Víctimas del terrorismo: un enfrentamiento avivado por Zapatero.
Creada a toda prisa el pasado mes de diciembre, la figura del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo se ha convertido en el instrumento del Gobierno para dividirlas.
Casi dos meses y medio después de su creación, el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, lejos de cumplir una misión conciliadora, se ha convertido en un foco de conflictos y polémicas. No sólo ha levantado ampollas entre las víctimas y sus asociaciones o fundaciones, sino también en el Ministerio del Interior, departamento al que Gregorio Peces Barba y su equipo han robado protagonismo y competencias.
Desde Interior no se han facilitado aún -se las han guardado para facilitarlas con motivo del primer aniversario del 11-M-, el montante de las ayudas concedidas en 2004 a las víctimas del terrorismo. Una cifra que, sin duda, superará ampliamente, como consecuencia de los atentados de Madrid, los más de 7,9 millones de euros concedidos el año pasado. A finales de julio, ya se habían otorgado más de 42,1 millones de euros. Además, se avecina una nueva controversia que originará agrios enfrentamientos, el reparto de los 11 millones de euros recaudados por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).
Agravios
Desde el inicio de la legislatura, ha existido un enfrentamiento soterrado entre la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Afectados del 11-M que ha salido a la luz pública en las últimas fechas. Una disputa espoleada por el Gobierno socialista que no ha tenido ningún empacho en mostrar públicamente sus preferencias por la organización que lidera la sindicalista de CC.OO Pilar Manjón.
La AVT, que ya recibió un mal trato por parte de los Ejecutivos de Felipe González, se ha sentido profundamente agraviada por el presidente Rodríguez Zapatero y su ministro del Interior, José Antonio Alonso. El BOE del 15 de diciembre publicó las "subvenciones concedidas a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo". La asociación de Pilar Manjón se llevó un total de 80.000 euros frente a los 40.000, la mitad, de la AVT, que no sólo acoge a las víctimas de los atentados islamistas de Madrid, como aquélla, sino también a las de otras acciones terroristas.
Otro agravio. El intento del PSOE de que sólo compareciera la asociación del 11-M en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Al final, también intervino el presidente de la AVT, pero con un trato claramente peor.
La recaudación obtenida por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae) en un sorteo extraordinario en el que recolectó más de 82.000 euros fue a parar exclusivamente a manos de la entidad de Manjón.
El Alto Comisionado
Después vino la creación del Alto Comisionado, que no gustó nada a la AVT. Tras eso, la decisión de su titular, Gregorio Peces Barba, de no acudir a su manifestación porque, según ha reconocido posteriormente en el Parlamento, "no era una convocatoria unitaria, y además contaba con el expreso rechazo de los afectados del 11-M".
Esta discriminación se agravó con su decisión de no acudir a los homenajes de los que fueran dirigentes del PP, asesinados por ETA, Gregorio Ordóñez, y Alberto Becerril y su mujer, y sí al del socialista Fernando Buesa. Y, precisamente, en el viaje que realizó al País Vasco con motivo de acudir a este último acto, hizo unas declaraciones a la prensa en las que se mostraba comprensivo, "por razones humanitarias", con la ayudas dadas por el Gobierno vasco a las familias de los presos etarras.
Unión
La guinda la puso esta misma semana con su decisión de no acudir al Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo celebrado en Colombia. En medio de esta rivalidad, existe un amplio grupo partidario de "echar pelillos a la mar", poner fin a las disputas y mantenerse unidos en lo fundamental. Así, bajo el amparo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que preside Adolfo Suárez, 18 entidades firmaron un comunicado en el que "exponemos el criterio de mantener la unidad y cohesión entre nuestras respectivas entidades, dentro del respeto a la independencia de cada una, en la defensa de la dignidad y derechos de las víctimas del terrorismo y en la solidaridad con los que siguen acosados por cualquiera que sea el tipo de fanatismo".
Una nueva disputa
Si el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales no lo remedia, estamos en vísperas de un nuevo enfrentamiento que ya se dejó ver en la reunión que las dos organizaciones enfrentadas mantuvieron con Caldera a finales de diciembre pasado. Se trata del reparto de los más de 11 millones de euros recaudados por la CECA -fueron aportados por donantes anónimos y las propias cajas-, de los que es depositario desde finales de abril el Ministerio de Trabajo.
Mientras la Asociación 11-M es partidaria de que se distribuya a los damnificados a través de las asociaciones, la AVT exige que se haga directamente a las víctimas. Jesús Caldera les propuso la creación de una oficina que gestione su distribución "a los afectados".
La AVT es totalmente contraria a los planes del ministro. Cree que en el borrador de real decreto se da cobertura a una nueva figura, el afectado por atentado terrorista, que no está contemplada en ninguna legislación y que va a dar lugar a más de un problema, ya que, como mínimo, "triplicaría el número de personas con derecho a esas ayudas". Además, esa asociación señala que "este asunto es muy delicado, pues podría acarrear consecuencias negativas y fraccionar a las víctimas en un grupo de primera y otro de segunda".
Casi dos meses y medio después de su creación, el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, lejos de cumplir una misión conciliadora, se ha convertido en un foco de conflictos y polémicas. No sólo ha levantado ampollas entre las víctimas y sus asociaciones o fundaciones, sino también en el Ministerio del Interior, departamento al que Gregorio Peces Barba y su equipo han robado protagonismo y competencias.
Desde Interior no se han facilitado aún -se las han guardado para facilitarlas con motivo del primer aniversario del 11-M-, el montante de las ayudas concedidas en 2004 a las víctimas del terrorismo. Una cifra que, sin duda, superará ampliamente, como consecuencia de los atentados de Madrid, los más de 7,9 millones de euros concedidos el año pasado. A finales de julio, ya se habían otorgado más de 42,1 millones de euros. Además, se avecina una nueva controversia que originará agrios enfrentamientos, el reparto de los 11 millones de euros recaudados por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).
Agravios
Desde el inicio de la legislatura, ha existido un enfrentamiento soterrado entre la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Afectados del 11-M que ha salido a la luz pública en las últimas fechas. Una disputa espoleada por el Gobierno socialista que no ha tenido ningún empacho en mostrar públicamente sus preferencias por la organización que lidera la sindicalista de CC.OO Pilar Manjón.
La AVT, que ya recibió un mal trato por parte de los Ejecutivos de Felipe González, se ha sentido profundamente agraviada por el presidente Rodríguez Zapatero y su ministro del Interior, José Antonio Alonso. El BOE del 15 de diciembre publicó las "subvenciones concedidas a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo". La asociación de Pilar Manjón se llevó un total de 80.000 euros frente a los 40.000, la mitad, de la AVT, que no sólo acoge a las víctimas de los atentados islamistas de Madrid, como aquélla, sino también a las de otras acciones terroristas.
Otro agravio. El intento del PSOE de que sólo compareciera la asociación del 11-M en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Al final, también intervino el presidente de la AVT, pero con un trato claramente peor.
La recaudación obtenida por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae) en un sorteo extraordinario en el que recolectó más de 82.000 euros fue a parar exclusivamente a manos de la entidad de Manjón.
El Alto Comisionado
Después vino la creación del Alto Comisionado, que no gustó nada a la AVT. Tras eso, la decisión de su titular, Gregorio Peces Barba, de no acudir a su manifestación porque, según ha reconocido posteriormente en el Parlamento, "no era una convocatoria unitaria, y además contaba con el expreso rechazo de los afectados del 11-M".
Esta discriminación se agravó con su decisión de no acudir a los homenajes de los que fueran dirigentes del PP, asesinados por ETA, Gregorio Ordóñez, y Alberto Becerril y su mujer, y sí al del socialista Fernando Buesa. Y, precisamente, en el viaje que realizó al País Vasco con motivo de acudir a este último acto, hizo unas declaraciones a la prensa en las que se mostraba comprensivo, "por razones humanitarias", con la ayudas dadas por el Gobierno vasco a las familias de los presos etarras.
Unión
La guinda la puso esta misma semana con su decisión de no acudir al Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo celebrado en Colombia. En medio de esta rivalidad, existe un amplio grupo partidario de "echar pelillos a la mar", poner fin a las disputas y mantenerse unidos en lo fundamental. Así, bajo el amparo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que preside Adolfo Suárez, 18 entidades firmaron un comunicado en el que "exponemos el criterio de mantener la unidad y cohesión entre nuestras respectivas entidades, dentro del respeto a la independencia de cada una, en la defensa de la dignidad y derechos de las víctimas del terrorismo y en la solidaridad con los que siguen acosados por cualquiera que sea el tipo de fanatismo".
Una nueva disputa
Si el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales no lo remedia, estamos en vísperas de un nuevo enfrentamiento que ya se dejó ver en la reunión que las dos organizaciones enfrentadas mantuvieron con Caldera a finales de diciembre pasado. Se trata del reparto de los más de 11 millones de euros recaudados por la CECA -fueron aportados por donantes anónimos y las propias cajas-, de los que es depositario desde finales de abril el Ministerio de Trabajo.
Mientras la Asociación 11-M es partidaria de que se distribuya a los damnificados a través de las asociaciones, la AVT exige que se haga directamente a las víctimas. Jesús Caldera les propuso la creación de una oficina que gestione su distribución "a los afectados".
La AVT es totalmente contraria a los planes del ministro. Cree que en el borrador de real decreto se da cobertura a una nueva figura, el afectado por atentado terrorista, que no está contemplada en ninguna legislación y que va a dar lugar a más de un problema, ya que, como mínimo, "triplicaría el número de personas con derecho a esas ayudas". Además, esa asociación señala que "este asunto es muy delicado, pues podría acarrear consecuencias negativas y fraccionar a las víctimas en un grupo de primera y otro de segunda".
Comentario:
Gregorio Peces Barba es un masón que solo obedece al Gobierno del PSOE-PRISA, los demás no cuentan, se cree que es algo, con eso de que le regalaron la Carlos III.
No le importa lo que opinen los demás, él a lo suyo, está por encima del bien y del mal, se cree que está por encima de los demás, lo que diga él es lo verdadero.
Como puede haber un ser tan injusto como Peces Barba.
No le importa lo que opinen los demás, él a lo suyo, está por encima del bien y del mal, se cree que está por encima de los demás, lo que diga él es lo verdadero.
Como puede haber un ser tan injusto como Peces Barba.