Contradicciones en el PSOE. Gobierno implosivo.
El Gobierno de Rodriguez Zapatero terminará por implosionar más pronto que tarde. Las contradicciones sobre las que se asienta el actual Ejecutivo son de tal calibre y de tanta trascendencia que es imposible que no se venga abajo todo el proyecto al menor contratiempo. Si este Gobierno de base imposible está condenado a caer, mejor que lo haga cuando antes. El único problema es que el estrépito de la caída no nos pille a todos debajo.
No se puede ser un partido que se apellida español y practicar una política nacionalista de desmantelamiento del Estado y negación permanente de la Nación española. Cegado por su tactismo, Zapatero pensó que la única posibilidad de llegar a La Moncloa era aliarse con los nacionalismos periféricos, preferentemente de izquierdas. Por eso su bendición previa al tripartito catalán y sus posteriores pactos con los independentistas republicanos. Ahora, con tal de mantenerse en el poder, Rodríguez Zapatero está dispuesto a desinventar España.
La base electoral socialista se mueve así entre su satisfacción por haber vuelto al poder y su preocupación por la deriva nacionalista que va escorando a su Gobierno. Hay una gran mayoría de socialistas que comparten de buena fe el discurso españolista de Guerra, Bono, Ibarra y otros muchos líderes locales. Estos militantes y votantes se muestran cada vez más perplejos e incluso indignados ante las continuas cesiones de Rodriguez Zapatero a los nacionalistas. Es más, las comunidades donde la mayoría socialista es más abrumadora son precisamente aquellas que más dependen de una política de solidaridad interterritorial que la reforma del modelo de Estado que está impulsando el actual Gobierno pone en serio peligro. Este debate territorial desbocado que ha propiciado Zapatero puede, de hecho, quebrar al PSOE por dentro una vez que no se disponga de la amalgama del poder.
La segunda gran contradicción es que no se puede estar alardeando permanentemente de ser un partido de izquierdas y practicar una política económica de derechas, por éxitosa que esta haya sido. Esto es algo que ERC, más aún Izquierda Unida, le van a recordar al Gobierno en el próximo debate presupuestario. Es el famoso giro social que reclama Llamazares y que cuesta un billón de las antiguas pesetas. Para los comunistas, ser de izquierdas es algo más que retirarse de Irak, casar homosexuales e insultar a la derecha. Todo eso está muy bien, pero ellos quieren algo más. Quieren más sector público, más subvenciones, más gasto social.
Con un presidente que no sabe decir que no y un Gobierno que necesita los votos de los comunistas para subsistir, al vicepresidente económico, Pedro Solbes, le esperan días difíciles. Las contradicciones entre los socialdemócratas pragmáticos y los socialistas de izquierda dentro del PSOE harán imposible que este Gobierno mantenga una política económica coherente. Serán los aliados parlamentarios del Ejecutivo los que terminen inclinando la balanza hacia una política de izquierdas que se ha demostrado desastrosa para el desarrollo allí donde se ha practicado.
La tercera contradicción tiene que ver con los valores. La traición a la idea de España que tradicionalmente ha defendido el PSOE junto a la quiebra ideológica de la izquierda en su modelo económico ha obligado al PSOE ha abanderar un radicalismo exacerbado en materia social como única seña de identidad propia. Así, el Gobierno ha tomado iniciativas como el matrimonio homosexual o la devaluación de la enseñanza religiosa en la escuela que chocan con una parte de su electorado, la más moderada, que en muchos casos sigue definiéndose católica y llevando a sus hijos a colegios concertados e incluso privados. En la medida en que Rodriguez Zapatero continúe en esta línea de radicalidad, abordando nuevos debates como el de la eutanasia o continuado con sus ataques a la Iglesia Católica, esas contradicciones se irán agrandando.
Todo este conjunto de contradicciones hacen del Ejecutivo actual un Gobierno débil, inestable y en peligro permanente de implosión. Es cierto que muchas de las grietas que están provocando estas tensiones internas son aún imperceptibles, pero también que el Gobierno empieza a dar ya numerosos síntomas de fatiga prematura. Es difícil predecir cuándo comenzará la caída, pero lo que es seguro es que una vez que comience el derrumbe será extraordinariamente rápido. Sólo queda esperar que el estrépito de este fracaso anunciado no haya dañado en exceso las estructuras más básicas de nuestro Estado y nuestra sociedad.
No se puede ser un partido que se apellida español y practicar una política nacionalista de desmantelamiento del Estado y negación permanente de la Nación española. Cegado por su tactismo, Zapatero pensó que la única posibilidad de llegar a La Moncloa era aliarse con los nacionalismos periféricos, preferentemente de izquierdas. Por eso su bendición previa al tripartito catalán y sus posteriores pactos con los independentistas republicanos. Ahora, con tal de mantenerse en el poder, Rodríguez Zapatero está dispuesto a desinventar España.
La base electoral socialista se mueve así entre su satisfacción por haber vuelto al poder y su preocupación por la deriva nacionalista que va escorando a su Gobierno. Hay una gran mayoría de socialistas que comparten de buena fe el discurso españolista de Guerra, Bono, Ibarra y otros muchos líderes locales. Estos militantes y votantes se muestran cada vez más perplejos e incluso indignados ante las continuas cesiones de Rodriguez Zapatero a los nacionalistas. Es más, las comunidades donde la mayoría socialista es más abrumadora son precisamente aquellas que más dependen de una política de solidaridad interterritorial que la reforma del modelo de Estado que está impulsando el actual Gobierno pone en serio peligro. Este debate territorial desbocado que ha propiciado Zapatero puede, de hecho, quebrar al PSOE por dentro una vez que no se disponga de la amalgama del poder.
La segunda gran contradicción es que no se puede estar alardeando permanentemente de ser un partido de izquierdas y practicar una política económica de derechas, por éxitosa que esta haya sido. Esto es algo que ERC, más aún Izquierda Unida, le van a recordar al Gobierno en el próximo debate presupuestario. Es el famoso giro social que reclama Llamazares y que cuesta un billón de las antiguas pesetas. Para los comunistas, ser de izquierdas es algo más que retirarse de Irak, casar homosexuales e insultar a la derecha. Todo eso está muy bien, pero ellos quieren algo más. Quieren más sector público, más subvenciones, más gasto social.
Con un presidente que no sabe decir que no y un Gobierno que necesita los votos de los comunistas para subsistir, al vicepresidente económico, Pedro Solbes, le esperan días difíciles. Las contradicciones entre los socialdemócratas pragmáticos y los socialistas de izquierda dentro del PSOE harán imposible que este Gobierno mantenga una política económica coherente. Serán los aliados parlamentarios del Ejecutivo los que terminen inclinando la balanza hacia una política de izquierdas que se ha demostrado desastrosa para el desarrollo allí donde se ha practicado.
La tercera contradicción tiene que ver con los valores. La traición a la idea de España que tradicionalmente ha defendido el PSOE junto a la quiebra ideológica de la izquierda en su modelo económico ha obligado al PSOE ha abanderar un radicalismo exacerbado en materia social como única seña de identidad propia. Así, el Gobierno ha tomado iniciativas como el matrimonio homosexual o la devaluación de la enseñanza religiosa en la escuela que chocan con una parte de su electorado, la más moderada, que en muchos casos sigue definiéndose católica y llevando a sus hijos a colegios concertados e incluso privados. En la medida en que Rodriguez Zapatero continúe en esta línea de radicalidad, abordando nuevos debates como el de la eutanasia o continuado con sus ataques a la Iglesia Católica, esas contradicciones se irán agrandando.
Todo este conjunto de contradicciones hacen del Ejecutivo actual un Gobierno débil, inestable y en peligro permanente de implosión. Es cierto que muchas de las grietas que están provocando estas tensiones internas son aún imperceptibles, pero también que el Gobierno empieza a dar ya numerosos síntomas de fatiga prematura. Es difícil predecir cuándo comenzará la caída, pero lo que es seguro es que una vez que comience el derrumbe será extraordinariamente rápido. Sólo queda esperar que el estrépito de este fracaso anunciado no haya dañado en exceso las estructuras más básicas de nuestro Estado y nuestra sociedad.
El cargo se creó hace una semana. Recolocada en una dirección general la consejera que dimitió tras los incendios de Guadalajara.
Mes y medio después de presentar su dimisión como consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo ya tiene nuevo trabajo. Según ha podido confirmar Libertad Digital, Arévalo es en la actualidad Directora General de Relaciones Institucionales de ENUSA, empresa participada al 100% por entidades públicas (SEPI y CIEMAT) y que se dedica al suministro y producción de derivados de uranio para centrales nucleares. El cargo ha sido creado de forma paralela al nombramiento de la ex consejera. La noticia coincide con la huelga de hambre iniciada por los retenes de Guadalajara.
El pasado 22 de julio, la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo Sánchez, presentó su dimisión en medio de las críticas por su gestión durante el incendio de Guadalajara que se cobró la vida de once miembros de un retén y devastó más de 15.000 hectáreas.
La dimisión fue presentada al presidente manchego, José María Barreda, mediante una carta de la que destacamos el siguiente párrafo:
"(...) Las circunstancias me obligan a asumir la responsabilidad política de los acontecimientos. Como sabes, no soy persona que quiera aferrarse a un cargo a toda costa, como he visto que han hecho algunos dirigentes del PP, todos no estamos en política por las mismas motivaciones, porque no todos somos iguales; por ello, yo ahora, después de haber acompañado a las familias de los funcionarios fallecidos y prácticamente controlado el incendio, presento mi dimisión".
A pesar de no ser una persona que "quiera aferrarse al cargo", lo cierto es que la ex consejera Arévalo tampoco tiene muchos problemas en encontrar un puesto nuevo. Según ha podido confirmar Libertad Digital, Rosario Arévalo ocupa desde el 1 de septiembre el puesto de la Dirección de Relaciones Institucionales de ENUSA, un cargo que ha sido creado de forma paralela al nombramiento de la ex consejera.
ENUSA Industrias Avanzadas SA es una sociedad anónima pero participada en un su totalidad por capital público. Un 60 por 100 lo controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (la SEPI, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda) y un 40 por 100 por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT, que depende del Ministerio de Educación y Ciencia). Su actividad consiste en la investigación y explotación de los productos de yacimientos de uranio, así como la distribución y comercialización de los productos resultantes.
ENUSA, cuya denominación anterior era Empresa Nacional del Uranio, centra su actividad principal en el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares, ocupándose del suministro de las materias primas (uranio) y de su procesado hasta la obtención del combustible, que finalmente se introduce en el núcleo de los reactores nucleares.
Las explicaciones de la empresa
Según ha explicado a Libertad Digital Juan Artieda, portavoz de Enusa, la nueva Dirección General de Relaciones Institucionales se creó dentro de la "política de diversificación" de ENUSA y con el objetivo de darle una mayor importancia al área sanitaria. "Son actividades que requieren una gran acción institucional con las comunidades autónomas, ministerios y hospitales y necesitábamos a una persona con gran conocimiento en el área sanitaria", explicó el portavoz de ENUSA. Sobre el nombramiento de Rosario Arévalo, Artieda afirmó que "se pensó en ella como una persona capaz". "A ver si nos trae suerte, porque no es una tarea fácil la que tendrá que llevar a cabo", añadió.
Arévalo, licenciada en Políticas y Sociología, fue asesora de la ministra socialista de Sanidad, Ángeles Amador, y consejera de Salud con José Bono. La página web de la empresa que acaba de fichar a la consejera que dimitió por la nefasta gestión de la catástrofe de Guadalajara recoge la siguiente declaración de intenciones:
"Una característica de la industria nuclear es el rigor con el que se aplican los criterios de calidad, como no podía ser menos, lo que dota a nuestra organización de una especial idiosincrasia que nos permite abordar proyectos en otras áreas de la industria donde se requieran características de alta calidad, precisión, rigor, elevada sujeción a una pesada reglamentación, gran intervención de la administración pública, etc. que para otros serían especialmente difíciles".
El pasado 22 de julio, la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo Sánchez, presentó su dimisión en medio de las críticas por su gestión durante el incendio de Guadalajara que se cobró la vida de once miembros de un retén y devastó más de 15.000 hectáreas.
La dimisión fue presentada al presidente manchego, José María Barreda, mediante una carta de la que destacamos el siguiente párrafo:
"(...) Las circunstancias me obligan a asumir la responsabilidad política de los acontecimientos. Como sabes, no soy persona que quiera aferrarse a un cargo a toda costa, como he visto que han hecho algunos dirigentes del PP, todos no estamos en política por las mismas motivaciones, porque no todos somos iguales; por ello, yo ahora, después de haber acompañado a las familias de los funcionarios fallecidos y prácticamente controlado el incendio, presento mi dimisión".
A pesar de no ser una persona que "quiera aferrarse al cargo", lo cierto es que la ex consejera Arévalo tampoco tiene muchos problemas en encontrar un puesto nuevo. Según ha podido confirmar Libertad Digital, Rosario Arévalo ocupa desde el 1 de septiembre el puesto de la Dirección de Relaciones Institucionales de ENUSA, un cargo que ha sido creado de forma paralela al nombramiento de la ex consejera.
ENUSA Industrias Avanzadas SA es una sociedad anónima pero participada en un su totalidad por capital público. Un 60 por 100 lo controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (la SEPI, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda) y un 40 por 100 por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT, que depende del Ministerio de Educación y Ciencia). Su actividad consiste en la investigación y explotación de los productos de yacimientos de uranio, así como la distribución y comercialización de los productos resultantes.
ENUSA, cuya denominación anterior era Empresa Nacional del Uranio, centra su actividad principal en el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares, ocupándose del suministro de las materias primas (uranio) y de su procesado hasta la obtención del combustible, que finalmente se introduce en el núcleo de los reactores nucleares.
Las explicaciones de la empresa
Según ha explicado a Libertad Digital Juan Artieda, portavoz de Enusa, la nueva Dirección General de Relaciones Institucionales se creó dentro de la "política de diversificación" de ENUSA y con el objetivo de darle una mayor importancia al área sanitaria. "Son actividades que requieren una gran acción institucional con las comunidades autónomas, ministerios y hospitales y necesitábamos a una persona con gran conocimiento en el área sanitaria", explicó el portavoz de ENUSA. Sobre el nombramiento de Rosario Arévalo, Artieda afirmó que "se pensó en ella como una persona capaz". "A ver si nos trae suerte, porque no es una tarea fácil la que tendrá que llevar a cabo", añadió.
Arévalo, licenciada en Políticas y Sociología, fue asesora de la ministra socialista de Sanidad, Ángeles Amador, y consejera de Salud con José Bono. La página web de la empresa que acaba de fichar a la consejera que dimitió por la nefasta gestión de la catástrofe de Guadalajara recoge la siguiente declaración de intenciones:
"Una característica de la industria nuclear es el rigor con el que se aplican los criterios de calidad, como no podía ser menos, lo que dota a nuestra organización de una especial idiosincrasia que nos permite abordar proyectos en otras áreas de la industria donde se requieran características de alta calidad, precisión, rigor, elevada sujeción a una pesada reglamentación, gran intervención de la administración pública, etc. que para otros serían especialmente difíciles".
Pues que cierren La 2
Nos gustaría poder decir que Zapatero ha tomado la primera medida liberal desde que llegó al gobierno hace año y medio. La prohibición a Madrid de emitir en analógico un segundo canal autonómico podría leerse como un esfuerzo para limitar el gasto público del gobierno que dirige Esperanza Aguirre, para que así se compense el dinero desaparecido en la liquidación de impuestos. También como un noble esfuerzo de limitar la manipulación informativa a costa del dinero de los contribuyentes.
Pocas cosas demuestran tan a las claras la poca justificación del papel elefantiásico del Estado como los medios de manipulación públicos. No hay razón alguna, ni moral ni de utilidad, que excuse a las distintas administraciones por emplear el dinero que nos cogen bajo amenaza de cárcel para crear altavoces que canten sus alabanzas. No hay razón alguna, que no sea obtener un rendimiento en votos, para “sacarles impuestos a los obreros que trabajan en Villaverde o en Martorell, si cuando encienden las otras televisiones les dan lo mismo y no lo pagan”, como decía Fernández Ordóñez el año pasado. De ser liberal esta medida, no se habría limitado a prohibir la emisión de un segundo canal en Madrid: habría legislado cerrar o privatizar todos los canales televisivos nacionales, autonómicos y locales.
Desgraciadamente, los madrileños no nos vamos a ahorrar un duro tras esta decisión, pues “La Otra” ya se produce y emite como canal digital. Tampoco parece, viendo el boletín socialista que se emite a diario en TVE, que Zapatero tenga ninguna intención de reducir la manipulación informativa. Sin embargo, es perfectamente coherente con el empeño del gobierno nacionalista de Moncloa de negar el pan y la sal a la comunidad regida por Esperanza Aguirre. Además de reducir la parte de los impuestos que ha de cobrar el gobierno regional mientras aumenta la de otras autonomías como la catalana, el ejecutivo de Zapatero ha hecho todo lo posible para que Mintra compute como deuda en lugar de inversión, ha disminuido las inversiones previstas en infraestructuras y ha dado agua embalsada en Madrid a Castilla-La Mancha; amén de desaires institucionales como evitar invitar a la presidenta o recibirla en Moncloa con más de dos meses de retraso.
Mientras las inversiones desaparecían en Madrid y aparecían en Cataluña, la negativa a la emisión en analógico del segundo canal madrileño contrasta con el hecho de que esta última cuente con tres canales. O que tanto otras comunidades como el mismo gobierno nacional cuenten con dos canales a su servicio. Aprobar una ley para impedir conceder algo que se solicitó antes de que el Parlamento legislara parece un uso torticero e ilegal de las instituciones. Pero quizá se podría perdonar si a cambio cerrara La 2 y todos los segundos y terceros canales autonómicos. Soñar es barato; mucho más que esas televisiones.
Pocas cosas demuestran tan a las claras la poca justificación del papel elefantiásico del Estado como los medios de manipulación públicos. No hay razón alguna, ni moral ni de utilidad, que excuse a las distintas administraciones por emplear el dinero que nos cogen bajo amenaza de cárcel para crear altavoces que canten sus alabanzas. No hay razón alguna, que no sea obtener un rendimiento en votos, para “sacarles impuestos a los obreros que trabajan en Villaverde o en Martorell, si cuando encienden las otras televisiones les dan lo mismo y no lo pagan”, como decía Fernández Ordóñez el año pasado. De ser liberal esta medida, no se habría limitado a prohibir la emisión de un segundo canal en Madrid: habría legislado cerrar o privatizar todos los canales televisivos nacionales, autonómicos y locales.
Desgraciadamente, los madrileños no nos vamos a ahorrar un duro tras esta decisión, pues “La Otra” ya se produce y emite como canal digital. Tampoco parece, viendo el boletín socialista que se emite a diario en TVE, que Zapatero tenga ninguna intención de reducir la manipulación informativa. Sin embargo, es perfectamente coherente con el empeño del gobierno nacionalista de Moncloa de negar el pan y la sal a la comunidad regida por Esperanza Aguirre. Además de reducir la parte de los impuestos que ha de cobrar el gobierno regional mientras aumenta la de otras autonomías como la catalana, el ejecutivo de Zapatero ha hecho todo lo posible para que Mintra compute como deuda en lugar de inversión, ha disminuido las inversiones previstas en infraestructuras y ha dado agua embalsada en Madrid a Castilla-La Mancha; amén de desaires institucionales como evitar invitar a la presidenta o recibirla en Moncloa con más de dos meses de retraso.
Mientras las inversiones desaparecían en Madrid y aparecían en Cataluña, la negativa a la emisión en analógico del segundo canal madrileño contrasta con el hecho de que esta última cuente con tres canales. O que tanto otras comunidades como el mismo gobierno nacional cuenten con dos canales a su servicio. Aprobar una ley para impedir conceder algo que se solicitó antes de que el Parlamento legislara parece un uso torticero e ilegal de las instituciones. Pero quizá se podría perdonar si a cambio cerrara La 2 y todos los segundos y terceros canales autonómicos. Soñar es barato; mucho más que esas televisiones.