Tradicionalmente, durante el siglo XX, España ha tenido dos aliados fundamentales en el mundo: Estados Unidos y Alemania. Estos países han jugado un papel esencial en la salida ordenada y ejemplar de nuestro país desde la dictadura franquista a una democracia moderna, en la integración plena de España en la Unión Europea y en los principales organismos internacionales –gracias a lo cual, por ejemplo, Rodrigo Rato es director gerente del Fondo Monetario Internacional– y en el impresionante desarrollo socioeconómico experimentado por nuestro país en los últimos cuarenta años. Gracias a ese progreso España salió del atraso secular de finales de la década de los cincuenta para convertirse, hoy en día, en una de las economías punteras y más vitales de entre los países avanzados. A nuestros aliados tradicionales les debemos mucho, pero Zapatero está consiguiendo en pocos años acabar con lo que costó forjar más de cuatro décadas.

Las advertencias de los embajadores de Estados Unidos y Alemania acerca de la pérdida de inversiones en España procedentes de ambos países tienen mucho que ver con la forma en que Zapatero ha enrarecido las relaciones con ambos. En Estados Unidos nadie olvida las bofetadas diplomáticas que les ha dado nuestro ilustre presidente del Gobierno con cuestiones como la guerra de Irak, como tampoco se olvidan en Europa. Mientras, en Alemania, la canciller Ángela Merkel tiene todavía muy presente el feo que le hizo Zapatero el día de la victoria electoral de su partido, la CDU, al felicitar a su rival, el ya ex canciller Gerhard Schröeder, por sus resultados, un malestar agravado ahora por todas las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para tratar de impedir que E.On se quede con Endesa, algo que no se hubiera planteado de no haberse empeñado el Ejecutivo en regalar la eléctrica al tripartito catalán a través de la OPA de Gas Natural sobre la compañía.

Estadounidenses y alemanes hoy tienen una queja común, e importante, frente al Gobierno español: la discriminación que sufren sus empresas en nuestro país. Zapatero apuesta por empresas españolas sin pararse a pensar que cuando las reglas del juego no son justas, los demás se molestan y te aplican el mismo tratamiento. Estados Unidos reivindica la creciente apertura de sus mercados a las compañías con pasaporte español y protesta porque, aquí, las firmas norteamericanas no pueden competir en igualdad de condiciones con las patrias. Eso mismo sienten los alemanes en relación con E.On, que están planteándose hasta qué punto les conviene que sus empresas sigan en nuestro país cuando sus principales intereses se concentran en los países del Este de Europa, los nuevos miembros de la Unión Europea, donde es sensiblemente más barato producir que en España. En esas circunstancias, ¿durante cuánto tiempo va a permanecer Volkswagen, por poner un solo ejemplo, con sus instalaciones abiertas en España cuando no oculta su deseo de trasladar la fabricación de automóviles al Este, donde los costes son menores y la marca puede ser mucho más competitiva en los mercados mundiales?

Vivimos unos años en los que la caída de la inversión extranjera en España es una realidad que debería empezar a preocuparnos por varios motivos de peso. La inversión extranjera ha traído a España un desarrollo tecnológico que nosotros, por nosotros mismos, habríamos tardado décadas en conseguir. En España se registran muy pocas patentes respecto a los parámetros europeos y, no digamos ya, estadounidenses; el número de científicos en nuestro país es sensiblemente inferior al de otras naciones avanzadas, lo mismo que la inversión de las empresas en investigación y desarrollo. Sin la ayuda de la multinacionales, ¿de dónde va a proceder ese desarrollo tecnológico, esa sociedad del conocimiento, que se está convirtiendo en vital para la economía post industrial del siglo XXI?

Tampoco hay que olvidar que las multinacionales han traído a España procesos de gestión modernos y avanzados que han aprendido los ejecutivos españoles y han trasladado a nuestras empresas. La gran internacionalización de la empresa española que se ha producido en los últimos veinte años ha tenido lugar gracias a que nuestro país correspondía con su apertura al capital exterior y a que Estados Unidos dio el visto bueno a la penetración de la banca y las empresas españolas en Latinoamérica y en el propio EE.UU., los pilares básicos de su internacionalización. Y, si hablamos en términos de empleo, el generado en nuestro país directa o indirectamente por las multinacionales es uno de los elementos básicos para explicar que nuestra tasa de paro esté por debajo del 10%. Las multinacionales, por tanto, son y siguen siendo necesarias para que España se mantenga en la vanguardia de la economía mundial.

En este sentido, el Gobierno debería hacer un ejercicio profundo de reflexión acerca de esta cuestión. Las reglas del juego en la economía global hablan de reciprocidad entre países. Si uno de ellos, en este caso España, la quiebra, entonces los demás se encuentran legitimados para romper la baraja. Es lo que le han advertido a Zapatero los embajadores de Estados Unidos y Alemania. Por ello, el Ejecutivo debería dar un giro radical tanto a su política exterior hacia estos países como hacia la política que viene aplicando a las empresas de ambas naciones, porque por la senda por la que estamos transitando actualmente, los socialistas van a acabar por llevarnos al Tercer Mundo.
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Mientras la oposición ha sabido hacer una lectura inteligente del clamor ciudadano, el Gobierno sigue empeñado en enrocarse en sus posiciones de origen. Se anuncia que Zapatero está dispuesto a recibir a las organizaciones convocantes, pero resulta fácil percibir que se trata de una nueva «muestra de talante» y no de escuchar en serio a un sector tan representativo de la comunidad escolar. Queda claro que no existe intención de retirar el proyecto de ley que ahora se discute en el Congreso. Tampoco parece que haya reflexionado sobre las críticas recibidas. En efecto, de las más de 1.365 enmiendas presentadas, hasta el momento los socialistas sólo han introducido 36 en el proyecto, y todas fueron por ellos planteadas. El curso de los acontecimientos ha reducido a la ministra a un papel secundario y no se sabe ya cuál es el cauce apropiado para iniciar un diálogo serio. De este modo, la opción más inteligente sería dejar de lado el texto actual y abrir una negociación entre los partidos y los representantes del sector educativo con el objetivo de aprobar una ley con vocación de permanencia. Decir que no se va a retirar la LOE porque responde a un compromiso electoral suena a excusa injustificada. Mejor se cumplirá ese compromiso haciendo entre todos una buena ley que imponiendo otra vez una norma ideológicamente sesgada, con el apoyo de esos socios parlamentarios del PSOE de los que nada bueno para el interés general puede esperarse.

Peor todavía es el camino emprendido por la vicepresidenta del Gobierno para referirse a las relaciones entre el Ejecutivo socialista y la Iglesia. Da la impresión de que sus entrevistas en el Vaticano no resultaron satisfactorias, porque los mensajes que emite Fernández de la Vega resultan inquietantes. Hablar ahora de la financiación de la Iglesia en términos tan explícitos podía entenderse como una represalia coyuntural y altera, en todo caso, el discurso reiterado acerca de la plena validez de los acuerdos de 1979. Horas después, las declaraciones de la vicepresidenta en este sentido fueron matizadas, hasta casi la rectificación, por el secretario de Estado de Comunicación, que anunció que el Gobierno no tiene pensado modificar el sistema vigente. El Ejecutivo parece desquiciado en este cruce de anuncios e inmediatos desmentidos a un superior jerárquico.

Porque previa aprobación de los presupuestos por las Cortes, el Ejecutivo administra el dinero de todos los españoles. Los fondos que recibe la Iglesia para el ejercicio de sus fines (muchos de ellos de alto interés social en beneficio de los sectores menos favorecidos) proceden de los mismos padres que optan en términos muy elevados por reclamar para sus hijos una educación moral y religiosa determinada. El Gobierno no debería jugar las bazas arcaicas del anticlericalismo, ni descargar su mal humor por las circunstancias políticas con los obispos, y mucho menos con los católicos españoles. Tendría, en cambio, que tomar nota del clamor social y evitar reacciones que contribuyen a crear nuevos problemas y no a solucionar los existentes.
]]>SI Maragall pretendía hacer crisis de Gobierno para cambiar a determinados consejeros del tripartito, la oposición pública de su partido, el PSC, ha provocado su crisis, al menos coyuntural, como líder del socialismo catalán y del Ejecutivo autonómico. Aunque el portavoz socialista, Miquel Iceta, presentara la posición oficial de su partido ante los anunciados cambios como una muestra de lealtad a Maragall, lo cierto es que el comunicado de la Comisión Ejecutiva del PSC deja al líder a los pies de los caballos, con una desautorización en toda regla. En su apoyo sólo han acudido Rodríguez Zapatero -con una declaración meramente procedimental sobre su competencia para cambiar consejeros- y su hermano Ernest -que iba a hacerse con una cartera-. Y nada más.
La crisis del tripartito no es, para el PSC, «necesaria ni oportuna», y el anuncio de cambios hecho por Maragall ha sido causa de «sorpresa» y «desconcierto». Se puede decir más alto, pero no más claro, y por eso la situación en la que queda Maragall es realmente difícil. Si su propio partido no le permite cambiar a sus consejeros, cabe preguntarse hasta dónde llega la confianza del PSC en Maragall y si éste se encuentra en condiciones para liderar, junto con su valedor en Madrid, Zapatero, la dura contienda política que espera al proyecto de Estatuto para Cataluña. El comunicado del PSC es todo un síntoma de algo más que una discrepancia de tiempo y necesidad. Revela la precariedad en que se halla Maragall frente a su partido, justo cuando más precisa sería la unidad entre uno y otro. Pocas cosas son más graves para el presidente de un Gobierno que la desconfianza de su propio partido en cómo debe dirigirlo.

También cabe plantearse si este «amotinamiento» del PSC permite discutir la premisa intocable de la unanimidad del socialismo catalán en torno al proyecto de Estatuto, cuya aprobación por el Parlamento de Cataluña tendría que haber reforzado, al menos en teoría, la posición de Maragall. No parece arriesgado vincular esta crisis de confianza con el hecho de que el tan exhibido 90 por ciento de apoyo parlamentario al proyecto estatutario no se corresponde de forma tan abrumadora con el sentir de la sociedad catalana hacia, por ejemplo, la definición de Cataluña como nación, que cuenta, según revelan las encuestas más recientes, con la oposición del 44 por ciento de los catalanes consultados, frente al ajustado 51 por ciento que está a favor.

Si el PSC está empezando a soltar lastre es algo que aún resulta aventurado afirmar, pero el futuro de Maragall se ha vuelto mucho más complicado, lo cual no es una buena noticia para él ni para Zapatero.

]]>La "Caravana contra el olvido", organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), llega hoy sábado a Madrid, donde concluirá su recorrido. Para finalizar este periplo celebrará una misa en la catedral de la Almudena y firmará un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid.

Las víctimas del terrorismo son en España todo un símbolo de dignidad y comportamiento democrático. Aquellos que en estos días se han atrevido a criticar a la AVT, por su feroz oposición a los planes de Zapatero, tildándola de oposición politizada, deberían recordar que en otras latitudes las víctimas del terrorismo se organizaron para responder a los terroristas, como en el caso norirlandés o en Argelia la OAS. Sin embargo en España las víctimas siempre estuvieron con la ley y el estado, respetando los principios de convivencia y aguantando un terrible dolor en unos días en que arreciaban los atentados y la escasa consideración de las autoridades. Un ejemplo de dignidad democrática que adquiere la categoría de referente mundial.

Por ello quienes han creído en la ley y en la justicia, no pueden verse traicionados por el estado de derecho que siempre respetaron. La oposición de la AVT a toda negociación con ETA, no es cerrazón ni politización, es simplemente una continuación de la dignidad de quienes confiaron en la ley y en la justicia y no acudieron a la venganza, para ver a sus torturadores pagar por sus crímenes.

Hoy a las 19:30 horas, tendrá lugar en la Catedral de la Almudena, una misa en honor de las víctimas del terrorismo como acto final de esta caravana contra el olvido que nos ha recordado a todos la dignidad de quienes han caído víctimas del separatismo asesino u otros fanatismos criminales. La AVT ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que les acompañen y apoyen en la misa que tendrá lugar en la Almudena para "honrar" la memoria de "aquellos que lo han dado todo por la defensa de la democracia en España frente al terrorismo y la barbarie". Allí estaremos todos los españoles de bien, presentes físicamente o moralmente.
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Alguien debería llevarle un mensaje al matemático y profesor de lógica Charles Lutwidge Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, que desplegó todo su talento para jugar con las palabras, hacernos reflexionar sobre el absurdo, reírse del sinsentido y descubrirnos la magia de algunas paradojas lógicas. Convendría que supiera, allá donde esté, que el presidente del Gobierno dice que «de entre las ocho fórmulas posibles para definir Cataluña tiene una definición clara que contentará a todos». No ha revelado cuál será la palabra o las palabras que contentarán a todos para sustituir el término «nación» y convertirán a España en ese país de las maravillas de los sueños de Lewis Carroll. Si encuentra una que quiera decir lo que él quiere que diga, ni más ni menos, habrá que darle, como sugería de Humpty Dumpty, una paga extraordinaria. Pero la cuestión no está ahora en si se puede hacer que las palabras signifiquen cosas diferentes sino saber quién es el que manda.
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No hay que engañarse, toda esta crisis, de principio a fin, es resultado directo de la irresponsabilidad de Zapatero, de su falta de compromiso con las premisas de nuestra democracia, de su manía de entroncar con la Segunda República, de su incurable sectarismo y de una dinámica política que se remonta a la segunda legislatura de Aznar y que se traduce en fatídica ley: cuanto más maniqueo, simple, demagógico y cainita es el discurso socialista, más medra Zapatero.

Los ponentes catalanes del estatuto, incluyendo a los separatistas, no hubieran introducido el término “nación” en el articulado (hasta ellos comprendían que era flagrantemente inconstitucional) si no les hubiera animado el presidente del gobierno al exponer sus extemporáneas dudas sobre el concepto. Los convergentes no habrían apoyado el proyecto si él no hubiera convocado secretamente a Artur Mas el 19 de septiembre para darle carta blanca a un régimen financiero que exasperó al mismísimo conseller Castells. La prensa catalana y varios importantes empresarios no habrían apostado por la desmesura si él no se hubiera comprometido pública y reiteradamente a aceptar el Estatuto que llegara del Parlament. No se habría formado el tetrapartito de hecho, con sus embajadas y su concertada pedagogía capitalina, si él no hubiera dado tan sobradas muestras de inanidad, de falta de apego a la Constitución y a la propia idea de España.

Como resultado de todo esto, los insensatos de siempre y los que acaban de perder la sensatez se han llegado a creer que es posible modificar sustancialmente el modelo político español en contra del partido que representa a más del cuarenta por ciento de los ciudadanos. Y cuando ese partido invoca la Constitución y denuncia los peligros que la acechan, los zapateros y zapateras, lejos de comprender la gravedad de la fractura, pretenden aprovechar la circunstancia para seguir explotando la demagogia de la derechona y de la caverna.

Como decíamos, sólo algunos socialistas que no temen por sus futuros emolumentos expresan la evidencia: nada debe hacerse sin el máximo consenso. No albergo esperanza alguna de que al incendiario de la Moncloa le entre en la cabeza.]]>La escultura se colocará frente al Cuartel General del Aire, en Moncloa
El ministro de Defensa, José Bono, discrimina entre los militares muertos en servicio erigiendo una estatua sólo para los del Yakolev. ¿Y los demás?.

El ministro de Defensa, José Bono, va a erigir un monumento en recuerdo a las 62 víctimas del Yakolev, discriminando al resto de militares caídos en acto de servicio, como los 17 muertos de Afganistán. La estatua será colocada frente al Cuartel General del Ejército del Aire en el madrileño barrio de Moncloa para ser inaugurada, en principio a mediados del mes de octubre.

Los militares están que trinan porque los homenajes y los reconocimientos no se miden por el mismo rasero. “Por los muertos en el helicóptero de Afganistán el 16 de agosto no se ha hecho tanto ruido como por los del Yak, y eso que los primeros fueron enviados a Herat (Afganistán) a encomiendas de Zapatero”, dice un alto mando del Ejército de Tierra.

Pero es que, además, la idea ha partido del único ministro de Defensa que se ha propuesto y “autoimpuesto” la medalla militar de mayor distinción, por la rapidez con la que se hizo el repliegue de las tropas españolas en Irak.

El ministro Bono se olvida de los 17 fallecidos en helicóptero en Afganistán; de los siete del CNI abatidos de Irak y de muchos otros -no menos importantes- de los tres ejércitos que han perdido la vida en acto de servicio.

A los fallecidos en el avión Yakolev y a los del helicóptero Cougar se les impuso la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo. A los tiroteados en Irak, la misma pero con distintivo rojo y a Bono, la Gran Cruz al Mérito Militar (reservada para generales y vips civiles) y con distintivo blanco.

Según el ministro de Defensa, le fue concedida por el presidente Rodríguez Zapatero en el Consejo de Ministros (junio de 2004), pero él dijo haberla rechazado (no consta en el BOE).

En una entrevista en la COPE, el ministro afirmó: “He dicho no tener los oídos tapados, he escuchado las críticas, soy persona que está en política, creo no ser soberbio, y he renunciado, sencillamente, porque creo que fue un error aceptarla”.

La realidad es que 122 militares españoles han muerto en acto de servicio en misiones extranjeras, pero no todos tienen su homenaje. En mayo pasado, en la sede del Ministerio de Defensa, José Bono inauguró una escultura piramidal conmemorativa por las víctimas del Yakolev en el primer aniversario de su muerte. El año anterior, el titular de Defensa hizo lo propio en las localidades turcas de Macka -muy cercana a la montaña contra la que se estrelló el avión-, y en Trebisonda se levantó un mural y una escultura encargada por el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo.

A excepción de los monumentos levantados al soldado desconocido, los que fueron erigidos en los distintos cuarteles o los inaugurados con motivo de la Guerra Civil, en España no hay ninguna estatua en honor a los militares muertos en acto de servicio.

Ahora que hay una buena oportunidad para rendir homenaje a todos los militares fallecidos, el ministro Bono prefiere limitar el homenaje a los 62 del Yakolev que se estrelló en Trebisonda en 2003, un año negro de fallecimientos para las Fuerzas Armadas. Además de los militares que regresaban a casa tras su trabajo en Afganistán, ese año fallecieron en acto de servicio otros 19.
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Cierto que las autoridades marroquíes asisten indiferentes cuando no cómplices a los intentos de asalto de estos miles de inmigrantes que huyen del Africa negra, pero aún más que la pasividad marroquí, ha sido la irresponsabilidad de un gobierno lo que ha conseguido que corra como un reguero de pólvora entre los inmigrantes ilegales la noticia de que en España es muy fácil conseguir papeles, la permisividad con los ilegales que en escasas ocasiones son expulsados una vez se encuentran en España, la conciencia de que ante la imposibilidad de repatriación automática lograran quedarse en España, al final es lo que provoca que miles de inmigrantes intenten a toda costa poner un pie en territorio español, aunque en ello les vaya la vida. El ansia de alcanzar esa posibilidad con la que han soñado durante meses puede más que la prudencia y el respeto de las leyes, y quienes han alimentado la idea de que España es un paraíso para la inmigración, son los culpables de estas muertes absurdas.

Usar la demagogia a la hora de gobernar acaba pasando factura siempre, y quienes se obstinan en rechazar un control riguroso de la inmigración, escudándose en tópicos humanitarios, al final, además de poner en peligro nuestra propia sociedad contribuyen a que sucedan tragedias como la de Ceuta.

Pero los graves sucesos en la frontera de Ceuta y Melilla no han servido para que el gobierno reflexione y cambie su política de inmigración, ni exija de verdad cooperación a Marruecos. En vez de ello el gobierno envía al ejercito a hacer el trabajo sucio, serán los legionarios y los regulares, quienes con la Guardia Civil, se encarguen de limpiar, en el lenguaje escatológico de la calle, “las cagadas” del gobierno. Y es que cuando las cosas se ponen feas, ahí está siempre “la fiel infantería” para defender a España de cualquier amenaza.]]>El Gobierno de Rodriguez Zapatero terminará por implosionar más pronto que tarde. Las contradicciones sobre las que se asienta el actual Ejecutivo son de tal calibre y de tanta trascendencia que es imposible que no se venga abajo todo el proyecto al menor contratiempo. Si este Gobierno de base imposible está condenado a caer, mejor que lo haga cuando antes. El único problema es que el estrépito de la caída no nos pille a todos debajo.

No se puede ser un partido que se apellida español y practicar una política nacionalista de desmantelamiento del Estado y negación permanente de la Nación española. Cegado por su tactismo, Zapatero pensó que la única posibilidad de llegar a La Moncloa era aliarse con los nacionalismos periféricos, preferentemente de izquierdas. Por eso su bendición previa al tripartito catalán y sus posteriores pactos con los independentistas republicanos. Ahora, con tal de mantenerse en el poder, Rodríguez Zapatero está dispuesto a desinventar España.

La base electoral socialista se mueve así entre su satisfacción por haber vuelto al poder y su preocupación por la deriva nacionalista que va escorando a su Gobierno. Hay una gran mayoría de socialistas que comparten de buena fe el discurso españolista de Guerra, Bono, Ibarra y otros muchos líderes locales. Estos militantes y votantes se muestran cada vez más perplejos e incluso indignados ante las continuas cesiones de Rodriguez Zapatero a los nacionalistas. Es más, las comunidades donde la mayoría socialista es más abrumadora son precisamente aquellas que más dependen de una política de solidaridad interterritorial que la reforma del modelo de Estado que está impulsando el actual Gobierno pone en serio peligro. Este debate territorial desbocado que ha propiciado Zapatero puede, de hecho, quebrar al PSOE por dentro una vez que no se disponga de la amalgama del poder.

La segunda gran contradicción es que no se puede estar alardeando permanentemente de ser un partido de izquierdas y practicar una política económica de derechas, por éxitosa que esta haya sido. Esto es algo que ERC, más aún Izquierda Unida, le van a recordar al Gobierno en el próximo debate presupuestario. Es el famoso giro social que reclama Llamazares y que cuesta un billón de las antiguas pesetas. Para los comunistas, ser de izquierdas es algo más que retirarse de Irak, casar homosexuales e insultar a la derecha. Todo eso está muy bien, pero ellos quieren algo más. Quieren más sector público, más subvenciones, más gasto social.

Con un presidente que no sabe decir que no y un Gobierno que necesita los votos de los comunistas para subsistir, al vicepresidente económico, Pedro Solbes, le esperan días difíciles. Las contradicciones entre los socialdemócratas pragmáticos y los socialistas de izquierda dentro del PSOE harán imposible que este Gobierno mantenga una política económica coherente. Serán los aliados parlamentarios del Ejecutivo los que terminen inclinando la balanza hacia una política de izquierdas que se ha demostrado desastrosa para el desarrollo allí donde se ha practicado.

La tercera contradicción tiene que ver con los valores. La traición a la idea de España que tradicionalmente ha defendido el PSOE junto a la quiebra ideológica de la izquierda en su modelo económico ha obligado al PSOE ha abanderar un radicalismo exacerbado en materia social como única seña de identidad propia. Así, el Gobierno ha tomado iniciativas como el matrimonio homosexual o la devaluación de la enseñanza religiosa en la escuela que chocan con una parte de su electorado, la más moderada, que en muchos casos sigue definiéndose católica y llevando a sus hijos a colegios concertados e incluso privados. En la medida en que Rodriguez Zapatero continúe en esta línea de radicalidad, abordando nuevos debates como el de la eutanasia o continuado con sus ataques a la Iglesia Católica, esas contradicciones se irán agrandando.

Todo este conjunto de contradicciones hacen del Ejecutivo actual un Gobierno débil, inestable y en peligro permanente de implosión. Es cierto que muchas de las grietas que están provocando estas tensiones internas son aún imperceptibles, pero también que el Gobierno empieza a dar ya numerosos síntomas de fatiga prematura. Es difícil predecir cuándo comenzará la caída, pero lo que es seguro es que una vez que comience el derrumbe será extraordinariamente rápido. Sólo queda esperar que el estrépito de este fracaso anunciado no haya dañado en exceso las estructuras más básicas de nuestro Estado y nuestra sociedad.]]>Mes y medio después de presentar su dimisión como consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo ya tiene nuevo trabajo. Según ha podido confirmar Libertad Digital, Arévalo es en la actualidad Directora General de Relaciones Institucionales de ENUSA, empresa participada al 100% por entidades públicas (SEPI y CIEMAT) y que se dedica al suministro y producción de derivados de uranio para centrales nucleares. El cargo ha sido creado de forma paralela al nombramiento de la ex consejera. La noticia coincide con la huelga de hambre iniciada por los retenes de Guadalajara.
El pasado 22 de julio, la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo Sánchez, presentó su dimisión en medio de las críticas por su gestión durante el incendio de Guadalajara que se cobró la vida de once miembros de un retén y devastó más de 15.000 hectáreas.

La dimisión fue presentada al presidente manchego, José María Barreda, mediante una carta de la que destacamos el siguiente párrafo:

"(...) Las circunstancias me obligan a asumir la responsabilidad política de los acontecimientos. Como sabes, no soy persona que quiera aferrarse a un cargo a toda costa, como he visto que han hecho algunos dirigentes del PP, todos no estamos en política por las mismas motivaciones, porque no todos somos iguales; por ello, yo ahora, después de haber acompañado a las familias de los funcionarios fallecidos y prácticamente controlado el incendio, presento mi dimisión".

A pesar de no ser una persona que "quiera aferrarse al cargo", lo cierto es que la ex consejera Arévalo tampoco tiene muchos problemas en encontrar un puesto nuevo. Según ha podido confirmar Libertad Digital, Rosario Arévalo ocupa desde el 1 de septiembre el puesto de la Dirección de Relaciones Institucionales de ENUSA, un cargo que ha sido creado de forma paralela al nombramiento de la ex consejera.

ENUSA Industrias Avanzadas SA es una sociedad anónima pero participada en un su totalidad por capital público. Un 60 por 100 lo controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (la SEPI, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda) y un 40 por 100 por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT, que depende del Ministerio de Educación y Ciencia). Su actividad consiste en la investigación y explotación de los productos de yacimientos de uranio, así como la distribución y comercialización de los productos resultantes.

ENUSA, cuya denominación anterior era Empresa Nacional del Uranio, centra su actividad principal en el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares, ocupándose del suministro de las materias primas (uranio) y de su procesado hasta la obtención del combustible, que finalmente se introduce en el núcleo de los reactores nucleares.

Las explicaciones de la empresa

Según ha explicado a Libertad Digital Juan Artieda, portavoz de Enusa, la nueva Dirección General de Relaciones Institucionales se creó dentro de la "política de diversificación" de ENUSA y con el objetivo de darle una mayor importancia al área sanitaria. "Son actividades que requieren una gran acción institucional con las comunidades autónomas, ministerios y hospitales y necesitábamos a una persona con gran conocimiento en el área sanitaria", explicó el portavoz de ENUSA. Sobre el nombramiento de Rosario Arévalo, Artieda afirmó que "se pensó en ella como una persona capaz". "A ver si nos trae suerte, porque no es una tarea fácil la que tendrá que llevar a cabo", añadió.

Arévalo, licenciada en Políticas y Sociología, fue asesora de la ministra socialista de Sanidad, Ángeles Amador, y consejera de Salud con José Bono. La página web de la empresa que acaba de fichar a la consejera que dimitió por la nefasta gestión de la catástrofe de Guadalajara recoge la siguiente declaración de intenciones:

"Una característica de la industria nuclear es el rigor con el que se aplican los criterios de calidad, como no podía ser menos, lo que dota a nuestra organización de una especial idiosincrasia que nos permite abordar proyectos en otras áreas de la industria donde se requieran características de alta calidad, precisión, rigor, elevada sujeción a una pesada reglamentación, gran intervención de la administración pública, etc. que para otros serían especialmente difíciles".]]>