimular su pasado murciano o cuántos vascos acostumbrados a viajar en coche al exterior de su Comunidad prefieren ocultar su pertenencia al paraíso de Nekanes y Lehendakaris. ¿Inconvenientes?: que se pretenda obligar a pagar un puñado de euros a aquellos que prefieran el anonimato en lugar de hacer pagar a quienes quieran identificarse -que son los menos, en contra de los satisfechos con el sistema actual, que son los más-.

Podría la autoridad aprovechar este viaje hacia el absurdo más absoluto para incluir la reforma total, que sería la de copiar el sistema norteamericano de matriculación, el cual permite que en el lugar de la chapa delantera se coloque lo que buenamente se quiera, una foto de la novia o la bandera de la sociedad coral -la matrícula útil para identificar a un infractor es la trasera- mientras que la otra, si paga convenientemente, puede personalizarla, es decir, poner el nombre de uno mismo en lugar del cifrado correspondiente. Eso en España tendría su gracia, ya que la cantidad de excéntricos que pululan por aquí es de órdago, pero es que, además, permitiría que los más enraizados con sus parcelas vitales colocaran como identificativo de su coche lo que tiempo atrás colocaban en los cristales traseros de sus automóviles. En lugar de una placa con la bandera de su Comunidad podrían reproducir la medalla de su hermandad peregrina o el lema de «mi orgullo es ser marismeño y rociero». Los nacionalistas más rabiosos no les quiero ni decir lo que podrían llegar a inscribir. Yo mismo cambiaría mi matrícula por una síntesis de los escudos del Barça y del Betis. Y no me importaría pagar una pasta, no.

Si el Gobierno, apretado por sus socios minoritarios, no tiene más remedio que hacer el ridículo con esta reforma absurda y perfectamente estúpida, que se atreva a dar el paso y ya, del todo, permita el cachondeo. Nos reiríamos aún más.

La concesión de licencias en abierto para Sogecable, ligada al proyecto de TDT, buscaba favorecer a Canal Plus. Pero, de rebote, al Ejecutivo se le abre un nuevo frente con Veo TV.

A La Moncloa y al Ministerio de Industria les ha salido un nuevo obstáculo en su camino por conseguir la emisión en abierto de Canal Plus. Después de que el pasado martes Sogecable solicitase dicha medida del Gobierno, Veo TV también expresó su deseo de sumarse a la iniciativa.

Esto ha encendido las alarmas en el Gobierno. A pesar de haber querido ligar la concesión de nuevas licencias analógicas al proyecto de la TDT para intentar sacarlo adelante, no contaban con que hubiera alguien dispuesto a sumarse a lo planeado por Industria. Y, mucho menos, que ese alguien fuese una cadena "rival", tanto para Prisa como para el Ejecutivo. Que, por otra parte, después de los últimos acontecimientos es casi como decir lo mismo.

Veo TV, que cuenta con participación de Recoletos y de la editora de El Mundo, se adscribe en los medios competencia del imperio mediático de Jesús Polanco. Lo que menos se esperaban los partidarios de la concesión de nuevas licencias es que "el enemigo" se aprovecharía de la situación. Y he aquí que Veo TV también ha solicitado un cambio en la concesión y la emisión en abierto.

Precisamente ayer tenía lugar una reunión del consejo de administración de Veo TV para estudiar la situación. En el mismo día, el ministro de Industria, José Montilla, volvía a insistir en la tesis gubernamental de las "razones de interés público", la "pluralidad" y el "interés de los ciudadanos".

Pero más llamativo que el soniquete gubernamental empleado para justificar el beneficio a Sogecable fue lo que ya ha sido interpretado como un intento de sentar las bases para un hipotético "no" a Veo TV. Montilla va perfilando el asunto, asegurando que la petición de esta empresa se inscribe en un caso diferente, al tratarse de un cambio de tecnología.

Y es que esta petición ha pillado tan desprevenido al Gobierno, puesto que la "ley Polanco" sólo debía afectar a la situación de Canal Plus, que para La Moncloa se hace necesario preparar una contraofensiva con la que desactivar la propuesta de Veo TV.

Por el momento, el acento ha sido puesto en la solicitud realizada para Canal Plus. Según Montilla, un primer paso consistirá en encargar a los servicios jurídicos una evaluación al respecto para posteriormente optar a una solución al respecto. Un trámite que no convence al frente antigubernamental, ya que se juzga como un gesto cara a la galería para una decisión que está tomada de sobra.

El contenido del informe de los llamados “sabios” sobre RTVE ha sorprendido en numerosos ámbitos periodísticos por la insistencia con que pone el acento en la necesidad de “controlar” los medios públicos. Tan es así que el texto, de 209 páginas, incluye la palabra control, controlar... 166 veces.

En esos ámbitos periodísticos domina la sorpresa y el desconcierto por los planteamientos recogidos en el dossier, puesto que inicialmente el objetivo era “garantizar la independencia” de los medios de titularidad pública y en la realidad de lo que se habla es de controlarlos, como se refleja en la repetición de ese concepto. Algunos conocidos profesionales llegan a hablar de puro “estalinismo”.

La intensidad de la voluntad controladora resulta especialmente clara por lo que se refiere a Efe, puesto que el informe dedica 55 páginas a la agencia (los otras 110 van destinadas a RTVE) y en ellas aparece 56 veces el término control, controlar, más de una vez por página.

Las 166 ocasiones que se reproduce dicha palabra incluyen las 7 del índice y las 2 de las páginas de documentación. Y esta contabilidad no se tiene en cuenta otros términos próximos que también figuran en el dossier, como “vigilar”, “supervisar”, etc.

El texto de los llamados “sabios” contiene errores de bulto en relación con la Agencia Efe, como afirmar que Efe TV realiza “reportajes del corazón”, algo que es incierto; que los documentos de texto “sólo están digitalizados desde el año 2000”, cuando lo están doce años antes, desde 1988 y se comprueba en el servicio Efedata, etc.

En ambientes profesionales se atribuye la paternidad principal del informe a Enrique Bustamante, y en muchos de los datos contenidos en él se aprecian con claridad fuentes directamente relacionadas con Comisiones Obreras.

ESTO del pucherazo será una malevolencia mía, que soy viejo y receloso, además de que llevo vistos unos cuantos y ya conozco el olor a puchero. Pero es que el proceso que sufrieron las cifras de participación a lo largo del día electoral hasta que asomaron los primeros números oficiales ponían en la oreja una mosca irremediable. Cuando al final de la jornada la cifra de participación superó en algún punto el cuarenta por ciento, me dije: «Tate (lo de «tate» es un eufemismo por no decir «coño»), ya han dado el pucherazo para pasar la «barrera psicológica» del cuarenta». Porque menos del cuarenta por ciento ya no sería una cifra de participación desastrosa, sino patética.

De cualquier forma, a los socialistas les daba igual lo que estaba saliendo de las urnas. Porque ya Pepiño Blanco recitaba a las seis de la tarde una marcha triunfal, la vicepresidenta María Teresa y el ministro José Antonio Alonso proclamaban después la victoria del «sí», y finalmente José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba solemnemente que el referéndum europeo había entrado en la Historia. Zapatero y su séquito estaban dispuestos a todo trance, ya salieran de las urnas sapos y culebras, a que el 20 de Febrero de 2005 quedase inscrito con letras de oro en los anales del socialismo español.

Hay que reconocer que gozaron de un activo acompañamiento. Un colega había escrito en un periódico de internet este titular para la información de las cifras del referéndum: «De cada cien españoles, setenta y seis votaron «sí»». Ya me hubiera gustado a mí que en un referéndum bien planteado sobre Europa hubiera salido esa cifra de asentimientos. Pero no es esa la verdad. Hombre, colegui, de eso que usted afirma, nasti, muñeco. Lo cierto, señor matemático, es que de cada cien españoles, cincuenta y ocho no votaron. De modo que de cada cien españoles votaron «sí» solamente treinta y uno. Y eso si admitimos, que es mucho admitir, una razonable limpieza general en el escrutinio de las mesas y en el manejo de los datos finales desde un Ministerio cuyo titular, al dar cuenta de los resultados que él consideraba negativos, les anteponía la palabra «sólo». Toda la información sobre este referéndum, desde el principio al fin, ha presentado el aspecto de una engañifa, de un engañabobos.

Hubo un momento en que parecía que lo único que interesaba a los socialistas era el voto de los vecinos de La Moraleja. Allí, según los rojelios, residen los peperos de pata negra, los ultraderechistas de la carcundia, y allí salieron «noes» a manta de Dios, quizá porque cayeran ciertamente en las urnas, quizá porque fueran contabilizados correctamente, vaya usted a saber. En cambio, los «noes» predicados por los socios del Gobierno eran considerados por los sociatas como «noes europeístas», tome usted nísperos, doña Erundina, que aligeran el vientre.

En fin, hemos salido de ésta, y ahora a esperar a ver lo que se nos viene encima en el País Vasco, con el plan Ibarreche, los soliviantados batasunos, el «kale borroka» de los niñatos de Jarrai y el diálogo en forma de bombas de los etarras.

EL artículo 16,3 de la Constitución Española establece el principio de la aconfesionalidad del Estado al declarar que, «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Así de claro, la Carta Magna española excluye la posibilidad de un estado laico o independiente de cualquier organización o confesión religiosa. El Estado español, según la Constitución, no puede ser indiferente ante el hecho religioso y está obligado a cooperar con las distintas confesiones y muy en particular con la Iglesia católica.

No obstante, el actual gobierno español ha dado a entender que la situación de partida no es de su agrado y busca redirigirlo dentro del marco constitucional. Para dar contenido a esta nueva situación, el Foro Arrupe Madrid invitó a Manuel de la Rocha, abogado, miembro de Izquierda Socialista y ex diputado del PSOE para hacer una exposición de la misma. Según De la Rocha, el meollo del problema radica en preguntarse si un Estado moderno puede girar entorno a una religión o bien sobre la autonomía del individuo con una proyección laica. Nadie, según el ponente, tiene la exclusiva sobre la ética.

Partiendo de esta base, De la Rocha indicó que el PSOE quiere regular varias situaciones reclamadas por ciertos colectivos de la sociedad española. Estas situaciones incluyen: el matrimonio homosexual, un proceso de divorcio simple, la investigación con células madre, la eutanasia, el rechazo de asignaturas religiosas fundamentales, y por supuesto acabar con la financiación desigual de la Iglesia católica en España. Según el ponente, estas soluciones son complejas, pero no tienen por qué ser catastrofistas.

Hubo pocas voces que compartían esta visión con esperanza en el Foro Arrupe Madrid. La mayor parte de los asistentes vieron más bien una clara militancia anti-católica y no un mero ejercicio laico. Por otro lado, muchos de los asistentes insistieron en que estas aspiraciones socialistas no reflejaban los verdaderos problemas sociales de la mayoría del país, mientras que muchos de estos quedaban sin respuesta, pongamos por ejemplo la vivienda.

Dejando de lado la legitimidad o no de una base ética compatible con este largo decálogo de aspiraciones del PSOE, algunos asistentes del Foro Arrupe Madrid se preguntaron por qué había tanta prisa para regular situaciones cuyos efectos podrían ser altamente nocivos para ciertos colectivos. Para regular estas situaciones, ¿quién iba a defender los derechos de los adoptandos en el seno de un «familia» homosexual, los derechos de la vida en potencia destruida para poder investigar con las células madre, los derechos de las personas a los que se les practique la eutanasia, y los derechos de los padres que buscan que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones y que quieran acudir a la enseñanza pública? En definitiva no se explica cómo situaciones e instituciones milenarias, que han probado su bondad y rigor desde el comienzo de la humanidad, vayan a modificarse de un plumazo sin una base científica bien fundamentada que lo avale. Algunos incluso se llegaron a preguntar si lo único que pretendía el PSOE era dar respuesta a una ideología sin ánimo de resolución de problemas de verdad y pase lo que pase.

De la Rocha insistió que el fondo del problema es político. Lo que hace falta es que las personas debatan estas ideas en profundidad, en conocimiento y con respeto. No obstante, e independientemente de la postura del ponente, hay otra forma de entender la «política». En países con una larga tradición democrática y laica, las posturas de un número importante de congregaciones católicas ante temas similares a los debatidos han tenido como respuesta que los feligreses tomen militancia activa en la defensa de sus convicciones. Quizá sea éste el paso que los católicos españoles hayan que iniciar, organizándose y saliendo a la vida pública para defenderse y defender sus ideas.
¡¡¡ Católicos españoles, unios !!!

El bochornoso espectáculo del jueves en la Cámara vasca no pasará a la historia porque unos energúmenos invadieran el Parlamento. Eso es algo que, desgraciadamente, sucede a menudo. Tampoco pasará a los anales por la valentía y el pundonor de Carmelo Barrio. Eso es algo que demuestra cada día, junto con sus compañeros del PP y algunos del PSOE. No, lo que pasará a la historia de todo esto es la hipócrita sonrisa de la vicepresidenta del Gobierno vasco, cuando ella estaba hablando y entraron los proetarras.
Supongo que en ese momento le traicionó el subconsciente. Quien sabe si porque ya sabía lo que iba a pasar, o quien sabe si porque pensó: «ya estan aquí nuestros amiguitos, estos chicos que a veces se descarrían, pero que son muy simpáticos». Creo que un poco de cada cosa.
Batasuna no necesita representación en el Parlamento vasco. Ya tiene al PNV y a EA para que hablen por ella, y a ETA para que hable con muertos en la calle.
El mismo día de este alboroto, la Policía evitaba que estos criminales volvieran a asesinar con su saña habitual. Aun así, estoy seguro de que el presidente del Gobierno seguirá con su nuevo talante y hablará con ellos, intentará negociar y buscar un fin de ETA a costa de humillar a las víctimas, como viene haciendo últimamente.
No puedo imaginarme lo que impulsa a Carmelo Barrio y a sus compañeros a seguir luchando contra todos los enemigos de la decencia. Tampoco puedo imaginarme lo que pensarán aquellos miembros del PSOE que todavía son constitucionalistas, al tener que seguir los desvaríos del neonacionalista Pachi López. Pero si sé lo que yo habría sentido anteayer si hubiera estado en su lugar cuando entraron los proetarras. Lo mismo que sentí cuando vi la sonrisita estúpida de la vicelendakari: asco.

Ya saben que ZP sólo piensa en nuestro bien, por eso ha querido impulsar una Ley de Televisión y Radio bajo la razón de estado “mi obligación es pensar en pluralidad informativa, en beneficio de los ciudadanos" ha declarado el presidente a Luis del Olmo.

Según parece ese pluralismo consiste en que un solo grupo mediático, curiosamente PRISA, concentre el 50 % de las emisoras de radio, monopolice en exclusiva la televisión de pago, cuente con el periódico de mayor tirada nacional, domine un importante porcentaje del negocio editorial y además de contar con un canal local implantado en toda España, Localia, pretenda también hacerse con un trozo del pastel de la emisión televisiva en abierto.

Toda una lección de pluralismo, si señor. Usted puede desayunar con las noticias de la SER, contrastar su información con El País, interesarse por los deportes o la economía en 5 días o AS, entretenerse con los programas de Canal Plus o Canal Digital y enterarse de la actualidad política de su ciudad con las tertulias de Localia o en los 27 periódicos regionales que comercializa el grupo PRISA. Sus hijos estudiaran con los textos de Santillana y su biblioteca se vera enriquecida por los libros de Alfaguara. Acudirá con su familia al cine a ver una película producida por Sogecine o quizás escuchará algo de música también producida por la discográfica Gran Vía Musical, en los 40 principales, M80 o cadena Dial, y si le sobra tiempo, siempre puede leer las revistas Claves, Cinemanía, Rolling Stone o 40 Magazine. La ciudadanía esta tan deslumbrada por la diversidad de enfoques e ideas independientes que nos ofrecen, que se hace preciso añadir más medios de comunicación a esta gran empresa de la libertad y el progreso que es PRISA.

Y para dejarnos más claro, qué es lo que ZP entiende por pluralismo, el reparto de la publicidad estatal del referéndum del día 20. Mientras la SER recibe 600.000 euros en publicidad institucional, y la recién estrenada Punto Radio 72.000 euros, la COPE, segunda emisora nacional, resulta castigada con tan sólo 50.000 euros.

Peor suerte corren los medios en internet, que han sido completamente postergados, y es que la libertad y el autentico pluralismo que existe en la red, no parece gustar mucho a los socialistas, pese a sus discursos a favor del desarrollo de las nuevas tecnologías. Mejor dar la pasta de los impuestos que pagamos todos a periodistas afines, como los 72.000 euros que han ido a parar a la Asociación de Periodistas Europeos de la que forman parte Aguilar o Diego Carcedo, cuyas simpatías son conocidas por todos.

Recordamos que MinutoDigital ocupa en la actualidad el puesto 9.718 en el medidor internacional de Alexa, siendo el confidencial en la red, que ha experimentado el crecimiento más espectacular el año pasado.

La publicidad institucional está puesta en ‘el ojo del huracán’. Hace tan solo algunos días el Grupo Intereconomía ponía en grito en el cielo. Su semanario católico Alba quedaba fuera de los medios elegidos por el gobierno para publicitar la Constitución Europea. Consecuencias: menos euros en la cuenta de ‘haberes’. Reacción: acusar al Ejecutivo de “revanchismo político”. Respuesta de La Moncloa: "eso es totalmente falso”.

Lo cierto es que el tema navega mar adentro, con plena libertad. No existe una normativa que regule los criterios que se aplican a la hora de elegir a los medios beneficiados con la publicidad institucional. Así las cosas, cuando Gobierna el PP el PSOE exige explicaciones y cuando el mando está en poder de los socialistas la mirada crítica la pone el Partido Popular.

El senador del PP, José Blas Fernández ha preguntado por escrito al Gobierno sobre lo gastado por este concepto en los últimos siete meses de 2004:

“Según me contestan ellos el monto es de 14.831.601 euros. Considero que es una cantidad excesiva y aun cuando me lo han detallado lo que no se me dice es por qué concepto o finalidad tiene esa publicidad o propaganda”

Esa cantidad de dinero, ¿en qué meses fue gastada?

Este dinero fue invertido entre los meses de mayo a diciembre de 2004.

¿Usted ha hecho alguna comparación con lo que se gastaba el PP en un mismo periodo?

Sí, después de la toma de posesión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que he notado es un gasto excesivo que en otras partidas de otros años no me constaba. Esa ha sido la causa por la que yo he preguntado. La respuesta ha sido muy parca porque me informan sobre la sociedad mercantil con la que contratan y el importe. Aún no sé a qué corresponde cada partida.

¿No le han entregado un desglose del presupuesto invertido por este conecto?

En absoluto. Pediré una aclaración, sobre todo de la factura más importante porque va por ministerio y quiero saber el fin que tiene esa publicidad.

¿A qué se debe su inquietud por este tema?

Bueno tengo dos condiciones. Una ser fiscalizador por estar en la oposición. Segundo, porque estamos hablando de que desde mayo hasta diciembre de 2004 aún eran presupuestos que había hecho el Gobierno del Partido Popular. Es decir han estado gastando partidas de un presupuesto que no era suyo.

¿Usted ha hecho algún seguimiento de la publicidad que ha contratado el Gobierno?

No. Ahora intentaré con esta serie de nombres de empresas que me han dado saber el fin social de la empresa y por qué se ha gastado. Ahora tengo una herramienta de trabajado para ir preguntando poco a poco en forma parlamentaria y con documentación todo sobre este tema. Presumo que el gasto será excesivo en los próximos meses. Ellos criticaban al Partido Popular que gastaba mucho y ahora dan el ejemplo con el gasto de esa cuantía en pocos meses.

Le insisto en una pregunta anterior. ¿Usted ha hecho una comparativa entre lo que se gastaba en PP y lo que se registra ahora?

Ahora mismo sí. He hecho una comparativa y lógicamente hemos gastado muchísimo menos cuando gobernaba el Partido Popular.

¿En un mismo periodo de siete meses?

En los mismos meses que se han producido estos gastos.

¿Usted tiene conocimiento de los criterios que se aplican para publicitar en uno u otro medio? ¿Hay una regulación en este sentido?

No, no existe y me sorprende. He hecho una reciente pregunta sobre la publicidad. En el AVE de Sevilla a Madrid, El País se distribuye de forma gratuita con más de 160.000 ejemplares y El Mundo sólo ha podido repartir 60.000 ejemplares, es decir menos de la mitad.

¿Usted busca descubrir algún caso de corrupción con este tema?

Sobre todo que se está gastando alegremente y no sabemos los criterios políticos y si son criterios que se mantiene por la coalición con otros partidos.

¿No hay regulación?

No, no está regulado y no sabemos a qué corresponden esos criterios. Por ejemplo, no sabemos por qué se gastan tres millones de euros en una empresa que se llama KRC S.A.

¿Por qué el PP se preocupa ahora de regular el destino de estos dineros y no lo hicieron durante los ochos años que estuvieron en el Gobierno?

Es que nosotros gobernábamos con cierta responsabilidad, y diría que con toda responsabilidad, entonces no estábamos obligados a regular nada.

Quisiera poner de manifiesto lo "bien" que trabaja el Ministerio de Asuntos Exteriores, la celeridad en atender las consultas, su preocupación por facilitar el conocimiento de la Constitución Europea.... El pasado 1 de febrero, siguiendo la recomendación correspondiente en la página web que el Ministerio de Asuntos Exteriores dedica a la Constitución Europea, decidí solicitar que me enviaran un ejemplar. Y opté por la fórmula más rápida: un correo electrónico a la dirección indicada en dicha página. Al fin y al cabo, estamos en el siglo XXI y, quien más quien menos, trabaja con correos electrónicos; especialmente, pensé, en las administraciones públicas.

A pesar de la cercanía del referéndum, pensé que me llegaría a tiempo antes de ir a votar. Pero pasaban los días y mi buzón seguía vacío... Once días, después sé que mi espera era vana ya que esos once días son los que han tardado en leer mi correo electrónico en el Ministerio (la prueba: la respuesta de correo leído que adjunto). ¿Cómo pueden tardar once días en leer un correo electrónico? ¿Es que no hay nadie que consulte esa cuenta diariamente? ¿Acaso reciben tantos correos que no los dan leído? En este caso, ¿por qué no se pone solución antes del referéndum? Muchas posibilidades pero, sobre todo, un gran interrogante: ¿Por qué se burlan de los ciudadanos publicitando un servicio –en la web, en anuncios en televisión...– que no están dispuestos a atender? Dudo ya que consiga recibir un ejemplar de la Constitución, sobre todo antes del referéndum... ¿no debería ser un derecho de todos los españoles saber qué vamos a votar, sin ni siquiera la necesidad de pedirlo?

Andan estos días los líderes políticos como almas en pena haciendo campaña para que votemos en el referéndum del día 20. Los pobres hacen lo que pueden para ganarse el sueldo, aunque el entusiasmo que ponen es perfectamente descriptible: escaso, tirando a patético. A los políticos les pasa lo que a los «hoolligans», que si no pueden insultar al contrario les come la depresión. Ésa debe ser la razón por la que a Zapatero se le están durmiendo las bases del partido en pleno mitin. Días pasados, para sacudir la modorra de los valencianos, Zapatero aseguró con muy buen talante que sólo la extrema derecha votaría «no» en el referéndum y que los obispos estaban siendo muy malos por no condenar la abstención. O sea, que no hace falta ser un lince para barruntar lo que se avecina si los resultados del día 20 son un desastre: la culpa será del PP y de la Iglesia. Lo cual no deja de ser un sarcasmo cuando los socios y aliados del Gobierno votarán un «no» tan grande como una catedral. Por eso, haría bien Zapatero en emplear su mejor sonrisa para convertir al «sí» a Carod-Rovira, a Llamazares, a los gallegistas y a los aragonesistas. Si lo logra, que los clarines proclamen su gloria. Pero si fracasa, que luego no busque a los culpables del desastre en corrales ajenos. Con socios como los suyos, a Zapatero le sobran los enemigos.

El Gobierno tripartito catalán ha salido malparado de su primera prueba con fuego real. El Ejecutivo "de izquierda" no ha sabido reaccionar con la eficacia y solvencia requerida ante un problema ciudadano causado por unas obras de metro impulsadas por la propia Generalitat.

El president, Pasqual Maragall, tardó 10 días en acercarse al barrio del Carmel. La magnitud del desastre le forzó a una corta visita -de media hora- entre abucheos de los ciudadanos. Solo, con su paraguas abierto bajo la lluvia, el presidente catalán tuvo su particular subida al Monte Carmelo. Aún peor, tuvo la ocurrencia de comparar el chapapote y la tragedia ecológica del Prestige con la imprevisión y falta de control de unas obras públicas realizadas a golpe de voladuras, que han llevado al desalojo de 1.054 personas y a que un centenar de ellas pierdan sus viviendas y negocios para siempre.

El tripartito catalán suspende por que 15 días después de que apareciera un enorme socavón y se hundieran los primeros edificios, la gente todavía no sabe quién es el responsable de aquello. Los ciudadanos se preguntan por qué no se informa de las causas del hundimiento. Los geólogos critican las medidas adoptadas por la Generalitat, que se limitan a inyectar 18.500 metros cúbicos de hormigón sobre el agujero. Los especialistas creen que es peor el remedio que la enfermedad. El remedio implica poner una pesada carga sobre un terreno que tal vez no aguante.

Nadie, hasta ahora, ha dado explicación alguna sobre por qué el túnel de maniobra del metropolitano se llevó el Carmel. En el proyecto inicial se ubicaba en el barrio de Horta y se modificó nueve meses después de ser adjudicada la obra. Consta que la compañía de Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) presentó una alegación y pidió que se llevara a la Vall d?Hebrón. Sin embargo, el túnel se construía en el Carmel, o el Carmelo, sin que nadie apechugue con la decisión de cambiarlo de lugar.

Maragall estuvo lento y torpe. La crisis le pilló en una reunión de millonarios, nuevos aristócratas, y pijoapartes en el Fórum de Davos. Cuando se decidió a pisar el terreno, el president exacerbó los ánimos ciudadanos, que venían algo maleados por las explicaciones de Joaquim Nadal, el conseller de Obras Públicas, que -como un auténtico hermano Marx- se obstinaba en repetir que lo sucedido obedecía a "una causa imprevista e imprevisible".

Luego, el president Maragall se vio obligado a ofrecer un plan de reforma integral de todo el Carmel con ayuda del Gobierno central y la Unión Europea. Ya se sabe que el ungüento amarillo lo arregla casi todo. Mientras tanto, los vecinos afectados padecían un auténtico vía crucis que les condujo a recibir a Maragall con ofendidos gritos de "¡Dignidad, dignidad!". Cabe recordar que el Carmel sufrió como pocos lugares el azote de la aluminosis, que tumbó alguno de sus inmuebles. Los bloques derribados ahora en el pasaje Calafell y la calle Sigüenza no están muy lejos de la calle Cadí, donde la aluminosis echó abajo un bloque de viviendas y mató a una vecina en 1990.

La primera muestra de peligro en el Carmel fue un pequeño desprendimiento en un edificio, el 25 de enero. Dos días después, el enorme socavón engullía un garaje y aparecía un agujero de 35 metros de profundidad y más de 200 de superficie que obligó a una evacuación masiva de 84 bloques de viviendas. Barcelona ya tenía su zona cero de la improvisación, y el Gobierno de la Generalitat, un problema real -no como el del Estatut- con el que medir la calidad de su gestión.

Los vecinos apenas tuvieron tiempo de agarrar algunos recuerdos y sacarlos con ellos de las viviendas. Los bomberos les apelaban desde los interfonos y a porrazos en la puerta al desalojo urgente. "Coged los abrigos y todos fuera, esto no es juego", les dijeron a los niños del colegio Santa Teresa de Jesús, afectado por el socavón. Unos bloques se venían abajo sin más, otros resistían en pie, pero a los vecinos se les prohibía la entrada.

Por allí no parecían ONG (al parecer ocupadísimos con el tsunami); eran los pobres vecinos y los sufridos bomberos los que acarreaban enseres poco pesados, animales de compañía y algo de ropa de los afectados. Pudimos ver a algunos de esos vecinos escarbar entre cascotes a la busca de sus recuerdos, sus fotos, sus pertenencias... Su vida había quedado presa entre aquellas paredes resquebrajadas por un túnel subterráneo.

Para colmo, unos 350 vecinos fueron avisados porque se pensó que podían volver a casa y poco después de hacerlo fueron de nuevo sacados de ellas a toda prisa porque el terreno cedía otra vez. Los afectados exigen la verdad y acusan a los políticos de ocultarles información.

César VIDAL
El referéndum de la mal denominada Constitución europea será una prueba con la que tendremos que enfrentarnos los ciudadanos españoles muy en breve. Creo que es público y notorio –no lo he ocultado– que voy a votar NO. Las razones para mi voto van desde la reducción del papel de España en el nuevo tratado (especialmente si se compara con el de Niza) a la falta de democracia que se percibe en el texto. Tampoco me parece desdeñable el argumento de que un triunfo del Sí sería utilizado por Zapatero como un respaldo plebiscitario a su gestión. Sin embargo, confieso que junto con esos factores, ciertamente nada desdeña- bles, se encuentra también el de la relación de la masonería con el presente texto constitucional. Me explico.
Yo votaré NO a esta Constitución porque estoy convencido de que la masonería ha tenido un papel sustancial en la misma y acabará sirviendo para consagrar un gobierno en Europa que, sin asomo de democracia, pretenderá consumar la descristianización del continente. Nadie entregó mandato alguno a Giscard d’Estaing –conocido masón francés– para redactar la Constitución. Simplemente la presentó «motu proprio» y la impuso sin dar posibilidad de reforma.
A mi juicio, ese peso de la masonería en el texto de la Constitución se trasluce, fundamentalmente, en tres consecuencias. La primera, el intento de dar una visión de Europa en la que el cristianismo no es considerado sino totalmente orillado. Se hace referencia a la herencia greco-romana (lógico), pero de ahí se salta al siglo de la Ilustración. Ahí es nada. Pasamos de los césares a la guillotina (por cierto, inventada por otro masón) como si tal cosa. No hubo ni patrística latina, ni escolástica medieval, ni Humanismo, ni Reforma protestante, ni Reforma católica, ni avivamientos del XVII, ni persecuciones religiosas a manos de los totalitarismos. No existió Pablo de Tarso, Pedro el pescador, Andrei Rubliov, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Sergio de Radonezh, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Cervantes, Milton, Dostoyevsky, Edith Stein... Nada de nada. Del paganismo a las logias y el que no se lo quiera creer que reviente.
La segunda consecuencia es que la Constitución consagra una total falta de control sobre la masonería en contraste con las confesiones religiosas. El artículo I-51 del Título VI, que se ocupa del tema, indica que las denominadas «iglesias» estarán regidas por el derecho estatal –algo lógico porque el régimen de relaciones entre Iglesia y Estado es totalmente diferente en Grecia, Italia o Francia por citar algunos casos– pero las «sociedades filosóficas» no aparecen sometidas ni al derecho nacional ni al de la UE. A lo mejor resulta que las «sociedades filosóficas» son la resurrección de los discípulos de Sócrates y Platón, pero todo parece apuntar más bien a la masonería. Finalmente, y muy en la línea histórica de la masonería, el futuro europeo queda configurado de manera escasamente democrática.
Resulta obvio que cada cual deberá responder ante su conciencia –por cierto, los del «No a la guerra» ¿cómo apoyan ahora un texto donde se recoge expresamente el principio de la guerra preventiva? ¿por disciplina de partido?– pero, personalmente, como, al fin y a la postre, ni tengo carnet de partido, ni ostento cargo político alguno, ni lo ambiciono y, sobre todo, mi primera lealtad es hacia Cristo, votaré NO.

Ya es triste y penoso que el Presidente del Gobierno tenga que tomar un “cafelito” en el bar del Congreso de los Diputados, sin cámaras y micrófonos, con un grupo de periodistas, para aclarar lo que quiso decir veinticuatro horas antes en la tribuna del hemiciclo ante sus señorías y ante todos los ciudadanos que siguieron el debate del Plan Ibarretxe por la televisión o por la radio.

Con ese gesto, Zapatero estaba reconociendo implícitamente que no estuvo a la altura de las circunstancias y que su intervención causó mucho desconcierto, no solamente en amplios sectores de la opinión pública, sino sobre todo entre sus propias filas. No hacía falta más que ver la cara de estupefacción con la que Alfonso Guerra seguía el debate desde su escaño o lo manifestado al día siguiente por Rodríguez Ibarra.


En debates parlamentarios como el celebrado el pasado día 1 en el Congreso se demuestra quién tiene sentido de Estado y quién no; quién cree en España y quién no; quién asienta la política en valores, en principios, en convicciones y quién lo hace en razones de estrategia partidista y jugando al corto plazo. Lo que se debatía era ni más ni menos el intento de un Gobierno, el del País Vasco, de llevar adelante un Plan -aprobado en el Parlamento Vasco gracias a tres votos de ETA/Batasuna- que plantea la secesión de una parte del territorio nacional. Algo que no había sucedido nunca desde la transición democrática.


Ante ese reto, ante ese pulso planteado con toda nitidez por el nacionalismo vasco, resulta que el Presidente del Gobierno de España, que es a quien le corresponde liderar en primera línea la respuesta política, realizó un discurso lleno de guiños, de mensajes complacientes a quien había venido a Madrid a dar patadas en la espinilla a él y a los representantes de la soberanía. Es verdad que Zapatero dejó claro la oposición de su Gobierno al Plan Ibarretxe, pero con igual claridad habló del reconocimiento de dos legitimidades —la vasca y la española- de la apertura de una nueva etapa histórica en la que quepan todos; de no considerar el resultado de la votación como una victoria, etc, etc.


En la intervención presidencial se echó mucho en falta referencias claras y contundentes al cumplimiento de la ley, a la igualdad de todos los españoles, a la solidaridad entre todos los territorios; a la situación de falta de libertad en la que muchos ciudadanos viven en el País Vasco. Por no decir, no pronunció ni una sola palabra de condena a que el Plan Ibarretxe hubiese sido aprobado en el Parlamento Vasco gracias a tres votos de ETA/Batasuna. ¿Por qué esta actitud del Presidente? Se me ocurren tres razones.


En primer lugar, Zapatero planteó su discurso pensando fundamentalmente en las elecciones vascas y en su obsesión por arañar votos del nacionalismo moderado. Es decir, se dirigió a los electores vascos. Loable empeño, pero es evidente que no era el momento más adecuado, porque aparte de los electores vascos, había otros muchos españoles pendientes de la posición del Presidente.


En segundo lugar, Zapatero no quiso molestar en exceso ni a ETA ni a Batasuna, dado que está convencido que se dan las condiciones para llevar a cabo un proceso de negociación con la banda terrorista, y, claro, no hay que molestar mucho a la “bestia”. Y en tercer lugar, sigue hipotecado por el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y, por lo tanto, no le convenía hacer un discurso en un tono que asustase en exceso a su socio catalán.


El resultado de todo ello fue un discurso vacío de contenido, falto de convicción, complaciente con Ibarretxe y con lo que pueda estar cociéndose en Cataluña. Por el contrario, el discurso que le correspondía hacer al Presidente lo acabó pronunciando el líder de la oposición y Presidente del PP, Mariano Rajoy, en la que sin duda ha sido su más brillante intervención parlamentaria. Algo similar se podría decir del portavoz del grupo parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tuvo una intervención sólida, llena de argumentos, que gustó mucho más en las filas socialistas que la del propio Zapatero. Algunos hablan de reparto de papeles. Eso es lo que se suele argumentar cuando no se quiere reconocer que uno ha metido la pata.

En definitiva, el Presidente del Gobierno intentó arreglar con un “cafelito” con periodistas, el desaguisado que llevó a cabo el día anterior desde la tribuna de oradores. El problema es que tiene todo el derecho a tomar cuantos “cafelitos” le plazcan con la prensa, pero sobre todo, tiene el deber de ser claro ante la representación de la soberanía popular. Y puestos a ser exigentes, a uno le gustaría saber, por último, quien pagó el “cafelito” de Zapatero y los periodistas. Me temo que al final lo pagamos todos los españoles, no sólo en términos estrictamente monetarios, sino sobre todo en términos de defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de lo que nos une desde hace muchos años.

Preguntada por la posibilidad de que existan en un futuro más canales de televisión en abierto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció este viernes, tras el Consejo de Ministros, que el “panorama va a cambiar radicalmente” en unos años, porque van a existir “muchísimos más canales de televisión”. En este sentido, ha recordado que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha dicho en varias ocasiones que “si técnicamente es posible”, habrá más canales. “Con la reordenación, si caben uno, dos o tres canales nuevos, los que quepan, es bueno, porque se incrementa el pluralismo, se favorece la competencia, se elevan los niveles de calidad y la oferta es más abierta y plural”, afirma la vicepresidenta. “Lo que estamos haciendo -agregó- es reforzar algo fundamental en democracia, que es que los ciudadanos tengan acceso a mucha información, cuanta más mejor, para que así puedan conformarse una opinión pública libre”.