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EEUU coloca en Cuba un panel en el que se muestran artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros mensajes políticos

Mi pregunta: ¿a cuántos kilómetros está La Habana de la base de Guantánamo, en la que han sido torturados miles de islamistas? Que Cuba no respeta los Derechos Humanos, eso está tan claro como el agua; que EEUU no es el país moralmente más capacitado para hacer entrar en razón al régimen castrista, es más que obvio. HIPOCRESÍA.



Rajoy anuncia que se recogerán firmas para convocar un referendum en toda España para debatir el nuevo Estatuto catalán

"No se le puede negar la voz al pueblo". Habla el lider del Partido que, durante la anterior legislatura, y con mayoría absoluta, nos embarcó en una guerra sin contar con la voluntad popular. Hablan de crispación social con respecto al Estatut, pero yo todavía no he visto en mi ciudad, poco sospechosa de ser catalanista radical, cientos de carteles de "No al estatut" en ventanas y balcones. HIPOCRESÍA.

Juanma, gracias por tu intervención, he aprendido mucho hoy ^^
VMGB, no pierdas a este colaborador-tertuliano, que sube la audiencia :P
Por cierto, eso de "Habla el lider del Partido que, durante la anterior legislatura, y con mayoría absoluta, nos embarcó en una guerra sin contar con la voluntad popular." es lo mismo que pensaba yo estos días. Qué poca vergüenza tienen los políticos (si ya lo dice don Federico...)

A mí lo del referéndum me parece una cagada impresionante. Pero aunque el estatuto sea constitucional, la verdad es que me quedan ciertas dudas sobre si el nuevo modo de reparto de dinero que supondrá es más o menos solidario de lo que hay ahora. Eso sí, esta cuestión, que creo bastante más importante, nadie la explica, oiga.

El referéndum es una bomba de relojería.

En primer lugar, es ilógico votar un texto que aún no ha sido aprobado y, por tanto, no existe a efectos legales. Ni Rappel tiene tanta capacidad de anticipación.

Además, el referéndum, aunque se reunieran las firmas necesarias (entre diez millones de votantes potenciales y unilaterales de *cualquier* cosa que proponga el PP, es razonable que se consigan las 750.000 firmas necesarias en un decir Aznar, y los cinco millones que quiere Rajoy, si se lo proponen), tiene un pequeño inconveniente: es anticonstitucional. El artículo 87.3 de la Constitución prohibe explícitamente someter a consulta popular materias sujetas a ley orgánica, como son los estatutos de autonomía, mismamente.

El argumento de que «la gente lo quiere» es un poco peregrino: también hay gente que quiere todo lo contrario. ¿Cómo los pones de acuerdo? Pues mediante los mecanismos que la Constitución tiene previstos; las Cámaras, por ejemplo. A este paso va a acabar proponiendo la votación por teléfono móvil: «Si quieres que se convoque el referéndum, envía SALVAR ESPAÑA al 5555; si quieres que se apruebe el Estatut, envía SALVA DE CAÑONES al 6666».

A este paso, cada vez que algo no le mole a un partido político, la solución sería muy fácil: convocamos un referéndum, que, total, no será muy difícil movilizar a tres cuartos de millón de incondiconales para que echen otras tantas firmitas. Dejando de lado que esto supone actuar al margen de la voluntad de los españoles, representados por las Cámaras, también supone denunciar implícitamente la ilegitimidad del órgano que aprueba las leyes, el Congreso de los Diputados (aaamigo, por fin hemos llegado a esa cuestión)
y puede llevar al Estado a una situación de parálisis institucional: si me hincho a convocar consultas populares, estaré entorpeciendo el funcionamiento del Consejo de Estado, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y todas las demás instituciones que forman parte del mecanismo de aprobación de las leyes, por no hablar del tremendo coste que supone un referéndum. (Lo del coste no lo digo porque se me haya contagiado el carácter ahorrativo -ejem- de los catalanes, sino porque fue el argumento que esgrimió el PP para considerar que el referéndum sobre la Constitución Europea era innecesario.)

La pregunta es absolutamente ambigua, como la del referéndum de la OTAN: «¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a prestaciones públicas?». La pregunta es tan de sentido común que nadie en su sano juicio podría votar que no. Y como es tan de sentido común y genérica, es imposible que salga adelante: cualquier órgano consultivo al que se someta esa cuestión va a decir que es innecesario preguntar sobre aspectos que vienen protegidos expresamente por la Constitución y que, en caso de duda sobre los mismos, ya existen órganos cuyas competencias son resolverlos. Hablo del Tribunal Constitucional, por ejemplo.

Todo eso, suponiendo que el Estatut vaya a salir adelante tal como se presentó en el Congreso: es evidente que no. También es evidente que los aspectos que entren en conflicto con la Constitución se van a eliminar del texto definitivo y, suponiendo que quedara alguno de dudosa constitucionalidad, se sometería al Tribunal Constitucional. La Constitución y sus leyes de desarrollo tienen previsto hasta el menor detalle los procedimientos de aprobación de leyes y su posible impugnación. Una vez agotados estos, los textos aprobados son firmes. Un referéndum con una pregunta ambigua, que no se atreve a plantear el meollo de la cuestión, no sólo no añade nada sino que está fuera de lugar.

A lo mejor el problema es que en el PP no tienen mucha idea de Derecho Constitucional, igual que en ERC y el PSC, si leemos el texto del proyecto de ley del Estatut. En el caso del PP, no me extrañaría, dado que se abstuvieron de votar la Consitución cuando eran AP. (De hecho, creo que son la única fuerza parlamentaria implicada en este Estatut que no votó a favor de la Constitución.)

Otra cuestión. Supongamos que el referéndum sale adelante y la gente vota a favor. Pues muy bien, están a favor de que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a prestaciones públicas. Vale, esa es la situación actual de España. ¿Y? ¿Qué harían después? ¿Eliminar los conciertos con las escuelas privadas y los regímenes privados de sanidad, que están impidiendo que mis hipotéticos hijos reciban la misma educación y asistencia médica que los que van a un colegio del Opus o la Clínica de Navarra? ¿Cargarse el Fondo de Compensación Interterritorial, que permite que las comunidades autónomas más ricas ayuden económicamente a las más pobres? Legitimado un posible referéndum, legitimados todos. Y volvemos a la parálisis institucional.

Ah, lo del término nación. A ver, la Constitución se aprobó en 1978, cuando aún había riesgo de vuelta a una dictadura si se tocaban ciertas palabras, de modo que se optó por hablar de la «indisoluble unidad de la nación española, patria común de todos los españoles». Una nación no es una institución ni entra en el campo de la organización territorial, es un concepto más abstracto. Hablamos de Estado, Comunidad Autónoma y entidades locales. Son las únicas formas organizativas que permite el ordenamiento jurídico español. Por ese motivo, el término «nación» no va a entrar en el articulado del Estatut, aunque no molesta que vaya en el Preámbulo.

En el fondo, aquí lo que está discutiéndose es la conveniencia de reformar la Constitución, aprovechando que hay que reformarla de todos modos para que la niña pueda ser reina. Hay un dictamen del Consejo de Estado, de esta misma semana, en el que con bastante sosiego se habla de los aspectos que deberían abordarse. Qué curioso: con el chocho que se ha liado a costa del referéndum propuesto por Rajoy, nadie está hablando de ello. (Y, por cierto, el PP está de acuerdo con las directrices que establece ese dictamen del Consejo de Estado.)