Un pacto para la educación
EL Gobierno y el principal partido de la oposición han extraído consecuencias muy distintas de la manifestación multitudinaria del sábado pasado. La propuesta de Mariano Rajoy acerca de un gran pacto de Estado en materia educativa, válido al menos para una generación, responde plenamente a las exigencias de la gran mayoría social. La enseñanza básica y media es asunto demasiado serio para permitir que sea enfocado desde puntos de vista dogmáticos y sectarios. El artículo 27 de la Constitución, deliberadamente abierto e incluso ambiguo, supone un buen punto de partida para alcanzar un acuerdo que ha resultado imposible durante un cuarto de siglo largo. Comprobado el efecto nefasto de las «leyes de partido» sobre la formación de varias generaciones, ha llegado la hora de afrontar el desafío con altura de miras. Una educación de calidad y la reducción del fracaso escolar a niveles estadísticamente aceptables son objetivos irrenunciables para el futuro de nuestra sociedad, como reflejaban las pancartas y discursos en la concentración popular del sábado.
Mientras la oposición ha sabido hacer una lectura inteligente del clamor ciudadano, el Gobierno sigue empeñado en enrocarse en sus posiciones de origen. Se anuncia que Zapatero está dispuesto a recibir a las organizaciones convocantes, pero resulta fácil percibir que se trata de una nueva «muestra de talante» y no de escuchar en serio a un sector tan representativo de la comunidad escolar. Queda claro que no existe intención de retirar el proyecto de ley que ahora se discute en el Congreso. Tampoco parece que haya reflexionado sobre las críticas recibidas. En efecto, de las más de 1.365 enmiendas presentadas, hasta el momento los socialistas sólo han introducido 36 en el proyecto, y todas fueron por ellos planteadas. El curso de los acontecimientos ha reducido a la ministra a un papel secundario y no se sabe ya cuál es el cauce apropiado para iniciar un diálogo serio. De este modo, la opción más inteligente sería dejar de lado el texto actual y abrir una negociación entre los partidos y los representantes del sector educativo con el objetivo de aprobar una ley con vocación de permanencia. Decir que no se va a retirar la LOE porque responde a un compromiso electoral suena a excusa injustificada. Mejor se cumplirá ese compromiso haciendo entre todos una buena ley que imponiendo otra vez una norma ideológicamente sesgada, con el apoyo de esos socios parlamentarios del PSOE de los que nada bueno para el interés general puede esperarse.
Peor todavía es el camino emprendido por la vicepresidenta del Gobierno para referirse a las relaciones entre el Ejecutivo socialista y la Iglesia. Da la impresión de que sus entrevistas en el Vaticano no resultaron satisfactorias, porque los mensajes que emite Fernández de la Vega resultan inquietantes. Hablar ahora de la financiación de la Iglesia en términos tan explícitos podía entenderse como una represalia coyuntural y altera, en todo caso, el discurso reiterado acerca de la plena validez de los acuerdos de 1979. Horas después, las declaraciones de la vicepresidenta en este sentido fueron matizadas, hasta casi la rectificación, por el secretario de Estado de Comunicación, que anunció que el Gobierno no tiene pensado modificar el sistema vigente. El Ejecutivo parece desquiciado en este cruce de anuncios e inmediatos desmentidos a un superior jerárquico.
Porque previa aprobación de los presupuestos por las Cortes, el Ejecutivo administra el dinero de todos los españoles. Los fondos que recibe la Iglesia para el ejercicio de sus fines (muchos de ellos de alto interés social en beneficio de los sectores menos favorecidos) proceden de los mismos padres que optan en términos muy elevados por reclamar para sus hijos una educación moral y religiosa determinada. El Gobierno no debería jugar las bazas arcaicas del anticlericalismo, ni descargar su mal humor por las circunstancias políticas con los obispos, y mucho menos con los católicos españoles. Tendría, en cambio, que tomar nota del clamor social y evitar reacciones que contribuyen a crear nuevos problemas y no a solucionar los existentes.
Mientras la oposición ha sabido hacer una lectura inteligente del clamor ciudadano, el Gobierno sigue empeñado en enrocarse en sus posiciones de origen. Se anuncia que Zapatero está dispuesto a recibir a las organizaciones convocantes, pero resulta fácil percibir que se trata de una nueva «muestra de talante» y no de escuchar en serio a un sector tan representativo de la comunidad escolar. Queda claro que no existe intención de retirar el proyecto de ley que ahora se discute en el Congreso. Tampoco parece que haya reflexionado sobre las críticas recibidas. En efecto, de las más de 1.365 enmiendas presentadas, hasta el momento los socialistas sólo han introducido 36 en el proyecto, y todas fueron por ellos planteadas. El curso de los acontecimientos ha reducido a la ministra a un papel secundario y no se sabe ya cuál es el cauce apropiado para iniciar un diálogo serio. De este modo, la opción más inteligente sería dejar de lado el texto actual y abrir una negociación entre los partidos y los representantes del sector educativo con el objetivo de aprobar una ley con vocación de permanencia. Decir que no se va a retirar la LOE porque responde a un compromiso electoral suena a excusa injustificada. Mejor se cumplirá ese compromiso haciendo entre todos una buena ley que imponiendo otra vez una norma ideológicamente sesgada, con el apoyo de esos socios parlamentarios del PSOE de los que nada bueno para el interés general puede esperarse.
Peor todavía es el camino emprendido por la vicepresidenta del Gobierno para referirse a las relaciones entre el Ejecutivo socialista y la Iglesia. Da la impresión de que sus entrevistas en el Vaticano no resultaron satisfactorias, porque los mensajes que emite Fernández de la Vega resultan inquietantes. Hablar ahora de la financiación de la Iglesia en términos tan explícitos podía entenderse como una represalia coyuntural y altera, en todo caso, el discurso reiterado acerca de la plena validez de los acuerdos de 1979. Horas después, las declaraciones de la vicepresidenta en este sentido fueron matizadas, hasta casi la rectificación, por el secretario de Estado de Comunicación, que anunció que el Gobierno no tiene pensado modificar el sistema vigente. El Ejecutivo parece desquiciado en este cruce de anuncios e inmediatos desmentidos a un superior jerárquico.
Porque previa aprobación de los presupuestos por las Cortes, el Ejecutivo administra el dinero de todos los españoles. Los fondos que recibe la Iglesia para el ejercicio de sus fines (muchos de ellos de alto interés social en beneficio de los sectores menos favorecidos) proceden de los mismos padres que optan en términos muy elevados por reclamar para sus hijos una educación moral y religiosa determinada. El Gobierno no debería jugar las bazas arcaicas del anticlericalismo, ni descargar su mal humor por las circunstancias políticas con los obispos, y mucho menos con los católicos españoles. Tendría, en cambio, que tomar nota del clamor social y evitar reacciones que contribuyen a crear nuevos problemas y no a solucionar los existentes.