El 21 de diciembre del pasado año, Jesús Caldera anunció la creación de una Unidad Administrativa dedicada a gestionar esos fondos ofrecidos por la CECA. Dicho capital se ha reunido gracias a la aportación de las Cajas de Ahorros (10 millones) y las donaciones de empresas y clientes de las Cajas.
El Ministerio de Trabajo y las Asociaciones de víctimas acordaron que ese dinero iría destinado a una serie de prestaciones sociales. No se entregarían esas ayudas en metálico sino que el Estado subvencionaría diversos servicios para los afectados.
Según han reconocido algunas instancias gubernamentales, diecisiete meses después de los trágicos sucesos de Madrid aún no se han dotado todas las ayudas para las víctimas. Un portavoz oficial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales declara que ya se han puesto en marcha las ayudas de “asesoramiento jurídico e información”, que funcionan a pleno rendimiento. Sin embargo, aún no se encuentran plenamente operativos la rehabilitación física y psicológica, y el asesoramiento laboral.
Algunos afectados han reconocido a El Confidencial Digital su nerviosismo ante la paralización de esas subvenciones. En cambio, un portavoz de la Asociación de Víctimas del 11-M niega que haya personas intranquilas por estos retrasos.
A día de hoy, una Comisión formada por distintas organizaciones de damnificados por el 11-M se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Asuntos Sociales para intentar concretar el modo de realizar el reparto de los fondos que quedan por distribuir.
El organismo encargado de imponer la pena de “pantallas negras” será un Consejo Audiovisual que debe nacer también en virtud de la legislación propuesta. Los perfiles del nuevo organismo se definen en el anteproyecto de ley General Audiovisual y en el borrador de la norma que decretará su creación como la “autoridad independiente, encargada de la supervisión del sector en el ámbito de las competencias del Estado”.
Las “faltas graves”, cuya comisión podrán acarrear a las cadenas de televisión la suspensión temporal de las emisiones mediante la imposición de un velo negro a su programación, son prolijas. Entre otras, el incumplimiento de las obligaciones impuestas “en defensa del pluralismo informativo y de los derechos de los ciudadanos”, la difusión de señales sin licencia, el falseamiento de los requisitos para poder emitir, la difusión de “mensajes subliminales” o la edición de canales cuyos contenidos atenten de manera grave contra los principios constitucionales o violen, “con resolución firme”, el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
El cardenal Rouco defiende “el marco jurídico vigente en las relaciones con el Estado” y recuerda que “el Estado no es el educador de la nación”, sino “un servidor de la sociedad”
La defensa de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, vigentes desde 1979, y la libertad de enseñanza al amparo del artículo 27.3 de la Constitución española, el que garantiza que los padres pueden elegir educación “de acuerdo con las propias convicciones”, son las cuestiones fundamentales para los principales representantes de la Iglesia católica en España. Los contactos de los próximos meses entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno pueden ser decisivos, tanto para que la Ley Orgánica de Educación (LOE) respete el mandato constitucional como para que el Concordato vea ratificados sus puntos fundamentales, en este caso de acuerdo con el artículo 16 de la Carta Magna, el que reconoce a la Iglesia católica, dentro de la aconfesionalidad, con una referencia explícita como referente de la creencia mayoritaria.
El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, intervino este martes en los cursos de verano de la Universidad San Pablo-CEU, concretamente en el que ha abordado en estos días las relaciones Iglesia-Estado. En su ponencia, dedicada al desarrollo de esas relaciones en nuestro tiempo, el cardenal repasó los diferentes acuerdos bilaterales que ha habido en la historia contemporánea. Tras definirlos como “una fórmula valiosa y viva”, se refirió especialmente al Concordato vigente desde 1979. “La solución de 1978 (cuando se cerraron los acuerdos) es buena. ¿Por qué se pone en cuestión ahora?”, se preguntó. En la misma línea, añadió que “es necesario consolidar el marco jurídico vigente en las relaciones Iglesia-Estado y promover una toma de conciencia sobre la necesidad de renovar el Estado, moral y espiritualmente”.
Según el prelado, ex presidente de la Conferencia Episcopal, otro de los grandes temas institucionales pendientes es “la escuela, especialmente la pública, que puede llega a manipular a las personas y convertirse en una especie de escuela Estado”. Y recordó que “el Estado no es el educador de la nación, sino un servidor de la sociedad”. Rouco explicó, por otro lado, que la solución al problema de la enseñanza requiere la aportación de “gente dispuesta a ejercer el diálogo y el encuentro, sin revisionismos históricos”. Finalmente, aseguró que “es una exigencia la participación de los católicos en la vida social y política”, y calificó de problema grave “la relativización de los fundamentos éticos del Estado y de la sociedad, que pone en riesgo no sólo los bienes de la sociedad, sino los de cada persona, como es el caso de la familia”.
Doble prioridad para una etapa importante
El cardenal Rouco reflejó, con sus palabras, lo que es desde hace meses una doble prioridad para la Iglesia en España. Después de la reciente reunión que tuvieron el obispo responsable de Enseñanza y Catequesis y titular de la diócesis de Málaga, Antonio Dorado, y el vicepresidente del Episcopado, Antonio Cañizares, con la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, la preocupación es clara sobre todo en la cuestión educativa. Este jueves, a pesar de la rectificación gubernamental que se produjo, se mantenía viva la polémica por las informaciones que aparecían en varios medios de comunicación, en el sentido de que la nueva LOE no obligará a los centros públicos a ofertar clase de religión. Por tanto, además de reclamar que la materia confesional sea evaluable y computable y tenga una alternativa “digna”, los obispos se ven ahora obligados a exigir que se respete la legalidad vigente y, por tanto, quede garantizado que la asignatura será de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos.
De estas cuestiones también habló el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, durante el mismo curso de la San Pablo-CEU. Dijo que la libertad religiosa, la laicidad y la aconfesionalidad del Estado, así como la cooperación con las diversas confesiones, “configuran nuestro sistema constitucional en materia religiosa”. Después, denunció que “algunas corrientes instaladas en la tradición laicista quieren someter a revisión este principio”, con la intención de “impugnar la existencia de relaciones de cooperación” y “relegar a la dimensión privada el fenómeno religioso”. Sobre los Acuerdos de 1979, el líder de la oposición comentó que “la lealtad al espíritu constitucional, la congruencia con sus principios y un elemental sentido de la prudencia y la responsabilidad política aconsejan el mantenimiento” del Concordato.
Es el caso de Giovanni Sartori, destacado intelectual de la izquierda liberal europea, miembro de la Accademia Nazionale dei Lincei y editorialista de Corriere della Sera. Desde 1988, vicepresidente de Societá Libera, destinada al estudio y la promoción de los ideales liberales en la sociedad. Para este pensador la llegada incontrolada de inmigrantes que no quieren integrarse en su sociedad de acogida supone un riesgo para el pluralismo y la democracia, según las tesis que mantiene en su libro Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. En este libro mantiene que el mayor reto para las sociedades desarrolladas en las próximas décadas es la inmigración o la incursión descontrolada de personas de culturas diferentes o antagónicas que buscan un porvenir en un medio social que les es ajeno, siempre difícil y que muchas veces consideran hostil. Igualmente Sardoti considera que "las nuevas generaciones son blandas; hemos perdido nuestro carácter, vigor; quieren vivir lo más felizmente posible y no les gusta pensar en cosas desagradables, prefieren esconder la cabeza en la arena y no ver la realidad".
Por su parte en Alemania, Oskar Lafontaine exdirigente de la clásica social democracia alemana, ha ido más allá, pasando del debate de las ideas a la formación de una nueva opción política, Alternativa Trabajo y Justicia Social (WASG), que promete expulsar de Alemania a "quienes no hablen nuestra lengua y no paguen sus impuestos según su capacidad". Según Lafontaine "Hay que proteger a los padres de familia alemanes y a las mujeres alemanas para que los fremdarbeiter (trabajadores foráneos), no les arrebaten los puestos de trabajo". Según los últimos sondeos, el nuevo partido surgido de la unión de la WASG (Alternativa Trabajo y Justicia Social) y el PDS, los herederos del post-comunismo ya son la tercera fuerza del país con un 18% de intención de voto, con lo que ayudaría decisivamente a hundir al SPD por debajo del 30%.
De asentarse esta nueva formación política, sin duda estaríamos ante el germen de una nueva izquierda europea que nada tiene que ver con la tradicional social democracia alemana, que sin duda ha perdido la iniciativa, ya que con toda probabilidad el SPD de Schröder, resultará derrotado en las urnas en beneficio de un gobierno de derechas. La incógnita es el papel que desempeñará el partido de Lafontaine con un nuevo gobierno democristiano de la CDU.
Lo que sin duda es cierto es que algo se está moviendo en la Europa de izquierdas, no así en la vetusta izquierda española.
Tras la congoja y el desasosiego que obviamente provoca este tipo de ataques indiscriminados contra la población civil, conviene que mantengamos el temple para no perder de vista cuáles son los objetivos de estos fanáticos y cómo deben ser, en consecuencia, nuestras reacciones. Pese a que el empleo del terror se sitúa bajo el signo de la irracionalidad, por la saña y la bajeza extremas que comporta y por el sufrimiento que conlleva, es no obstante un arma dirigida racionalmente a un fin muy concreto.
En un documento elaborado por la propia Al Qaeda, se afirma que sus combates dispersos incluyen a las sociedades para «aniquilar el apoyo de la población a sus soldados» y que las nuevas acciones descansarán «en el uso de los medios de masas y de las redes de información con el fin de influir en la opinión pública y a través de ella en la elite gobernante». Huelga añadir comentarios sobre lo que ocurrió en España durante el 11-M y los días sucesivos, con unas elecciones de por medio. El plan salió al milímetro.
Las sociedades anglosajonas se caracterizan por su confianza en las instituciones y por su determinación para perseguir a quienes pretenden destruirlas. Bush accedió a su segundo mandato tras ser el presidente con mayor número de votos en toda la historia de los Estados Unidos. El australiano Howard, implacable en su postura frente al terrorismo, revalidó su puesto con una mayoría abrumadora. Blair venció también holgadamente en las últimas elecciones. Esperemos que en esta hora trágica el pueblo británico no le demande aquello que no debe otorgar.
Si bajo el peso de la rabia y el dolor arreciaran las protestas para retirar las tropas de Irak –haya o no haya tenido relación este atentado con aquel conflicto–, y si en efecto el primer ministro accediera, los fanáticos volverían a anotarse una victoria en su macabra lista, que incluye sucesivamente, según ellos, Afganistán, Somalia, Chechenia, Líbano y, como último eslabón, justificado con todos los pretextos gubernamentales que se quiera, España. Es de esperar que el gran pueblo británico sepa de nuevo cumplir con su responsabilidad. Herido, pero cohesionado y firme.
Aparte de la carga de cursilería que tiene la citada frase, ¿qué está queriendo Zapatero decir cuando la pronuncia? ¿Acaso no son decentes los Países, la mayoría en Europa y en otros continentes, en los cuales no existe una ley de ese tipo? ¿Acaso no son decentes aquellos ciudadanos españoles que no están de acuerdo con que se llame matrimonio a la unión de dos hombres o de dos mujeres?
A Zapatero le pierden con frecuencia las frases "bonitas" que sólo buscan titulares, pero que están vacías de contenido, que son huecas. Y además le pierde el meterse, como se dice coloquialmente, "en unos jardines", de los que puede salir claramente malparado. Porque puestos a hablar de las "decencias", podemos enumerar, sin querer ser exhaustivos, las que lleva realizadas nuestro Presidente del Gobierno desde que llegó a la Moncloa hace quince meses.
Se puede hablar de la "decencia" que ha demostrado ZP, al no escuchar absolutamente nada de lo que cientos de miles de españoles pidieron en la calle a lo largo de tres sábados del pasado mes de junio. El 4 de junio en Madrid, le pidieron que no negociara con ETA; siete días más tarde, en Salamanca, que no trasladara -fruto de sus pactos con ERC- el archivo de la Guerra Civil a Cataluña. Y el día 18, las familias españolas le pidieron que recapacitara y retirara el proyecto de ley que acaba de aprobarse en el Congreso de los Diputados sobre los matrimonios homosexuales. En las tres ocasiones, ni caso. Ese es el verdadero "talante".
Se puede también hablar de la "decencia" que ha tenido Zapatero al poner patas arriba la política antiterrorista de los Gobiernos de Aznar y que había conseguido colocar a ETA y a Batasuna, contra las cuerdas. Gracias a esa "decencia", ETA-Batasuna vuelven a estar en el Parlamento Vasco, a través de la lista que no quiso impugnar ZP, y sus diputados son claves a la hora de elegir al lehendakari Ibarretxe.
Se puede hablar de la "decencia" del Presidente del Gobierno a la hora de tratar a las víctimas del terrorismo. Es la primera vez que el Jefe del Ejecutivo consigue que las víctimas se manifiesten, no contra los terroristas, sino contra la política que lleva a cabo el Gobierno para combatir a estos. Todo un récord del que se puede sentir muy orgulloso.
Se puede hablar de la "decencia" de Zapatero a la hora de favorecer a sus amigos, aliados, mentores, como se quiera llamarlos, del Grupo PRISA, concediéndoles un canal de televisión en abierto, en una decisión que claramente perjudica a los actuales operadores.
Se puede hablar de la "decencia" de ZP cuando decide reabrir, debido a sus complejos, viejas heridas del pasado superadas por los españoles hace años, que quedaron enterradas en el proceso de transición del régimen de Franco al actual.
Se puede hablar de la "decencia" del Presidente, cuando agrede de forma absolutamente injustificada los valores morales, religiosos de muchos españoles o se enfrenta de una manera irresponsable con la Jerarquía de la Iglesia Católica.
Se puede hablar de estas "decencias" y de mucha más de este personaje, al que la historia juzgará no solamente como el peor Presidente que ha tenido España desde la restauración de la democracia a la muerte de Franco, sino cómo el más sectario, el más resentido, el más irresponsable y, porqué no decirlo, el más "indecente" en términos políticos. Pero mientras que pasa a ocupar ese lugar en la historia, que al menos deje las cursilerías que han dado pié a este artículo para su ámbito privado, o si quiere, que se las diga a Zerolo.
Dijo Bono, una vez, para explicarles la Navidad a los niños de un colegio manchego, que esa fiesta conmemoraba el momento desde el que empezaba a contarse la presencia del hombre en el mundo. No siempre va la decencia unida al conocimiento. Ahora, el ministro podrá señalar como año cero de la humanidad española el de la entronización de ZP. Eso si el término “español” no se declara indecente, que todo es posible cuando España resulte la única nación sin derecho a la existencia.
Pues aquí la historia y la memoria no sólo se confunden. También se falsifican. Y, por cierto, ¿de dónde habrá sacado Bono que los guerrilleros de Cristo Rey reventaban las manifestaciones antes de que hubiera libertad? Anotémosle el desliz a la ignorancia. Se ve que el ministro sabe poco de cómo era la actividad manifestante antes de la Transición. Aunque entonces, como ahora, se detenía a gente inocente. Se le enmarañan las épocas, igual que con la Navidad.
Al que no se le lían es a Quintana, que bien colige que se trata de ahora o nunca. No se han visto en otra sus nacionalistas de estirpe m-l, y con la natural alegría, y en aquella era anterior a la decencia, Quin habló de Galicia como si estuviera en venta, cual mercancía. Y eso, en quienes repudian la economía de mercado, resulta aún más indecente. No saldré barato, son 21.000 millones del ala, dijo Quintana mirando hacia Moncloa. Pues tanta es la guita de los españoles –entelequias indecentes, salvo por lo que al dinero atañe– que pide para el Nuevo País, esa tasca de tablas rasas que se propone montar con Touriño de maitre d´.
En eso de la tabula rasa, Quintana conecta con la filosofía de ZP, que la practica día a día. Por ese lado se van a entender. Y porque ambos comparten la gran sabiduría: hay que hablar moderado para hacer extremismo. Pero de los millones que se olvide Quin, que el maestro ya eligió a sus favoritas. La decencia y la hacienda tienen límites. Además, ¿no quiere hacer de Galicia una autarquía?