La ministra, contra la cultura
José Cervera, 24/01/2005
¿Es responsable Correos de una carta bomba? ¿Es responsable un banco del contenido de sus cajas de seguridad? ¿Es responsable un fabricante de automóviles del comportamiento al volante de sus clientes? Pareciera lógico que una empresa de telecomunicaciones tampoco debería ser responsable de la legalidad de los contenidos que transporta.
Pero en su enloquecida carrera hacia el abismo, la industria fonográfica y los intermediarios culturales quieren precisamente éso: hacer por ley responsables a las telefónicas de los contenidos de la Red.
Y la ministra de Cultura española, que dialoga tan sólo con los vendedores, parece estar dispuesta a conceder su sueño de control a las fonográficas. Sin escuchar la opinión al respecto de los 12 millones de usuarios españoles. Ni tampoco a la industria de las telecomunicaciones... que no es probable que deje pasar esta peregrina y absurda agresión contra todo lo que representa Internet.
Hace falta habilidad para colocar a las empresas telefónicas y a los internautas del mismo lado, pero la ministra de Cultura española Carmen Calvo lo consigue sin apenas despeinarse.
En una reciente reunión con la mitad de la industria cultural del país (sólo los productores e intermediarios, no los consumidores) la ministra decidió presentar al gobierno para su aprobación un borrador de nueva "Ley de Internet".
Tras la reunión los representantes de las fonográficas anunciaron que la ley contendrá una modificación clave: los transmisores de contenidos ilegales serán hechos responsables de esos contenidos. O, en román paladino: las empresas telefónicas deberán censurar los contenidos de Internet, o se verán llevadas a los tribunales acusadas de piratería.
Es una pésima idea, que ya ha sido propuesta y denegada en numerosas ocasiones en los organismos internacionales y en otros países.
No ha quedado registrada la opinión de la industria de las telecomunicaciones, que es probable que no vea la idea con buenos ojos. Incluso es probable que la ministra Calvo se encuentre con una seria e intensa llamada de atención por parte de una industria mucho mayor, más influyente y rica que la cultura, y además en vigoroso crecimiento.
Las telefónicas deberían evitar la distribución de contenidos ilegales, lo cual supondría mirar todo lo que se mueve por sus redes y decidir qué es legal y qué no. El coste de semejante sistema y los problemas tecnológicos son impresionantes. Por ejemplo, ¿quién y en qué punto se controlarán los contenidos que vengan de otros países? ¿Y que ley se aplicará, la del país de origen o la del destino?
Los internautas debemos hacer saber a la ministra Calvo que también nos oponemos. Poner el control de los contenidos en manos de empresas privadas, que van a intentar evitarse problemas legales, es una medida que cualquier persona realmente preocupada por la cultura debería abominar. Establecer un sistema de (en la práctica) censura previa es repugnante.
Y para colmo no sólo los contenidos se resentirían, sino que el acceso a la Red se encarecería notablemente; no pensará la señora ministra que el batallón de censores va a salir gratis, o del bolsillo de las telefónicas. Saldrá de nuestros bolsillos, los de los consumidores de Red y de cultura, que estaremos pagando para que nos maltraten.
Pero la señora ministra no escucha a los usuarios, a los consumidores de cultura. Su interés es otro: garantizar a la industria medios para que continúe con su enloquecida cruzada a favor de sus ingresos, caiga quien caiga. Aunque la víctima sea la racionalidad, o la misma cultura.
El problema de las fonográficas y de los intermediarios culturales no se resuelve con más cerrojos que ponen en peligro la creatividad. Se resuelve cambiando el modo de vender cultura, colaborando con los consumidores, permitiendo variantes diferentes de modos de venta. La industria no parece inclinada a ello, y quiere resolver los problemas a tortas legales; si es necesario, endureciendo las leyes hasta el absurdo y más allá. Piense la señora ministra a quién sirve, si a quien desea estrangular la cultura o a los millones de españoles que desea disfrutarla. Y piense a quién molesta con leyes así.
Porque puede encontrarse a las telefónicas de la mano de los internautas pidiendo que se coma esa ley.
¿Es responsable Correos de una carta bomba? ¿Es responsable un banco del contenido de sus cajas de seguridad? ¿Es responsable un fabricante de automóviles del comportamiento al volante de sus clientes? Pareciera lógico que una empresa de telecomunicaciones tampoco debería ser responsable de la legalidad de los contenidos que transporta.
Pero en su enloquecida carrera hacia el abismo, la industria fonográfica y los intermediarios culturales quieren precisamente éso: hacer por ley responsables a las telefónicas de los contenidos de la Red.
Y la ministra de Cultura española, que dialoga tan sólo con los vendedores, parece estar dispuesta a conceder su sueño de control a las fonográficas. Sin escuchar la opinión al respecto de los 12 millones de usuarios españoles. Ni tampoco a la industria de las telecomunicaciones... que no es probable que deje pasar esta peregrina y absurda agresión contra todo lo que representa Internet.
Hace falta habilidad para colocar a las empresas telefónicas y a los internautas del mismo lado, pero la ministra de Cultura española Carmen Calvo lo consigue sin apenas despeinarse.
En una reciente reunión con la mitad de la industria cultural del país (sólo los productores e intermediarios, no los consumidores) la ministra decidió presentar al gobierno para su aprobación un borrador de nueva "Ley de Internet".
Tras la reunión los representantes de las fonográficas anunciaron que la ley contendrá una modificación clave: los transmisores de contenidos ilegales serán hechos responsables de esos contenidos. O, en román paladino: las empresas telefónicas deberán censurar los contenidos de Internet, o se verán llevadas a los tribunales acusadas de piratería.
Es una pésima idea, que ya ha sido propuesta y denegada en numerosas ocasiones en los organismos internacionales y en otros países.
No ha quedado registrada la opinión de la industria de las telecomunicaciones, que es probable que no vea la idea con buenos ojos. Incluso es probable que la ministra Calvo se encuentre con una seria e intensa llamada de atención por parte de una industria mucho mayor, más influyente y rica que la cultura, y además en vigoroso crecimiento.
Las telefónicas deberían evitar la distribución de contenidos ilegales, lo cual supondría mirar todo lo que se mueve por sus redes y decidir qué es legal y qué no. El coste de semejante sistema y los problemas tecnológicos son impresionantes. Por ejemplo, ¿quién y en qué punto se controlarán los contenidos que vengan de otros países? ¿Y que ley se aplicará, la del país de origen o la del destino?
Los internautas debemos hacer saber a la ministra Calvo que también nos oponemos. Poner el control de los contenidos en manos de empresas privadas, que van a intentar evitarse problemas legales, es una medida que cualquier persona realmente preocupada por la cultura debería abominar. Establecer un sistema de (en la práctica) censura previa es repugnante.
Y para colmo no sólo los contenidos se resentirían, sino que el acceso a la Red se encarecería notablemente; no pensará la señora ministra que el batallón de censores va a salir gratis, o del bolsillo de las telefónicas. Saldrá de nuestros bolsillos, los de los consumidores de Red y de cultura, que estaremos pagando para que nos maltraten.
Pero la señora ministra no escucha a los usuarios, a los consumidores de cultura. Su interés es otro: garantizar a la industria medios para que continúe con su enloquecida cruzada a favor de sus ingresos, caiga quien caiga. Aunque la víctima sea la racionalidad, o la misma cultura.
El problema de las fonográficas y de los intermediarios culturales no se resuelve con más cerrojos que ponen en peligro la creatividad. Se resuelve cambiando el modo de vender cultura, colaborando con los consumidores, permitiendo variantes diferentes de modos de venta. La industria no parece inclinada a ello, y quiere resolver los problemas a tortas legales; si es necesario, endureciendo las leyes hasta el absurdo y más allá. Piense la señora ministra a quién sirve, si a quien desea estrangular la cultura o a los millones de españoles que desea disfrutarla. Y piense a quién molesta con leyes así.
Porque puede encontrarse a las telefónicas de la mano de los internautas pidiendo que se coma esa ley.
Comentario:
Wenas!!!
Ya lo que faltaba...que nos controlen lo que hacemos por la red para determinar si es legal o no...vamos espero que todo esto se quede en una simple pirada de pinza de la ministra!!
besotessss
Ya lo que faltaba...que nos controlen lo que hacemos por la red para determinar si es legal o no...vamos espero que todo esto se quede en una simple pirada de pinza de la ministra!!
besotessss
Comentario:
Huooolassss!! Pasaba a saludar na más, y no daré mi opinión al respecto porque como dice un amigo mio "soy una sociata fascista" (que cosa más extraña), hace ya que dejé de hablar de lo que tiene que ver con politiqueo pero si digo una cosa: "Censura no" aunque sea censura socialista :P
Besos y abrazos mil para los dos!!!!
Besos y abrazos mil para los dos!!!!
Comentario:
Muy interesante el artículo, thx por ponerlo :) Me parece absurdo que quiera hacer eso, ya lo que faltaba.. que en Internet hubiera censura. Deso nada! :P
Comentario:
espero que te resulte interesante este artículo de José Cervera respecto a la manipulación que están llevando a cabo los "representantes de la cultura" de este pais (Ramoncin y sus amigos, en otras palabras xD) para criminalizarnos a todos...
Y sí... joder, vaya careto el de la ministra...asusta! xD
Y sí... joder, vaya careto el de la ministra...asusta! xD