LOS datos son objetivos y no meros juicios de valor. Mohamed Almallah Dabas ingresó en el PSOE después de los atentados del 11-M y ahora está en prisión incondicional e incomunicada por orden del juez Del Olmo, quien le imputa un delito de integración en banda armada por su participación en los atentados de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. El PSOE decretó su expulsión media hora después de ser detenido. Fernando Huarte, dirigente del PSOE de Gijón y presidente de la Asociación Nacional de Amigos del Pueblo Palestino Al Fatah, visitó en tres ocasiones a Abdelkrim Benesmail, mano derecha de Allekema Lamari, antes y después del 11-M. Según parece, Huarte pertenecía o prestaba servicios al Centro Nacional de Inteligencia desde 1992. Las crípticas palabras de José Blanco -«el PP sabía los motivos de las visitas de Huarte a la prisión»- sólo han aumentado la confusión y, por tanto, la urgencia de las explicaciones.
Otros datos objetivos. Entre el 11 y 13 de marzo de 2004, dirigentes del PSOE se ufanaron de contar con información relevante sobre los atentados antes de que llegara al Gobierno de Aznar. La jornada de reflexión del 13-M finalizó con la declaración pública de un portavoz socialista que proclamó que «los españoles se merecen un gobierno que no mienta». Finalmente, también es un dato objetivo que el PSOE se opone a que la Comisión parlamentaria del 11-M indague estas novedades, que, por otro lado, alcanzan al PP en la medida en que estaba en el Gobierno entre 1996 y 2004, mientras Fernando Huarte prestaba sus servicios para el servicio de inteligencia. El PP ha pedido comparecencias que el PSOE no acepta, entre ellas las de Huarte, el ex director del CNI, Jorge Dezcállar, y del actual responsable de este órgano. En todo caso, estas peticiones no excluyen la necesidad de un pronunciamiento definitivo por parte del PP acerca de si sabía que Huarte pertenecía al CNI y si además le constaba su militancia socialista. Ayer mismo, Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, manifestó el desconocimiento de su partido, en su etapa de gobierno, acerca de las actividades de Huarte.
HASTA aquí los hechos y empiezan las preguntas inevitables, esas que parecen indignar al PSOE, porque las recibe como denuncias, sin serlo, cuando lo coherente en quien desea mantener limpia su imagen sería responderlas, para que no sea la opinión pública la que se indigne, y con razón, después de que fueran los socialistas los que tomaran su bandera entre el 11 y 13 de marzo, con un llamamiento general para conocer la verdad. Las preguntas son tan sencillas como los hechos que las provocan: ¿sabía algo Huarte sobre el 11-M?, ¿cuándo lo supo?, ¿a quién y cuándo informó de lo que sabía? Hay muchas formas para conocer las respuestas con el suficiente grado de confidencialidad que siempre requiere toda indagación sobre el servicio secreto: ante el juez que investiga el caso; ante la Comisión del 11-M, a puerta cerrada; o ante la Comisión parlamentaria prevista por la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI. Sería un error alegar ahora razones de Estado para vetar la aclaración que merece este confuso asunto. Un Estado democrático no puede pasar por alto el episodio que está viviendo la sociedad española y dejar a su espalda tal cúmulo de dudas atadas al mayor atentado terrorista sufrido por nuestro país. Por ahora, sólo se está pidiendo una aclaración amplia, sincera y convincente.
La transparencia del poder público es lo que impide la especulación y disipa la sospecha. La sociedad no debe recelar de sus gobernantes en cuestiones que atañan a la integridad de los valores fundamentales. El problema para una democracia nunca está en las preguntas de la oposición, de los medios o de los ciudadanos, sino en el silencio de los gobiernos, en sus medias verdades o en sus cortinas de humo. El PSOE hizo de la verdad un valor absoluto de la tragedia del 11-M, una catarsis purgatoria del Gobierno de Aznar. Pero la verdad no está domesticada y requiere a todos por igual.
EL PP ha visto la posibilidad de encauzar el caso desde una perspectiva más favorable a sus intereses. Debería hacerlo con cautela y serenidad para que su mensaje sea mejor entendido por una opinión pública reacia a manipulaciones, pero insistente en saber la verdad. Por su parte, el PSOE está obligado a situarse en el mismo nivel de responsabilidad institucional y a atender la demanda de información que se le ha dirigido, porque esta vez, todas las miradas, sin excepción, están sobre este partido. No hay acusadores ni acusados, pero en la lógica de la democracia parlamentaria unos preguntan y otros deben responder. La Comisión del 11-M ha demostrado la capacidad de la clase política para interferir los intereses con tácticas partidistas. Este es el momento de la contención verbal y gestual, sin especular sobre responsabilidades colectivas ni descontrolar teorías conspirativas. Es el momento de que el PSOE asuma como inevitable dar respuestas y no escudarse en excusas tópicas. Rodríguez Zapatero, como jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, no debe menospreciar la compleja situación en que se halla su partido, pues estas cuestiones, que no son menores, generan inquietudes e incógnitas que emplazan directamente al Gobierno de la Nación y acaban comprometiendo el crédito del sistema institucional.