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Ocu Prensa / Caracas Venezuela 30/05/2008

La Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios FEVACU; representada por Arnoldo Benítez Castillo y Wolfgang Cardozo Espinel, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia el pasado 29/05/2008 y quienes así mismo actuando en su propio nombre como ciudadanos afectados en sus derechos constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26; ordinal 1° del artículo 266, en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 7° del artículo 336 todos de nuestra Constitución y ordinal 12º y primer aparte del artículo 5º de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; hemos interpuesto una : Acción Popular de Inconstitucionalidad por la Omisión del Poder Legislativo Nacional, por cuanto la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ha incurrido en omisión legislativa inconstitucional por la inacción del Poder Legislativo, al no haber procedido a impulsar y darle continuación al desarrollo legislativo de la Ley de Tarjetas de Crédito y Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, instrumento legal que fuera aprobado el 13 de diciembre de 2005

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]]>La denuncia se presentó ante el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (Indecu), la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) y la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, motivado a que dicha empresa está actuando en franco desacato a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo con rango y fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y lo previsto en la Gaceta Oficial Nº 5.712 Extraordinaria de fecha 22/06/2004, debido a la oferta de financiamiento de vehículos a una "tasa de mercado".
Realizados nuestros cálculos financieros, hemos podido determinar que obtienen como beneficio una tasa mercado a la que hacen mención, equivalente al 32% anual para el financiamiento de vehículos, más una Comisiones Flat, por concepto de gastos administrativos y gastos de financiamiento.


A nuestro criterio la mencionada empresa no puede, ni debe cobrar la tasa de mercado, toda vez que el cobro de dicha tasa sólo le es permitida a empresas que realizan actividades de intermediación financiera, y que en tal sentido cumplen con la normativa para ser consideradas como Instituciones Financieras por el Decreto Ejecutivo con rango y fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dedicadas al financiamiento para la compra de vehículos.
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