El cardenal Rouco defiende “el marco jurídico vigente en las relaciones con el Estado” y recuerda que “el Estado no es el educador de la nación”, sino “un servidor de la sociedad”
La defensa de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, vigentes desde 1979, y la libertad de enseñanza al amparo del artículo 27.3 de la Constitución española, el que garantiza que los padres pueden elegir educación “de acuerdo con las propias convicciones”, son las cuestiones fundamentales para los principales representantes de la Iglesia católica en España. Los contactos de los próximos meses entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno pueden ser decisivos, tanto para que la Ley Orgánica de Educación (LOE) respete el mandato constitucional como para que el Concordato vea ratificados sus puntos fundamentales, en este caso de acuerdo con el artículo 16 de la Carta Magna, el que reconoce a la Iglesia católica, dentro de la aconfesionalidad, con una referencia explícita como referente de la creencia mayoritaria.
El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, intervino este martes en los cursos de verano de la Universidad San Pablo-CEU, concretamente en el que ha abordado en estos días las relaciones Iglesia-Estado. En su ponencia, dedicada al desarrollo de esas relaciones en nuestro tiempo, el cardenal repasó los diferentes acuerdos bilaterales que ha habido en la historia contemporánea. Tras definirlos como “una fórmula valiosa y viva”, se refirió especialmente al Concordato vigente desde 1979. “La solución de 1978 (cuando se cerraron los acuerdos) es buena. ¿Por qué se pone en cuestión ahora?”, se preguntó. En la misma línea, añadió que “es necesario consolidar el marco jurídico vigente en las relaciones Iglesia-Estado y promover una toma de conciencia sobre la necesidad de renovar el Estado, moral y espiritualmente”.
Según el prelado, ex presidente de la Conferencia Episcopal, otro de los grandes temas institucionales pendientes es “la escuela, especialmente la pública, que puede llega a manipular a las personas y convertirse en una especie de escuela Estado”. Y recordó que “el Estado no es el educador de la nación, sino un servidor de la sociedad”. Rouco explicó, por otro lado, que la solución al problema de la enseñanza requiere la aportación de “gente dispuesta a ejercer el diálogo y el encuentro, sin revisionismos históricos”. Finalmente, aseguró que “es una exigencia la participación de los católicos en la vida social y política”, y calificó de problema grave “la relativización de los fundamentos éticos del Estado y de la sociedad, que pone en riesgo no sólo los bienes de la sociedad, sino los de cada persona, como es el caso de la familia”.
Doble prioridad para una etapa importante
El cardenal Rouco reflejó, con sus palabras, lo que es desde hace meses una doble prioridad para la Iglesia en España. Después de la reciente reunión que tuvieron el obispo responsable de Enseñanza y Catequesis y titular de la diócesis de Málaga, Antonio Dorado, y el vicepresidente del Episcopado, Antonio Cañizares, con la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, la preocupación es clara sobre todo en la cuestión educativa. Este jueves, a pesar de la rectificación gubernamental que se produjo, se mantenía viva la polémica por las informaciones que aparecían en varios medios de comunicación, en el sentido de que la nueva LOE no obligará a los centros públicos a ofertar clase de religión. Por tanto, además de reclamar que la materia confesional sea evaluable y computable y tenga una alternativa “digna”, los obispos se ven ahora obligados a exigir que se respete la legalidad vigente y, por tanto, quede garantizado que la asignatura será de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos.
De estas cuestiones también habló el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, durante el mismo curso de la San Pablo-CEU. Dijo que la libertad religiosa, la laicidad y la aconfesionalidad del Estado, así como la cooperación con las diversas confesiones, “configuran nuestro sistema constitucional en materia religiosa”. Después, denunció que “algunas corrientes instaladas en la tradición laicista quieren someter a revisión este principio”, con la intención de “impugnar la existencia de relaciones de cooperación” y “relegar a la dimensión privada el fenómeno religioso”. Sobre los Acuerdos de 1979, el líder de la oposición comentó que “la lealtad al espíritu constitucional, la congruencia con sus principios y un elemental sentido de la prudencia y la responsabilidad política aconsejan el mantenimiento” del Concordato.