La Atención al ciudadano en el Poder Judicial
Por la Abog. Lic. María Carolina Granja
“El método se contrapone a la suerte y al azar,
pues el método es ante todo
un conjunto de reglas”.
Platón.
La atención e información al ciudadano puede considerarse en la actualidad parte esencial en la actividad del conjunto de las instituciones y administraciones públicas y privadas. Su implementación y desarrollo en el seno de cualquier organización o institución no debería improvisarse, sino ser el resultado de un “método”, una planificación estratégica.
La planificación es una herramienta guía para la organización. Ordena los pasos y los medios, partiendo del diagnóstico previo. Los criterios de acción estratégicos son líneas maestras de acción para abordar situaciones específicas reconocidas en el diagnóstico.
El proyecto que hemos elaborado tiene la intención de colaborar en la calidad de la prestación del servicio de justicia a través de un aspecto fundamental, como lo es la atención al público.
Se pretende trabajar no solamente en la atención de barandilla, o la correcta prestación del servicio, sino que también se procura realizar un programa de comunicación en donde el ciudadano sea el principal partícipe. Para ello, luego de una investigación de campo -que creemos confirmará nuestra hipótesis- quedará plasmado un diagnóstico situacional, capaz de vislumbrar las distintas acciones de comunicación necesarias a implementar, con un claro beneficio no sólo para el usuario del servicio de justicia, sino también para la misma institución judicial.
Si se considera el actual funcionamiento de las estructuras que conforman al Poder Judicial, focalizando el punto de observación en aquellas que abarcan el ámbito físico de Tribunales I, y realizando una mirada desde la calidad en la comunicación, se plantea como “hipótesis – guía” de este trabajo investigativo: la necesidad de una más adecuada, completa y planificada red de vías o medios comunicativos que optimicen y flexibilicen la relación con el receptor o interlocutor, que es justamente el usuario del servicio de justicia.
Una equívoca, ausente o quizás no programada gestión comunicativa, en este caso, tendería a repercutir -sin lugar a dudas- no sólo en la imagen institucional de la institución, sino más importante aún, en la gestión de calidad del servicio de justicia; entendiendo por “gestión” -parafraseando a Andrés Senlle- como “la acción y efecto de administrar una organización”. Es cierto que el éxito de una gestión no se improvisa, sino que es el resultado de un “método”, una planificación estratégica. Ese es el camino que hemos comenzado a trazar.
“El método se contrapone a la suerte y al azar,
pues el método es ante todo
un conjunto de reglas”.
Platón.
La atención e información al ciudadano puede considerarse en la actualidad parte esencial en la actividad del conjunto de las instituciones y administraciones públicas y privadas. Su implementación y desarrollo en el seno de cualquier organización o institución no debería improvisarse, sino ser el resultado de un “método”, una planificación estratégica.
La planificación es una herramienta guía para la organización. Ordena los pasos y los medios, partiendo del diagnóstico previo. Los criterios de acción estratégicos son líneas maestras de acción para abordar situaciones específicas reconocidas en el diagnóstico.
El proyecto que hemos elaborado tiene la intención de colaborar en la calidad de la prestación del servicio de justicia a través de un aspecto fundamental, como lo es la atención al público.
Se pretende trabajar no solamente en la atención de barandilla, o la correcta prestación del servicio, sino que también se procura realizar un programa de comunicación en donde el ciudadano sea el principal partícipe. Para ello, luego de una investigación de campo -que creemos confirmará nuestra hipótesis- quedará plasmado un diagnóstico situacional, capaz de vislumbrar las distintas acciones de comunicación necesarias a implementar, con un claro beneficio no sólo para el usuario del servicio de justicia, sino también para la misma institución judicial.
Si se considera el actual funcionamiento de las estructuras que conforman al Poder Judicial, focalizando el punto de observación en aquellas que abarcan el ámbito físico de Tribunales I, y realizando una mirada desde la calidad en la comunicación, se plantea como “hipótesis – guía” de este trabajo investigativo: la necesidad de una más adecuada, completa y planificada red de vías o medios comunicativos que optimicen y flexibilicen la relación con el receptor o interlocutor, que es justamente el usuario del servicio de justicia.
Una equívoca, ausente o quizás no programada gestión comunicativa, en este caso, tendería a repercutir -sin lugar a dudas- no sólo en la imagen institucional de la institución, sino más importante aún, en la gestión de calidad del servicio de justicia; entendiendo por “gestión” -parafraseando a Andrés Senlle- como “la acción y efecto de administrar una organización”. Es cierto que el éxito de una gestión no se improvisa, sino que es el resultado de un “método”, una planificación estratégica. Ese es el camino que hemos comenzado a trazar.
Prensa y Justicia. El Vocero Judicial para Cortes Supremas.
Por el Lic. Damián Alberto Pertile
Reflexión Preliminar
La sociedad contemporánea es un escenario de profundas transformaciones que repercuten en el Derecho y en el servicio de Justicia.
El estadista moderno, necesariamente deberá apreciar que en nuestra comunidad está disminuido o desvanecido el sentido de cohesión social del individuo y el origen de su moralidad y su derecho. Ese mismo estadista deberá considerar que hay incertidumbre y ansiedad social, por cuanto la sociedad se encuentra imposibilitada de visualizar los ámbitos de actuación futura y las aristas jurídicas y éticas del porvenir.
En esta sociedad cambiante el derecho surge con rigor relativo frente a los desbordes de la economía y ésto significa un desafío para la ciencia jurídica y para los jueces, quienes deberán preparar las conciencias para una apertura interdisciplinaria a fin de que los aspectos antropológicos, socio – culturales, éticos y comunicacionales no sean indiferentes en cuanto aspectos variados de la realidad.
Lo anteriormente expresado además de replantear la función judicial en cuanto interpretación de la ley, describe una realidad con interrogantes hacia el futuro y preparan un terreno social fértil para la desilusión, el descreimiento o la desconfianza. Se impondrá entonces una reflexión responsable para adecuar con responsabilidad una estrategia política que recupere la credibilidad de la sociedad en la Justicia. En esa circunstancia no podrá marginarse el protagonismo del periodismo, del comunicador social, en definitiva de la prensa, a fin de que la información y el comentario de la información tribunalicia se haga con el conocimiento debido del derecho, y con el tratamiento periodístico adecuado. Se deberá tener en claro que se asume la responsabilidad no sólo de informar a la comunidad, sino también de formar opinión, la cual deberá hacerse sobre la base de conceptos y argumentos, y no de repeticiones y de imágenes sin distinguir causas de efectos, sólo para concluir que se está en la perspectiva de la sospecha y de la impunidad; tal metodología llevaría a la confusión que es incompatible con la verdad.
A su turno los jueces deberán hacer su aporte, ya que la realidad los convoca al compromiso y satisfaciendo los requerimientos de información a través de un “Vocero Judicial”, quien representará al tribunal, se conciliarán con el decoro y el recato dejando de ser sujetos de una exhibición innecesaria. Se exige una judicatura vinculada a la prensa en forma institucional. Indudablemente que para que ello acontezca será necesario estimular entre prensa y justicia la formación de puentes de comprensión mutua, de colaboración solidaria y de respetos recíprocos. De este modo, la beneficiada será la comunidad, necesitada de un servicio, con una finalidad más digna que el mero espectáculo, la diatriba innecesaria o la impresión subjetiva del cronista.
Los episodios en el país desde el año 1995 hasta la fecha, con una Corte Suprema de Justicia de la Nación sospechada en los medios de prensa, acusada y perdonada por el Parlamento argentino durante el año 2002, y con un destino que todavía no cierra en el año 2004, son la muestra acabada de un Tribunal que no supo comunicar su cometido estatal, lo cual permitió a un periodismo no especializado criticar al más alto Tribunal con calificativos políticos o presuntamente morales, pero nunca jurídicos en el estricto sentido de la palabra.
Surge como corolario de todo lo antedicho, que una institución pública, perteneciente al Estado y que ejerce el Poder Público debe comunicar al pueblo sus más importantes y destacados actos institucionales dando las explicaciones que estime convenientes o que le sean requeridas por la prensa en general. Instituir al Vocero Judicial, o al Portavoz Judicial, como la voz explícita del Poder hecho sentencia será responder al imperativo de los tiempos, pero será también uno de los caminos seguros para salvaguardar una Institución que por ser independiente del Poder Legislativo y Ejecutivo, se convierte en la esencia del régimen republicano, en donde la libertad y la democracia son vigas maestras de dicha estructura.