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PARA cualquiera que se asome a la realidad sin prejuicios es un hecho que la lengua propia del País Vasco, entendiendo por tal la lengua usual de la mayoría de sus habitantes, es el español o castellano. El euskera, declarado «lengua propia» y cooficial por el Estatuto de Gernika, es una lengua de gran importancia simbólica en tanto que signo de particularidad identitaria, y por tanto política, pero de mucha menor relevancia social. ¿Hay que cambiar esa situación? Tanto en Euskadi como en Cataluña, Galicia, Valencia y Baleares se consideró, nefasta concesión autonomista, que era necesario enmendar la realidad social convirtiendo las lenguas vernáculas en indispensables para conseguir trabajo en la Administración autonómica. Y, como siempre, el nacionalismo quería ir mucho más lejos, hasta erradicar el bilingüismo. Se han dedicado enormes recursos a invertir la situación lingüística bajo el pretexto de reparar una presunta injusticia histórica, siempre a costa de la justicia del presente.

Este atropello puede imponerse en dominios como la educación, donde el poder nacionalista es casi ilimitado. ¿El resultado?: la conversión del euskera -y del catalán, el gallego, etcétera- en lengua del poder y del apartheid. ¿Las víctimas?: decenas de miles de alumnos intoxicados de burricie etnicista, y algunos centenares de profesores privados de los derechos laborales más elementales y de toda dignidad profesional. Nada menos que 157 de ellos, muchos con más de 15 años de experiencia docente, están a punto de ir al paro y a la nada por desentonar con las políticas normalizadoras del Gobierno vasco. La supuesta lengua propia ha degenerado en lengua del apartheid, de la miseria intelectual y la tiranía política. Pero claro, este desastre debe ocultarse cuidadosamente. Por eso una Ertzaintza de república bananera prohíbe a políticos y sindicalistas que se solidaricen con los profesores que protestan encerrados en el instituto Bertendona de Bilbao. Es inútil esperar comprensión de los nacionalistas. La pregunta es otra: ¿qué piensan hacer el Gobierno de España y las otras instituciones del Estado para defender los legítimos derechos de los ciudadanos españoles atropellados por la arbitrariedad nacionalista? Pregunta, parece, que se repetirá a menudo en los próximos meses. Tanto en el Carmelo de Barcelona como en el instituto bilbaíno de Bertandona. Al tiempo.

NACIONALISTAS PATETICOS....ME DAIS ASCO

“2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español. Todos los catalanes tienen el deber de conocer las dos lenguas oficiales y el derecho a usarlas indistintamente de acuerdo con la Ley y nadie, en Cataluña, puede alegar desconocimiento con validez jurídica. Los poderes públicos garantizan el conocimiento de las dos lenguas oficiales y la disponibilidad lingüística de todo el personal al servicio de Cataluña y de todo el que ejerza funciones públicas”.

Significativa la consideración de lengua “única” y “exclusiva” de las instituciones catalanas, corporaciones públicas, empresas y servicios públicos...

La reforma del Estatuto de Cataluña avanza lentamente en la negociación, y ya se van fijando textos, que sin embargo apenas se están conociendo porque la intención de los partidos es de guardar la máxima reserva. Hay incluso un cierto secretismo, hasta el punto de que los medios catalanes no están publicando prácticamente nada.



Sin embargo, le cuentan a El Chivato que existen ya pasajes bastante consensuados y, por así decirlo, listos. Por ejemplo lo relativo a la lengua, que, además, tiene una redacción bastante sorprendente.



Según lo que le llega a El Chivato, la redacción es la siguiente: “1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, es la única lengua de la toponimia y la lengua de las instituciones propias de Cataluña, de las corporaciones públicas, de las empresas y servicios públicos, de los medios de comunicación institucionales y de la enseñanza, que la usarán normalmente de manera exclusiva. También es la lengua empleada de manera preferente por la Administración del Estado y la Justicia en Cataluña, las empresas e instituciones que ofrezcan productos y servicios al público en territorio catalán”.